El martes 29 de mayo los docentes fuimos convocados nuevamente a discutir en jornadas de perfeccionamiento el Anteproyecto de Ley de Educación Provincial, el cual no es más que una continuidad de la ya discutida y rechazada, por los trabajadores de la educación, Ley de Educación Nacional votada hacia finales del 2006, en medio de […]
El martes 29 de mayo los docentes fuimos convocados nuevamente a discutir en jornadas de perfeccionamiento el Anteproyecto de Ley de Educación Provincial, el cual no es más que una continuidad de la ya discutida y rechazada, por los trabajadores de la educación, Ley de Educación Nacional votada hacia finales del 2006, en medio de una maratón parlamentaria, que cerró el año con la votación en masa de más de 200 leyes pedidas por el ejecutivo, a las cuales, los legisladores dieron el visto bueno sin debate y mostrándose ante la sociedad tal y como son: un apéndice «republicano» de los caprichos del poder central y sus políticas ajustadoras.
La Ley de Educación Nacional (LEN) rebautizada por las bases docentes como la Ley Filmus-Yasky, fue denunciada oportunamente por los delegados de base: como una Ley privatista, que atenta contra nuestros derechos laborales; que implementa de hecho la desaparición de ramas enteras de la educación; que beneficia a los sectores vinculados a la educación confesional (religiosa); que desfinancia el sistema educativo, al promover una mayor profundización de la provincialización financiera y de la municipalización de las escuelas.
La LEN encuentra ahora su reglamentación provincial, y el gobierno de Solá- Puiggrós vuelve a convocarnos a los docentes a participar de «su debate» con el desgastado argumento «de que la educación es cosa de todos». Puras mentiras, el Anteproyecto que se nos presenta a la discusión «democrática» ya ha sido digerido por todos los sectores, aliados al gobierno, que están interesados en privatizar la educación; en seguir adelante con la política de ajuste y en atacarnos en nuestro rol de trabajadores docentes. Con este documento, los delegados de base, pretendemos que discutamos en las escuelas un rechazo profundo a este intento gubernamental de consagrar, de la mano de la Ley Provincial de Educación, el carácter privatizador y flexibilizador ya anunciado en Plan Educativo 2004-2007 del gobernador Solá; el cual según asegura el anteproyecto, «coincide con los principales conceptos e indicaciones de la reforma que la ley 26.206 establece desde ahora».
Un documento cargado de grandes omisiones históricas
El anteproyecto de ley esboza, desde el principio, un conjunto de macaneos históricos que intentan mostrar al peronismo como la única corriente política del país ajena a los planes de destrucción de la escuela pública. Para esto tiene que recurrir a una serie de omisiones y deformaciones de los hechos que son necesarios tener en cuenta a la hora de analizar la hipocresía de los que se autoproclaman «como los defensores democratización educativa».
Los hechos que el documento no menciona:
– fue el golpe de 1943, del cual el coronel Perón fue un ilustre protagonista, el que implementó la educación religiosa en las escuelas públicas; borrando de un plumazo el carácter laico que consagra la ley 1420. En 1947, ya con el peronismo en el poder esta implementación tuvo fuerza de ley y se amplió el acuerdo con los sectores eclesiásticos al asumir el gobierno el pago de subsidios a la educación privada destinado a salarios decentes y mejoras y mantenimiento de infraestructura. El peronismo en 1954 entra en crisis con la iglesia católica, pilar de los sectores golpistas de la «revolución fusiladora» de 1955, y deroga el aspecto vinculado a la enseñanza religiosa en las escuelas, pero, lo que tiene que ver con el subsidio a la enseñanza privada sigue vigente hasta el día de hoy, sin que ninguno de los gobiernos democráticos o dictatoriales que transcurrieron la historia nacional hayan modificado ese punto.
La nueva Ley de Solá y Puiggrós profundiza aun más la política de subsidios a las escuelas privadas, mientras nuestras escuelas públicas se caen a pedazos.
– Por supuesto que el documento no hace mención tampoco al accionar de las camarillas de la triple A, en relación con la educación pública en la década del 70. Dice el anteproyecto en su fundamentación: «La obra comenzada en el período del Gobernador Oscar Bidegain (1973), que recuperaba la tradición peronista, fue destruida por la legislación de facto de la Dictadura durante el denominado «Proceso de Reorganización Nacional».
El documento no se refiere a que fueron las propias rencillas entre las camarillas gobernantes las que desalojaron a Bidegain del poder. En realidad, la acción de los grupos sindicales de derecha (Calabró- UOM) vinculados al siniestro López Rega lo obligan a renunciar el 24 de Enero de 1974, además de condenarlo públicamente a muerte. Pero no fue este el único cambio que sucedió en los ´70 .
