“El que tiene que morir tendrá que morir, porque la economía tiene que seguir” (Ingenio Ledesma)
“Tenés que convencerlas, cogerlas, violarlas, manosearlas” (Jet Limp S.A.)
«Acelerar el ingreso de la gente que está en la calle a los salones de venta. Por favor, miren cómo podemos hacer para acelerar esto. No perdamos ventas por ningún motivo» (Eduardo Bufalo, Gerente Operativo de Coto)
“Podemos afirmar que los protocolos establecidos están funcionando y que la inmensa mayoría de los casos detectados son de fuente externa” (Toyota)
El coronavirus ha extendido su vida en las Américas, con seis de sus más importantes economías en la lista de los 10 países con mayor número de casos a nivel mundial. En casi dos meses, Latinoamérica, que el 1° de julio contaba poco más de 2.620.000 casos, sumó otros 4.266.000 positivos.
La semana pasada, Latinoamérica alcanzó los 6.888.403 contagios, superando en más de un millón de casos a Estados Unidos, la nación con mayor cantidad de positivos.
El último país de la región en ingresar a la vanguardia del penoso ranking es Argentina, que al principio logró retrasar la propagación masiva. Tiene 417.735 contagios.
El viernes superó los 11.000 casos registrados en un solo día, luego de enlazar dos récords consecutivos en la misma semana con más de 10.000.
Las muertes suman 8.660. En la última semana murieron 1.500 personas en Argentina.
Los contagios en los lugares de trabajo no se detienen. Tanto Acindar como Siderar siguen produciendo aún con casos positivos detectados.
El sábado 22 trascendió la noticia que 22 trabajadores de Acindar Villa Constitución se encontraban aislados por haber estado en contacto con casos positivos de Covid-19. Dicho contacto se da dentro de la misma fábrica, que continúa produciendo sin las medidas sanitarias necesarias para cuidar la salud de los trabajadores.
La respuesta al esparcimiento del virus en la industria por parte de las patronales es directamente nula. Siguen priorizando sus ganancias, a costa de la salud de los trabajadores y sus familias.
Ledesma S.A.A.I. alcanza el escalofriante récord de 16 trabajadores muertos por la pandemia. Mientras, los Gobiernos provincial y nacional permiten que el emporio de los Blaquier profundice este crimen social.
La semana Pasada la empresa informó el fallecimiento de tres obreros a causa de coronavirus: Roberto Amador, Héctor Gallardo y Armando Ajalla. Se suman a los 12 obreros fallecidos: Santos Cruz -Urzagasti – Juan Mercado -Chaile Ramón Antonio- obrero de Lote Paulina-Orlando Corimayo -Basilio Artero -Gumercindo Martínez-Juan Barrionuevo -Adolfo Arequipa -Humbero Miranda -Arena – Carrasco. Este último obrero de la fábrica de papel falleció el jueves pero aún no había sido oficializado por la empresa.
Ledesma S.A.A.I. con 16 fallecidos no solo es la patronal con más muertes obreras por covid-19 del país, sino que el lugar donde se encuentra radicada (con igual nombre) tiene la mayor tasa de letalidad en la población, con 68,3 fallecimientos cada 100.000 habitantes, superando a la Ciudad de Buenos Aires, según el estudio publicado por Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A.
El emporio de los Blaquier se ha convertido en un foco de contagio que luego se trasladó a la comunidad, lo que sumado a la falta de inversión en el sistema sanitario jujeño produce que el mismo se encuentre absolutamente colapsado.
Desde el Ministerio de Salud de Nación visitaron la zona, Alberto Fernández se reunió con Gerardo Morales y otros gobernadores. Sin embargo, nadie habla de lo que está ocurriendo en la empresa Ledesma, que en ningún momento detuvo su producción y hasta recibió la Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) durante el mes de mayo, haciéndose cargo el Estado de pagar el 50% de los salarios.
Que el Gobierno provincial de Gerardo Morales, ni las autoridades del Ministerio de Trabajo de Nación hayan respondido las denuncias de los trabajadores porque no se cumplieron con las licencias, no se desinfectan los lugares de contagio, distanciamiento social en los trailers, y garantizar al máximo protocolos de bioseguridad para detener los contagios. O inclusive la necesidad de parar la producción para controlar la crisis sanitaria, da cuenta del aval que los distintos gobiernos dan a esta patronal impune.
Más de 200 organizaciones sociales, sindicales y políticas de Jujuy le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández exponiendo la grave situación sanitaria que vive la provincia y solicitando la «intervención directa e inmediata» del Ejecutivo nacional para «asumir la conducción del sistema de salud pública» local que, según denunciaron, se encuentra colapsado «por absoluta y exclusiva responsabilidad del Gobernador Gerardo Morales».
«Señor presidente: no es esta una cuestión partidista, política ni judicial, porque ya no hay tiempo para discursos ni demandas. Se trata de una cuestión de vida o muerte que debe asumir el Estado Nacional como único garante de los Derechos Humanos fundamentales», demandan
Además, dirigentes de la CTA Autónoma denunciaron penalmente a Gerardo Morales. La presentación estuvo a cargo de Santiago Zamora, referente barrial que coordina comedores populares, el secretario General CTA-A Jujuy, Matías Brizuela, y el secretario Adjunto, el Dr. Víctor Aramayo, y fue por ejercicio ilegal de la medicina.
En la última emisión televisiva del informe del Comité Operativo de Emergencia (COE), Gerardo Morales, en reiteradas oportunidades, prescribió en vivo y en directo el consumo de medicinas contra el COVID 19 de forma pública y masiva.
El hecho revistió tal gravedad, que tanto el Colegio de Farmacéuticos como entidades que representan a los Médicos de la provincia, emitieron comunicados públicos previniendo del riesgo social que la acción del Gobernador representaba.
Los trabajadores de la cadena de supermercados aficharon todos los COTO porteños y las inmediaciones del Sindicato de Empleados de Comercio. “550 contagios, 2 fallecidos” y “Basta de matar laburantes”, rezan los carteles.
La jornada comenzó con una masiva intervención sobre las paredes de los COTO porteños, en las inmediaciones del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, de la Federación de Empleados de Comercio y de la Obra Social Sindical (Osecac.
Según le explicaron, la afichada alcanzó todos los puntos que la cadena de Alfredo Coto tiene en la Ciudad de Buenos Aires y es por la falta de respuestas a los reclamos que vienen planteando desde hace meses y que la semana pasada se profundizaron tras la reunión que tuvieron con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“Siguen tapando casos y estamos llegando a los 700 positivos”, remarcaron los empleados. Y adelantaron que en las próximas horas encararán otras protestas.
También buscan poner en acción al sindicato y hacerlo intervenir en el reclamo laboral, hecho que hasta el momento tampoco consiguieron.
