En los próximos días, los legisladores deberán resolver si ceden una gran porción de los ingresos de los argentinos a los mayores beneficiarios del proceso de desregulación y privatización, iniciado en 1989 y aun vigente: EL OLIGOPOLIO ENERGETICO. Ningún proyecto debe obviar que la energía es un bien social y un derecho humano, no un […]
En los próximos días, los legisladores deberán resolver si ceden una gran porción de los ingresos de los argentinos a los mayores beneficiarios del proceso de desregulación y privatización, iniciado en 1989 y aun vigente: EL OLIGOPOLIO ENERGETICO.
Ningún proyecto debe obviar que la energía es un bien social y un derecho humano, no un commodity ni una mercancía. Ninguna persona que intente vivir con una cuota de dignidad lo puede hacer, si no tiene acceso al agua, al gas y a la electricidad. Estamos, de esta manera, ante una problemática que no es responsabilidad solo de técnicos. La energía nos compete a todos y nuestra responsabilidad pasa por lograr que este tema no quede únicamente en voz de los especialistas o los trabajadores del sector.
El Proyecto de Ley de Incentivo Fiscal a la Exploración Petrolera, presentado en los últimos días en diputados, nos lleva a los argentinos a repetir la historia: las inversiones y las pérdidas son del Estado Argentino y las ganancias son privadas. Con este proyecto, se restan recursos a la educación, salud, seguridad y desarrollo infraestructural. Y espera que quienes no invirtieron con un barril de petróleo que superó los 70 dólares (precio internacional), ahora lo hagan a costa de los impuestos que paga toda la población.
Esta es la forma, en que se pretende subsanar la alarmante declinación de las reservas de petróleo y gas originadas en la explotación depredatoria, las exportaciones intensivas e inconstitucionales, la ausencia casi total de las inversiones en exploración, y la desaparición de todo control estatal, ya que se extrae a simple declaración jurada. En contrapartida, siguen gozando de la libre disponibilidad del 70% de las divisas de exportación y obtienen beneficios descomunales: el costo promedio de producción del barril en Argentina son U$S 5.- y en el mercado internacional supera los U$S 70. Es decir que cada cien dólares que ganan, setenta no pasan por el Banco Central, no se reinvierten, no quedan en la Argentina y ni siquiera pagan el impuesto a los debitos y créditos bancarios, excepción no contemplada en la ley del tributo, cuando en todas las leyes tributarias las exenciones son expresas.
Teníamos gas para 35 años y petróleo para 25, hoy estamos hablando de la necesidad de importar gas y petróleo porque dicen que nos quedamos sin reservas. Todos sabemos qué significó para el pueblo argentino el proceso de desregulación y privatización. La mayoría no puede hablar de algún bienestar. ¿Se puede entonces aceptar iniciativas políticas que lo único que van a hacer es profundizar las que se iniciaron en 1989?
La Campaña Nacional por un Millón de firmas para la Nacionalización del Petróleo y el Gas plantea, desde la ciudadanía, la necesidad de «reconstituir las reservas de gas y petróleo, sensiblemente disminuidas por la falta de exploración; recuperar el planeamiento y control del sector energético; detener las exportaciones de crudos para recuperar los niveles de reservas que garanticen el autoabastecimiento; garantizar la utilización de los recursos energéticos para toda la población en igualdad de condiciones».
Asimismo, solicitar que ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) asuma el rol de empresa petrolera nacional, recibiendo las áreas que hoy detentan en forma ilegal las petroleras privadas, para » orientar la política energética, en términos de un uso eficiente de los recursos y la apropiación de la renta «; en ese sentido, planteamos la necesidad de constituir una comisión investigadora que » analice los contratos de concesión de manera de verificar el cumplimiento de la Ley 17.319 (de Hidrocarburos)».
En este marco, es necesaria la derogación de los decretos que garantizan la libre disponibilidad de gas y petróleo para su exportación, la fijación de precios internos referenciados en el valor internacional y la libre disponibilidad del 70% de las divisas de los hidrocarburos comercializados en el exterior.
Ante una crisis energética que ya el gobierno no puede ocultar, es importante incentivar políticas que no posterguen la demanda social y protejan recursos no renovables que son estratégicos para el desarrollo de un pueblo con justicia social: el camino es cambiar el modelo energético actual cuyo fracaso es indisimulable.