A la situación de despidos en el Posadas y salarial en el Garrahan a lo largo del año anterior, en 2025 Milei y su ministro de Salud, Lugones, retomaron la ofensiva contra el Bonaparte y despidieron a 1.400 trabajadores que cumplían funciones en diversas áreas del ministerio de Salud y de otros hospitales como el Hospital Nacional Baldomero Sommer y el Instituto Nacional del Cáncer.
El Ministerio de Salud de la Nación dispuso la intervención del Hospital Nacional en Salud Mental y Adicciones «Laura Bonaparte» y aseguró que lo hizo con el objetivo de garantizar la atención de los pacientes y recuperar el normal funcionamiento del establecimiento. La medida, adoptada tras una serie de denuncias y reclamos por irregularidades en la gestión del centro, fue oficializada esta semana y responde a una evaluación que identificó problemas de «sobredotación de personal» durante la gestión de Alberto Fernández, mal manejo de fondos y baja eficiencia en la utilización de los recursos.
De acuerdo con datos difundidos por el ministerio de Salud, durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández ingresaron 326 empleados, lo que incrementó considerablemente la plantilla del nosocomio. Esto incluyó, entre otros casos, la incorporación de ocho nutricionistas que atendieron un promedio de cuatro consultas diarias, ocho odontólogos que promediaron un paciente por día cada uno, y 12 profesionales de medicina integral que gestionaron 27 consultas diarias en conjunto, lo que equivale a poco más de dos consultas por profesional. Asimismo, el hospital cuenta con 38 consultorios externos que, aunque tienen capacidad para atender a 912 pacientes por día si operaran a plena capacidad, actualmente registran un promedio de solo 191 personas diarias.
En su comunicado, el ministerio de Salud destacó que el crecimiento desmedido del personal y el mal manejo de los fondos impactaron negativamente en la capacidad de atención y el funcionamiento general del nosocomio. La cartera subrayó que la intervención busca aportar “transparencia y eficacia” y aseguró que cuidar la salud de la población requiere un uso eficiente de los recursos disponibles.
Sin embargo, vale destacar que en octubre se conoció la presunta intención de directamente cerrar la institución. Tras la fuerte reacción de pacientes y personal del lugar, el gobierno dio marcha atrás. Meses después, el Ejecutivo vuelve a meterse en ese terreno y ahora con la idea de «intervenir».
Pacientes y trabajadores advirtieron que los despidos afectaron la atención
El Hospital Bonaparte, ubicado en el límite entre los barrios porteños de Parque Patricios y Constitución, había sido objeto de protestas por parte de sus trabajadores tras el anuncio de un plan de reestructuración en octubre pasado. Las medidas incluyeron despidos que afectaron a 200 empleados, según denunciaron gremios y representantes del personal. El Gobierno calificó estas acciones como una «readecuación de la dotación», justificándolas en la necesidad de optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa del hospital.
Se votó en una asamblea un abrazo al hospital que se hizo masivo, donde trabajadores, pacientes y ciudadanos se acercaron a criticar las medidas. «Están atacando a la población más vulnerable», dijeron algunos de los asistentes que aseguraron que los despidos ya repercutieron en la atención sobre los pacientes.
Asimismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) requirió a la Justicia que habilite la feria y dictó una medida cautelar que frene los despidos por causar una grave afectación al derecho a la vida y a la salud. En un escrito que presentó el lunes pasado, el CELS amplió las razones por las cuales reclama a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que interviene con urgencia en este caso. Graficó el impacto y las consecuencias que tendrá el despido de 200 trabajadores en los servicios de salud que presta el hospital.
De acuerdo a la presentación “servicios críticos como los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia, sufrieron una reducción drástica en sus equipos profesionales y administrativos (en especial médicos y enfermeros) al punto que actualmente se encuentra imposibilitado el funcionamiento adecuado del Hospital, en incumplimiento por parte del Estado Nacional de su obligación de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a prestaciones de salud y brindar atención sanitaria y social integral con el objeto de asegurar a los/as usuarios/as la recuperación y preservación de su salud conforme lo establece el art. 7 de la Ley N° 26.657 de Salud Mental”.
La decisión del Ministerio de Salud implicó una reducción del 27% del personal que presta tareas en el Servicio de la Guardia Interdisciplinaria. “En especial se redujo la cantidad de profesionales médicos y de enfermería afectados a este Servicio, que pasan de 76 a 50 profesionales”, resaltó el CELS. Como consecuencia en este servicio no se podrá garantizar el funcionamiento operativo las 24 horas. Habrá días y horarios en los que no se contarán con personal de Enfermería ni Trabajo social ni con psiquiatra ni dos enfermeros. En determinados horarios nocturnos “no habrá médico generalista”. Y “los sábados de 8 a 20 horas no contarán con enfermeros”.
El gobierno nacional miente para justificar los despidos en el Hospital Bonaparte
Por Estefanía Santoro y Euge Murillo
Lxs profesionales que brindan atención a diario cuentan que, con la creciente desocupación, tanto en el sector estatal como privado, el número de personas que concurren al hospital se duplicó. Son aquellas que se vuelcan al sistema de salud pública porque ya no pueden costear una medicina prepaga o se quedaron sin obra social. Con los recientes 183 despidos, el poco personal que queda no alcanza para sostener las guardias ni las internaciones, aunque la mayoría de lxs profesionales continúan brindando atención a lxs usuarixs por el compromiso ético que tienen con la salud pública.
Estas bajas se suman a la reducción del 40 % del personal que se dio en el mes de enero. “Lejos de estar sobrecargados de profesionales en el último tiempo, en mi caso, por ejemplo, pasé de atender el triple de pacientes que atendía antes. En consultorios externos atiendo a 15 pacientes por día”, asegura una psiquiatra del Bonaparte que se desempeña en el hospital de día y en los consultorios externos, atiende en dos dispositivos distintos debido a la falta de personal.
El director y el subdirector del Hospital Bonaparte se tomaron licencia en octubre cuando hubo despidos y una lucha de los y las trabajadoras del Hospital para evitar el cierre con el que amenazaba el gobierno argumentando y difundiendo números falsos con respecto al funcionamiento del Hospital. Finalmente, luego de cuatro días de protestas y vigilias permanentes, hubo marcha atrás con la intención de cierre, los gremios estatales llegaron a un acuerdo parcial con el Ministerio de Salud para que el Bonaparte permanezca abierto, que la totalidad de los servicios continúen funcionando con normalidad y que no haya ningún trabajador despedido.