En el año 1974 el Dr. Taiana es obligado a renunciar en el Ministerio de Educación y es reemplazado por Oscar Ivanisevich. Este cambio se produce inmediatamente después de la muerte de Perón y con la asunción de su esposa, Isabel Perón. A través de este desplazamiento se concreta la aspiración de los sectores de derecha del Movimiento Peronista, de la Iglesia Católica y también de buena parte de las Fuerzas Armadas y Policiales de continuar adelante con la destrucción de la educación pública, laica y gratuita en nuestro país. Estos aspectos reaccionarios, oscurantistas y militaristas de la educación bajo el peronismo «setentista» tuvieron su continuidad en la dictadura del proceso, cuyo remate fue la desaparición de docentes y estudiantes y una mayor privatización de la educación, la que ya se perfilaba para la burguesía gobernante argentina, como un GASTO y no como una «INVERSIÓN».
– Pero el colmo de la hipocresía en el anteproyecto en discusión, lo encontramos en el párrafo que alude a la historia más reciente del peronismo y la educación; dice el documento: «Durante el gobierno de Eduardo A. Duhalde se dictó la Ley de educación provincial 11.612/95, actualmente vigente.
Siguiendo los lineamientos de la Ley de Transferencia (24.089/91) y la Ley Federal de Educación (24.195/93), ambas de orden nacional, extendió la educación básica a 9 años, estableció la obligatoriedad desde el nivel preescolar llevándola a 10 años, seguida de un nivel Polimodal no obligatorio de tres años, que debía combinar la formación general con orientaciones laborales, en las cuales quedaba subsumida la educación técnica. La educación de los adultos, de las personas con capacidades especiales, de adultos y artística salió del tronco central del sistema para integrar regímenes especiales.
Hoy tenemos ante nosotros el reto de abandonar la actitud melancólica que se reduce a la crítica para abordar los problemas profundos, mediatos, inmediatos, de fácil y de difícil solución, que se han ido sumando desde muchas décadas atrás».
Queda claro que el revisionismo del gobierno provincial se reduce al aspecto «melancólico de las criticas» que puedan hacerse a la más nefasta de todas las leyes antieducativas; la ley federal de educación de Menem-Duhalde. Esta nefasta ley es la responsable del desmantelamiento de la educación pública nacional. En provincia de Buenos Aires fue la responsable del estado calamitoso en que se encuentran nuestras escuelas hasta el día de hoy, tanto desde el punto de vista de la calidad educativa, como desde el punto de vista de la demolición literal de los establecimientos.
La Ley Federal, además de haber sido una fuente inagotable de corrupción de los distintos funcionarios de la DGCYE, fue una fuente de negociados para las empresas constructoras (Gualtieri) de las «escuelas Duhalde», las que se llevaron la parte del león mientras endeudaban a todos los bonaerenses. ¿Qué quedó de todo eso, después de 14 años de ejecución de esta ley? Escuelas que se caen a pedazos desde hace años, derechos laborales perdidos, avance, sobre ramas estratégicas de la educación, de sectores privatistas, primarización de educación secundaria, etc. En definitiva, mucho más que nostalgia.
La nueva Ley Provincial realiza un saludo a las Leyes de los ´90 porque es su continuidad. Este año somos llamados a discutir un anteproyecto que debemos rechazar, porque su principal objetivo es avanzar sobre la educación pública para terminar la obra iniciada por la ley Federal.
Veamos cuales son los conceptos educativos.
«Este proyecto de Ley considera que la educación abarca el conjunto de procesos formativos que se desarrollan en todos los ámbitos sociales de la provincia de Buenos Aires desde las cuales se produce, intercambia, transmite y adquiere cultura: en las instituciones de enseñanza y aprendizaje, en los movimientos e instituciones de la sociedad civil, en el trabajo, en las actividades productivas y culturales y en los medios de comunicación«.
La nueva ley plantea, entonces, reconocer y certificar saberes aprendidos en cualquier ámbito que no sea el escolar, incluidos comedores barriales, ONGs representantes de la «sociedad civil», sindicatos burocráticos y otras yerbas. Integrando a todo organismo que preste algún servicio educativo al ámbito oficial, desconociendo de esta forma el rol insustituible del docente y de la educación formal. Es importante, además, tener en cuenta la reivindicación de los medios de comunicación como dadores de educación, esto es lo que explica la adhesión que ha despertado entre los grupos económicos mediáticos, aliados al ministro Filmus, tal es el caso de Clarín (Grupo Noble), la Nación y otros medios que han saludado entusiastamente la homologación de dicha norma. Parece mentira, que en épocas de «bailando con un caño» o GH, se siga considerando a los medios como instrumentos culturales que beneficiarían al pueblo argentino.
La nueva norma orienta a la escuela al servicio del empresariado, para proveerlos de mano de obra barata, o gratuita (pasantias), e incluso dispone los mecanismos para que las empresas, que patrocinen apadrinando algunas escuelas, acomoden la currícula según sus necesidades de mercado.
