La polémica suscitada entre la presidenta y dos miembros de la Corte de Justicia podría terminar en empate. Los dos tienen razón. La presidenta cuando critica la lentitud de los juicios, y la Corte cuando reclama más presupuesto.
La iniciativa corrió por cuenta de la presidenta. El domingo pasado, al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, pidió que se aceleraran los juicios por violaciones a los derechos humanos. «Es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo», dijo Cristina Fernández, en medio de los aplausos y los papelitos de las barras.
Carmen Argibay le respondió el jueves desde Mendoza, con su estilo frontal. «Yo le diría a la señora Presidenta que no es cierto que los poderes Legislativo y Ejecutivo han hecho todo y ahora es la hora de la Justicia. Nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos». Según sus dichos, avalados por otro supremo, Carlos Fayt, «todos los años mandamos el presupuesto del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura y todos los años el Ministerio del Economía y el Legislativo lo recortan».
La mesa de la polémica quedó servida. De un lado los integrantes del alto tribunal y del otro la presidenta y algunos ministros y legisladores que salieron al ruedo. La oposición, momentáneamente, no pidió la palabra, subsumida como está en el conflicto por las retenciones sojeras. En pocos días más ya se meterá de cabeza en esa polémica porque va a desaprovechar la brecha abierta entre el oficialismo y la cresta judicial.
La jefa de Estado no es mujer de calllarse la boca, y menos cuando cree tener razón. Por eso en una segunda intervención sobre el tema recorrió punto por punto los cuestionamientos de Argibay, intentando demolerlos.
Primero dijo que no había faltante de jueces, un asunto donde Aníbal Fernández había aportado las cifras de todos los nombramientos. Por ley del año pasado, se indicó, se habilitaron los jueces subrogantes, de modo que no hubiera ningún juzgado ni causa sin responsable.
Luego el oficialismo trató de desmentir la falta de presupuesto del que quejaban los supremos. Fernández y los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, representantes ante el Consejo de la Magistratura, sostuvieron que en los últimos dos años hubo refuerzos en las partidas y hasta 500 millones de pesos en depósito, sin emplear por la Corte.
Donde la primera mandataria concedió a su contricante dialéctica fue en que los dramas de la falta de inclusión social tienen mucho que ver con el incremento de cierto tipo de delitos. Argibay había expresado: «cuéntenme cuántos programas de inclusión social hay. No conozco muchos. Hay mucha buena voluntad de las ONG, pero esto no es suficiente. El Estado debe ocuparse».
No es malo que se ventilen y debatan estos tópicos, al contrario. Lo lamentable es que cada poder del Estado defienda en forma corporativa su actuación, un costado que se aprecia nítido en la actitud de Argibay pero también de las primeras espadas del Ejecutivo. ¿No hubo jueces y camaristas que cajonearon las causas por derechos humanos? ¿Acaso el PEN no podó presupuestos judiciales?
Alto como Yao Ming
En la discusión puntual sobre demora en los juicios por el terrorismo de Estado, la verdad está del lado de los organismos de derechos humanos que se han quejado amargamente de la excesiva demora tribunalicia. En este aspecto la presidenta, con su latigazo del domingo en Congreso, no hizo más que ponerse de ese lado humanitario.
Los números en cuestión hablan por sí solos: Causas en trámite: 1000; Causas con imputados procesados: 223; Causas elevadas a juicio oral y público: 38; Procesados en causas por crímenes de la dictadura: 528; Condenados: 36.
Y no se trata de asuntos que se perdieron en las nubes del tiempo. En estos mismos días se pudo ver en la TV a Alfredo Astiz, el carnicero de la ESMA, llegando a Comodoro Py para testimoniar en la causa Dagmar Hagelin. El marino declaró que no sabía de qué le hablaban con los «vuelos de la muerte» y se definió como un «empleado administrativo» de la ESMA.
En ese sentido recobran sentido las palabras presidenciales de diciembre último, cuando -ante la resolución de Casación Penal de liberar a Astiz y otros genocidas- dijo que «era una vergüenza para el país». Muy posiblemente la doctora Argibay haya pensado lo mismo, por sus convicciones progresistas, lo que vuelve aún más cuestionable que desde tierra cuyana defendiera en bloque todo lo actuado por el Poder Judicial. ¿Acaso ella es igual que el videlista Alfredo Bisordi, el ex titular de Casación Penal que demoró cuatro años la causa ESMA?
La discusión sobre esta temática es saludable a condición de que inmediatamente, los que tengan que adoptar medidas, lo hagan. Si hace falta mayor presupuesto judicial, que lo adjudiquen; si tienen que crear más juzgados o cámaras, que los creen; si tienen que mover jueces y camaristas del interior a la Capital, que lo hagan, etc.