El Hospital Nacional Laura Bonaparte es el único centro de atención pública especializado en salud mental del país, donde reciben atención aquellas personas que no tienen una obra social porque trabajan de forma precarizada o quienes no pueden pagar un servicio de medicina prepaga, pero por sobre todas las cosas, es un lugar de contención, acompañamiento y cuidado gratuito y de calidad.
Hoy este espacio que asiste a quienes no cuentan con suficientes recursos económicos, se encuentra nuevamente en riesgo después de que el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, decidió despedir a 183 trabajadorxs que se desempeñan en distintos servicios. Estos despidos son parte de lxs 1.400 cesanteadxs que cumplen funciones en diversas áreas del Ministerio de Salud y de otros hospitales como el Hospital Nacional Baldomero Sommer y el Instituto Nacional del Cáncer.
El Sommer, ubicado en General Rodríguez, al oeste de la Provincia de Buenos Aires, es un lugar de referencia nacional especializado en líneas de cuidado de la Enfermedad de Hansen (lepra) y ofrece, además, servicios de salud para adultxs, especialmente en rehabilitación y cuidados paliativos. En ese nosocomio despidieron a 120 trabajadores, profesionales en su mayoría con más de 10 años de antigüedad en un hospital que, al igual que en el Bonaparte, no sobra nadie.
A los despidos se suman el desmantelamiento y el cierre de políticas públicas como los programas de tuberculosis y hepatitis, lo que pone en peligro la continuidad de los tratamientos, diagnósticos y la atención de las personas con estas patologías y deja sin personal médicx especializadx que autorice tratamientos complejos para personas con tuberculosis multirresistentes que requieren de otra medicación. Estas medidas se dan en el marco del congelamiento del presupuesto para la salud pública que no se actualiza desde el 2023, con salarios sin recomposición, demora y reducción en las compras de medicamentos y un recorte del 76 % del presupuesto destinado a dar respuesta al VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis.
Masivo abrazo al Hospital Bonaparte
El lunes desde las 17:00 se vieron convocadxs organizaciones sociales, sindicales, jubiladxs, pacientes, profesionales de la salud y gran parte de la comunidad para mostrar su apoyo a Hospital Laura Bonaparte frente a los más de 200 despidos sufridos la semana pasada. Esto significa una reducción de alrededor del 40% de la capacidad de atención del Hospital, dejando sin atención adecuada y necesaria a los miles de personas que acuden a él por su salud mental y física. De hecho, mientras se celebraba este abrazo multitudinario, las puertas del Hospital seguían abiertas, los pacientes seguían llegando y los profesionales atendiendo.
Tras un intento de cierre del Hospital en octubre de 2024 y en el marco de un desguace del Sistema Público de Salud, con más de 1.400 despidos en ésta última oleada, el Bonaparte fue blanco directo, sufriendo la baja de más de 200 profesionales.
«El miércoles 15 de enero alrededor de las 20:00 empezaron a llegarle notificaciones de despido a alrededor de 200 trabajadores y trabajadoras mediante GDE (Gestión Documental Electrónica). Lo que se les dijo fue que se les otorga un contrato por un mes, que antes era trimestral. Con lo cual en 15 días se encuentran desocupados y que a partir del mismo día de la notificación (15 de enero) podían dejar de prestar sus servicios», cuenta Julieta Chevallier, trabajadora social del Servicio de Atención a la Demanda Espontánea del Hospital Laura Bonaparte.
Esta baja de contratos afectó al 40% de la totalidad de los trabajadores de salud, golpeando en «todas las disciplinas de los equipos de atención en salud mental: Psicología, Psiquiatría, Psiquiatría Infanto-juvenil, Trabajo Social, Odontología, Medicina General, Terapia Ocupacional, Musicoterapia y Administrativos».
Lo que para el presidente Milei y el ministro de Salud Mario Lugones es un «ahorro» para el estado de 700 millones de pesos con los últimos 1.400 despidos en salud, para la población que acude al sistema de Salud Pública puede significar un deterioro sustancial en su calidad de vida e incluso un riesgo de muerte.
Las primeras noticias en relación a la desregulación de las prepagas en el gobierno de Milei, que parecía ser un problema de los sectores más altos, afectó a todo el sistema. Migraron 1.000.000 de pacientes que ya no la pudieron pagar, la mayoría de ellos adultos mayores. Fueron a obras sociales y al sistema público. Porque, cabe destacar, los hospitales de mayor complejidad que le brindan asistencias a los pacientes de PAMI son hospitales públicos. El sistema público de salud está absolutamente recargado, por la población que no tiene cobertura y la que progresivamente durante el 2024 fue perdiendo el trabajo y las obras sociales.
«Toda la gente que se acercó, lo hizo con mensajes amorosos y con la disposición para acompañarnos en la lucha. Eso nos dio mucho ánimo para seguir organizados», dicen desde el Hospital Laura Bonaparte.
A puro arte y resistencia en el Centro Cultural Bonaparte
El domingo por la tarde, el Centro Cultural Laura Bonaparte, ubicado en Pasco 2140, CABA, fue el epicentro de una jornada cultural que combinó arte, reflexión y lucha en defensa de la salud pública. Con la participación de destacados artistas y referentes, la actividad sirvió para visibilizar el vaciamiento del Hospital Laura Bonaparte, mientras se reafirmaba el compromiso de los trabajadores y la comunidad.
Gino Giglio, coordinador del Centro Cultural, destacó: “Este dispositivo acompaña a pacientes y usuarios en su proceso de externación mediante talleres artísticos y sociolaborales. Promovemos el acceso a la cultura como parte del derecho a la salud pública, algo que está siendo atacado con los despidos”.
La jornada contó con la música de Perro Segovia, Eli Almic, Bonacypher y Mocchi, además de la reflexión filosófica de Emiliano Exposto sobre salud mental. Este encuentro no solo reafirmó la importancia de la cultura como herramienta de integración, sino que también dio espacio a los trabajadores para expresar su preocupación por los despidos masivos anunciados.
Maximiliano Martínez, parte del área de comunicación en salud, explicó: “El Hospital Laura Bonaparte no es solo un lugar de atención, sino también un centro de formación para profesionales de todo el país. Están destruyendo un modelo de atención integral que incluye desde consultorios externos hasta talleres culturales, dejando a muchos pacientes sin tratamiento”.
