El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), contemplado por la Ley Bases del Gobierno, implica la profundización del modelo extractivo con amplios beneficios para las empresas internacionales. Es una continuidad iniciada en la década menemista y sostenida por todos los gobiernos. El rechazo de los pueblos que no aceptan ser territorios arrasados.
Desde que la nueva Ley Bases, impulsada por el gobierno de Javier Milei, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y pasó al ámbito del Senado, el eje de la discusión pública se ha instalado en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Y no es para menos. El RIGI ocupa una enorme parte de la Ley Bases, y es uno de los puntos centrales de la política económica que, dentro del discurso libertario, transformaría para siempre esta «Argentina decadente, en una Argentina modernizada y del primer mundo».
Sin embargo, la memoria política de este país (cada vez menos usada) nos recuerda que este discurso ya lo hemos escuchado, y sus promesas también. El RIGI, que tiene nuevas (y no tan nuevas) características, es parte de una historia de políticas extractivas que tuvo su origen en la década de los 90 y que hasta el día de hoy continúan vigentes.
El RIGI no es la inauguración de ningún modelo económico neoliberal, sino la continuación de un modelo extractivista que ha sido impulsado a nivel nacional y provincial sin interrupción por los últimos treinta años. Sin embargo, esta continuidad se profundizaría al extremo si el RIGI se aprueba, significando una multiplicación drástica del saqueo y la destrucción en nuestros territorios.
Es importante repasar los puntos centrales del RIGI, no desde una perspectiva económico-financiara o legal, sino desde lo que implican estos regímenes en la práctica real y cotidiana de un territorio que funciona como enclave económico-extractivo hace más de treinta años.
En primer lugar, el régimen está dirigido a fondos de inversiones superiores a 200 millones de dólares; es decir, apunta sobre todo a actividades extractivas como megaminería, agronegocios e hidrocarburos. Esto significa que solo pueden acceder las transnacionales gigantes, las mismas que hoy monopolizan el mercado extractivo (Bayer/Monsanto, Livent, MARA o Barrick Gold, entre otras), dejando fuera a las pequeñas y medianas empresas. En nuestros territorios, los anuncios de estas súper inversiones son comunes y las cifras exorbitantes representan lo que las empresas gastarán (no invertirán) en su propia infraestructura, en su maquinaria y en la explotación y extracción.
Nunca esos miles de millones que se anuncian impactan en la economía regional o en la infraestructura local, ni escuelas, ni hospitales, ni viviendas. Los 20 años de abandono de los pueblos petroleros o mineros de norte a sur, de Allen a Andalgalá, lo confirman en la historia reciente. Más aún, en la práctica democrática esto significa una profundización del monopolio empresarial cuyo resultado es una enorme pérdida de poder del Estado para negociar condiciones económicas, jurídicas, laborales, beneficiosas para el país.
La regla cotidiana indica que cuanto mayor es esa inversión, menor es la posibilidad de control y regulación. Por ello mismo, el RIGI atrae inversiones perjudiciales en materia democrática, de transparencia y de impacto social beneficioso.
Década menemista recargada
Un segundo aspecto fundamental es la duración de la ley. El RIGI, de ser aprobado, sería inmodificable durante 30 años, sea cual sea el gobierno de turno, las transnacionales inversoras van a poder gozar de los beneficios que van desde los jurídico a lo impositivo, de manera ininterrumpida e intocable durante tres décadas. En provincias con una larga historia de megaminería, sabemos el enorme riesgo que esto significa, teniendo en cuenta la movilidad, la volatilidad y la dinámica de transformaciones del extractivismo.
Un Régimen como el que se pretende, otorga a las transnacionales la seguridad económica que se quita a los pueblos y Estados, y esto se ha vivido desde la década de los 90, con el miserable régimen de regalías que hace 20 años nos empobrece. En la larga historia de disputas sobre los Códigos Mineros y las Regalías siempre han quedado trabadas las modificaciones legislativas, tanto en diputados provinciales como nacionales. Siempre hay una disputa partidaria que se antepone al consenso, y sabemos por nuestra mediocre actualidad partidaria, que un régimen a 30 años, será imposible de modificar o mejorar en los ámbitos del Poder Legislativo.
