La expansión de la actividad minera durante 2011 fue récord en la Argentina, no sólo por la extracción en sí, sino también por la cantidad de nuevas exploraciones a lo largo de todo el país. En paralelo, las protestas sociales crecieron en cantidad y organización.
Imagínese usted un edificio de 340 mil pisos. Es cierto que es difícil: el más alto actualmente mide apenas unos 800 metros y tiene no más de 160 pisos. Pero intente concebir una estructura de más de un millón de metros, con sus 340 mil pisos. Si lo ha logrado, podrá usted tener noción de qué pasaría si apiláramos metro sobre metro todas las perforaciones que durante 2011 las empresas mineras cavaron en territorio argentino.
1.031.600 metros perforados. La precisión refuerza el golpe de la verdad.
Porcentualmente, las exploraciones durante el año pasado representaron un salto del 660% respecto de los metros perforados en 2003, elevando así al 2011 al podio de récord histórico, según celebró la Secretaría de Minería.
Pero mientras las grandes firmas mineras se consolidan y se emocionan con nuevos proyectos extractivos, también se afianzan las protestas sociales, que se duplican en diferentes puntos del país, con más manifestantes y mejor organización.
A mediados de enero, la Unión de Asambleas Ciudadanas, motivada por la masiva reacción de los riojanos «en defensa del Famatina», lanzó una convocatoria nacional para salir a las rutas a detener el paso de transportes vinculados con la minería.
El primer lugar donde el «bloque selectivo» -según ellos lo definieron- se hizo efectivo fue en Belén (Catamarca) donde, después de 15 años de alojar en la provincia a Bajo la Alumbrera, las organizaciones sociales y los vecinos en general están mucho más alertas y organizados para sustentar una medida de fuerza.
Un cruce en cada esquina
Sería ingenuo no estrechar el vínculo entre «2011- Año récord para la minería» y el crecimiento de las manifestaciones públicas en rechazo de la actividad. Con estos dos condimentos, aunque la dinámica de la realidad nos imposibilite predecir el futuro, es bastante factible que los cruces entre sectores se irán acrecentando en los próximos años, y algún tipo de salida tendrá que presentarse.
La hipótesis se consolida aún más si se considera que gran parte de las inversiones corresponden a proyectos en exploración, que recién están ingresando en etapa de construcción y todavía quedan algunos años hasta que comience la extracción del mineral (más allá de los emprendimientos que ya están en curso).
Durante el año pasado, el sector minero invirtió en la Argentina más de 11.000 millones de pesos (casi 3.000 millones de dólares), lo que representa respecto de 2003 -cuando arrancó el Plan Minero Nacional- un incremento acumulado del 1.948%. Se explica así que en el país haya más de 600 emprendimientos extractivos, con desembolsos de capitales provenientes de más 30 naciones.
¿Una cuestión de impuestos o de ambiente?
La estructura tributaria argentina es innegablemente favorable para las compañías mineras. No sólo lo reconoce la misma Secretaría de Minería de la Nación mediante el eufemismo «marco juridico especifico y escenario tributario competitivo», sino que las propias empresas destacan esta característica como uno de los puntos fuertes en sus informes para atraer inversores.
Sin embargo, el debate que necesariamente llegará en algún momento es si se trata de una cuestión recaudatoria o si pesa todavía más el reclamo por las consecuencias ambientales propias de la actividad en gran escala. Es decir: ¿Si el Estado aumenta su participación en la renta minera considerablemente, el pueblo argentino aceptaría el arraigo de grandes proyectos mineros?
Las últimas declaraciones del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, parecen comenzar a inclinar la balanza del debate hacia ese costado. El funcionario aseguró que desde el Gobierno nacional promueven «que cada provincia tenga su propia empresa pública minera y que la misma participe societariamente junto al inversor privado en la puesta en marcha de los proyectos». El primer paso, otra vez aquí, ya lo dio Catamarca, y también La Rioja con su intento de acuerdo (truncado por los riojanos) con la canadiense Osisko Mining Corporation para buscar oro en la zona del Famatina.
Mientras tanto, continúa vigente la legislación de mediados de la década del noventa, según la cual las regalías mineras son del 3% sobre el valor de boca mina del mineral extraído, y calculado a partir de la declaración de la propia empresa. En el Congreso de la Nación también se analizan algunos proyectos de ley, en los que se propone subir esa regalía a un máximo del 12%.
Contaminación oficial
Desde el canal público, sorprendieron hace pocos meses las palabras del Secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, disparando contra la minería a gran escala que promueven las multinacionales del sector. No es que no esté comprobada su contaminación concreta (y que naturalmente atañe a su Secretaría), pero lo cierto es que hasta el momento la cuestión minera permanecía en un sarcófago hermético para el oficialismo.
Entrevistado en el programa Con sentido público, Mussi reconoció que «la minería que contamina es la minería a cielo abierto» y llamó a «hablar con las provincias».
«Entiendo que muchas provincias viven de eso, pero se puede hacer minería en pequeña escala y no entregarle la minería a las grandes empresas que son las que verdaderamente después, a mansalva, lastiman y contaminan el medio ambiente», dijo.
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