La actividad también sirvió como preparación para el abrazo solidario convocado para el lunes 20 de enero, a las 17:00, frente al hospital, en Combate de los Pozos 2133, CABA. Esta manifestación, bajo la consigna “Porque vaciar es cerrar”, busca unir fuerzas con otros hospitales y sectores en lucha.
Giglio subrayó la importancia de la participación comunitaria: “Invitamos a la comunidad, a organizaciones sindicales, sociales, políticas y culturales a que se sumen y conozcan de cerca cómo trabajamos y el impacto que tienen estas medidas. Defender la salud pública es defender derechos”.
El Centro Cultural Bonaparte, una vez más, se consolida como un espacio de resistencia donde el arte y la comunidad se encuentran para defender un modelo de salud integral. La lucha por el hospital es también una lucha por el acceso a derechos fundamentales, una batalla que, lejos de terminar, sigue sumando voces y acciones.
Unidos y en las calles, siguió la lucha
Ante el anuncio de despidos, cientos de trabajadores y trabajadoras se autoconvocaron en el nosocomio, donde realizaron asambleas y comenzaron una permanencia. El lunes vivieron un abrazo solidario masivo que les dio más fuerzas. Pero el gobierno y sus medios amigos lanzaron una campaña de mentiras sobre una supuesta “sobredotación de personal” que justificaría la intervención.
A ese nuevo ataque respondieron en un comunicado que: “las personas despedidas son trabajadores que garantizan la atención de los pacientes de manera interna y externa, tanto en la Guardia, como en la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de la Salud Mental 0800, las 24 horas, todo el año”. Allí también denunciaron que “con la llegada de una nueva intervención no será posible asegurar el normal funcionamiento del Hospital siendo que los despidos de 200 trabajadores, como ya hemos exclamado, imposibilitan la atención a pacientes, el ingreso de nuevos y la continuidad de los tratamientos y servicios”.
El jueves volvieron a mostrar que las fuerzas de lucha están intactas. Es más, crecen con el apoyo popular y la convicción de defender la salud pública, más en un sector tan sensible como la salud mental.
Por eso se movilizaron por el hospital, en las afueras del mismo y en el barrio, con sus banderas y el canto de “¡El Bonaparte no se cierra!”. Al mediodía se dirigieron al Hospital Garrahan, que queda a pocas cuadras, para reafirmar su lucha común contra el ajuste.
“Lo que llaman reestructuración es vaciamiento de los hospitales”
La Red Intersectorial en defensa de la Ley de Salud Mental y Adicciones de Neuquén se solidarizó con los trabajadores y trabajadoras de hospitales públicos nacionales. Rechazan el vaciamiento de la salud pública, los cierres y los despidos.
“El Gobierno nacional continúa con su política de destrucción de los hospitales públicos nacionales. En estas semanas anunciaron 1.400 despidos, lo cual afecta a equipos de salud del Hospital Posadas y del Hospital Bonaparte, entre otros. Esta política que, desde el ministerio de Salud llaman “reestructuración”, en realidad es vaciamiento de los hospitales, teniendo como objetivos o que se provincialicen, se privaticen, o directamente se cierren”, expresaron a través de un documento público.
Los trabajadores y trabajadoras alertaron sobre la destrucción de la salud pública: “Es alarmante por cuanto perjudica a los y las trabajadoras, y a la comunidad que asiste a las instituciones de salud pública”.
En este sentido, rechazaron el vaciamiento de los hospitales públicos, los cierres y despidos a trabajadores y trabajadoras de la salud. Y exigieron que “el gobierno nacional lleve adelante políticas públicas para que el derecho a la atención de la salud sea garantizado”.
Miriam Rivas, trabajadora social e integrante de la Red, reflexionó sobre el ataque a la salud pública en el país:
· En Neuquén cuando se conmemoró el Día de la Salud Mental a nivel mundial elegimos la consigna, cuando la crueldad avanza, la salud mental se organiza. Hoy extendemos esta consigna a lo que está pasando.
· El gobierno nacional vuelve a arremeter contra lo público, contra instituciones de salud con un largo recorrido, con equipos formados, muy formados, con políticas públicas. Por ejemplo, en el Bonaparte intentaba plasmar la Ley de salud mental nacional.
· La política del gobierno nacional, que algunas provincias también están copiando, avasalla varios derechos. El derecho al trabajo en el caso de trabajadores y trabajadores que conforman los diferentes equipos en los hospitales nacionales. El derecho a la atención integral de la salud como en el Bonaparte. Es criminal lo que se está haciendo.
Se están vulnerando derechos a cara descubierta y cruelmente
· Desde la Red entendemos que esto se tiene que frenar, se tiene que parar y que para eso se necesita organización y reclamar a distintas conducciones sindicales que realmente encabecen una acción contundente para frenar esto.
· Lo que está pasando en los hospitales nacionales se puede replicar en los hospitales provinciales. El gobierno de Javier Milei, el ministro de Salud se jacta de estos despidos, de esta no renovación de contratos y realmente es muy alarmante. Como red esperamos que toda la solidaridad que rodeó y que acompañó al hospital Bonaparte en octubre del 2024 se replique. Se están vulnerando derechos a cara descubierta y cruelmente.
El Hospital Durand en estado de abandono
Por Martín Suárez
Es como consecuencia de filtraciones, caños rotos y pésimas condiciones en el desagüe. Las y los trabajadores venían denunciando el hecho hace varios días. Denuncian además el mal funcionamiento de equipos electrónicos.
Una imagen se viralizó rápidamente la semana pasada. Pacientes del servicio de salud mental de Hospital Durand del barrio de Caballito tiraron sus colchones en los pasillos del nosocomio. Las puertas que conectan los diferentes pabellones estaban abiertas al igual que las ventanas: «Solo querían dormir un poco más frescos», contó a este medio Irma, madre de un joven que se atiende en ese servicio. Es que el sistema de aire acondicionado estaba roto desde hacía varios días y, pese al reclamo constante de las y los profesionales que trabajan en el lugar, las autoridades porteñas no enviaron ninguna cuadrilla a solucionar el problema. «Este hospital se vino abajo en los últimos años», agregó Irma.
Durante esa misma semana, el personal insistía con otra demanda desde hace varios días: que de manera urgente solucionen los caños rotos del desagüe de un sector de la sala de maternidad donde se atiende a mujeres embarazadas, durante el parto, el nacimiento y el posparto. Pero nadie acudió a reparar el desperfecto y solo se hicieron presentes para clausurar parte del sector en conflicto.
Se profundiza la falta de inversión en el nosocomio porteño, en este caso se tuvo que cerrar una habitación en el servicio de #Maternidad por caños de desagües rotos y que no se resuelven hace más de 5 días, lo que ocasiona un riesgo eléctrico para los pacientes.
«En estos momentos estamos con una habitación menos, algo que se podría haber evitado. La falta de mantenimiento en general es lo que tienen todos los edificios públicos de la Ciudad. Este es un tema frecuente, siempre estamos detrás de los problemas porque no hay prevención y eso tiene que ver con las empresas con las que trabaja el GCBA que están tercerizadas desde hace muchos años», explicó Gastón Kalnique, delegado gremial de ATE y responsable del manejo de la gestión interna de los residuos patogénicos y peligrosos del Hospital Durand.
El referente sindical asegura que, así como padecen los problemas de filtración de agua dentro de maternidad, «también hay equipos rotos, equipos que son del hospital y que por falta de reparación y mantenimiento no funcionan como, por ejemplo, los equipos de electroencefalografía. Sufrimos también la falta de técnicos; no puede ser que en época estival haya un solo técnico trabajando, es por eso que siempre estamos pidiendo que se incorporen profesionales al Hospital Durand”, agrega Kalnique.
Ante la falta de aire acondicionado las pacientes se ven obligadas
a dormir en los pasillos.
La falta de políticas públicas en
materia de inversión en salud es moneda corriente y el abandono es
un cáncer con metástasis en todo el sistema sanitario de la
ciudad.
Como consecuencia de la falta de respuesta del GCBA a las demandas urgentes de quienes ejercen sus tareas a diario en el Durand, aparecen en cadena varias situaciones más que deterioran la calidad de la atención médica de miles de pacientes.
El cierre de salas ante el abandono del Durand
En mayo del año pasado, el ministerio de Salud porteño habilitó el cierre de la sala de terapia intensiva por falta de mantenimiento. Y a finales del mes de abril de ese mismo año, el centro de salud de Caballito también debió cerrar parcialmente su sala de terapia pediátrica por falta de personal. La crisis por la que atraviesa el Hospital porteño es como consecuencia de un fuerte ajuste en todo el sistema de salud público de la Ciudad. En los últimos años la inversión social en hospitales tuvo un recorte superior a los $ 36.000 millones.
Por entonces, la situación fue tan grave que la cartera de salud que conduce Fernán Quiróz emitió un comunicado sobre ese tema, excusándose de la situación al decir que ese sector estaba en obras: «Durante la última semana de mayo el Ministerio de Salud se encuentra realizando obras en la sala de terapia intensiva del Hospital Durand. Se trata de cambios en la red de oxígeno central que se prevé que finalicen en los próximos días».
En el mismo comunicado, además, reconoció el traslado de las y los pacientes a otro sector: «Mientras que la obra está en curso, las 19 camas de terapia intensiva con las que cuenta el hospital se encuentran funcionando con total normalidad en la sala de terapia intermedia. La semana próxima, una vez finalizada la obra, volverá a la habitual sala de UTI».
Despidos en el Hospital Nacional Sommer
El martes 14 de enero recibieron la notificación de despidos más de 130 trabajadores, entre ellos trabajadores con más de 30 años de contratos precarios. El ataque golpea en diversas áreas. Los trabajadores resisten con asambleas.
Los despidos en el Hospital Nacional Baldomero Sommer ocurren después de que el director Santiago Cerneaz habilite los despidos de áreas profesionales y no profesionales. Médicos, enfermeros, nutricionistas, camilleros, administrativos, trabajadores sociales, técnicos en imágenes, de docencia e investigación, electromedicina, entre otros sectores. Los más de 130 fueron notificados vía mail o GDE de la misma forma que ya lo había hecho en otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Entre ellos, algunos trabajadores de la salud a los que solo les faltaba un año para jubilarse.
Los despedidos eran contratados por el conocido Artículo 9 (Resolución 48). Una contratación precaria que, fomentada por todos los gobiernos, en algunos casos con más de 30 años de antigüedad. Precarización laboral que también es fomentada a través del monotributo.
El Hospital Sommer, está ubicado en la localidad de General Rodríguez en el oeste del Conurbano Bonaerense, desde 1941, a unos 25 kilómetros de Luján. Durante décadas fue un sanatorio/colonia para pacientes de la enfermedad de Hansen (Lepra) y desde 1993, amplió su atención a otras enfermedades aumentando su complejidad.
Estos despidos se suman a los más de 120 del Hospital Posadas, que al igual que el Sommer, son nacionales. Esto se enmarca en el anuncio del ministro Lugones que cerró quince direcciones encargadas entre otras cosas de la coordinación con efectores municipales, de la infraestructura, de la asistencia epidemiológica por enfermedades como la tuberculosis, de la asistencia a personas que padecen enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad, despidiendo a 1.400 trabajadores.
Un ataque brutal contra la salud pública de los sectores populares. El anuncio de Adorni sobre las intenciones de provincializar los hospitales nacionales tiene el correlato en estos ataques que dejan miles de familias en la calle. Una verdadera política del gobierno para desmantelar áreas enteras de la salud pública. La unidad desde abajo, entre trabajadores sin importar la afiliación es clave para enfrentar estas medidas del gobierno.
Carta de un trabajador del Hospital Sommer
A continuación, compartimos la carta abierta de un trabajador del hospital, publicada por Periódico El Roble.
Algunas expresiones sobre el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
La historia y la memoria histórica
Allá por
el año 1980/81 (tendría unos 4 o 5 años), mi viejo (el narigón,
para muchos), Raúl Bello ya estaba trabajando en «la colonia».
Un Sanatorio/Instituto, dispensario de miles y miles de pacientes de
Hansen (enfermos de Lepra); ¡sí, los leprosos!
Por ese
entonces, el narigón Raúl Bello trabajaba en la cocina del
Sanatorio Sommer. Era un empleado público que cocinaba para los
demás trabajadores y para los pacientes de lepra crónicos que
fueron internados «compulsivamente» por el Estado Nacional
por disposición de la Ley de Profilaxis de la lepra, conocida como
Ley Aberastury N° 11.359, sancionada en 1926; y la consigna clara
era «el aislamiento de estos enfermos era obligatorio, de por
vida e incluso con el empleo de la fuerza pública si hubiera
desacato (el poder de policía del Estado, la violencia legítima y
el monopolio de la fuerza).
