Este jueves, alrededor de 4.000 estatales nacionales se movilizaron convocados por ATE Capital al Ministerio de Modernización. Este nuevo Ministerio a cargo de Andrés Ibarra es el encargado de armar los planes de despido en el estado nacional y fue el blanco de la lucha por la reincorporación de los miles de despedidos estatales. Bajo […]
Este jueves, alrededor de 4.000 estatales nacionales se movilizaron convocados por ATE Capital al Ministerio de Modernización. Este nuevo Ministerio a cargo de Andrés Ibarra es el encargado de armar los planes de despido en el estado nacional y fue el blanco de la lucha por la reincorporación de los miles de despedidos estatales.
Bajo un sol radiante se pudieron ver las columnas de los Ministerios de Cultura, Economía, Trabajo, Desarrollo Social, Planificación Federal, Justicia, Seguridad y trabajadores de dependencias como del INDEC, CCK, INCAA, Hospital Garrahan, Promoción Social, DGMus, Contaduría, Hospital Borda entre tantas otras dependencias que llegaron a las puertas del Ministerio de Modernización. Participaron además Patria Grande, PO, MST y el PTS.
En las puertas del Ministerio, Daniel Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, hizo uso de la palabra, llamando a seguir peleando en las dependencias y organizando a los compañeros. Al finalizar, convocó a preparar y organizar la convocatoria al Paro Nacional llamado para el 24 de Febrero por ATE Nacional.
El Secretario General nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA), el estatal Pablo Micheli, adelantó que su sector acompañará el paro lanzado por ATE. Sin embargo, no descartó que para más adelante, convoquen a una medida de fuerza nacional. Criticó al gobierno de Mauricio Macri por establecer una cifra en las paritarias y sostuvo que los despedidos ascienden a 50.000, tanto del sector público como privado. Indicó que unos 30.000 provienen del ámbito estatal. En ese sentido advirtió: «No son todos despidos de Macri, el Frente para la Victoria también lo hizo, Alicia Kirchner en el sur y Urtubey en Salta echaron gente».
En estos días varios medios de comunicación hicieron conocer el plan de conjunto del macrismo para el Estado nacional, que es llegar a marzo con 8.000 despidos en la Administración pública nacional. A esto debemos sumarle los despidos en provincias y municipios de todo el país en jurisdicciones de Cambiemos pero también en las del FPV, como las provincias de Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz o intendencias como Hurlingham, entre cientos más.
Miles en apoyo a los trabajadores del Grupo 23
El jueves a la tarde, en la sede del Ministerio de Trabajo de Callao al 100, los trabajadores del Grupo 23 realizaron una nueva movilización del personal de Tiempo Argentino y Radio América.
La concentración fue en apoyo a los delegados que se reunían en ese mismo momento con representantes de la patronal y del Ministerio en reclamo de salarios adeudados y el medio aguinaldo. Los trabajadores cumplieron 60 días sin remuneraciones.
Aunque la cartera laboral intimó a que se pagaran las deudas este mismo viernes, la parte patronal aseguró con total impunidad que no lo hará. Tampoco dio una fecha para que eso suceda, a pesar de que semanas atrás había entregado a la Comisión Interna un cronograma de pagos, que por supuesto incumplió. Cuando hace 15 días el empresario Mariano Martínez anunció la compra del diario, sostuvo que mantendría los puestos de trabajo y que su prioridad era abonar los sueldos haciéndose cargo de la deuda que dejaron el dúo Szpolki-Garfunkel. Hasta acá no ha puesto un peso, lo único que entregó Martínez fueron promesas incumplidas.
Finalmente, la abogada de Martínez, María Luisa Paonessa, se comprometía a presentar un plan de pagos el próximo miércoles 10 de febrero. Por otro lado, en una audiencia previa, los trabajadores de Radio América firmaron un acta con la empresa para el cumplimiento de un plan de pagos que debería sustanciarse el viernes mismo.
Al regresar de la audiencia y la movilización, los trabajadores de Tiempo Argentino se enteraron que la intención de la empresa era no imprimir el diario. La información era que no le había pagado a la imprenta. Reunidos en la asamblea sobre la calle Amenábar, decidieron por unanimidad declarar un quite de colaboración que dejó expuesta a la patronal acerca de sus maniobras, las mismas que se encargaron de realizar Szpolski y Garfunkel durante los meses previos, en los inicios de este conflicto. Dejaron en claro que si la edición del viernes no salió a la calle fue por decisión de Martínez, lo que demuestra que se trata de un empresario que mantiene prácticas similares a sus antecesores.
