El proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) se encuentra en su última fase parlamentaria y sigue levantando ampollas entre la comunidad de internautas.
El proyecto de la LISI, enviado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a las Cortes fue valorado desde el principio por parte de la comunidad internauta española como poco ambicioso políticamente.
El texto iba en la dirección de establecer la factura electrónica, propiciar cambios menores en las leyes de comercio y eliminar alguna traba burocrática para la actividad privada por vía telemática. Poco más.
Desgraciadamente, el proyecto de ley también llevaba en su articulado una reforma de la LSSI-CE, aprobada por el anterior Gobierno del PP, y que es aún menos ‘garantista’ que la actual sobre el secuestro de publicaciones electrónicas y la restricción de servicios telemáticos. En la anterior ley no quedaba claro cómo y quién tiene potestad para censurar servicios y contenidos en internet, dado que establece que será «la autoridad competente» sin que tenga porqué ser ésta el poder judicial.
Este hecho ha generado durante los últimos cinco años gran incertidumbre en usuarios, empresas e incluso entidades públicas, y es una de las principales razones por las que la Sociedad de la Información no ha evolucionado a buen ritmo en nuestro país. Sin embargo, numerosas asociaciones, colectivos de internautas y profesionales de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) realizaron una llamada de atención sobre la necesidad de abordar los temas necesarios para acometer dicho impulso de la Sociedad de la Información.
Las demandas planteadas a todos los grupos parlamentarios comenzaron con la petición de que la libertad de expresión, de información, de cátedra, de opinión y de creación artística, científica y tecnológica, estuvieran tuteladas por los juzgados y tribunales siempre que se realizasen por medios telemáticos. Esto es, que un secuestro o restricción de un servicio temático sólo pueda ser realizado por un juez.
El siguiente punto solicitaba que el acceso a la banda ancha sea un servicio universal y constituya un derecho universal y no la prerrogativa de las compañías de telecomunicaciones en su estrategia comercial.
El tercer asunto fue la petición de que la LISI estableciera garantías para que no sea posible la injerencia ni interferencia de los operadores en el tráfico de internet por razones ajenas a la propia voluntad del usuario (la reivindicada ‘neutralidad de red’ o net neutrality, principio aplicable a las redes de banda ancha cuyo tratamiento del tráfico no jerarquiza ni prioriza).
La última gran petición que se ha realizado es que se transfiera el conocimiento y la tecnología de titularidad pública a la sociedad. Algo que, a pesar de ser obvio, todos los gobiernos han evitado realizar hasta el momento.
Enmiendas a la ley
Los colectivos y asociaciones, capitaneados por Hispalinux, enviaron a todos los grupos parlamentarios 26 propuestas de mejora, algunas tan concretas como la eliminación del canon por copia privada a las Administraciones Públicas, o la posibilidad de que los ayuntamientos pongan redes WIFI que permitan al vecindario conectarse a internet. IUICV, Cha, Grupo Mixto han recogido todas las propuestas y PP, CiU, ERC, PNV, sólo algunas.
Tras un primer análisis de las enmiendas finalmente presentadas, los cuatro grandes temas tienen un gran respaldo en la cámara. Incluso alguna ha obtenido mayoría absoluta, ya que el texto presentado por los distintos grupos ha sido el mismo. Sin embargo, el grupo mayoritario no ha recogido ninguna de las demandas.
La constitución de la ponencia, primer trámite de refundición de enmiendas, ha tenido un difícil camino. La primera propuesta de enmienda transaccional que el PSOE envió al resto de grupos no reflejaba con claridad que sólo un juez pudiera restringir publicaciones y servicios telemáticos. Aún así fue aceptada como mejora por parte de los partidos que sostienen al Gobierno, pero la comunidad internauta mostró su desacuerdo con el texto y la preocupación porque algo tan básico, y en lo que todo el mundo está de acuerdo, no quedara definitivamente solucionado. En la segunda reunión, los grupos recapacitaron sobre este punto y decidieron que dicho texto no entraría a formar parte de la ponencia sino que se debatiría con más profundidad en la reunión de Comisión del 17 de octubre, donde está previsto que se vote la ley.
La enmienda transaccional remitida por el Gobierno a los grupos para establecer dentro del servicio universal el acceso a la banda ancha tiene una redacción confusa, pues circunscribe a la normativa comunitaria las condiciones en las que tiene que producirse. La desconfianza proviene de que, precisamente, la normativa comunitaria establece un «servicio universal» sólo para banda estrecha. Sabiendo que una reciente comunicación de la Comisión Europea informa de que no es previsible que en un corto período de tiempo se modifique dicha directiva, todo el mundo teme que no sea más que una estrategia para que nada cambie, enmarcada en el Plan Avanza (2006-2010).
En cuanto a la net neutrality y la transferencia tecnológica, los dos grupos mayoritarios están muy influidos por las grandes empresas de telecomunicaciones y por las sociedades de gestión de derechos de autor, que tradicionalmente se han opuesto a que se tomen dichas medidas. Estando a menos de cinco meses de las elecciones, las primeras en las que la opinión en internet va a ser determinante para dirimir quién se llevará la mayoría, es posible que los dos grandes partidos sean, por una vez, conscientes de que su verdadero objetivo ahora es la ciudadanía, sus posibles votantes.