La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Ceacr) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificó «la vigencia de los reclamos» de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), respecto de «las violaciones a la libertad sindical», en un informe anual que analizó «el cumplimiento de las obligaciones de los […]
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Ceacr) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificó «la vigencia de los reclamos» de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), respecto de «las violaciones a la libertad sindical», en un informe anual que analizó «el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en relación con los instrumentos que oportunamente ratificó cada uno». Pero cuando la legislación no es suficiente, el Gobierno y la patronal apelan a la Policía, la Justicia y hasta patotas en organismos oficiales y empresas privadas para enfrentar la lucha de los trabajadores por la defensa de sus derechos laborales.
«Numerosas violaciones a la libertad sindical, como la represión violenta de protestas gremiales, agresiones físicas y amenazas a trabajadores, detenciones, procesamientos y encarcelamiento de dirigentes, ataques a sedes sindicales; obstáculos y prohibiciones para realizar huelgas, sanciones, reemplazos y despidos, intervenciones e injerencias en la vida de las organizaciones, trabas para recaudar cuotas y multas por acciones directas durante la conciliación obligatoria», destacó el documento.
En Argentina aún existe ausencia de cumplimiento de «las disposiciones del Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de agremiarse», y realzó «la existencia de numerosas incompatibilidades entre el texto de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y las obligaciones fijadas por el Convenio 87», informó ATE.
Para el secretario Gremial de la CTA-A, Daniel Jorajuría, se trata del «hecho político más importante para nuestra Central porque producto de la reunión entre centrales hermanas fue que la Argentina quedó en segundo lugar, luego de Brasil, entre los países de América que disputarán los 25 lugares para ser enjuiciados en la próxima Conferencia de la OIT.
Esto demuestra el fuerte respaldo de las centrales sindicales de las Américas a la posición de nuestra Central para juzgar en la Comisión de Aplicación de Normas al Gobierno argentino por las violaciones a la libertad sindical y a los derechos laborales de los trabajadores.», sostuvo Jorajuría.
La Comisión también se refirió a «las denuncias de la CTA Autónoma y la CGT sobre injerencia del gobierno en los procesos electorales sindicales, como intervención de gremios -con designación de administradores externos-, demoras para certificar autoridades sindicales y el dictado de la disposición 17-E/17 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), que ordenó excluir del registro gremial a las entidades que no hayan acreditado en tres años su actividad operativa», indicó Hugo Godoy, titular de ATE.
El cuestionamiento fue formulado por la Comisión de Expertos durante los últimos 30 años y motivó que en tres ocasiones el caso argentino fuese analizado en la Comisión de Normas -la principal- de la OIT desde 1992.
Que la policía irrumpa en una asamblea de trabajadores y se lleve detenidos a los representantes gremiales constituye un atropello a las libertades democráticas de extrema gravedad que no ha cobrado la trascendencia necesaria. Por otro lado, la denuncia realizada por el dueño del laboratorio, Juan Craveri, demuestra que los empresarios argentinos no dudan en apelar a cualquier recurso para resolver un conflicto con sus trabajadores.
Un poco de historia
El hecho que desata el conflicto fue el despido de 47 trabajadores y trabajadoras. Se trata de trabajadores de las unidades de manufactura de la calle Arengreen, de la planta de hormonales de Villa del Parque y de un grupo trabajadores administrativos.
En julio pasado la firma había presentado un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, expediente que finalmente no prosperó. Además ofreció la opción del retiro voluntario, propuesta que no fue aceptada por los trabajadores.
El laboratorio Craveri tiene 3 plantas en la Ciudad de Buenos Aires y 400 trabajadores/as.
En junio de 2018 también pidió el procedimiento preventivo de crisis, con el propósito de echar a decenas de trabajadores/as. Pero la Comisión Interna (CI) y el Sindicato de Sanidad resistieron estas maniobras y la Secretaría de Trabajo rechazó el procedimiento.