En Toyota se conocieron 20 nuevos casos positivos de coronavirus que se suman a los 150 casos relevados desde el inicio de la producción luego de la cuarentena dura. Un total de 170 contagios.
Mientras las autoridades sostienen que los contagios se producen por reuniones sociales o juntadas de asados, como lo han manifestado el presidente Alberto Fernández y el ministro de salud Ginés González García.
Salud y estatales
Después de que la Asociación de Trabajadores de la Salud Argentinos (ATSA) confirmara el miércoles pasado un acuerdo de aumentos por suma fija hasta fin de año y un 22% a partir del mes de enero, también los trabajadores de la salud del sector público exigen un “descongelamiento” de las paritarias para un sector de trabajadores esenciales que hoy se encuentra en la primera línea del combate contra la epidemia de coronavirus.
“En el pico de la pandemia descongelar los salarios de la salud privada y persistir con el congelamiento de los 400.000 trabajadores de la salud pública es absolutamente inentendible”, manifestó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).
Al respecto, agregó: “Con récord de casos, 22.000 trabajadores infectados y 80 fallecidos, esta discriminación es absurda, ya que el aumento a los privados los financió el Estado nacional vía transferencias a las Obras Sociales y la prolongación de la exención de los aportes patronales a la medicina privada”.
Desde la Federación sanitaria solicitaron una entrevista urgente con las autoridades del Ministerio de Salud. Según anticiparon, durante el encuentro volverían a reclamar el “descongelamiento” de las paritarias para el sector, la implementación de un Plan nacional de desprecarización laboral y la prolongación del bono hasta fin de año, duplicando su valor.
Después de la Jornada Nacional de lucha llevada a cabo este 20 de agosto, Fesprosa convocó para el viernes 28 a una nueva Asamblea Nacional de Salud, a las 17:00, en la que se evaluarían las respuestas del Estado nacional y de las provincias, abriendo la posibilidad de convocar nuevas medidas de fuerza nacionales.
“El equipo de la salud pública está estresado, agotado y enfermo. Necesita en esta etapa, la más dura, un reconocimiento que vaya más allá de las palabras vacías de algún funcionario. El tiempo de los plausos para los medios se ha terminado”, concluyó Boriotti.
Entrevista a Norma Lezana, de la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Htal. Garrahan
«Estamos en el pico de la pandemia con un sistema sanitario que está al límite»
M.H.: Norma es la titular de la Asociación que el miércoles 19 a las 13:30 en la explanada de Combate de los Pozos al 1800 realizó una protesta. ¿Por qué motivo?
N.L.: La verdad es que venimos acumulando una serie de reclamos. En este momento salen a la luz situaciones problemáticas antiguas y actuales que tienen que ver con la dotación de Enfermería, nuestro salario que está atrasadísimo y congelado, y toda la presión, la sobre demanda que estamos sufriendo justamente porque al no haber suficiente dotación de Enfermería y el 70% de las prácticas en salud las realiza Enfermería y ahora estamos en una situación límite.
El año pasado decíamos que hacían falta 390 enfermeros que se incorporen a la planta, esto no tuvo respuesta ni con el Consejo anterior ni con el actual. Ahora hay que atender en medio de la pandemia sin dotación de Enfermería. Es lo que venimos diciendo el personal de salud, no se trata solo de camas, sino del personal que tiene que ser suficiente y entrenado para atender pediatría de alta complejidad y ahora con Covid.
El reflejo del sistema sanitario fue muy lento y ahora estamos en el pico con una presión insostenible para nuestros compañeros y compañeras que están en la primera línea y sin aumento salarial. No se entiende cómo puede ser en un momento de tanta criticidad en donde el personal de salud es esencial, nos digan que no hay dinero para componer el salario, entonces nuestros enfermeros están sobrecargados acá, se tienen que ir a trabajar a otro lugar para que el sueldo les alcance para comprar comida y pagar servicios. No se entiende. Es difícil en momento de pandemia sacar esto a la luz, pero las autoridades no tienen un reflejo acorde a las necesidades de los que estamos atendiendo la salud pública que es muy importante y más en este momento.
M.H.: La semana pasada y hace un mes atrás también, estuve en contacto con tu compañera Raquel Leirya, delegada de Enfermería de ATE, quien en la última entrevista me decía que en este momento la situación del Garrahan es peor que al comenzar la pandemia. ¿Cuál es tu evaluación?
N.L.: Claro, es más crítica porque estamos con poca dotación y la que está se enferma. El 40% de los contagios que ya son más de 200 en el hospital, corresponde a Enfermería. Entonces tenemos personal que se enferma y personal que estuvo en contacto estrecho con esa persona que tiene Covid, que tiene que ser aislada. Ahí es donde ves las indicaciones de la OMS de cómo armar el sistema de salud ante una pandemia y lo que tendrían que haber hecho en el momento en que no había ningún caso en nuestro país era reforzar el sistema de salud.
Y esto significa incorporar el personal que esté entrenado para atender lo que haya que atender en el momento del pico y eso no se hizo. Entonces por eso es crítica la situación ahora. La sábana queda chica. Y ahí empieza la presión sobre los trabajadores porque se suman pacientes y no hay enfermeros disponibles, entonces el mismo enfermero tiene que abarcar más pacientes de los que puede atender. Y terminan agotados, el personal de Enfermería no se tomó vacaciones. También están agotados los médicos que están en la primera línea. Y sobre todo los residentes que son los que más se están enfermando y los que menos sueldo tienen.
M.H.: Y de esto lamentablemente no hablan ni el ministro de Salud nacional ni el de Ciudad. Porque ustedes son un ente que dependen de ambos, Nación y Ciudad.
N.L.: No dicen nada y parecería que tenemos un sistema de salud que tiene mucha tela y no es así, los hospitales están desbordados en la provincia. Estamos en el pico de la pandemia con un sistema sanitario que está al límite y encima te dicen que no hay plata para salarios. Entonces ¿cuál es el reforzamiento del sistema sanitario?
M.H.: Ya abrieron los negocios en la zona de Once, y seguirán avanzando con hoteles, bares y restaurantes. Incluso han archivado, pero transitoriamente, la apertura de ciber escuelas.
N.L.: Escuché esa noticia y pensaba a dónde se va a internar la gente.
M.H.: También hay un informe de los médicos residentes y concurrentes de la Ciudad muy fuerte poniendo blanco sobre negro la situación que evalúan de la misma manera que vos.
N.L.: Así es. Espero que las autoridades ayuden a resolver esto, porque depende de decisiones políticas y presupuesto. Gracias por difundir esta situación que estamos atravesando.
La Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan realizará el próximo miércoles 2 un nuevo corte de calle frente al establecimiento pediátrico porteño en demanda de «mejores salarios» y «más cuidados ante la pandemia de coronavirus y el pico de contagios y muertes».
La titular de la organización, Norma Lezana, reclamó a las autoridades del centro de salud y a los Gobiernos metropolitano y nacional «la inmediata convocatoria a paritarias» y «un salario idéntico al valor de la canasta familiar».
El gremio y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamaron la realización de Triage/Tests PCR para la totalidad del personal y la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados y certificados, protocolos de circulación y un trabajo unificado con participación del personal de las áreas.
«Es preciso que las autoridades implementen cohortes de trabajo en todos los sectores, el urgente ingreso de más empleados, en especial de enfermería, y que respeten las licencias por enfermedades de riesgo y escolaridad», dijo Lezana.
También exigió la reducción horaria sin que ello afecte el salario y la de los requisitos jubilatorios; licencias por estrés; el pase a planta de los tercerizados y precarizados y del tramo profesional de los licenciados en imágenes e instrumentación quirúrgica; un régimen de insalubridad por radiaciones ionizantes y con jubilación anticipada y el pago del 82% móvil.
«Los trabajadores exigen la ampliación del jardín maternal y rechazan la suspensión de las licencias por hijo», concluyó la dirigente sindical.
Los profesionales de la salud de nucleados en Siprus (Santa Fe) volvieron a realizar una medida de fuerza este jueves 27 de agosto, por tercera semana consecutiva con una serie de reclamos al gobierno provincial, entre ellos el pago de las deudas salariales, el pase a planta y la renovación de los contratos del personal que se encuentra precarizado.
Mara Malec, ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires aseguró que el gobierno provincial no tenía previsto reabrir la negociación salarial con los gremios estatales.
“La situación es muy compleja, la Provincia recién ahora está un poco más desahogada porque ha salido la Ley de financiamiento que le va a permitir refinanciar algunas cuestiones y terminar de ejecutar algunos créditos que tenía en materia de obra pública. La prioridad ahora es pagar los sueldos en tiempo y forma y afrontar todos los gastos que demanda la pandemia, además de prestar alguna asistencia al sector privado porque no podemos permitir que la Provincia se caiga. Por ahora estamos acotados a ello”, declaró la funcionaria provincial.
El 7 de agosto la Legislatura bonaerense dio sanción a la ley mencionada por Malec, a partir de la cual se autorizó a nuevos endeudamientos por 500 millones de dólares, 28.000 millones de pesos y la ampliación de hasta 8.000 millones de pesos en autorización de Letras. Ninguno de esos billetes irá al salario estatal en forma de incremento.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había otorgado a los trabajadores públicos y de la salud un aumento que consistió en una suma fija remunerativa de 3.000 pesos en marzo y una suma fija remunerativa adicional de 1.000 pesos a cobrar en abril, totalizando 4.000 pesos a cuenta de la pendiente paritaria.
El poder adquisitivo del salario para los estatales se ha devaluado en más de un 30% durante los cuatro años de gobierno de Vidal. Tal deterioro se mantiene hasta hoy día.
Investigadores e investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), se encuentran en “estado de alerta” frente a la decisión del Consejo Administrativo, de postergar los aumentos salariales hasta el año próximo.
En este sentido, decidieron llevar a cabo un “paro en el sector administrativo” durante la semana pasada y convocaron a una movilización para el próximo 3 de septiembre hacia el Polo Científico de calle Godoy Cruz al 2.300.
Los y las trabajadoras del Instituto llevan meses reclamando una mejora en los salarios y una ampliación del presupuesto para investigaciones científicas. Lo que derivó en distintas protestas.
«Ante la ausencia de un Convenio colectivo de trabajo propio, los salarios en el Conicet se rigen por el Estatuto de los estatales”, explicaron a través de un comunicado.
Además, remarcaron que “Los ingresos están congelados desde hace un año, luego de la suspensión de los aumentos acordados para noviembre de 2019 y febrero de este año”, denunciando que esa misma paritaria “expiró en mayo último y, el Gobierno, no ofreció aún ninguna mejora”.
Los trabajadores y trabajadoras del organismo público iniciaron las medidas de protesta ya en marzo último, que incluyeron cartas abiertas, reuniones con autoridades nacionales y acciones virtuales como «twittazos». Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta favorable, y así lo reflejan en el cierre de su comunicado: «Nuestra posición ha sido en todo momento una invitación al diálogo, al que hemos llamado con propuestas de diversa índole para hacer frente a esta situación, pero no hemos obtenido el eco esperado».
Paritarias y salarios
Este miércoles, el gremio del sector lácteo (Atilra) y las industrias llegaron a un acuerdo salarial y le dieron cierre al conflicto que se recrudeció en julio con distintas medidas de fuerza que afectaron el abastecimiento de almacenes y supermercados.
En el documento que firmaron los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas y el Centro de la Industria Lechera, se acordó:
– Otorgar un incremento salarial a partir del 1º de julio de 2020, del 13,6 %, calculado sobre los básicos y el adicional remunerativo vigentes en el mes de abril de 2020.
– Otorgar para los meses de agosto y septiembre, el pago de una suma por única vez, de carácter alimentario no remunerativo de un importe equivalente al 4%, calculado sobre el básico y el adicional remunerativo del mes de julio.
– Otorgar para los meses de octubre y noviembre, el pago de una suma por única vez, de carácter alimentario no remunerativo de un importe equivalente al 8%.
– Otorgar para el mes de diciembre de 2020, el pago de una suma por única vez, de carácter alimentario no remunerativo de un importe equivalente al 12%.
– Aplicar a partir del 1° de enero de 2021 un incremento de modo remunerativo a los básicos y adicional remunerativo del 12% sobre los valores vigentes al mes de julio de 2020.
– Otorgar un pago adicional por única vez no remunerativo, para cada trabajador de la actividad sujeto a la CCT 2/88 de una suma de 12.000 pesos la que deberá ser abonada de la siguiente forma: 3.000 pesos conjuntamente con los salarios del mes de agosto, 3.000 pesos con los salarios del mes de setiembre, 3.000 pesos con los salarios del mes de octubre y 3.000 pesos con los salarios del mes de noviembre.
Por otra parte, “con destino a colaborar con las actividades que Atilra brinda sobre servicios de salud, educación, cultura y acciones solidarias, las empresas abonan por cada trabajador dependiente, sujeto a la CCT 2/88, la cantidad de 12.000 pesos, los que se pagarán en 6 cuotas de 2.000 pesos cada una en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo y abril de 2021”.
En tanto se ofreció fijar el valor del litro de leche para el período salarial tratado en 58 pesos.