Estaba prohibida la entrada a
cualquier foráneo que no formara parte de la estructura de esa
institución (especial) de salud. Todavía quedaban marcas en el
territorio, del lugar (de esas dinámicas territorialidades); de las
«barreras» y límites físicos de cercos y alambrados
perimetrales que dividían la zona A (área de los sanos, diferentes
trabajadores y empleados, que cumplían funciones y diferentes tareas
en la institución de salud) y la zona B (área de los pacientes
crónicos, enfermos de Lepra, también subdividida en varones y
mujeres), con los pabellones y los barrios planificados de varones
(San Martín) y mujeres (Madre de la Cruz) y barrio Sommer al fondo,
atrás de teneduría. Los demás barrios y casas surgieron
espontáneamente, por las diferentes luchas libradas por los
pacientes de lepra en el devenir de sus historias.
Por ese tiempo, quién escribe, era un niño de 4/5 años. Ese niño no podía ingresar al «lugar» (al Sommer). Por ese entonces también, algunos empleados del hospital/ sanatorio, empezaban a tener una relación de vínculo fuerte con las «familias leprosas» y una amistad con el paciente interno.
Pero el narigón, por alguna razón que nunca le pregunté, me cargó en el viejo Citroën 3CV verde de su hermano Paco, me escondió con unas ropas y bolso en el asiento de atrás e ingresó por la «portería» del Sommer. Recuerdo que llegamos al fondo del hospital, ahí donde está la cancha de fútbol, me sacó del auto (yo no entendía nada, para mí era un juego quizás); me encontré con unos personajes que después pude aseverar que eran dos equipos de fútbol. El club «Liga del norte» de la mayoría de pacientes del pabellón 1 (camiseta verde y blanca) y los otros del pabellón 2, la mayoría, camiseta rojas. Mi viejo, el narigón Raúl Bello, jugaba para el equipo de leprosos del pabellón 2 (los rojos)…
El equipo rojo creo, que se denominaba club Dr. Melamed. Hasta el
día de hoy, después de más de 40 años, tengo la imagen en mi
cabeza de mi viejo (ya muerto hace casi 4 años en el Sommer)
llevándome de la mano al medio de la cancha, y las caricias de
alguien que le decían «el negro orife», paciente de lepra,
de Corrientes, el correntino Francisco Mendoza (también
fallecido)… Es una imagen muy fuerte que no creo, de que pueda
borrarse nunca más… Es la historia que nos quieren borrar…
Y
ahí, encuentro el origen de mi historia con el Sommer. Ahí empieza
a escribirse y recorrer la memoria de mí trayectoria de vida. De los
míos, de las familias que vivían en frente a la colonia de
leprosos, al hospital; de los Martínez, de los Aguilar, de los
Gollo, de los Bello, de los Andrada, del viejo Julio Dari y su
familia (el ollero del barrio), del negro Silva, del viejo González,
de Soledad y el viejo Silveira, del viejo Camio. Todas esas gentes
(como dice Serrat, gentes de cien mil raleas), tenían una fuerte
relación con los leprosos. Cuando nadie quería ni acercarse, ni
mucho menos trabajar en una colonia de internos de lepra. Cuando a
los enfermos que se «escapaban» y los encontraban por
Rodríguez, los denunciaban y los recluían. Cuando decir lepra, era
sembrar el miedo…
Y luego, con el correr del tiempo, de los Falcón, de doña Carmen, del viejo Sena y Gumersinda, de las salteñas Norma y Julia, de Pavetti ; y luego de las demás familias, muchas de relaciones de parentesco directas con los internados leprosos, que venían a habitar el barrio para estar cerca de los suyos. Muchos hijos, de enfermos de Lepra, que le fueron arrancados a sus padres, LA LEY ABERASTURY, LES PROHIBÍA TENER HIJAS/OS Y FORMAR FAMILIAS A LOS INTERNOS.
Los internos, pacientes de lepra, tenían por ley, prohibido
formar una familia, tener hijos. Por eso si alguna mujer quedaba
embarazada, les sacaban a sus hijas/os y los llevaban con las monjas
a la Colonia Mí Esperanza cerca de la estación de Isidro Casanova.
Tenía que traerlo nuevamente al niño, algún pariente del paciente,
que se hiciera cargo, con diferentes permisos, al hospital/colonia
para que tuvieran un contacto aislado con sus papás/mamás…
Por
eso la familia Andrada y la vieja Pilar fueron fundamentales para
tenerlos y contenerlos en el barrio de enfrente.
¡Cuando había
un puñado de casitas! Y se «escaparan» (los pacientes) a
escondidas con la complicidad del cura Joaquín Prochaska y algunas
monjas que eran consideradas buenas, para que esas madres fueran al
ranchito de Pilar (lo Andrada) a sentirse y contactarse con sus niñas
y niños.
Muchos de esos niños, hijos, nietos, sobrinos de leprosos, se
criaron con nosotros, fueron amigos, compañeros de escuela, amigas,
colegas, novios-novias y hoy, algunos/as compañeros de trabajo y de
la vida…
Muchos/as compañeros de trabajo del Sommer son
parte de esta historia, también de mí historia y de mi familia.
Muchos pacientes de lepra fueron y son mis amigos/as compañeros de
trabajo.
Luego de toda una vida en el Sommer de tres
generaciones de familia y de 20 años trabajando directamente para el
hospital; me dicen que no voy a seguir firmando un contrato anual
laboral… Que me quieren quitar mí trabajo; que me quitan mi
trabajo.
Y dicen también:
Que el hospital no
funciona bien o que no es eficiente o eficaz. Instalan a través de
los medios de comunicación masiva que todos los enfermos de lepra
son corruptos. Que tienen privilegios, como así también algunas
familias de trabajadores. Y un sin fin de mentiras infundadas para
generar discordia, odio y destruir la salud pública. Como el
viejo/nuevo modelo de los ’90, que descentralizó las 4
colonias/instituciones nacionales de lepra en Misiones, el Chaco
(isla del Cerrito) en Entre Ríos (Diamante) y Córdoba (San
Francisco del Chañar); las últimas 3: transferidas a las provincias
y todas cerradas.
Para esta gestión (y para muchos cómplices)
la salud pública es un negocio, y se lo quieren apropiar…
Nos quieren borrar la memoria, nos quieren quitar y hacer otra
historia.
Nos quieren diezmar en el Hospital Nacional Dr.
Baldomero Sommer…
Por «Rifi», trabajador del Htal. Sommer.