La mejor prueba de esto la puede aportar la experiencia del Estado catamarqueño bajo la gobernación de Lucía Corpacci, cuando quiso negociar con la estadounidense Livent el pago por canon de agua. Hasta el 2015, Livent —además de subfacturar y estafar el fisco nacional—, tampoco pagaba por el uso de agua. Cuando el Gobierno quiso “subsanar” esta situación, la empresa de litio se excusó a través de artimañas legales y nunca se logró cobrarle lo que correspondía. Ejemplos de este tipo, sobra en la historia extractivista argentina.
Gobernadores lobbistas, desocupación y proveedores locales
En tercer lugar, existen dos aspectos del RIGI que confrontan directamente con el discurso pro-minero que los mismos gobernadores mineros (Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, entre otros) públicamente defiende para adentro de sus provincias. Uno refiere a la contratación de trabajo local. Este es uno de los puntos más conflictivos y a la vez mas promocionado por los gobiernos provinciales cuya economía depende de la megaminería. El discurso “dorado” de la minería promete ser la mayor fuente de trabajo para las provincias. Sin embargo, en la práctica las empresas no cumplen las tazas de contratación local desde hace muchísimos años, y esa realidad va en crecimiento conflictivo como lo sabe cualquier periodista que mire la realidad de San Juan, Catamarca, Jujuy o Santa Cruz.
Otro aspecto es el que refiere a la participación de los empresarios locales en la economía del extractivismo. En una provincia como Catamarca, por ejemplo, quienes más se benefician de la megaminería no son los trabajadores directos en los proyectos mineros, sino los empresarios “proveedores”. Es decir, el trabajo indirecto, los contratistas y tercerizados, que son aquellos que justamente no tienen los “dorados” sueldos de la minería, sino apenas las migajas que dejan las transnacionales por hacer el trabajo sucio y cotidiano de mantenimiento.
Es justamente este sector el que más se verá afectado por el RIGI. Mientras los impuestos desaparecen para el sector transnacional, aumentan y se multiplican para el sector indirecto local. Este aspecto hará que la desastrosa economía extractivista en las provincias pobres alcance unos niveles de desigualdad y destrucción laboral sin precedentes.
RIGI, cinismo y entrega como política de Estado
Este breve repaso intenta señalar que el RIGI, como cualquier otro régimen económico, no puede ser pensado en abstracto, en la letra de la ley y en el cálculo matemático del costo/beneficio. Si bien la discusión sobre el RIGI se ha instalado en el centro de la atención pública, los medios hegemónicos, porteños (no nacionales), han puesto el eje de la discusión en una mirada financiero-económica totalmente descontextualizada, deshistorizada y desterritorializada. Lo mismo ha pasado con la “oposición política”.
Por ejemplo, las intervenciones públicas de la ex presidenta Cristina Fernández se mueven entre una desmemoria inaudita o un cinismo perverso, siendo que a diez años de la firma del acuerdo YPF/Chevron, el resultado local ha sido destrucción ambiental, pobreza, violación de derechos humanos y desplazamientos de comunidades indígenas.
En Catamarca, los diputados “peronistas” que votaron en contra de la Ley Bases en general, votaron en particular a favor del RIGI. Un voto que corrobora la continuidad de una política extractiva que no conoce grietas ni diferencias ideológicas.
En este momento, escribo esta nota desde la localidad puneña de El Peñón, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en uno de los lugares turísticos más importantes del NOA, pegado al famoso Campo de Piedra Pómez y al Volcán Galán. Aquí, en la Hostería La Punita, el comedor se encuentra con todas sus mesas llenas. El resto de los hospedajes también cuentan con todas sus habitaciones completas. No es feriado, ni fin de semana largo, ni temporada alta. Es un 12 de mayo cualquiera, un domingo más, y sin embargo, el pueblo vive y vibra con el turismo, y con una persona a tras de otra que entra a preguntar sobre las excursiones y los viajes. Aquí no hace falta la megaminería de litio, aquí no hacen falta inversiones indias, chinas o alemanas de 200 millones de dólares. Aquí hace falta preservar la naturaleza y la cultura para que esta economía siga por el camino que transita.
Lo que suceda en el Senado es todavía incierto, no obstante, no sorprendería que una mayoría de senadores vote a favor de la Ley Bases y RIGI consumando un nuevo régimen de saqueo, entrega y sacrificio de nuestros territorios. Será entonces, como siempre ha sido, en las calles, en las plazas y en la organización local, donde surja la resistencia a este nuevo y brutal avance contra nuestras vidas.