No obstante, desde el Gobierno anunciaron que convocarán en la segunda quincena del mes de marzo del año próximo a las partes “a fin de iniciar negociaciones sobre las diversas temáticas que atañe a las empresas y a los trabajadores de la actividad”.
A más de una semana de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró las paritarias sectoriales, los siderúrgicos mantienen firme el reclamo para su rama de la actividad. Es que buscan mejorar lo pactado por Antonio Caló y piden un bono de 10.000 pesos mensuales hasta se cierre el porcentaje definitivo.
La siderúrgica es la Rama 21 de la UOM y la idea de los empleados de la actividad es conseguir un incremento salarial que sea superador al que Caló firmó para la rama 17. Se trata de la fracción de la actividad que está compuesta por las empresas más grandes, algunas de las más importantes del país.
Vale recordar que por el acuerdo paritario rubricado el martes pasado los metalúrgicos cobrarán un bono de 6.000 pesos con los salarios de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También el gremio aceptó que los operarios no reciban compensación por los cuatro meses que se demoró el entendimiento de partes.
Además, pactaron que volverán a sentarse a discutir una actualización de los haberes en diciembre de este año para definir los sueldos de 2021 con una evaluación de la carrera precios-salarios.
Durante el fin de semana YPF y el líder del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a un preacuerdo para modificar las condiciones laborales durante los próximos seis meses. Este jueves se firmaría un nuevo acuerdo modificando las condiciones laborales para los petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa. «No vamos a firmar absolutamente nada donde se les quiten derechos a los trabajadores», había sostenido Guillermo Pereyra hace poco más de un mes, tras conocer el plan YPF S.A. para flexibilizar las condiciones laborales. Desde ese momento hasta ahora se desarrolló una negociación secreta que estaría llegando a su fin.
El texto, al que accedió Izquierda Diario, representa un nuevo ataque al salario y las condiciones de trabajo, bajo la bandera de la “sustentabilidad y el empleo”.
- El acuerdo es un “complemento” al Convenio Colectivo de Trabajo del sector (CCT N°644/12) y a la adenda a ese convenio firmada en 2017. Tres de sus veinticuatro artículos explicitan una vigencia de seis meses, hasta el 1° de marzo de 2021, pudiendo prorrogarse automáticamente. Pero en su “cláusula marco”, el documento sostiene que regirá hasta que el CCT “sea sustituido por un nuevo instrumento convencional”.
- En su artículo 1°, ratifican la vigencia de la adenda flexibilizadora del convenio petrolero para los no convencionales, firmada en 2017 en presencia del propio Macri, y extienden su alcance para la actividad hidrocarburífera convencional. Cabe recordar que dicha adenda incrementó los riesgos, accidentes y muertes laborales, al reducir dotaciones, aumentar la tolerancia para el trabajo con vientos de hasta 60km/h, implementar la polifuncionalidad y las “tareas simultáneas”, entre otras cosas.
- Las sumas percibidas como bonos de “Paz Social, Adicional Torre, Adicional Disponibilidad, Adicional Yacimiento, Adicional Choferes de Transporte y Adicional Torre Servicios Especiales”, pasarán a tener carácter no remunerativo. Es decir que no pagarán cargas sociales ni jubilatorias por esos conceptos, desfinanciando al ANSES (que costea parte de los sueldos con el ATP).
- Se establecerían suspensiones de 7 días al mes “sin percepción de haberes por falta de trabajo”. Se insiste en eliminar las “horas taxi”, ya eliminadas en la letra de la adenda de 2017.
- Se establecería la posibilidad de subcontratación de PYMES que emplean personal fuera del convenio por períodos de hasta 30 días.
- Se ratifica la reducción de las dotaciones impuesta por la adenda de 2017. En el caso de mecánicos, eléctricos y soldadores, las dotaciones se adecuarán a las necesidades de los equipos de perforación y work over, pudiendo ser compartidas por más de un equipo según lo defina la empresa o sus contratistas (el acuerdo no dice nada del control del sindicato).
- Se acuerda la realización de desmontaje, transporte y montaje (DTM) nocturno, sin especificar las tareas habilitadas.
- Se eliminan las “restricciones de atención exclusiva entre yacimientos en un mismo ámbito”. Los trabajadores podrán ser convocados a realizar sus tareas diarias en lugares distintos a los habituales.
- Todo el personal de producción y mantenimiento integrará una misma base de recursos diarios, y la empresa podrá asignarle tareas distintas cada día en función de sus necesidades.
“La soga viene con mierda y hay que agarrarla con los dientes”, había respondido meses atrás, el jefe de los petroleros a un delegado de una empresa de servicios. Tras levantar el paro anunciado la semana pasada, Pereyra vuelve a su quehacer habitual: representar a las empresas.
En los últimos meses se han dado a conocer ciertos números que han provocado mal humor en el trabajador bodeguero y el trabajador de viña. Se trata de las ventas producidas en esta etapa atípica del sector, en donde ha habido aumentos de ventas de vino de casi un 50% para la exportación (corresponden a vinos fraccionados), un 26% para mercado interno (corresponden a vinos fraccionados) y un 70% de vino a granel.
Si a estas cifras que se han dado a conocer a través de diversas Cámaras empresariales tales como Bodega Argentina y Coviar, entre otras, y las comparamos con los sueldos de los trabajadores de viña y de bodega, obviamente podemos ver la poca preocupación que este sector tiene para con sus empleados siendo que estos están apenas por encima de la línea de indigencia. Un sueldo de un obrero de viña rondaba, previo al cierre de paritarias, $19.600 y uno de un obrero de bodega rondaba $20.571. Mientras, la canasta básica para el mes de julio fue de $39.889,5 y la línea de indigencia es $15.401,33.
Según expresaron desde el Sindicato y la Federación, el pedido inicial consistía en que los $ 4.000 del decreto presidencial pasen al básico en el mes de Agosto y obtener 6.000 pesos no remunerativos y que mes por mes pasaran al básico hasta el mes de Febrero de 2021. Finalmente la paritaria se cerró el lunes 24/8, pero con retoques: el decreto presidencial ($4.000) se pasará en dos cuotas una para el mes de Julio con el 10% y la otra para el mes de Agosto con el 9,44%, $3.000 NO REMUNERATIVOS en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, para luego en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero sumar $ 800 llegando a un total de $ 3.800. Por último, en el mes de Febrero se le sumarian otros $ 500 dejándolo en $ 4.300.
El personal agrupado en el Sindicato de Trabajadores de la Osplad (Sitosplad) que lidera Alejandro Bassignani realizó una nueva protesta en rechazo del cobro del 50 % de los haberes, y denunció que «la patronal -que integran los gremios Ctera, AMET y Saeoep- continúa sin abonar el total de los salarios de julio último y también los redujo al dejar de pagar la suma fija de 3.700 pesos».
