La mala fe (mala leche)

Como lo venimos haciendo desde hace tiempo, desde que fuimos corroborando que el proceso político que comenzó en 2003 no se detiene, y que la llamada profundización del modelo, o más recientemente, desde el comienzo del segundo período gubernamental de CFK, la sintonía fina, no para, nos volvemos a preguntar acerca del comportamiento de varios grupos políticos de los que se llaman progresistas o de izquierda.

Autónomos

Están los que se han llamado autónomos, debido a que prefieren no estar involucrados en todas las decisiones y acciones que se toman en el espacio gobernante, pero conceden apoyar las medidas que van en la dirección de la lucha por la igualdad, la democracia y la soberanía. Advertimos el peligro que podría significar pasar de la autonomía a la neutralidad y lo fundamental que es para avanzar en la profundización del camino elegido, las alianzas vitales que sepamos construir. Muchas veces, estas desuniones no contribuyen al armado general. Quizás atienda más a un supuesto prestigio personal que creen tener algunos, al presentarse como no oficialistas, manteniendo una individualidad que supone mayor independencia. Sin embargo, es más valioso trabajar para no perder lo ya ganado, siempre en peligro por la acción opositora y seguir penetrando para crecer y no hacerle el juego a los que destruyen sin proponer nada en cambio.

Sabatella y su espacio Nuevo Encuentro, son un ejemplo loable de autonomía no neutral. Efectivamente acompañaron sin tapujos todo lo que consideraron loable y se opusieron a lo que no consideraban correcto. No se titulan kirchneristas, pero aportan positivamente a este proceso fervientemente. Actúan para mejorar y no para desbaratar.

El gobierno lo ha propuesto para nombrarlo presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y Sabatella lo ha aceptado. Cree que puede aportar al cumplimiento de una ley tan importante y le pone el cuerpo. La misión encomendada es «hacer cumplir la ley, sin privilegios y sin compromisos con nadie». Hacer cumplir esta ley significa apostar por la pluralidad, la libertad de expresión y la democracia. Esta ley es el resultado de un profundo trabajo de distintos sectores que profundizaron en el camino hacia la radiodifusión democrática. La intención de que la ley esté en acción, es terminar con la concentración monopólica de medios. Generará que se puedan expresar más ideas en pluralidad y libertad, que más personas puedan informarse eligiendo desde dónde, y traerá aparejada la creación de más puestos laborales. El gobierno acude a quién le reconoce su compromiso con lo popular, su genuino interés por lo público y que considera la persona más capaz para la tarea, sin mezquindad y Sabatella responde del mismo modo. No pone reparos, sabe que es una tarea imprescindible para el país. Es un acuerdo entre los que comprenden que es momento de ineludible pluralidad y saben juntarse para aportar.

Progresistas independientes e Izquierdistas

Otros compañeros son puristas, no se mezclan. No toman internamente como logros las medidas tomadas en lo social, ni en lo económico, ni los pasos dados hacia la soberanía, a pesar de estar entre sus postulados básicos. En un momento tan complicado para la sociedad argentina, en donde se manifiestan deseos destituyentes en algunos sectores minoritarios de la sociedad, pero con mucha trascendencia porque coinciden con los anhelos de los grandes medios, no se expresan explícitamente contrarios a estos grupos. Han declamado a lo largo de su historia la necesidad de recuperar un Estado presente, una independencia económica soberana, pero no pueden, no quieren contribuir para que lo que se va consiguiendo por las acciones del gobierno en ese rumbo, pueda consolidarse y profundizarse.

El Congreso se expidió con eficiencia ante la rebelión sorprendente de sectores de las fuerzas de seguridad, Prefectura y Gendarmería. Se actuó rápidamente en apoyo al Sistema Democrático y esto es festejable.

En la Cámara de diputados, casi todos los bloques políticos armonizaron, después de expresar distintas opiniones, en una comunicación contundente: «Los diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional». Este comunicado fue sostenido por el kirchnerismo, el Partido socialista, el Peronismo Federal, la Unión Cívica Radical, Libres del Sur y el PRO. No lo hicieron Proyecto Sur de Pino, ni el GEN de Margarita Stolvizer, ni la UP de Claudio Lozano. Justamente estos tres espacios que se suponen más «progresistas», encuentran nuevamente un pretexto para diferenciarse. Promueven la sindicalización de las fuerzas de seguridad, como si una cosa excluyera la otra. Como si no fuera necesario hacer claro el sentir mayoritario y contundente de Respeto a la Constitución y el fortalecimiento en cada acto de la democracia y discutir problemas laborales por medios legales.

En el Senado, también se expidieron con contundencia: «Los senadores nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución». Fue rubricado por el kirchnerismo, el Frente Amplio Progresista y el Peronismo Federal. No lo hicieron la Unión Cívica Radical y la senadora María Eugenia Estensoro (progresista?), flamante integrante del FAP.

El conflicto se inició a partir de que se efectuara una equivocada liquidación salarial a partir de una errónea aplicación del Decreto 1307/2012. El decreto es el reflejo del fallo de la Corte Suprema para finalizar con innumerables juicios y cautelares beneficiosas para una minoría de los componentes de las fuerzas. Con la aplicación correcta del decreto, se resolvería además, el problema de las sumas no remunerativas redundando en un aumento salarial significativo para los que menos ganan que son, justamente, los que no están judicializados. Debido a un abuso en amparos judiciales, que permitió que algunos miembros ganaran sueldos siderales, se perdió el control de la política salarial y este decreto está orientado a la recuperación de la autoridad política en la política salarial. El propósito sustancial es que los miembros de las fuerzas cobren sueldos iguales en categorías equivalentes.

El decreto dictamina, explícitamente, en el artículo sexto que «ningún efectivo que no estuviera judicializado podía ver reducido su salario». Abal Medina, en su exposición, se preguntó si, dado lo explícito de lo expuesto en el decreto, y las rebajas mostradas en algunos de los más bajos salarios, fue por un error o si hubo algún tipo de maniobra para incentivar la repulsa.

Ante esta fundamentada duda, abalada además por la muy insuficiente explicación de la conducción de las dos armas involucradas, el gobierno nacional resolvió centralizar todos los procesos de liquidación de haberes en el Ministerio de Seguridad. Por ese mes, hasta que los errores sean corregidos y quede en claro por qué se han cometido, no se producirá ningún cambio en los haberes respecto al mes de agosto anterior. Dicho esto la protesta debió haber cesado. Si hay más temas pendientes, deben invocar a abrir los canales de discusión correspondientes.

Venimos insistiendo con que los opositores buscaron pretextos basados en subjetividades o mentiras para no expedirse claramente en contra, ante tan desgraciado hecho. Trataron de, en complicidad con los Medios a los cuales responden, atribuirle el error cometido en la nefasta liquidación de haberes, al gobierno: La UCR pretendía interpelar a la Ministra de Seguridad, Nilda Garré y al jefe de Gabinete Abal Medina. Hablaron del perjuicio que tuvo el personal por un decreto del Ejecutivo (Thomas del FP). La Coalición Cívica reclamó que el gobierno reconociera su error. Proyecto Sur, el GEN, la UP, suscitan la sindicalización de las fuerzas de seguridad, y usan ese argumento para no acompañar, como fuerzas progresistas, la defensa de la democracia.

Si se mueven con mentiras, la discusión es estéril. La propagación de estas mentiras como verdades, hace que la ciudadanía que no investiga la veracidad de cada afirmación, como es habitual, tenga la mente cooptada con estas falsedades. Es básico, es necesario dar el salto cualitativo de discutir cosas ciertas para no desgastar la democracia y poder valorar las diferentes voces e ideas. Así crecer y defender lo que cada uno crea lo mejor para nuestra patria. La mala fe es enemiga de la calidad de la democracia.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.