Un grupo de periodistas cesanteados de Radio Nacional se presentó el lunes pasado en las puertas de la emisora acompañados por un escribano para pedir explicaciones por su situación laboral, ya que no recibieron ninguna comunicación oficial. La nueva directora de la emisora, Ana Gerschenson, aseguró que «no encontró contratos firmados» de los comunicadores y confesó que revisaron el Twitter de, al menos, uno de los periodistas.
Una de las periodistas cesanteadas, Mariana Moyano señaló que no se consideran despedidos porque no recibieron los telegramas respectivos, ni acepta la acusación hecha por el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, sobre los altos costos de sus contratos porque «los hicimos públicos y eran cinco veces menores de lo que dijo Lombardi». «Quisimos sincerar la discusión, que es que nos despiden por persecución política», sostuvo la periodista.
Gerschenson salió a hablar con los periodistas -entre ellos Cynthia García, Carlos Barragán, Mariana Moyano y Nora Veiras-, y les explicó que a todos les habían enviado una «carta documento» -publicadas en Internet-, que oficializan la resolución de la empresa de no renovar los contratos. Sin embargo, Moyano, en diálogo con radio Del Plata, aseguró que «le solicitamos que nos muestren las copias de los telegramas y no pudieron».
Por las provincias
Cerca de 3.000 personas marcharon por el centro de la ciudad de Córdoba contra la ola de despidos en las dependencias estatales y en el sector privado. La convocatoria fue encabezada por la Asamblea de Trabajadores Estatales en lucha, acompañados por obreros de RAR, Molinos Minetti y organizaciones sociales y políticas.
Trabajadores de Museos y Cultura presentes en la marcha denunciaron: «Acá nos estamos movilizando contra los despidos de trabajadores de Museos que estamos nucleados tanto en Nación, como en la Provincia y la Municipalidad. A nivel nacional tenemos confirmados a 113 compañeros despedidos, en Cultura sabemos que son 493 y que hay 900 en lista de espera para ser despedidos. En los museos provinciales de Córdoba sabemos que hay 150 despedidos».
Adriana González, que trabaja en la Secretaría de la Agricultura Familiar de la Nación, dependiente del Ministerio de Agroindustria, explicó la situación en su repartición: «mañana viernes, en nuestra Secretaría se ha decretado un paro a nivel nacional por los despidos que ocurrieron en la delegación de Jujuy, donde hay 16 cesanteados sin causa justificada y por amenazas en otras delegaciones. En nuestro caso, el nuevo Coordinador nos dijo que el jueves nos iban a decir quién seguía y quién no».
Por su parte, uno de los trabajadores del área señaló: «Lo que estamos viendo es que esta CEOcracia que se ha instalado en el poder, es el gobierno de las corporaciones. En el Ministerio de Agroindustria nombraron a un agente de Monsanto al frente, y en nuestra Secretaría han nombrado a Juan Pablo Vecchi, un hombre de Cargil. Es un monitor de soja que no tiene la menor idea de lo que es la Agricultura Familiar. Este hombre está puesto ahí por el gobierno para despedir personal y favorecer a los agronegocios. Para nosotros este ataque no es sólo contra los trabajadores, sino contra los pequeños productores, los agricultores familiares, los Pueblos Originarios y movimientos campesinos», afirmó.
Los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, delegación Jujuy, continúan su pelea contra los despidos. Se trata de técnicos y técnicas. Denuncian que estos despidos son parte de la política de ajuste y persecución de los gobiernos nacional y provincial.
Natalia Morales , ex candidata a gobernadora por el FIT, señaló que el motivo de los despidos es básicamente político e ideológico. Así se lo confirmó el delegado responsable de la Secretaría a una de las delegadas en una comunicación telefónica.
«Despiden a activistas sindicales de ATE, militantes de organizaciones sociales, entre los cuales hay dirigentes y referentes políticos, como por ejemplo a las dos delegadas gremiales, Lucía Castro y Natalia Bruno; a mí que fui delegada hasta noviembre y aún conservo fueros, además de haber competido con Gerardo Morales y Fellner como candidata a gobernadora por el FIT en Jujuy y ubicarnos como tercera fuerza. También hay compañeros de trabajo referentes del MNCI, FAA, FONAF, FUyO, entre otros».