Bassignani y los secretarios Adjunto y de Prensa, Hebe Nelli y Carlos Terreu, señalaron, a través de un comunicado, que los trabajadores sufren desde enero último «los pagos fuera de término sobre salarios ya muy por debajo del valor de la canasta básica».
El Sitosplad denunció que «la suma fija de 3.700 pesos dejó de ser pagada en junio último» y que tampoco se cobran los aumentos de los decretos 1.043/18, 589/19 y 14/20, y aseguró que «no se cubre las dotaciones necesarias en el Policlínico del Docente de forma permanente desde hace dos meses».
«La patronal se niega a constituir un Comité de Crisis para analizar la pandemia de la Covid-19 e incumple de forma parcial los protocolos respectivos y la Ley de Riesgos del Trabajo. Además, rechaza el reclamo gremial de que debe ofrecer información económico-financiera de la Osplad y no abre paritarias», expresó.
En
la Osplad cumplen tareas más de 1.400 trabajadores, que atienden a más
de 170.000
familias en todo el territorio nacional, pero atraviesan «una emergencia
salarial desde 2018, ya que los ingresos se ubican por debajo de la
línea de pobreza, sufren el desdoblamiento del pago y paritarias no
representativas».
En su momento, el gremio decidió el estado de alerta, para garantizar
«las condiciones de seguridad e higiene y la provisión de insumos
adecuados y los elementos de protección personal (EPP)», concluyó.
El viernes 28 de agosto, en el marco de una nueva jornada de reclamo de su plan de lucha, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) realizó un acto frente a la redacción de Clarín en el 75° aniversario de la empresa. Allí pusieron “en tapa” su reclamo con gigantografías de las portadas de ese diario, así como de Olé y de la revista Viva. Desde el gremio, y de forma nacional junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) vienen señalando la “emergencia laboral” que vive el sector y reclaman una urgente recomposición salarial.
Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN, señaló que “en los medios de comunicación la mitad de los sueldos no llegan a cubrir la canasta básica” y esto “sucede en las grandes empresas periodísticas de la Ciudad de Buenos Aires pero se agrava aún más en el resto de las provincias”. “Estamos en las calles respetando las medidas sanitarias, pero reclamando que nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo son tan esenciales como nuestra tarea de comunicar”, completó.
Según un relevamiento del mes de julio realizado por el SiPreBA, el 45% de los trabajadores y trabajadoras “percibe ingresos debajo de la línea de pobreza”. Por eso, durante las últimas semanas han impulsado distintas acciones para visibilizar su reclamo incluyendo una caravana nacional el pasado 12 de agosto.
La Editorial Perfil, propiedad del empresario Jorge Fontevecchia, anunció que, a pesar de lo que indica la ley, pagarían el aguinaldo en cuotas y recién a partir de enero de 2021. Los trabajadores decidieron rechazar la decisión empresaria y dar pie a un plan de lucha que ya acumula su tercer paro de 24 horas.
Matías Cardone, delegado de los trabajadores e integrante de la Comisión Directiva entrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires señaló que “abrimos negociaciones en el ministerio de Trabajo el viernes pasado pero la empresa sigue firme en su política de no pagar diciendo que no tiene los recursos”. Sin embargo, denunció “mientras abrió un nuevo estudio de TV y ya está armando un segundo. No para de expandirse y lo hace a expensas del salario de los trabajadores”.
Sobre la medida el dirigente señaló que “el acatamiento fue contundente. Además, estamos reclamando en el ministerio el cumplimiento de los Convenios para Radio y TV porque en la radio están trabajando ocho horas cuando la jornada es de seis y en la TV hacen móviles con celulares cuando debería haber un camarógrafo. Si no tenemos respuesta vamos a profundizar el plan de lucha hasta que la empresa entienda que no puede financiar su expansión y crecimiento a expensas de los trabajadores”.
Al mismo tiempo, los trabajadores de El Cronista Comercial desarrollan un plan de acción en reclamo de la recomposición salarial. Las medidas se vienen desarrollando desde el mes de mayo y se suspendieron por una negociación que abrió la empresa pero que no obtuvo resultados satisfactorios para los trabajadores.
Por eso, en asamblea, los trabajadores decidieron retomar el plan de acción. Hernán Herrero, delegado del medio por el SiPreBA explicó que “hicimos un relevamiento interno y el 51% de los trabajadores cobra menos de $ 40.000. Es inadmisible. Vamos a retomar el quite de colaboración con la modalidad de que cada periodista hará solo una nota por día hasta que la empresa entienda que no se puede seguir trabajando con esos salarios. Además, adherimos al apagón de monitores de dos horas del viernes con el Sipreba”.
Al mismo tiempo, otro de los delegados del Sipreba, Leonardo Villafañe, adelantó que “la próxima semana haremos paros de dos horas por turno el lunes y de tres horas por turno el martes con una asamblea donde definiremos nuevas medidas para la semana siguiente como un paro de 24 horas”.
A través de un comunicado de prensa, los más de 1.500 empleados de las firmas Urquiza y Sierras de Córdoba anunciaron que se encuentran en estado de alerta. Según afirman, los trabajadores del transporte de larga distancia no han percibido los haberes desde el mes de julio.
La situación es grave: hasta el momento, no les han depositado los haberes acordados en el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). Además, denuncian que no perciben asignaciones familiares y que les adeudan salarios desde el mes de febrero.
En el comunicado resaltan que “los trabajadores licenciados tienen los contratos suspendidos”. La situación de los trabajadores del transporte de larga distancia es alarmante, desde iniciada la cuarentena solo cobran 32.000 pesos asignados por el Estado.
“Está situación atraviesa a los empleados de todo el país, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero”. Por otro lado, denuncian que los directivos de la firma “no han realizado ninguna gestión tendiente a reactivar los servicios”.
A su vez, expresan que no se han cumplido los protocolos establecidos a causa de la pandemia de Covid 19. Por estas razones se encuentran en “estado de alerta” sobre los portones del nodo que las firmas poseen en el Barrio de Barracas (Luján y Santa Elena, CABA).
Al cierre del comunicado, sostienen “Necesitamos trabajar y llevar el pan a nuestras familias”. Los trabajadores continuarán en estado de alerta a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y “de continuar con la descripta situación, evaluaremos en asambleas los pasos a seguir”.
La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y otras representaciones sindicales de la actividad reclamaron en la paritaria abierta por el Ministerio de Educación «la necesidad de que los trabajadores no disminuyan su poder adquisitivo frente a la inflación y que recuperen lo perdido durante el macrismo».
