Las políticas preventivas ante la emergencia del coronavirus se extienden y más allá de la fecha dispuesta por la continuidad del aislamiento a fines de agosto, el impacto en las condiciones de vida de la sociedad de menores ingresos presenta una enorme gravedad.
Por un lado, la suba de precios es un continuo que se manifiesta en una tendencia a la baja desde el pico del 2019, pero elevada en términos de posibilidad de satisfacer las demandas reproductivas de la mayoría empobrecida. El dato de inflación anualizado, según el INDEC es de 41,4% a julio 2020 y según el BCRA podría llegar a 39,5% en todo el 2020, cuando en diciembre pasado alcanzó 53,8%. Es una tendencia a la baja, sí, pero no favorece la ausencia de actualizaciones por suspensión de paritarias o el caso de las jubilaciones con ajustes por decreto, incluso con mínimos percibidos por una mayoría importante, que apenas llega al tercio de las necesidades del adulto mayor. Por otro lado, merman los ingresos populares por variadas razones, entre los que destaca una carrera a pérdida contra los precios, pero muy especialmente por la baja del empleo registrado, el incremento del desempleo, la subocupación y la creciente precariedad laboral. El Ministerio de Trabajo informa en agosto los datos de julio del 2020 en materia de empleo registrado, resaltando la disminución de 409.000 trabajadores y trabajadoras respecto de mayo 2019, incluso 92.000 menos respecto del mes inmediato anterior, abril del 2019.
Los precios de julio 2020 subieron 1,9% y se temen rebotes en el corto plazo, con presiones incluso del poder económico, que demanda actualización del precio del dólar para mejorar ingresos por exportaciones, pero también de actualización del precio de los combustibles, con las petroleras induciendo la suba, entre ellas YPF, empresa privada con capitales externos, aun cuando sea de gestión estatal.
¿Por qué es más importante la demanda de rentabilidad de las empresas que la de los jubilados y las jubiladas por actualizar sus ingresos?
¿Por qué los exportadores demandan mayor precio de la divisa cuando el proceso de producción para la exportación supone una diversa articulación productiva para la obtención del producto o servicio exportable?
La respuesta a esos interrogantes es política y se reduce a la capacidad de intervenir en la lucha de clases, es decir, quien tiene la fuerza para imponer su precio, el que se deriva de la propiedad privada de los medios de producción o quien lo deriva del precio de venta de la fuerza de trabajo, pauta válida para asociar a los ingresos previsionales.
El empleo registrado viene retrocediendo desde hace tiempo. En el corto plazo, la tendencia es a la baja desde septiembre del 2019, agravada desde marzo pasado por la lógica del parate de la actividad económica; pero en el largo plazo y de modo absoluto las personas con trabajo registrado están al mismo nivel que en 2016, aun con incremento de la población, por lo que en términos relativos existe un fuerte retroceso.
Son 11,7 millones los trabajadores y trabajadoras registrados/as y al mismo tiempo existen unos 5 millones no registrados/as, una cifra equiparable a las trabajadoras y trabajadores registrados. Este dato de no registrados es señal de la impunidad empresaria y de la debilidad del movimiento obrero que no puede imponer los derechos sociales, individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras. Estos datos ofrecen el real panorama de deterioro de las condiciones de empleo en el país, un objetivo buscado desde mediados de 1975 y afianzado con el golpe genocida de 1976. En rigor, nunca se dejó de lado ese objetivo, que aún se proyecta sobre el país ante la demanda empresarial y de los organismos internacionales por las regresivas reformas laborales y previsionales.
¿Por qué pesa más la demanda empresarial para reducir costo de producción, que la realizada por trabajadores y trabajadoras para mejorar los ingresos populares por salario, prestaciones sociales, jubilaciones o asignaciones diversas que hace a la calidad de vida?
Nuevamente, la respuesta está en la lucha de clases, en la capacidad de intervenir en un sentido o en otro. La ofensiva del capital es la tendencia que se impuso en este tiempo histórico que señala su inicio hacia 1975/76, y no es solo una referencia local, es parte de lo que acontece en el mundo, especialmente luego de la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.
