Una sala de la Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos del ex presidente Carlos Menem y de su ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa por pago y cobro de sobresueldos en tiempos de su gobierno (1989-1999). Los magistrados Eduardo Freiler, Jorge Rimondi y Mario Filozof ratificaron además los procesamientos de Raúl Granillo […]
Una sala de la Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos del ex presidente Carlos Menem y de su ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa por pago y cobro de sobresueldos en tiempos de su gobierno (1989-1999).
Los magistrados Eduardo Freiler, Jorge Rimondi y Mario Filozof ratificaron además los procesamientos de Raúl Granillo Ocampo, ex ministro de Justicia de Menem, quien ya había sido denunciado en 2005, y de María Julia Alsogaray como coautores del delito de peculado
.
Alsogaray, a quien en algún momento se consideró símbolo de la corrupción menemista
, proveniente de un partido de derecha ultraconservadora, fue la primera funcionaria pública que resultó intimada judicialmente en marzo pasado para devolver dinero obtenido por enriquecimiento ilícito, dándole un plazo para depositar 500 mil dólares y 622 mil pesos.
En 2004, la encargada de las privatizaciones en el menemismo y ex ministra de Recursos Naturales había sido condenada a tres años de prisión en suspenso, y a pagar esa suma, lo que no hizo.
La figura penal del peculado
reprime al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo
, y en este caso se acreditó que durante los dos mandatos presidenciales de Menem se ideó, se ejecutó y se desarrolló
esa práctica.
También dictó procesamiento a Adelina Dalesio de Viola, ex viceministra de Interior que luego estuvo en el Banco Hipotecario, quien representó aquí a la anticastrista Fundación Nacional Cubano Americana que lideraba entonces el ya fallecido Jorge Más Canosa, en Miami, uno de los más activos promotores de las acciones terroristas contra Cuba.
A otros funcionarios procesados la justicia argentina les impuso embargo de bienes.