En la localidad de Firmat (Santa Fe), la empresa Meyde, dedicada a la fabricación de accesorios para cosechadoras, comunicó que el viernes pasado fue el último día de actividad, afectando de forma directa a unas 20 familias. En tanto que la semana anterior, los empleados de Vassalli Fabril se manifestaron para conocer cómo viene el plan de salvataje económico que la empresa solicitó. Cerca de 600 trabajadores esperan una respuesta oficial.
El jueves 21 de enero, la planta que la curtiembre Sadesa SA posee en la localidad santafesina de Las Toscas cerró sus puertas, aduciendo cuestiones de mercado, por lo que 152 trabajadores perdieron su fuente de empleo.
Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia indicaron que se está analizando la situación de los trabajadores despedidos y de los empleos indirectos que generaba la curtiembre, estimados en más de 300.
Los trabajadores de Fábrica Militar Fray Luis Beltrán se reunieron el lunes pasado en asamblea en el contexto de un paro de 48 horas en repudio a los 142 compañeros despedidos de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Buenos Aires. El plenario contó con la participación de delegados y miembros de la Comisión Administrativa de ATE Rosario, y sumó el importante apoyo de diversos sindicatos, agrupaciones y partidos.
Un camino sembrado de traiciones
De acuerdo al periodista Mariano Martín de Ambito Financiero, la semana pasada Mauricio Macri citó en secreto a Hugo Moyano para acordar aumentos salariales en un rango del 24 al 28%, a cambio de la reformulación integral del Impuesto a las Ganancias, la suba y universalización de las asignaciones familiares y la distribución de un fondo multimillonario para las obras sociales sindicales.
Moyano le habría agregado la posibilidad de pactar montos no remunerativos en caso de producirse un desfasaje por la inflación.
A fines de enero, el caudillo de los camioneros había facilitado 25 millones de pesos, presumiblemente del gremio, para evitar que los recolectores marplatenses hicieran un paro en plena temporada, por la falta de pago de sus salarios. La idea de llamar a Moyano se le ocurrió al intendente Carlos Arroyo (Cambiemos), cuando la ciudad ya estaba casi tapada por la basura. La plata fue en auxilio de la empresa 9 de Julio SA. Si al momento del «préstamo» hubo suspicacias, éstas se redoblaron cuando se supo que a esa firma, a la que algunos vinculan comercialmente con Moyano, le fue renovada la concesión por ocho años.
El martes en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) se conversó sobre la posibilidad de pactar incrementos por debajo del 28%. Además de Moyano y la CATT, el plan contaría con el aval de los «gordos» de los grandes gremios de servicios y los «independientes» de la CGT de Caló.
El secretario general del gremio de los Judiciales, Julio Piumato, consideró que las paritarias «no deben tener ni piso ni techo» y aseguró que «no es un año para que los trabajadores saquen ventaja» ante la «delicada» situación del país.
En declaraciones a Radio 10, el gremialista avaló la posibilidad de discutir paritarias semestrales y dijo que para los trabajadores es un año para «no ganar pero tampoco perder».
Consultado sobre los despidos en el sector público, Piumato pidió diferenciar entre «un trabajador y un ñoqui» y respaldó las declaraciones de Hugo Moyano, quien dijo que «cada sindicato debe defender a sus trabajadores». «Los despidos fueron de ñoquis», sentenció el líder de los Judiciales.
En este sentido, negó despidos masivos en el sector privado y sólo mencionó algunas cesantías en el ámbito de la construcción.
Sin embargo, el viernes los bombos y el canto «¡Camioneros!» retumbaban en las calles de la City porteña.
El sindicato denuncia que peligran 4.000 puestos de la rama correos por una resolución del BCRA que permitió a los bancos dejar de enviar resúmenes en papel para hacerlo en forma electrónica. El titular adjunto del gremio, Pablo Moyano, pidió a las autoridades de esa entidad que «suspendan por más de un año» la medida, pero ante la negativa advirtió que el miércoles podría aprobarse una medida de fuerza que paralizará parte del servicio.
El secretario adjunto de Camioneros atribuyó la medida del BCRA al «ajuste que se está viviendo en distintas actividades» y cargó contra Sturzenegger, titular del Banco Central, a quien definió como a «un hombre de (el ex ministro de Economía Domingo) Cavallo, procesado y que se caga en los trabajadores».
Mientras tanto, el Gobierno cerró un acuerdo con Andrés Rodríguez, el titular de UPCN, a quien le prometieron que no echarían a sus afiliados en el proceso de revisión de contratos que terminó con miles de despidos de estatales, a cambio, no se opondría a los despidos de los «camporistas».
Para el Gobierno es vital el acuerdo con Rodríguez, puesto que maneja un gremio con 280.000 afiliados.
Los funcionarios tienen la palabra
«Esta semana o la que viene vamos a sentarnos (con los gremios). Nosotros aspiramos a una inflación en el año entre un 20% y un 25%, pero en las paritarias vamos a sentarnos a discutir para encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta el esfuerzo en el que tenemos que ser todos parte para bajar la inflación», indicó Macri en declaraciones a la agencia DyN.
En la misma sintonía, e l Secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, reiteró que espera que la discusión sobre el incremento salarial esté dentro del 25% o 26%, «que es la pauta de inflación que fijó el Ministerio de Economía».
Asimismo, se refirió a los despidos masivos en estatales: «fue creado un Ministerio de Modernización que se está encargando del empleo público». Incluso, agregó que había un «Estado sobredimensionado en algunos contratos». «Hemos formado comisiones para analizar caso por caso, si alguno de los despidos ha sido injusto o es realmente necesario que cumpla alguna función, daremos marcha atrás en el caso puntual», afirmó el funcionario a Radio 10.
El Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó más de 6.000 despidos en la Administración pública y anunció un decreto que dará por finalizados los convenios con las Universidades.
El nuevo decreto, que el presidente Mauricio Macri firmará entre «mañana y el viernes», da por «finalizado» los convenios celebrados con las Universidades, «no permite nuevas contrataciones de personal a partir del 1° de marzo» y vehiculiza -a través de la SIGEN- una «auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal ocurridas entre octubre y diciembre de 2015».
También confirmó que el Gobierno analiza «unos 11.000 concursos» y no descartó que existan más contratos firmados durante la gestión anterior que puedan ser dados de baja.
«Al 31 de enero se identificaron casi 6.200 contratos que no se renovaron o se cancelaron producto de distintas situaciones, primera y obvia, gente que no iba al lugar de trabajo, otros que concurrían en horarios acotados y otros que pertenecían a movimientos sociales y políticos, a la militancia».
El funcionario afirmó que «en los últimos tres años se iniciaron más de 25.000 contratos que cuando uno compara con años anteriores el crecimiento ha sido sustancial», y aclaró que esas contrataciones se renovaron «por tres meses para poder hacer este análisis».
«Había en trámite 11.000 concursos en todo el gobierno y unos 2.000 y pico ingresaron» a la Administración pública, dijo y añadió: «Estamos analizando los concursos porque lo que no queremos es que se haya hecho un concurso sobre un cargo que no existe o que no tenga razón de ser y segundo que ese concurso sea ilegitimo».
Ibarra indicó que «el objetivo del gobierno es crear y refundar un Estado que funcione, un Estado solidario» y confirmó que «en los próximos días vamos a dar a conocer un decreto que lance un plan de modernización, inclusive para el interior, en un eje que se llama país digital».
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, consideró «un poco apresurado» convocar a un paro nacional ante los despidos en la administración pública, tal como anticipó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy.
«Plantear un paro general por esto, donde en algunos casos están defendiendo situaciones de precarización laboral, porque el Gobierno anterior, a través de algunos mecanismos de contratación, no les daba un escenario de sustentabilidad a muchos trabajadores, me parece que es un poco apresurado», expresó.
En declaraciones a radio Mitre, el funcionario pidió «separar la paja del trigo» al advertir que «el Estado no tiene que ser quien financie los recursos para la política».
Al respecto, Luis Padín, abogado especialista en Derecho del Trabajo e integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio, explicó a AFP: «Se ha inaugurado en el período democrático una caza de brujas que rememora las épocas más oscuras de nuestra historia, en donde ha vuelto a ser moneda corriente la confección de listas negras, la revisión de legajos y la realización de entrevistas en las que se indaga sobre la pertenencia partidaria de los trabajadores. Los despidos operados, de carácter persecutorio y discriminatorio, no solo vulneran la estabilidad del empleado público consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino que conllevan una grosera transgresión al principio de igualdad y no discriminación, tutelado también a nivel constitucional y en múltiples instrumentos de Derechos Humanos de igual jerarquía, habilitando a los trabajadores y a sus asociaciones representativas, sin duda alguna, a la impugnación de las segregaciones, carentes de validez desde la óptica constitucional».
Respecto de la inflación, ninguna de las estimaciones privadas la ubica por debajo del 33% anual. En este marco el viernes se realizó un nuevo abrazo al Indec. En el gobierno anterior era contra la manipulación de los índices y hoy por la falta de estadísticas, basadas en la Emergencia Estadística decretada por Macri.
Raúl Llaneza, delegado general de ATE-INDEC, abrió el acto, dejando constancia de que la lucha de los trabajadores del INDEC continuará hasta que haya estadísticas públicas fiables, que se vayan las patotas y no haya ni un despido de trabajadores del INDEC, como así tampoco en las distintas dependencias estatales.
Como en todos los abrazos, la Juntar Interna abre el micrófono a los sectores en lucha, así fue que hablaron los trabajadores del Ministerio de Cultura, uno de los más atacados con los despidos de Macri, mientras escuchaban delegaciones de estatales de otros ministerios como los de Trabajo, Economía y varias dependencias más.
Al cierre del acto habló «Cachorro» Godoy, Secretario General de ATE Nacional, que en el marco del apoyo a los trabajadores del INDEC, llamó a organizar y preparar el Paro Nacional del 24F contra los despidos masivos en todo el Estado.
Comenzó la paritaria «testigo» de los docentes
Luego de la primera reunión por las paritarias docentes en CABA el pasado jueves 4, el gobierno de Rodríguez Larreta propuso un 7 % en febrero, 9 % en marzo, 2 % en julio y 4 % en octubre, es decir, recién en el último mes se llegaría al 22 % remunerativo y bonificable. Todos los sindicatos rechazaron esta oferta salarial por ser totalmente insuficiente y la siguiente reunión será el 16 de febrero, un día antes del regreso de los docentes a los establecimientos escolares.
También el gobierno de Vidal les ofreció a los docentes bonaerenses un mísero aumento del 21 al 23 % en tres cuotas.
En enero, Roberto Baradel, titular del Suteba, en declaraciones a Arbia sostuvo que pedirían la recomposición salarial por la inflación que ya hubo y una reapertura en mayo-junio para evaluar cómo se va dando la inflación.
Comentó que «no se ha tomado una sola medida a favor de los trabajadores» y que han transferido recursos a los sectores más poderosos.
«Nosotros no estamos dispuestos a poner un solo peso para financiar la fiesta de los ricos. Si ellos van a buscar un ajuste en el Estado se van a encontrar con la movilización y la resistencia nuestra».
El sector de Yasky y Baradel lanzó una medida de protesta sin fecha, luego de que ATE nacional anunciara un paro nacional para el 24 de febrero.
Desde Amsafe Rosario los docentes santafesinos se pronunciaron por la defensa del salario equivalente a la canasta familiar, paritarias libres, la resolución de los problemas de infraestructura, el pago a término de los jubilados, y la creación de todas las horas y cargos necesarios.
Para ello exigen a la Comisión Directiva Provincial la urgente convocatoria a una Asamblea, que dé posibilidad al conjunto de la docencia santafesina de debatir con los tiempos necesarios para fijar el salario a reclamar en paritaria.
El plenario provincial de delegados con mandato que votaron los SUTEBA combativospara febrero y el Encuentro nacional de trabajadores que se realizará el 5 de marzo impulsado por comisiones internas, sindicatos y la izquierda serán grandes desafío para plantar al gremio docente de cara al ajuste y por salarios dignos.
Petroleros y otros gremios en conflicto
Los ministros de Interior y Energía, Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren, respectivamente, alcanzaron ayer en Casa de Gobierno con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, gremialistas y operadoras petroleras, un acuerdo para garantizar la estabilidad de los trabajadores de ese sector durante seis meses, lapso en el que no habrá despidos y en el que se realizarán reuniones periódicas para analizar la evolución del sector.
En esa línea, Das Neves dijo que «en la reunión anterior habíamos hablado de un tercio cada uno; hoy el Estado nacional pone el 75% de 10 dólares y la provincia pone el 25% por barril de exportación para mantener la actividad».
Desde el martes, trabajadores de Lufkin, procedentes de Santa Cruz, tomaron la planta de la empresa petrolera ubicada en el barrio industrial de Comodoro Rivadavia, en Chubut, para reclamar el pago de remuneraciones adeudadas a un centenar de petroleros.