Falta una estrategia popular y un nuevo internacionalismo
La gran discusión remite al qué hacer. En ese sentido, cada cual atiende su juego. Hablando desde los trabajadores y las trabajadoras, lo que existe es dispersión de estrategias, lo que nos permite decir que no hay estrategia del movimiento obrero. La CTA en los 90 pretendió construir un nuevo modelo sindical, generando expectativas y entusiasmo.
Fue el de la CTA un proyecto en expansión hasta el ciclo 2001-03, cuando encontró sus límites, que llevaron a sucesivas fracturas en varias expresiones que demandan ser portadoras del legado histórico. No solo existen tres agrupamientos nacionales que se asumen en ese sentido, sino que se suman algunas realidades locales o provinciales que están por encima y más allá de esas tres que pretenden la representación histórica del proyecto originario.
En la CGT, las idas y vueltas en torno a su conducción y el camino de conciliación, especialmente en los acuerdos con las centrales patronales, la deslegitiman y define, pese a contener en su seno a importantes e históricos sindicatos.
Un dato relevante es la extensión del movimiento social de trabajadoras y trabajadores, que en los 90 tuvieron conchabo y capacidad de acumulación en la CTA, en tanto Central de trabajadoras y trabajadores, pero que al compás de la fragmentación debilitó esa potencia de articular lo sindical y lo social territorial, aun manteniendo una cuota de adhesión de movimientos en los fragmentos de las CTA.
El movimiento social sigue creciendo al amparo del deterioro de las condiciones de vida que venimos señalando y por eso no sorprende la actividad de auto-organización socioeconómico, en simultaneo con la canalización de demanda de ingresos por vía estatal desde la misma crisis del 2001/02.
De hecho, el plan jefes y jefas de hogar, con 2 millones de subsidios fue el inicio de la multiplicidad de planes que llegan al IFE actual, con una demanda de 12 millones de personas que se consideran con derecho a su percepción.
Con esta base surgieron variadas organizaciones populares, que hacen visible ahora su demanda para resolver ingresos a 5 millones de personas y lo visibilizan con principales dirigentes sindicales de la CGT, entre ellos enfrentados en la disputa por la conducción.
Dijimos que cada cual atiende su juego y en efecto, en este acto resulta evidente que cada quien busca la legitimación de su demanda.
El reclamo de los movimientos trasciende el ingreso monetario e incluye tierra para la construcción de viviendas y asentamientos de emprendimientos productivos para la reproducción de la vida cotidiana.
Con ello, puede discutirse la inmediatez del reclamo o la puerta que habilita ingresar un debate más amplio sobre el orden económico, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.
El límite del capitalismo impone la defensa de los intereses por empleo y salario adecuado en las condiciones de la relación capital trabajo, mientras, que, si vamos más allá de las relaciones capitalistas, las experiencias de auto-gestión en movimientos territoriales o en empresas recuperadas, entre otras expresiones de la economía popular, pueden dar sustento a una discusión que trasciende el orden económico capitalista.
La tendencia derivada de la ofensiva capitalista lleva a la pérdida de derechos laborales, por lo que no alcanza con su defensa, sino que se impone ir más allá y construir una estrategia que se proponga lo esencial en materia de objetivos.
Esto supone la definición de objetivos anticapitalistas, los que se construyen en la cotidianeidad del presente, tal como lo intentan en la defensa de los derechos y en contra de la mercantilización cuantiosas organizaciones sociales y territoriales. Estas, disputan recursos públicos para sus objetivos al tiempo que descreen de la estructura estatal en permanente búsqueda de cooptación. Es una relación dialéctica de inserción en el Estado y al mismo tiempo su rechazo. Un entrar y salir complejo según el interés del propio movimiento. Claro que en ese ir y venir se cometen errores o suceden acontecimientos no buscados, entre los cuales sobresale la corrupción, pero no mella el objetivo de búsqueda propuesto.
La variedad de estrategias de supervivencia, algunas más efectivas que otras, hacen evidente la ausencia de una estrategia integral del movimiento de trabajadoras y trabajadores tal como se presenta en esta actualidad de ofensiva capitalista. Es una cuestión para pensar, que trasciende el debate local y tiene proyecciones regionales y globales en el marco de la tercera década del Siglo XXI, lo que requiere de un nuevo internacionalismo de los pueblos.
Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP