El gobierno argentino debería tomar al toro por las astas y dejar las cosas en claro. ¿Querrá o podrá hacerlo? Se enrarece el panorama y así siempre ganan los más reaccionarios. El frío austral del pasado fin de semana debió haber calado hasta los tuétanos en el poder político argentino: una ministra de Economía que […]
El gobierno argentino debería tomar al toro por las astas y dejar las cosas en claro. ¿Querrá o podrá hacerlo? Se enrarece el panorama y así siempre ganan los más reaccionarios.
El frío austral del pasado fin de semana debió haber calado hasta los tuétanos en el poder político argentino: una ministra de Economía que no puede explicar muy bien cómo se olvidó 60.000 en el baño de su despacho privado y una secretaria de Medio Ambiente que fue severamente denunciada este domingo por contratos de escándalo y otros graves desmanejos administrativos.
La ministra de Economía, Felisa Miceli, está en la mira por un atado con 60.000 dólares hallado hace dos semanas en un closet de su baño ministerial. El mismo habría quedado allí por descuido personal tras la postergación de una operación inmobiliaria. La alta funcionaria hasta ahora no brindó explicaciones concluyentes sobre los hechos en general ni sobre el origen del dinero, incluso reconoció ante la prensa que cometió un error.
«Alguien hizo una campaña enorme porque quiere quedarse con el ministerio de Economía», sostuvo la alta funcionaria el sábado pasado, un día después de intentar explicar de dónde había salido el dinero encontrado por un escuadrón antiexplosivos, en el armario del baño de su despacho.
«Esta es una operación política de una magnitud extrema, brutal, en mi contra y no es nueva porque desde el primer día que asumí en Economía dijeron todo tipo de cosas», remarcó Miceli al diario oficialista Página 12.
Como si todo eso fuera poco, el mismo domingo el periódico Clarín, perteneciente al consorcio mediático más poderoso del país, denunció que la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, habría incurrido en graves conducta administrativas, firmando contratos sobrevaluados con asesores de dudosa operatividad y disponiendo de grandes sumas de dinero en forma irregular.
«El desembarco de la abogada Romina Picolotti y su equipo a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 7 de julio del año pasado, fue interpretado como una de las jugadas atrevidas que con frecuencia gusta ofrecer Néstor Kirchner: militante por los derechos humanos, conductora junto a su marido, Daniel Taillant, de la organización no gubernamental Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente y, se creía, muy influyente entre los inflexibles asambleístas de Gualeguaychú que resisten la instalación de la planta de celulosa Botnia frente a sus narices, Picolotti traía consigo varios mensajes simultáneos», afirma Clarín en su última edición dominical.
«Cobijada por un presupuesto que se quintuplicó y el halo de pureza del que muchos militantes sociales suelen alardear frente a los políticos, blindada por el sostén de su mentor, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández -que un día antes de su asunción logró que la Secretaría fuera trasladada desde el Ministerio de Salud a su órbita-, Picolotti tropezó pronto: le aseguró al Presidente que el Banco Mundial no otorgaría los créditos que Botnia había pedido para construir la fábrica de Uruguay y que eso heriría de muerte al proyecto, pero la empresa no tuvo inconvenientes en obtener el dinero; les prometió a los asambleístas que los jueces de La Haya atenderían el reclamo argentino, y al Presidente que los asambleístas liberarían las rutas; no logró ninguna de las dos cosas. Picolotti contrató a otros 350 sin que su necesidad e idoneidad fuera debidamente justificada. A través de varios de estos contratos de locación de obra la secretaria paga salarios importantes a una serie de parientes y amigos», señala el mismo diario.
La misma investigación periodística subraya que un jugoso contrato «le fue otorgado a la abogada cubano-estadouniense Ana María Kleymeyer, una ex alumna de Picolotti convocada para representar a la Argentina ante los foros internacionales como coordinadora de la Unidad de Asuntos Ambientales Internacionales. Además de la curiosidad de contratar a un extranjero para conducir un área tan sensible, fuentes de la Cancillería local alertan sobre un posible conflicto de intereses: al menos hasta octubre de 2004 la abogada integraba el staff del Water Program (Programa del Agua) en el World Bank Institute, un apéndice del Banco Mundial. Tan particular es la contratación que una de sus facturas a la que accedió este diario, por 10.000 pesos, lleva el número 00000001 -es decir que nunca antes había prestado servicios profesionales en el país- y en ella la abogada fija su domicilio fiscal en la propia sede de la Secretaría».
Todo eso le hace muy mal a un gobierno que, pese a notables evidencias en contra -como su política minera (ver nota del cineasta Fernando «Pino» Solana) -, dice querer enfrentarse al neoliberalismo. Pero sobre todo afecta a los millones de argentinos que vienen apostando por un país mejor.
A los que sí les cae como anillo al dedo es a los representantes de la derecha vernácula, soliviantados después de la reciente victoria electoral del lumpen empresario Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, el mismo que dice que el siglo XXI no es el de los derechos humanos y alienta y aprovecha la aparición de esos escándalos a través de los grandes medios de comunicación.
No parece casual que todo esto suceda pocos días después del triunfo de Macri como jefe de Gobierno electo de la ciudad capital y a pocas horas de la proclamación de la senadora Cristina Fernández (esposa del presidente Néstor Kirchner) como candidata a la presidencia, de cara a las elecciones de octubre próximo.
Una fina observadora del tablero político local señaló el pasado fin de semana: «sin querer entrar en consideraciones de género resulta curioso que todos los escándalos sean protagonizados por mujeres con altos cargos gubernamentales, justo en la semana que otra mujer se oficializó como aspirante a la primera magistratura, y con claras posibilidades de triunfo. Se trata de una cuestión muy sutil pero no menos evidente».
La sociedad argentina vivió la pasada década del `90 – la de la imposición del modelo neoliberal – en medio de gigantescos casos de corrupción.
Sin embargo quizá no haya quedado muy en claro que esa corrupción trasciende los límites de lo ético, puesto que la misma forma parte y está implícita -es casi inevitable- en los métodos de construcción política del neoliberalismo, como lo son el vaciamiento de os espacios públicos y la conversión de lo político en ámbitos de apropiación privada.
También observa que muchas de las voces que ahora se proclaman de cambio formaron parte del coro activo del poder que imperó en aquellos años ’90.
Nadie que haya seguido las alternativas políticas y sociales de las últimas décadas puede tener duda acerca de las verdaderas intenciones de los grandes medios de comunicación corporativizados y hegemónicos: siempre en contra de todo proceso de cambio, por más limitado que el miemos fuere.
Pero que el bloque hegemónico utilice los datos de la realidad no significa que del otro lado haya que negarlos o hacer como si nada sucediese.
El mayor peligro que corre las sociedad argentina es que, una vez más, el escenario de tensión entre conservadurismo y cambio no supere los conflictos que se siempre se registran al interior del bloque dominante, quedado como testigo de esa especie de travestimo político y discursivo al que los protagonistas del poder apelan, justamente para conservar el poder (¿gatopardismo?).
Mientras el campo hegemónico no cuente con proyecto y herramienta propia (deseo y voluntad organizados) las prácticas neoliberales continuarán, y entre ellas la corrupción debe ser entendida como síntoma, a partir del cual siempre ganan los elementos más reaccionarios.