Este conflicto es uno de los tantos que sacude a la Patagonia, afectada por la caída del precio internacional del petróleo, pero también por la parálisis de la obra pública y privada.
En este sentido, los trabajadores de la construcción cortaron las rutas de siete localidades en Santa Cruz en reclamo del pago de salarios adeudados por parte de la firma Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
El clima de tensión en la provincia de Alicia Kirchner no afloja. Según informaron fuentes gremiales a las 1.000 cesantías en la empresa de Báez se sumaron 1.200 despidos en la industria petrolera.
Esto último, a raíz de la baja de equipos de las principales operadoras que, a su vez, impactó en las contratistas como Huinol, la cual se deshizo de 35 empleados en las últimas semanas.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires(CICOP-CTA) definió mantener el «estado de alerta y movilización» y convocó a una jornada de lucha para el próximo 17 de febrero en reclamo de un 40% de aumento salarial.
Tras las acciones gremiales y denuncias nacionales e internacionales llevadas adelante por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentinaconjuntamente con la FAAPROME, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Mientras dure no tienen vigencia las medidas llevadas adelante por la patronal Bayer y todos los Visitadores Médicos despedidos tienen que ser reincorporados a sus puestos de trabajo.
En el último plenario de delegados telefónicos que se realizó el 16 de diciembre se discutió la necesidad de conseguir un bono de fin de año y la reapertura de paritarias. Desde la Comisión Directiva plantearon que ya existían conversaciones con la Mesa de Unidad Sindical para pedir a las empresas, un paliativo de $6.000 en mano a cobrar en febrero.
En los últimos días circuló información de un posible acuerdo con Telefónica por un pago de $ 4.200 en mano, exactamente el mismo monto que el paliativo del verano pasado, pero aún no se llegó a un acuerdo con Telecom, Personal, ni Nextel, por lo cual FOETRAdeterminó el Estado de Alerta y Movilización en estas empresas.
En medio de una jornada nacional impulsada por la Mesa de Unidad Sindical, afín a la CGT de Caló, el viernes se llevaron a cabo paros en distintos establecimientos telefónicos de las empresas Telecom/Personal para exigirle a la patronal el pago de un bono de $ 4.200. La empresa pone como condición la postergación a agosto de las paritarias. ¿Será un chiste?
Panorama crítico en la construcción
El Estado congeló los pagos a contratistas de obras públicas y 30.000 obreros de la construcción perdieron sus trabajos entre noviembre y diciembre, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). La mora viene desde octubre y las cesantías se habrían profundizado este mes, afirmó el presidente de la entidad, Juan Chediack, en diálogo con El Cronista.
«Todavía no tenemos los números de enero, pero creemos que también continuó la pérdida de empleo», prosiguió. «Si esto sigue así, al 31 de marzo habrá 100.000 despedidos», alertó otro empresario.
Según dos empresarios consultados, el Ministerio de Interior y Obra Pública de Rogelio Frigerio es el más demorado con los pagos. «Lo que está muy parado es vivienda; no han pagado nada», dijo Chediack. A eso se suma que el Gobierno frenó el plan Procrear. «Vivienda venía pagando $ 2.300 millones por mes y cortó a cero; y lo mismo pasó con Procrear, que tiene contratos firmados por más de $ 18.000 millones», agregó el presidente de Camarco.
Voceros del gremio de la Construcción (Uocra) señalaron que los emprendimientos del Estado están funcionando a un «veinte por ciento de sus posibilidades». Esta situación anómala ha determinado que se hayan vuelto moneda corriente la toma de obras en «defensa de los puestos de trabajo». En varias, la abrupta caída de la actividad ha determinado que a los trabajadores del sector les adelanten vacaciones.
«Estamos con esta situación justo en esta hora del país, que reclama más que nunca potenciar los corredores productivos», dicen en la Uocra, donde cunde el temor por la revisión de empleos públicos. El 28 de enero, la seccional porteña de esa organización marchó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo de «despidos injustificados». Repudiaron también la paralización de obras del complejo habitacional Castañares, en el Bajo Flores.
Fuentes: La Izquierda Diario, Anred, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Indymedia Argentina, www.minutouno.com, Equipo de Comunicación ATE-CTA Rosario, www.rosarioplus.com, www.agenciacta.org, AFP, Diario La Capital (Rosario), www.cicop.org.ar, Infogremiales, Télam, DYN,www.elcronista.com y Página 12.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.