MH: Contanos qué está pasando con La Litoraleña, empresa recuperada por sus trabajadores del barrio de Chacarita.
FP: Yo formo parte de la cooperativa. Se trata de una empresa recuperada hace 8 años. Viene de una experiencia patronal fallida, de un proceso de vaciamiento que significó que queden 115 familias en la calle.
La cooperativa se creó como una actividad defensiva. Teníamos la decisión y la organización para mantener los puestos de trabajo y conformando la cooperativa podíamos lograr la continuidad laboral.
Esto fue después de una cantidad de avatares que significaron, primero, una denuncia por usurpación porque tuvimos que ocupar la fábrica para impedir su cierre definitivo.
Ante la decisión de la asamblea del 27/11/2015 donde se decidió ocupar y hacer una retención de actividades porque había, por ejemplo, 800 cheques sin fondo, se había dejado de pagar los impuestos, los aportes patronales, las retenciones que se hacían de la nómina laboral. Se había dejado de pagar servicios, insumos y salarios.
Esto desencadenó la iniciación de un paro y un inicio de negociación con la patronal que se había comprometido a pagar parte de la deuda salarial y tras cartón manda 29 telegramas de despido con causa. Eso hizo que el vínculo con la patronal prácticamente se cortara e iniciar un proceso de producción autogestionada.
Pedimos al juzgado de la quiebra que acelerara los tiempos judiciales correspondientes al pedido de convocatoria de acreedores, del concurso y a quién iba a dar la continuidad, entonces la jueza nos dice que teníamos un delito preexistente que era la usurpación. Nos niega el pedido, apelamos a la Cámara, esperamos dos años, en el medio seguimos produciendo en forma clandestina porque teníamos una consigna policial que nos impedía entrar y sacar cosas, era una pelea todos los días.
Alquilamos un local en Boedo para tener sede fiscal. Ya estábamos constituidos en cooperativa, habíamos logrado el CUIT para poder facturar. Éramos legales como cooperativa, pero clandestinos en la producción de mercaderías.
Ganamos la apelación y entonces nos exigen una cantidad de cosas como, por ejemplo, que la fábrica esté habilitada a nombre de la cooperativa. Era una tarea ciclópea que nos demandó una cantidad de tiempo, dolores de cabeza y dinero. Cuando logramos cumplimentar los requisitos solicitados por el juzgado, nos dan un año de explotación. Que ni siquiera era útil para amortizar los gastos de la habilitación.
Pedimos una prórroga, también nos habían impuesto un canon, como una especie de alquiler que cumplimentamos y después de dos años nos niegan una nueva prórroga.
Entramos en una disputa por razones técnicas, por ejemplo, cómo habían liquidado las indemnizaciones que constituyen el monto principal de las acreencias laborales, la actualización, porque el dólar en 2015 estaba a $ 14, entonces ya había una cantidad considerable de tiempo y se habían devaluado nominalmente los montos.
Y por segunda vez nos falla en contra y en el 2020 nos niega la compensación, los pedidos que habíamos realizado por las liquidaciones y actualizaciones y nos manda una orden de desalojo en plena pandemia.
Volvemos a apelar y por todo este tiempo hasta hace un mes atrás que la Cámara de Apelaciones dicta un fallo en contra, sin mayor argumentación y nos queda como última instancia la Corte Suprema. Hacemos una presentación muy detallada y adherimos a la misma la apelación que había hecho la fiscal Boquín que prácticamente funcionó sin conocerla, como si hubiera sido nuestra abogada defensora y era la fiscal de la causa y nos niegan la posibilidad de llegar a la Corte Suprema así que hoy estamos con una orden de desalojo vigente y ya empiezan a correr los tiempos.
MH: ¿Cuál es la perspectiva que se presenta a los trabajadores de La Litoraleña?
FP: Hoy por hoy estamos buscando una solución política, vías judiciales ya no tenemos y sabemos que contamos con la fuerza de la clase trabajadora, el movimiento cooperativo, de otras empresas recuperadas. Estamos tratando de presentar un Proyecto de ley de expropiación a favor de la cooperativa y la decisión de la asamblea de resistir hasta el último aliento el desalojo y conservar la fuente laboral con la fábrica en funcionamiento.
MH: Supongo que allí nos veremos defendiendo esta fábrica recuperada por sus trabajadores. Recuerdo frente a la casa de una de mis hijas, en Boedo, que tienen un local de venta al público de sus productos y de otros productos cooperativos.
FP: Ese fue nuestro primer sitio autónomo después de la quiebra.
MH: Los micrófonos quedan abiertos y el cuerpo dispuesto para defender La Litoraleña.
FP: Muchísimas gracias.
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