Daniel Ricci, secretario general del gremio, sostuvo en un comunicado que ese fue el principal reclamo del plenario de secretarios generales de la entidad, y que la cartera educativa propuso un cuarto intermedio hasta el 9 de septiembre.
Los docentes de la provincia de Misiones reclaman un básico de $12.800, una recomposición salarial, la movilidad a los jubilados, y protocolos de condiciones de salud e higiene en las escuelas, entre otros puntos. El gobierno provincial no da respuesta a los reclamos.
Existen distintos acampes, cortes de ruta, el jueves pasado se realizaron en la ruta nacional 12 y en la ruta nacional 14 y marchas que se están realizando tanto en Posadas como en lugares del interior, como Alem, Oberá, San Vicente, etc. Al momento de este informe los docentes estaban en asamblea resolviendo cómo van a seguir las medidas para continuar en la lucha. En principio siguen los cortes y acampes en la provincia y están planificando actividades para esta semana.
Vicentín: represión, huelga general y conciliación
Un batallón de 200 policías –reforzado con efectivos de Santa Fe y Rosario– que operaba en decenas de patrulleros y carros de asalto rodeó ayer a los trabajadores de la Algodonera Avellaneda en el parque industrial de Reconquista y los expulsó de un acampe que sostuvieron durante 70 días de huelga. El operativo se cumplió en la oscuridad, a las 5 de la madrugada, por pedido del fiscal Alejandro Rodríguez y la orden del juez penal de Reconquista Santiago Banega, quien justificó el desalojo en el “derecho de propiedad” del grupo Vicentín, desconociendo el derecho de los obreros y obreras que no cobran los salarios retenidos por la empresa, desde el 5 de junio.
“Ante la represión dispuesta por el grupo Vicentín” y ejecutada por sus “gestores judiciales” (el juez Banega y el fiscal Rodríguez) los trabajadores y trabajadoras aceiteros y desmotadores de algodón de la Argentina advirtieron que “no se quedarán de brazos cruzados” ante la criminalización del derecho de huelga.
Ayer, la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados provincial alertó sobre la escalada del conflicto. “El desalojo de trabajadoras y trabajadores en pleno ejercicio del derecho constitucional de reclamar por sus derechos no tiene nada que ver con la repetida frase de cuidar la paz social. Rechazamos la medida”, dijo. Y exhortó al gobierno de Omar Perotti a “retomar el diálogo” con los trabajadores afectados por la “intransigencia de una patronal que jamás quiso solucionar el problema. Es imprescindible ubicar el conflicto como lo que es: laboral, no penal”.
En 70 días de huelga, los trabajadores de Algodonera sufrieron una persecución judicial constante, con acosos y vigilancias. El hecho más grave ocurrió el 18 de agosto, “cuando una patota comandada por el abogado de Vicentín y parte de la familia, Héctor Vizcay, agredió a dos obreras de la fábrica, que tuvieron que ser hospitalizadas, ante la pasividad policial”, apuntó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la Argentina.
El dispositivo de represión policial -sin antecedentes en el norte santafesino- no sólo se desplegó en el desalojo del acampe en Algodonera Avellaneda, sino que otros diez patrulleros se apostaron en las demás empresas del grupo: cinco en el acceso a la aceitera Vicentín en Avellaneda, y otros cinco ante la planta de Buyanor, en la misma ciudad. “Todo el aparato de la Policía de Santa Fe en la región, comandado por el juez Banega y el fiscal Rodríguez, al servicio del Grupo Vicentín en sus tres plantas de la zona”.
Esta nuevo accionar antisindical de la patronal y de las fuerzas represivas del Estado llevó al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier a decidir el inicio de un plan de lucha gremial, comenzando con una HUELGA GENERAL REGIONAL que se iniciaría el lunes 31 de agosto.
Ante la medida, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe dictó la conciliación tanto al Sindicato como a la Algodonera Avellaneda, por lo cual los trabajadores retomarán las actividades mientras dura la misma.
El domingo una multitudinaria movilización de varias cuadras de extensión recorrió las calles de Reconquista, con gran participación de vecinos y familias de los trabajadores, expresando el amplio apoyo popular hacia la lucha de las obreras y los obreros de la Algodonera Avellaneda que hace más de 70 días se encuentran luchando por un aumento salarial ante la intransigencia patronal.
La huelga dispuesta por el Sindicato de Reconquista este lunes, en repudio al operativo de desalojo, abarcaba a la totalidad de las plantas aceiteras y desmotadoras de algodón de la región.
En este marco, se realizará el miércoles 2 una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo.
Entrevista a Milo de Emergencia Cultural BA
«Los trabajadores de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires la estamos pasando muy mal»
M.H.: ¿Cuál es la iniciativa de Emergencia Cultural? A lo largo de estos últimos meses hemos estado en contacto con compañeros vinculados al mundo de la cultura, sabemos que la están pasando muy mal y nos interesa que nos comuniques en qué consiste esta nueva iniciativa.
M.: Primero gracias por darle voz y lugar a las voces de la cultura que como decís estamos pasándola muy mal en todos los aspectos, desde los espacios culturales, las milongas, trabajadores editoriales. Toda la cultura tan rica de la Ciudad de Buenos Aires la está pasando muy mal.
Por suerte, buscándole algo bueno a esta pandemia y a esta cuarentena, se ha logrado una multisectorial que nuclea a todos estos sectores tan diversos y variados de nuestra cultura que tanto queremos.
Luego de una reunión virtual con legisladores del Frente de Todos y vastos sectores de la cultura, surgió la iniciativa de armar una multisectorial. Fue una gran idea y propuesta para unirnos y reclamar nuestro derecho a la cultura, poder tener un proyecto de vida basado en la cultura, soñar esa cultura y hacer la cultura que queremos. Así que se logró esta unidad que viene un poco a romper con una práctica habitual del ministerio de Cultura de la Ciudad que es justamente desunir a los sectores, ir dando de a puchitos, por partes, tratando de conformar y evitar esto que con la cuarentena y la pandemia no ha hecho más que darle luz a la extrema precariedad e informalidad de la cultura de Buenos Aires.
Desde los espacios, los trabajadores, editoriales, librerías, estamos todos pasando por una situación muy difícil que más que consecuencia de la pandemia es por la falta de políticas durante los últimos quince años en la Ciudad.
No hay una política que piense la cultura. Al margen que el propio gobierno local se vende como una capital cultural, sacan a relucir esto pero eso no se refleja en políticas concretas.
M.H.: ¿Qué están planteando respecto de la situación que atraviesan?
M.: Lo que se plantea, luego de varias discusiones en la multisectorial es que se declare la emergencia cultural en la Ciudad, de ahí surge esto de “emergenciaculturalBA” con la consecuente implementación de políticas extraordinarias como, por ejemplo, una renta cultural extraordinaria, ayuda a editoriales, librerías, centros culturales, milongas, que son los lugares donde se nuclean los y las trabajadoras y a trabajadorxs en particular. Una especie de IFE, una ayuda mensual a los trabajadores de la cultura.
Además hay que aclarar que la cultura ha sido uno de los primeros lugares que debió suspender sus actividades y será de los últimos en volver por sus características propias de acercamiento y amontonamiento de gente. Lo que están necesitando lxs trabajadorxs es una medida excepcional en estos tiempos.
M.H.: Yo tengo varios años en FM La Boca y siempre he hablado de que la Ciudad de Buenos Aires es una de las principales ciudades culturales del mundo, por sus múltiples expresiones. Siempre he dicho que hay más obras de teatro en Buenos Aires que en Nueva York. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha propagandizado esta idea también, sin embargo, noto que en el medio de la pandemia los han dejado en banda.
M.: Creo que has usado el término correcto, “propagandizar”. Desde el teatro hasta vanagloriarse afirmando que Buenos Aires es la ciudad con más librerías por habitante del mundo. Pero no hay ninguna política de ayuda a las librerías. Ni durante la pandemia ni antes.
Y evidentemente es lo que vos decís, no solo no voy a corregirte sino doy la razón, creo que es así, han dejado en banda a la cultura porque si en cinco meses no hubo ni una sola política para un solo sector de la cultura, si eso no es dejar en banda, qué lo es.
Y justamente esto es lo que se está reclamando, que tome políticas para el sector, que ayude a sobrevivir y a pasar este momento de crisis generada como consecuencia de la pandemia.
M.H.: ¿Cuáles son las demandas concretas?
M.: Declaración de la emergencia cultural, una partida extraordinaria para cubrir una renta para trabajadores y trabajadoras de la cultura, la aprobación de 5 Proyectos de ley que son uno para subsidio a editoriales, uno para centros culturales, centros independientes, clubes de música y milongas que es una ayuda para pagar los alquileres y para los trabajadores de esos espacios; un proyecto para artistas y para artesanos que reconoce medio salario mínimo vital y móvil por mes y dos proyectos de ayuda a librerías y bares notables de la Ciudad.
Y la creación de una mesa de trabajo para discutir cómo debe estar conformado y cómo debe ser el presupuesto de cultura de la Ciudad para 2021, porque los problemas no son de la pandemia sino que vienen de antes y que el 43% del presupuesto de cultura vaya al Teatro Colón y junto con él los cines de arte y el Centro Cultural Recoleta se lleven alrededor del 52% del presupuesto es una barrabasada, cuando hay unos 700 espacios culturales, 200 librerías, editoriales, milongas, etc.
Y que la comunidad artística forme parte de la discusión y que seamos quienes hacemos la cultura de Buenos Aires quienes discutamos ese presupuesto.
Asimismo, la Asamblea de
Artistas en Emergencia se manifestó en la Legislatura neuquina, para que
la Comisión de Educación y Cultura, ponga en debate los
proyectos que tienen estado parlamentario para la atención a las
demandas del sector.
La diputada Patricia Jure, estuvo
presente mientras participaba de la Comisión, donde fue vocera del
reclamo de la Asamblea de Artistas en Emergencia. Al respecto dijo: «En
150 días de cuarentena no han recibido la asistencia
mínima para subsistir. El llamado Plan de Contingencia del ministerio de
las Culturas provincial no se parece ni a una limosna. Las mal llamadas
becas “Sostener Cultura” del gobierno nacional, son un concurso de
contraprestación que hace pocos días recién
pasó por el jurado y dejará afuera a cientos de compañeras/os que
compiten entre sí como “Los juegos del hambre”. Es pérfido, tardío,
discriminatorio e insuficiente”.
Jure cerró diciendo: “El gran paso dado
por el movimiento de lucha es la manifestación callejera. Mientras crece
el hambre y las deudas que se acumulan, las asambleas deliberan cómo
continuar para que el gobierno complete los
montos comprometidos para las asistencias a las salas (de $ 140.000
solamente se canceló el 50%), la contratación de artistas, la creación
de espacios virtuales y el pago del bono de emergencia. El Frente de
Izquierda apoya activamente este reclamo”.
Suspensiones en Havanna
Carlos Vaquero, titular del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (Starpyh) explicó que la firma marplatense Havanna tomó la decisión de manera «arbitraria» de interrumpir el vínculo laboral con 300 trabajadores temporarios luego de que los empleados de la fábrica llevaran adelante una huelga en reclamo de una diferencia del 12% con relación a la última paritaria acordada.
El conflicto había motivado distintas audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero ante la falta de avances los empleados habían resuelto llevar a cabo una asamblea permanente. Sin embargo, Havanna optó por suspender a todos los temporarios que recién habían ingresado el lunes 24.
En rechazo de la medida, Vaquero aseveró que el sindicato no permitirá que Havanna avance con el «atropello» hacia los trabajadores afectados por lo que ya solicitaron la intervención de la cartera de Trabajo. Según precisó el titular del gremio, Havanna «viene trabajando, exportando mucho y vendiendo bien» en el contexto de la crisis económica que desató la pandemia de coronavirus. Con la suspensión de los 300 empleados temporarios, quedan 150 trabajadores permanentes a cargo de la producción.
Entrevista a Eduardo Saab, delegado de Latam
«Los trabajadores han salido a movilizarse»
M.H.: Desde la última vez que nos comunicamos con Eduardo han pasado muchas cosas, vamos a tratar de ir a los últimos acontecimientos, una movilización importante con gran repercusión en los medios, en un contexto que quiero que me aclares, porque el diario Clarín le dedica una página al conflicto para señalar que ha habido una gran cantidad de empleados que se han acogido a los retiros voluntarios. ¿Esto es así? Porque contrasta con esta movilización que hicieron la semana pasada y que tuvo una presencia muy importante en las calles de nuestra Ciudad de Buenos Aires.
E.S.: Efectivamente hubo una gran movilización, son caravanas que pasan por la Embajada de Chile que lleva nuestra denuncia a la Casa matriz, que está organizando todo este ataque a los trabajadores del holding latinoamericano; y después vamos para el Obelisco. Ahora estamos definiendo nuevos objetivos, por ejemplo, está en discusión si vamos a algún ministerio.
Lo que ha pasado en este último tiempo, desde que conversamos, es que los trabajadores han salido a movilizarse. Todos los días estamos apostados en Costanera en Aeroparque. Esto comenzó cuando la empresa intentó llevarse los aviones y los trabajadores lo impidieron.