Casación Penal, con Bisordi ya jubilado, se ufanaba haber dispuesto algunas de estas medidas en su reunión del 3 de marzo. Eso, saludable, no hace más que marcar la excesiva mora en adoptar medidas pues la ley que permite división de causas y traslados de camaristas data de mediados del año pasado.
Si el problema sigue sin resolverse perderá sobre todo la gente. Y no sólo en juicios por derechos humanos sino en muchas otras causas donde las víctimas por delitos comunes esperan reparación judicial.
Y otra forma de perder será que, ante el impasse, nuevas energúmenas como Susana Giménez saldrán al ruedo a reclamar la pena de muerte porque murió su decorador y a descalificar a «los derechos humanos y esas estupideces». Se dice que en el capitalismo el ser humano lleva un enano fascista adentro. El de Giménez siempre tuvo la altura de Yao Ming, el chino que juega en la NBA.
Tregua y a la carga
Una de las cosas que diferencian a la cúpula rural y la oposición política conservadora, respecto al gobierno de Cristina Fernández, es que aquellos son repetitivos, les falta repentización política (además de que carecen de justicia social sus reclamos de no abonar retenciones). El gobierno, en cambio, tiene un montón de defectos, como se verá este domingo en la elección de Catamarca, donde va unido a lo peor del PJ, pero corre con la ventaja de que su elaboración política es superior. Es como comparar la cultura política del bocón de Gualeguaychú o los pronósticos catastrofistas de la vidente Elisa Carrió con los discursos de la presidenta, que se compartan o no, tienen su miga.
Esa diferencia política se vio el martes pasado cuando la jefa de Estado llegó de sorpresa a la reunión que la Mesa de Enlace tenía en el ministerio de la Producción con su titular Débora Giorgi y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Las conversaciones ya venían encaminadas sobre las decisiones a adoptar en materia de lechería, ganadería y economías regionales, en tanto que la delegación gubernamental había dejado claro que las retenciones a la soja no se tocarían. La llegada a la reunión de la presidenta permitió un mayor avance hacia la firma de esos acuerdos, que el gobierno se comprometió a poner en marcha a más tardar en 15 días.
Se podrá discutir si el nivel de concesiones hechas por el Ejecutivo es demasiado alto para la condición socioeconómica de las entidades ruralistas y buena parte de sus representados. Este cronista opina que sí, que se les ha dado demasiado a sectores que tienen capital y hasta cosechas no comercializadas. Otra cosa, positiva, sería beneficiar a los minifundistas, agricultores familiares, pequeños y medianos productores, y sobre todo a los trabajadores rurales, eternos olvidados de estos «reclamos del campo».
Posteriormente, en Expoagro, el titular del Banco Provincia informó de una línea de créditos ofrecida a los productores, otra vez sin distinguir tamaño, con un interés fijo en pesos del 8 por ciento anual. Otra concesión más y van…en anuncios que hizo Guillermo Francos (ex vocero de Eduardo Eurnekian en Aeropuertos Argentina 2000 y continuador del cavallismo y del ruralista Guillermo Alchourrón en el banco bonaerense).
Pero, como aspecto positivo, hay que admitir que la audaz jugada presidencial precipitó una diferencia al interior de la Mesa de Enlace. Lo admite uno de los defensores de la gauchocracia, Joaquín Morales Solá, en «La Nación»: «todo hay que decirlo, es fácilmente perceptible que esta vez el Gobierno sembró cierta dosis de suspicacia entre los líderes rurales. Cada uno de ellos avanza mirando sus espaldas».
La presidenta cree que con aquellas concesiones, que generaron temblores en la Federación Agraria y Carbap, va a lograr una tregua sostenida con la Mesa de Enlace. Probablemente sea un error. En los próximos días se lo podrá verificar, cuando esa Mesa y las dos alas de la oposición (la liberal y la peronista tradicional) se unan en el Congreso para proponer la eliminación de las retenciones.
Eduardo Buzzi, Mario Llambías y Hugo Biolcati querrán demostrar que siguen en campaña; Mauricio Macri, Felipe Solá, Julio Cobos y Carrió, nunca dejaron de estarlo. Expoagro los juntó a todos, con un mensaje vociferante anti retenciones. El Congreso los cobijará como si fuera una extensión de la Exposición de «Clarín» y «La Nación». Si fuera así habrá sido un error hacer tantas concesiones a los cuatro jinetes e invitarlos al Consejo Económico y Social.