Trabajadores denuncian salarios de indigencia y persecución en el Hospital El Cruce
En las puertas del hospital ubicado en Florencio Varela, sobre la calle Calchaquí, trabajadores y trabajadoras alzaron sus voces en un ruidazo para visibilizar las condiciones laborales y salariales que enfrentan. El reclamo no es solo por aumentos salariales, sino también contra la persecución y el hostigamiento que denuncian dentro de la institución.
El Hospital El Cruce, inaugurado en 2007 como un modelo de atención de alta complejidad, enfrenta hoy una grave crisis. «Durante 2024 recibimos un aumento del 30 %, mientras la inflación acumulada del año fue del 118 %. Estamos por debajo de la línea de pobreza, con sueldos de indigencia. Es una vergüenza», señaló uno de los trabajadores presentes en la asamblea.
Los trabajadores del HEC no solo brindan atención de alta complejidad, sino que también se ocupan de capacitar a las familias de los pacientes para que puedan continuar con los cuidados en sus hogares. «Hacemos un trabajo enorme, que incluye nuestra capacitación constante, nuestra empatía y nuestra humanidad. Sin embargo, no alcanza ni para cubrir un alquiler. Ningún trabajador aquí gana un salario digno», denunciaron.
Otro punto crítico es la distribución presupuestaria. El 70 % del financiamiento del hospital corresponde a la Nación y el 30 % a la Provincia, pero los trabajadores señalan que esta estructura genera confusión y abandono.
El ruidazo fue una nueva medida organizada por la Asamblea de Trabajadores del HEC, que viene impulsando acciones para visibilizar la precarización laboral y exigir soluciones concretas. «Seguiremos luchando porque el sistema de salud y quienes lo sostenemos merecemos dignidad», plantearon.
La denuncia de la situación de precarización, hostigamiento y persecución se enmarca en los ataques que se están desarrollando hacia el sector de la salud desde la asunción del presidente Milei.
El sistema de salud público se sostiene de la precarización de las
y los trabajadores, quienes pusieron el cuerpo en plena crisis
sanitaria con el COVID, y que hoy no solo no es reconocido sino que
es atacado ferozmente con miles de despidos, como en el Hospital
Laura Bonaparte, que se organiza en asambleas abiertas, o los más
de 130 despidos en el Hospital Sommer.
Es necesario poder
visibilizar todas las luchas y las denuncias sobre el ataque a un
sector tan delicado como es la salud pública, que recibe a millones
de usuarios, muchos de ellos hoy desempleados y que frente a la falta
de obra social se incrementa la demanda del sector.
Estas luchas que se están desarrollando en diferentes hospitales que están dando las y los trabajadoras de Salud muestran que sus respuestas superan las pálidas reacciones de los sindicatos y deja a la vista que la solidaridad siempre es desde y hacia las y los trabajadores. Al mismo tiempo queda claro que es necesario construir una fuerza coordinadora de todas las luchas para enfrentar un ataque tan brutal, dando una respuesta contundente y unificada.
200 despidos en el PAMI
De los 200 empleados desafectados, unos 50 se hicieron hoy presentes como todos los días a su lugar de trabajo y quisieron fichar, pero se encontraron con que el sistema “no les toma las huellas” para permitir el ingreso al edificio. Esta situación provocó que esos trabajadores se concentraran en el hall de la sede en avenida Corrientes 650. Permanecieron allí junto al personal de seguridad privada que desempeñaba funciones dentro del edificio.
Según trascendió, los despidos que se llevarán a cabo fueron comunicados de manera informal por “los gerentes de cada área”. En total ya serían más de 550 despidos en el PAMI en los últimos 13 meses, revelaron los gremios.
“Claramente nos echaron a dedo. Los directivos del PAMI se desligaron de las desvinculaciones y nos dijeron que la orden vino del Ministerio de Salud”, amplió uno de los afectados, que evitó dar su nombre. La gran mayoría de los echados ingresaron desde el año 2019 en adelante.
En la protesta, los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de PAMI exigieron “que no se congelen los salarios” y que no se efectúen los despidos: “Denunciamos que ‘los buenos muchachos’ de la Salud buscan quedarse con el PAMI, sacrificando los derechos de los jubilados y vulnerando a los trabajadores”, añadieron.
“Desde ATE, nos comprometemos a defender con firmeza los derechos de quienes, día a día, sostenemos esta institución. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”, manifestaron en el gremio.
Referentes de todos los sindicatos, que trabajan en el organismo, realizaron una recorrida por las oficinas, previo a la asamblea general donde se buscaba votar una medida de fuerza para reclamar contra los despidos.
Consecuencias de los despidos en el PAMI
«Me acaban de informar que no se dan más turnos para anestesia en el anexo porque no les renuevan contratos. Y se suspenden cirugías«, así lo denunciaron trabajadores de los Policlínicos Pami I y II de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde fueron despedidos tanto médicos como anestesistas.
Según relataron medios locales que se hicieron eco de las declaraciones del personal, la suspensión se realizó porque fueron despedidos 11 anestesistas y 2 médicos.
En tanto, en Mar del Plata, trabajadores del lugar denunciaron que «despidieron a la única trabajadora social que atendía casos en Pinamar y General Madariaga, y como consecuencia de eso quedaron casi 9.000 afiliados sin prestación del servicio social y a la deriva».
Estos casos comienzan a conocerse, luego de que el pasado martes 21 de este mes el Gobierno nacional decidiera despedir a más de 250 trabajadores de PAMI, que se suman a los 80 despidos que se habían producido en diciembre.
Según denuncian los trabajadores, los despidos implican recortes significativos en áreas clave de atención médica. Por ejemplo, se ha reportado el despido masivo de trabajadores en un sector del call center que se encargaba del seguimiento y apoyo a pacientes oncológicos, quienes dependían de este servicio para gestionar medicamentos, trámites y turnos.
Este vaciamiento no solo precariza la atención, sino que también pone en riesgo la vida de quienes más necesitan del sistema. Además, el servicio de atención telefónica 138, esencial para detectar faltantes de insumos médicos como medicamentos y apósitos, también ha sufrido recortes. A esto se suma el desmantelamiento del servicio social, que era fundamental para un abordaje integral de la salud, y el debilitamiento del centro de atención para víctimas de violencia de género. Estos ataques al sistema de salud no son aislados; forman parte de una política sistemática de ajuste que prioriza el ahorro presupuestario sobre la vida y el bienestar de las personas.