Logramos retener estos seis aviones, que como todos saben para un conflicto laboral el capital es parte del litigio y por eso no queríamos que lo fugaran. Y tenemos que decir, a diferencia de al principio del conflicto cuando planteábamos “a quien corresponda” y entonces reclamábamos la continuidad laboral, ahora tenemos más nítido el panorama, y estamos planteando que es el gobierno, los ministerios, el Estado el que tiene la llave para destrabar este conflicto y plantear la continuidad de los trabajadores. Las movilizaciones son por la continuidad laboral.
Llama mucho la atención que Latam se maneje con tanta impunidad, al punto tal que no solo promueve la extorsión y retiros muy mal llamados voluntarios, sino que la empresa está empezando a cambiar su discurso en el que afirmaba que se iba de la Argentina, por un nuevo discurso en el que afirma que la empresa se queda, pero bajo sus condiciones, bajo nuevos contratos y Convenios laborales. Es decir, está actuando con total impunidad.
Darse el lujo de hacer estos lobbys mediáticos con el grupo Clarín es porque alguien los está dejando correr. Así que estamos señalando que la continuidad laboral ahora, claramente depende del gobierno.
M.H.: ¿Cuál ha sido la actitud del resto de los gremios aeronáuticos respecto de este conflicto?
E.: Los que estamos movilizando somos compañeros auto convocados, afiliados de todos los gremios, tripulantes, pilotos, personal de tierra que es al que yo pertenezco y los compañeros técnicos con mucha preponderancia. Lamentablemente las conducciones sindicales vienen con una actitud totalmente pasiva, casi medio año de conflicto y no han planteado ni una sola medida de lucha en defensa de los puestos laborales. Quien calla en una situación de extorsión empresaria o deja correr, en última instancia, más allá de las intenciones y de los discursos “anti empresa” que se hagan, está dejando correr la línea de la empresa.
Esto lo señalamos sin afán de dividir, por el contrario, los compañeros auto convocados de la Costanera, de Aeroparque estamos invitando a nuestros dirigentes gremiales a que participen de estas movilizaciones. Creemos que hoy tenemos que hacer una lucha más decidida contra la empresa y contra la ubicación cómplice del gobierno.
M.H.: En la última entrevista que tuvimos no habían comenzado las movilizaciones de los trabajadores de Latam, a la espera de coordinar con el resto de los gremios. Pero veo que como vos bien decís está participando personal de tierra de APA, técnicos de USTARA, etc.
E.: Tripulación, pilotos. Las bases están luchando.
M.H.: Incluso durante varios días vienen impidiendo que se lleven los aviones. Ellos han traído pilotos para llevárselos pero no han podido sacarlos de los hangares ¿no?
E.: Exactamente. Justamente cuando la empresa intentó con personal tercerizado técnico empezar a movilizar los aviones, es cuando la gota rebasó el vaso y los compañeros auto convocamos automáticamente en defensa de la ocupación que hacían los compañeros técnicos del hangar, ocupación que no era ni más ni menos que para preservar su continuidad laboral, para impedir la fuga de los aviones pero también para cuidar su fuente de trabajo.
Porque en este conflicto los ministerios sacan resoluciones en apariencia favorables a los trabajadores pero después la empresa hace lo que quiere. Es una cosa increíble. No es un dato menor, la población entiende que Latam se va de la Argentina, los trabajadores que estamos movilizados queremos decir que eso no es así, Latam está vendiendo pasajes. Latam pretende quedarse pero con 2.000 mil despidos a cuestas.
M.H.: Inclusive me llamó la atención, con vuelos a Malvinas.
E.: Exactamente. Peor, porque aparte lo hace sobre la base de despedir a 2.000 personas. Si se deja pasar esto es increíble. Nosotros siempre planteamos la exigencia de la continuidad laboral a la empresa, y es evidente que Latam no nos quiere, por eso estamos seguros de que son los entes gubernamentales, los ministerios, los que tienen la llave para destrabar el conflicto de la continuidad laboral.
Nosotros no estamos reclamando doble indemnización, ni mejora salarial, ni retiros ni nada; por supuesto, Latam deberá pagar todo lo que debe, pero lo que estamos reclamando es la continuidad laboral.
Somos muchísimos los compañeros que estamos trabajando, no es la mayoría la que agarró el retiro voluntario, pero después de 180 días de presión permanente de la empresa, la pasividad saca factura. Por eso los compañeros de los gremios, con los que compartimos muchas denuncias a la empresa, muchos criterios de discusión, los estamos llamando a que sean parte de esta movida y a que la continuidad laboral que estamos reclamando la tiene que resolver el Estado y posiblemente sea en Aerolíneas Argentinas o un ente estatal aeroportuario la salida más realista. Porque no hay que olvidar que la propia Aerolíneas, empresa de bandera a la que siempre defendimos, aun trabajando en una empresa privada, la defendimos como una estrategia nacional, va a tomar el mercado, la gran parte de cabotaje que deja Latam. Entonces en función de eso proponemos que los trabajadores que queremos seguir trabajando en aeropuertos, pasar a trabajar para Aerolíneas. Si esta no es la variante y aparece otra la discutiremos, pero estamos seguros de que es el gobierno el que la tiene que resolver.
Repartidores
La Agrupación de Trabajadores de Reparto realizó este lunes 31 de agosto una Jornada nacional de lucha. Reclamaron el desprocesamiento de Ulises, basta de abuso policial, basta de zonas liberadas, seguro de vida, seguro contra robos, por el reconocimiento laboral.
Recordemos que el jueves 27 por la tarde en el Burger King de Avenida Rivadavia 4355 en el barrio de Caballito un Policía de la Ciudad se abalanzó sobre el trabajador de Pedidos Ya cuando éste cruzaba la calle para recibir un pedido de la cadena de comidas rápidas.
El policía después de referirse despectivamente al trabajador de nacionalidad venezolana, buscó reducirlo violentamente, para luego desenfundar su arma y apuntarle. Cuando comienzan a filmar con un celular ante el accionar violento e intimidatorio del Policía, este guardó su arma y sacó su bastón y golpeó brutalmente en la cabeza del repartidor abriéndole una herida sangrante importante.
Segundos después llegan más policías. Los trabajadores denuncian que el policía era conocido por su xenofobia. El repudio fue unánime, y bajo la consigna de «libertad inmediata» trabajadores de distintas plataformas de reparto se autoconvocaron y movilizaron a las puertas de la comisaría 5A en el barrio de Almagro, CABA, al grito de «libertad ya»; «basta de brutalidad policial»; «basta de abuso policial».
Ocupada la calle por los trabajadores, cortando el tránsito, finalmente la policía liberó al trabajador, que recuperó la libertad entre festejos y abrazos.
Fuentes: Anred, Prensa Fesprosa, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Canal Abierto, Infogremiales, ACTA, Clarín, Tiempo Argentino, argentina indymedia.