En octubre 2018 la empresa echó a 16 trabajadores/as del turno noche de una de las plantas intentando pagar al 50% de indemnización. Nuevamente la acción sindical mediante la lucha logró la reincorporación de los despedidos. Ahora, la empresa echó a 47 trabajadores/as, impidiendo el ingreso de los delegados a la planta de Caballito y cuando los trabajadores burlaron la pretensión patronal de impedir el ingreso al lugar de trabajo se produjo la intervención policial y la detención de los delegados. Éstos fueron posteriormente liberados gracias a las protestas realizadas denunciando la criminalización por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El conflicto del laboratorio Craveri conjuga la inescrupulosidad de la patronal con la vocación represiva gubernamental, en el marco de una grave crisis económica y social. Crisis que se está descargando nuevamente sobre las espaldas de los trabajadores.
«El ejecutivo está ejerciendo una intervención muy grande en la Justicia Laboral»
Los últimos nombramientos en la Cámara de Apelaciones en el fuero laboral generaron polémica respecto a sus procedimientos que, según el abogado laboralista Gustavo Ciampa, «tuvieron un carácter totalmente irregular».
En ese sentido, Ciampa señaló que «el Poder Ejecutivo está teniendo una avanzada muy grande contra la Justicia Nacional del Trabajo y contra algunos jueces del Trabajo» y señaló «pedidos de juicio político infundados y atentatorios de la institucionalidad es atemorizar a aquellos que puedan dictar sentencias que el gobierno lee como contrarias a sus intereses».
Ciampa, integrante de la Agrupación 7 de julio aseguró que «son los trabajadores los mismos que padecen las irregularidades del Poder Judicial, por ser donde se dirimen gran parte de los conflictos de derechos jurídicos laborales entre trabajadores y empleadores, entre sindicatos y Estado, donde se juegan día a día las cuestiones de la dignidad de los trabajadores».
En cuanto a los nombramientos en La Cámara de Apelaciones del Trabajo explicó que «había tres cargos vacantes y que se mandaron tres ternas pero no se respetaron en absoluto, en la primera terna eligieron sólo dos personas, de la segunda no eligieron ninguna y algunos de ellos tienen una vinculación con el Ejecutivo muy inmediata, con lo cual el recurso de imparcialidad no estaría consignado».
Ingenio Tabacal: llevan a juicio a secretario general de sindicato por cortar la ruta
A mediados de 2016 se desarrolló un conflicto en medio de una negociación paritaria porque la multinacional estadounidense Seaboard Corporation pretendía imponer el cuarto turno, una medida de flexibilización laboral que implicaba la disminución de aproximadamente un 40% del salario y fue rechazado por los trabajadores con distintas medidas de fuerza.
La respuesta de la patronal fue un lock out de 58 días. La Policía de Salta, bajo órdenes del gobernador y pre candidato presidencial peronista, Juan Manuel Urtubey, desató una feroz represión dictada por la Justicia salteña. Represión que volvió a repetirse en enero de 2018, tras una ola de despidos.
Ahora, es la Justicia salteña la que quiere arremeter contra el legítimo derecho de huelga llevando a juicio a Martín Olivera y José Rubén Ruejas, por el bloqueo del portón de entrada de la empresa el 16 de julio de ese año, en la localidad de Hipólito Yrigoyen.
El juez de garantías 1 de Orán, José Oyarzú, dictó un fallo que sostiene que «si bien se ha reconocido el derecho de huelga del trabajador, lo cierto es que de las presentes actuaciones, surge que el accionar de los imputados pudo haber tenido su génesis en tal derecho para luego exceder los límites legales, tornándose de ese modo en una conducta coactiva alcanzada por el derecho penal».
La noticia llega luego de conocerse las intenciones de la Seaboard Corporation de realizar una nueva tanda de despidos.
Una de patotas en organismo estatal
Desde la Comisión Interna de ATE INTI denunciaron que el miércoles 3 uno de sus delegados fue atacado por sorpresa en las instalaciones por un trabajador de portería del Instituto, debiendo ser internado por el fuerte golpe en la nariz. Concretamente apuntan a una patota de la gestión del PRO que funcionaría en las instalaciones del organismo .