Milei y sus funcionarios decidieron arrancar el año con motosierra y despidos, igual que el año pasado, y las direcciones sindicales definieron arrancar el año también igual que el año pasado: dejando pasar los despidos. Es urgente que los sindicatos convoquen a asambleas amplias y se unifiquen con otros sectores en conflicto para coordinar un plan de lucha nacional hasta lograr la reincorporación de las y los despedidos y le ponga un freno al Gobierno ajustador y empobrecedor.
Los jubilados, quienes han demostrado ser una reserva moral en la lucha por los derechos sociales, han llevado adelante protestas los días miércoles frente al PAMI, denunciando la indiferencia de entidades como UTI y UPCN. Estas manifestaciones, que ya se han repetido en varias ocasiones, pueden convertirse en un punto de apoyo para dar una pelea común contra los despidos y el vaciamiento.
Los medicamentos para jubilados subieron un 6,2% por encima de la inflación
Según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 2024, los medicamentos más consumidos por los adultos mayores y jubilados aumentaron un 6,2% por encima de la inflación.
En el informe se destaca que, desde la asunción de Javier Milei, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 215,0%, superando a la inflación de 208,8%.
A su vez, los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanzaron una suba interanual promedio del 133%.
Otro punto que destaca el informe del CEPA es en cuanto a la reducción de cobertura y cambios en la política de medicamentos gratis de PAMI.
En marzo del 2020, la obra social “implementó un nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos, es decir, un listado de medicamentos sin cargo con el objetivo de garantizar el tratamiento adecuado de las patologías más frecuentes en las personas mayores”.
Según el estudio realizado, la cobertura al 100% de los medicamentos más consumidos por esta población, sumado a las coberturas del 80% para medicación ambulatoria y del 100% para medicación especial, representó un importante ahorro para los ingresos de las personas mayores, en especial jubilaciones y pensiones.
Pero recientemente se limitó el acceso y los jubilados deben realizar un trámite para obtener el beneficio.
En la actualidad, PAMI redujo 44 moléculas farmacológicas que tenían cobertura al 100% en su vademécum, en tanto que en junio se habían reducido otras 11 moléculas.
En conclusión, con base en los datos relevados sobre los precios de los medicamentos excluidos de la canasta PAMI, se observa que los tres que registraron los mayores aumentos en sus precios entre agosto y diciembre de 2024 fueron: Dermaglós, con una suba de 78,4%, Lanzopral, con un incremento de 71,7%, y Pantus 40, cuyo precio aumentó un 70%.
Estos incrementos reflejaron “un ajuste significativo en el costo de estos medicamentos, afectando directamente el bolsillo de los afiliados que los adquieren, fuera de la cobertura de la canasta PAMI”, sostuvo el informe.
Para más información podés acceder al informe completo del CEPA, haciendo click acá.
Riesgo de cierre para 180 hogares para personas con discapacidad
Por Carla Perello
Calculan que las afectadas son unas 9.000 personas que habitan en esas residencias. Por la falta de presupuesto, algunas estiman que en dos meses dejarán de funcionar.
En los 180 hogares para personas con discapacidad que existen en Argentina habitan unas 9.000 personas. Algunas de ellas necesitan cuidados extremos: les tienen que dar de comer, cambiar pañales, bañar y dar medicamentos. Otras, se valen por sí mismas, pero igual necesitan de cuidados. No todas tienen familiares ni alguien que se haga cargo de ellxs. En 2024, las instituciones que son contratadas por el Estado para prestar el servicio de salud aguantaron todo lo que pudieron: “La venimos paleando con deuda. En mi caso, debo a tres bancos, más los impuestos y estoy preparando el preventivo de crisis. No da para más”, relató Sergio Rzonsinski, gerente del Instituto Convivir, de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la falta de actualización de los aranceles que debe hacer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Rzonsinski es gerente del hogar y centro de día, que tiene dos sedes, hace más de 30 años. A lo largo del tiempo, dijo, “pasó de todo”, pero nunca una situación como la actual en la que la falta de presupuesto lo dejara al borde del cierre de la institución que en la actualidad cuenta con 71 empleados registrados y unos cuatro monotributistas para atender a 54 personas internadas y unas 20 que realizan tratamientos ambulatorios.
Al momento de la conversación, sus trabajadores estaban en huelga por falta de pago de salarios y deudas por vacaciones.
La mayoría de las y los pacientes que recibe, como sucede con el resto de las instituciones, son derivados por PAMI y por el Programa Federal Incluir Salud, en menor proporción por las obras sindicales a través de la Superintendencia de Salud. Mientras, los aumentos de los aranceles los debe decidir el Directorio de la ANDIS, en donde tienen una representación mínima que no llega a hacer de contrapeso para modificar las decisiones del Gobierno nacional. En el último trimestre, por ejemplo, recibieron aumentos del 1%, 0,8% y del 0,5% y hasta ahora no tuvieron novedades sobre alguna otra actualización. Las autoridades tampoco los recibieron.
Según sus cálculos, para atender a una persona -que, recordemos, es discapacitada- que vive en el hogar, se requieren unos tres millones de pesos, mientras que quien asiste al centro de día un millón y medio.
“La última vez que nos recibieron fue en noviembre, un funcionario de segundo o tercer nivel, que nos trató de corruptos”, contó sobre el encuentro al que él mismo asistió, sobre el caballito de batalla que la gestión de Javier Milei eligió para justificar los recortes en áreas sensibles. No sólo eso, sino que contó que además los amenazan auditorías para verificar que cumplan con todos los requisitos y, en caso de encontrar irregularidades, imponerles sanciones económicas. “Es muy perversa esa relación”, sostuvo Rzonsinski.
“Esto tiene que tener una solución de parte del Estado, necesitamos un aumento inmediato importante, de no menos del 20% porque están pagando menos de la mitad de lo que corresponde”, aclaró y contó que el mismo director de ANDIS, Diego Spagnuolo, reconoció en una entrevista con María Julia Oliván que él recibía los aranceles con 100 puntos por debajo de la inflación.
Rzonsinski contó que desde las instituciones en distintos puntos del país están intentando organizarse en un grupo de WhatsApp y aseguró que las que alquilan y están en grandes ciudades “están en la lona”, pero que “la malaria es para todos”.
Allí, por ejemplo, se encuentra la Asociación Amar -creada por un grupo de familias hace más de 50 años- que en esta semana salió a pedir ayuda en sus redes sociales en donde la directora, Daniela Vagnenko, contó que acumularon una deuda de “millones” y que sólo tienen para subsistir por dos meses más por la falta de actualización en el nomenclador y las demoras de pagos de las obras sociales de hasta 90 días.