La ley califica a la educación con «el carácter de derecho personal…» no social, lo que permite que el individuo sea responsable, como sujeto de derecho, de su propia opción educativa. Esto, se hace en función de sacrificar la existencia de una escuela común y de carácter obligatorio para todos los ciudadanos.
Es en este sentido, que la ley retoma el viejo axioma privatista sobre la libertad de enseñar y aprender, tan caro a los sectores confesionales propietarios de más del 80 % de los institutos privados de educación.
«Desde que en 1992, año en el que se completó la descentralización del sistema educativo con el traspaso de las escuelas secundarias a las provincias y los institutos de formación docente, son las distintas jurisdicciones las que garantizan la liquidación de subsidios. En la Dirección Nacional de Educación Privada, dependiente de la cartera educativa nacional, explicaron que «es muy difícil establecer el monto total destinado a ese fin, pero por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires la partida asciende a 320 millones de pesos sobre un presupuesto de 2400 millones para educación». En la comuna porteña casi la mitad de los establecimientos son privados, es la jurisdicción con más alta incidencia del sector. La media del país no supera el 25 por ciento de los alumnos en las escuelas particulares.
La absoluta mayoría de los establecimientos subsidiados son confesionales. Por la magnitud del sistema, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de establecimientos de gestión privada, casi 7300, de los cuales 2449 no reciben aporte estatal y los 4850 restantes sí para atender a una matrícula global de 1,4 millón de alumnos sobre un total de 4,5 millones. De ese total, 2667 recibe el cien por ciento de subsidio para financiar los salarios docentes; 1315, el 80 por ciento, y 868 bandas de subsidios que bajan hasta un 20 por ciento. El monto del aporte estatal es inversamente proporcional al de la cuota: a mayor subsidio menor arancel.
La defensa del financiamiento público de la enseñanza privada es un principio inclaudicable de los purpurados. En los corrillos del poder siempre se comenta que hasta el papa Juan Pablo II llegó a plantearle la preocupación por cualquier modificación del sistema a un funcionario argentino durante una protocolar audiencia en el Vaticano» (Nora Veiras. Pagina 12). Pero, mientras el estado se compromete a los subsidios a la educación privada y confesional la ley sigue adelante con la política descentralizadora que esta vez apunta a la municipalización de las escuelas sosteniendo que: «Imaginar un federalismo educativo que dé relevancia a la identidad local, municipal, regional, sin perder los lazos que unen la parte. con el todo». «Los Municipios que sostienen instituciones educativas lo hacen como parte de la gestión estatal de manera complementaria y no supletoria de la responsabilidad del Gobierno Provincial», aclarando que esta descentralización se extiende a «nuevas formas de atención de las necesidades educativas y educativo-asistenciales mediante comedores, guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias y secundaria, centros de capacitación y otras propuestas, atendidas por personas, grupos y organizaciones de diverso carácter social y comunitario» y si después de esto queda alguna duda el anteproyecto aclara que, «La existencia de centros educativos que no están inscritos en los registros de la gestión pública estatal ni de la privada, pero que cumplen con una labor socio-educativa, debe ser reconocida y reglamentada sin que su reconocimiento afecte las atribuciones y la integridad del sistema escolar, tal como las establece la presente Ley». No existe mayor prueba de que esta ley promociona la descentralización; la municipalización; la indiscriminada certificación de conocimientos mediante títulos basura expedidos por personas o grupos cercanos al poder; la distribución de generosos subsidios para estas personas o grupos, los que dirigirán actividades educativas a partir de las Unidades básicas. La nueva Ley de Solá-Puiggrós patrocina una educación dictada por punteros, curas y Ongs en detrimento de la educación formal dictada por docentes preparados para la tarea pedagógica. El financiamiento de la nueva escuela felipista Continua el documento: «En las consultas aparece reiteradamente la mención al carácter de «bien social» de la educación y la demanda de una legislación que inhiba la posibilidad de suscripción de acuerdos que la clasifiquen como un bien transable, así como la mercantilización de la educación pública, tal como establece la Ley de Educación Nacional. El Gobierno Provincial debe mantener vínculos con los organismos internacionales destinados a la educación y a la promoción de los derechos humanos y los organismos de crédito, pero otorgando alta prioridad a los objetivos y concepciones propias en todos los acuerdos que se establezcan».
La puesta en práctica de esta ley va a motorizar, sin duda, en docentes y padres un fuerte repudio. El gobierno nacional y el provincial saben que, gran parte de este programa antieducativo necesita del acuerdo de los gremios docentes para contener las oleadas de lucha que se vienen en la provincia a partir de su aplicación.