La discusión empezó a partir de insultos y provocaciones que Matías Provetina dirigió hacia la hermana de la víctima, que participa de un acampe en las instalaciones a modo de reclamo por los despidos que sufrieron el año pasado. En ese momento intervino Dolmann hijo, respondiendo a los insultos hasta que Provetina le propinó un golpe en la cara.
Según informan desde la asociación, ‘Panchito’ Dolmann estuvo internado en el Sanatorio Anchorena de San Martín para hacerse estudios neurológicos y ser evaluado por traumatismo facial con pérdida de conocimiento.
En un comunicado de prensa ATE explicó que «a demás de ser arrebatado de sorpresa por Matías en la garita de portería, fue amenazado de muerte por José Provetina en la puerta de la enfermería».
«José Provetina fue designado subgerente por Ernesto Luna, premiado por apretar y entregar compañeres tras los despidos. Este personaje nefasto no puede tener 50 personas a cargo. Esta es la patota de Ernesto Luna , éstos son los violentos del INTI», agregó Dolmann padre.
«Panchito acompaña el acampe de la resistencia que mantiene un grupo de despedides dentro del Instituto, perseguido sistemáticamente por el solo hecho de luchar. ¡Basta de métodos patoteriles y de barrabravas en el Instituto! ¡Basta de violentar a les que luchan, no nos van a amedrentar!», especificó el dirigente de ATE Nacional.
Otra de patotas
En las últimas semanas se registraron importantes avances en las causas judiciales que investigan presuntos ataques e intimidaciones a delegados y trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA).
Se trata de dos investigaciones por distintos episodios ocurridos en ámbito del Conurbano bonaerense, que de acuerdo a la denuncia del sindicato tienen relación e involucrarían a las mismas personas.
En ese sentido, hace días personal policial demoró a Sebastián Aguirre, luego de una presentación realizada por SUTCAPRA ante intimidatorios movimientos perpetuados en Esteban Echeverría.
Desde el gremio relataron que Aguirre merodeaba la zona de boliches durante las madrugadas los fines de semana «con claras intenciones de amedrentar e intimidar el trabajo gremial realizado por nuestros delegados».
«No eran visitas casuales, fueron recurrentes y coordinadas, y en la mayoría de los casos portando armas de fuego. Son personajes conocidos que por algún interés que desconocemos, quieren intimidar a nuestros compañeros», destacaron fuentes del SUTCAPRA.
El dato más llamativo es que el auto en el que se movilizaba Aguirre en las noches del conurbano -relataron- está registrado a nombre de un ex funcionario del ministerio de Seguridad bonaerense y debería ser utilizado por personal policial en tareas de prevención e inteligencia, informaron desde el gremio. Al involucrado también le encontraron en su poder una credencial apócrifa de la Policía.
Este hecho tiene estrecha relación con un violento episodio ocurrido en abril del 2017 en La Matanza. En ese momento, el titular de la empresa Cornel Seguridad Privada fue acusado por el sindicato de contratar a una patota para que atacara a golpes a trabajadores del SUTCAPRA mientras realizaban una protesta frente al hipermercado Carrefour.
En aquella emboscada, «Aguirre también participó del hecho, lo que motivó la denuncia penal correspondiente por parte de SUTCAPRA».
Las denuncias por los hechos de La Matanza fueron realizadas en la seccional policial Oeste Cuarta de San Alberto y tomaron su curso a través de la fiscalía del lugar. Por su parte, la Fiscal que lleva la causa de Esteban Echeverría estaría evaluando unificar las denuncias y avanzar contra los involucrados en ambos episodios.
En tanto, SUTCAPRA analiza la presentación de una denuncia penal contra Aguirre y los propietarios del rodado en el que se movía por las noches bonaerenses.
Fuentes: Equipo de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA, Infogremiales, Redacción EDA, Resumen Latinoamericano.
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