Para intentar tener una salida a esta situación enviaron mails a todos los entes relaciones con discapacidad, pero también evalúan enviar cartas documentos y salir a la calle junto con las familias. También evalúan una demanda judicial a nivel nacional y en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.
Ante la falta de aumentos en los presupuestos, Rzonsinski prevé la posibilidad de cerrar los dos hogares que tiene a su cargo en dos meses: “Hay padres a los que los vi morir y que me pidieron que cuide de sus hijos. Lamentablemente no voy a poder cumplir”.
“Un discapacitado es lo más desprotegido que hay sobre la tierra”.
Marta Amato tiene 80 años. Su hijo, Julio, de 58, nació con una cardiopatía congénita. Fue operado dos veces, pero arrastró un retraso madurativo del que no pudo salir, así ella misma lo describió. Empezó yendo al centro de día del Instituto Convivir, pero hace diez años contrajo Parkinson y ella tuvo un problema cardiaco, por lo que no era recomendable que él estuviera a cuidado de ella. “El resto de su vida va a necesitar atención permanente. Te das cuenta de que es imposible tenerlo en casa con esa patología”, dijo.
En la conversación, a Marta le tembló la voz y, al borde del llanto, les envió un mensaje a las autoridades nacionales: “Que escuchen, que vayan a los hogares y miren a la cara a los chicos, que les pregunten cómo están. No se justifica un cierre por alguien que hace un presupuesto para alguien que no sabe qué necesita”, pidió. Ella forma parte de la red de familiares que se está organizando para exigir al Gobierno nacional respuestas ante la situación que describen como “crítica”.
“El problema radica en la falta de actualización de los pagos por las prestaciones de discapacidad, que han quedado rezagados frente a la inflación y los incrementos salariales dispuestos para el gremio de sanidad”, sostiene en el documento que difundieron. Esto significó, según señalaron, la reducción de actividades y terapias, retrasos en mejoras de infraestructura e imposibilidad de cumplir con compromisos básicos como el pago de aguinaldo, “que se ha comunicado al gremio que deberá abonarse en cuotas”.
“A pesar de reiterados reclamos, las autoridades no han tomado medidas concretas para solucionar este problema. Argumentan que la corrupción detectada en el sector de discapacidad justifica la falta de actualización de los aranceles, incluso tras realizar auditorías y planificar nuevas inspecciones”, denunciaron.
“Algunos -dijo Marta, sobre las y los pacientes que habitan en los hogares- no tienen padre, madre ni parientes; otros que tienen parientes y no los visitan. Un discapacitado es lo más desprotegido que hay sobre la tierra y necesitan de esos lugares donde están bien atendidos y comprendidos, donde tienen a sus amigos, sus profesoras, es su casa, pero es imposible con este presupuesto”.
Remate del único centro de rehabilitación gratuito en La Matanza
Por Fernando Barraza
Trabajadores y pacientes del CEMEFIR, junto a trabajadores de otros efectores de salud y la comunidad, se unieron para rechazar el remate del edificio que pone en jaque la continuidad del centro. Este viernes 24 a las 9 horas, convocan a toda la comunidad a un abrazo solidario en la puerta del centro de salud
Los trabajadores de salud y los pacientes vienen realizando jornadas de lucha contra el intento de cierre del Centro de Medicina Física y Rehabilitación. El próximo viernes 24 a las 9 horas realizaron un nuevo abrazo al centro municipal convocando familiares, vecinos, trabajadores solidarios y organizaciones para enfrentar la amenaza de remate del edificio qué tiene más de 70 años.
No es nuevo, pacientes recuerdan que en diferentes oportunidades evitaron el cierre del Centro y que en el año 2021 conquistaron la Ley de Expropiación en la Legislatura Bonaerense, del edificio donde funciona CEMEFIR. Aunque desde la gobernación tenían dos años para abonar deuda de servicios y hacer efectiva la entrega del edificio, dejaron vencer el plazo que tenía fecha el 27 de diciembre pasado. Por esto, los usuarios apuntan como responsables a la gobernación de Kicillof y al municipio de Fernando Espinoza.
[…]
El cierre de CEMEFIR no solo representaría una pérdida de acceso al derecho a la rehabilitación a quienes tienen discapacidad motora, sino también a la comunidad más vulnerable que depende de estos servicios. La comunidad y los trabajadores de CEMEFIR han hecho un llamado a la solidaridad y a la acción, instando a las autoridades, como el intendente y el gobernador Axel Kicillof, a resolver inmediatamente la expropiación definitiva
CEMEFIR: una causa popular. ¿Como sigue su defensa?
Ante la amenaza del cierre del CEMEFIR la comunidad ya se está
manifestando y organizando. Tenemos que transformar esta pelea en
una causa propia y popular de la zona. Los testimonios son
muy impactantes, gracias al tratamiento en CEMEFIR, pudieron volver a
caminar, rehabilitarse.
Desde la agrupación Marrón Salud de
La Matanza realizamos una campaña contra el remate del
CEMEFIR en nuestros hospitales y en el abrazo al Hospital
Bonaparte. Los sindicatos tienen que dejar de dar la
espalda, y convocar a medidas de lucha. En el caso de Municipales,
desde diciembre, desde abajo, hay reclamos por aumento salarial, ya
que los salarios son de indigencia. Continúan las asambleas en
los hospitales municipales, como el Equiza y Germani. Ese
reclamo, hay que unirlo a defender el CEMEFIR, que es urgente “la
expropiación definitiva ya”.
Nuestra compañera Laura
Cano, dirigente de CICOP Provincia (por la oposición) y
diputada provincial, presentó un proyecto de preocupación en
la Legislatura Bonaerense.
Participamos de las convocatorias que realicen en CEMEFIR y
proponemos la coordinación, hoy hay principalmente familiares y
pacientes a los cuales se puede dejar sin atención, trabajadores
municipales, familias sin trabajo y trabajadores que están cobrando
ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Podemos construir
instancias democráticas y abiertas para discutir y planificar
acciones conjuntas.
Los dirigentes de los sindicatos de salud y municipal tienen que convocar a paros y medidas de acción, para que podamos todos los sectores estar en la calle por nuestros reclamos.
Se puede transformar la lucha en defensa de CEMEFIR en una causa común que unifique a la comunidad y otros sectores en lucha, fortaleciendo la resistencia contra las políticas de ajuste y defendiendo los derechos sociales básicos.
Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Perfil, Anred, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Tramas, El Resaltador, El Destape
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