Hacemos nuestras las palabras de la seccional Gral Sarmiento referidas a este punto. Desde el comienzo del ciclo lectivo 2007, venimos sufriendo los cambios implementados por Solá (implementación de la ESB, mantenimiento del Polimodal, transformación de la mayoría de las ramas en modalidades, desmantelamiento de la educación Inicial) . Esos cambios han provocado caída de cargos, cierre de cursos por pérdida de matrícula, desorganización escolar, mayor precarización educativa, negativa de las autoridades a cubrir cargos (directivos, secretarios, preceptores), ausencia de la infraestructura necesaria. Esta profundización de la destrucción de la escuela pública, sin embargo, es ilegal, porque carece de las normativas que permitan su aplicación. Para ello, el gobierno de Solá , como dice el anteproyecto de la ley Provincial, «requiere herramientas legales que reformen las actualmente vigentes en la provincia de Buenos Aires». Para aplicar la ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional que impulsaron Kirchner, Solá y CTERA, hace falta una legislación provincial. La convocatoria a la «Jornada» no es para «debatir», ni para «participar». Quieren usar a los docentes para convalidad esta readecuación legal de la política de destrucción educativa de Solá.
Profundiza la municipalización de la educación, dejando la escuela en manos de los punteros y agravando su desfinanciamiento. En el artículo 3, realzan el papel de los «municipios, que sostienen instituciones educativas» y que también «son responsables de las acciones educativas del estado».
Precariza la educación pública, colocando cada vez más servicios educativos fuera del sistema formal, y a los cargos docentes fuera de la legalidad del estatuto. Amparándose en la propia política de destrucción educativa del estado, justifica la aparición de establecimientos sociales y socio-educativos informales: las ONGs, las guarderías manejadas por punteros, los cursos de alfabetización, etc. Esos «centros educativos (informales) que no están inscritos en los registros de la gestión pública ni de la privada, pero cumplen con una labor socio-educativa, deben ser reconocidos», dice la ley provincial. Esto es la Ley Segarra y conexas, que legalizan la desaparición de la educación inicial; esto son las escuelas conveniadas, que compiten deslealmente con la educación pública incentivadas por el propio estado; estos son los cursos de alfabetización, que destruyen la educación de adultos ; esto es la formalización de los «conocimientos de la escuela de la calle», que se legaliza con el artículo 187 mediante la creación de «La Agencia de Acreditación de Saberes Laborales. La ley habla de saberes socialmente productivos que deben ser «acreditados» por esta agencia. En el consejo directivo de la «agencia» estarán las organizaciones empresarias. Para esta educación, sobran los docentes, sobran las ramas de inicial, artística. Física, sicología, adultos. las ramas son transformadas en MODALIDADES , y las modalidades son opciones educativo-pedagógicas (…) que dan respuesta a requerimientos organizativos de carácter permanente o temporal (¡) (articulo 187). Quiere decir que los docentes de las ramas ahora convertidas en modalidades podrán ser progresivamente TEMPORALES .
Precariza las condiciones laborales de la docencia, atacando la estabilidad laboral y «mejorando la política de concursos para el ingreso a la docencia», es decir, el ingreso por «mérito» y por «perfil» del docente, la dedocracia (artículo 3), promueve la jornada extendida o completa, establecida por el artículo 28 de la Ley de Educación Nacional» y por el artículo 264 de la futura ley provincial. Es un ataque a fondo a nuestras condiciones laborales. No hay que olvidar que Yasky y Baradel son los primeros impulsores de la jornada de seis horas a cambio de $ 1040 de salario.
Convierte a la escuela en un apéndice de las fábricas y al servicio de los intereses económicos del mercado , de manera que el trabajador posea saberes socialmente productivos que le permitan adaptarse a las cambiantes condiciones tecnológicas y productivas». Para ello, el anteproyecto propone crear un Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), para «articular la educación, el trabajo y la producción» (artículos 182 y siguientes), lo que significa promover la «capacitación con organismos públicos y privados (empresas)». Son pasantías para alumnos y docentes. En el COPRET, por supuesto, estarán representados los organismos empresariales.
Las paritarias del FGDB ha servido para crear un espacio donde el gobierno avance en estas modificaciones. Es decir, han sido una cogestión a favor del gobierno.
Todos estos ataques, los vivimos a diario, pero también se ponen de manifiesto en las discusiones formales con las autoridades que, mientras pretenden cerrar cursos por «falta de matrícula», no abren cursos ni cargos que están reglados por las normativas que ellos mismos han hecho, «por falta de presupuesto».
Convocamos a los compañeros a rechazar este anteproyecto de Ley Provincial de Educación y a sumarse a la lucha para defender las ramas, defender todos y cada uno de los cursos, derogar todas las leyes privatistas y antieducativas, defender el estatuto del Docente y obtener un salario igual a la canasta familiar.(Declaración del Suteba Gral. Sarmiento)