La pobreza en Argentina

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que hace foco en los trimestres (una medida temporal diferente a la medición oficial) señala: “Si comparamos el tercer trimestre entre ambos años (2023 y 2024) estamos casi empatados. Y agrega: “Nada cambió significativamente si consideramos el nivel de empleo y el valor real de las remuneraciones y haberes. En promedio, son muy similares a las del tercer trimestre de 2023”.

Y remata: “La cifra de 10 millones de argentinos que salieron de la pobreza está exagerada. Si tomamos los datos de pobreza del primer trimestre de 2024, podríamos decir que 6 o 7 millones salieron de la pobreza, pero si comparamos con los niveles de 2021 o 2022 estamos en los mismos valores”.

¿La pobreza baja en Argentina?

Por Natalia Kidd

La tasa de pobreza registró según fuentes oficiales una fuerte caída en el segundo semestre de 2024, pero la información dada a conocer el lunes pasado y celebrada por el Gobierno de Javier Milei es solo una foto parcial de una situación social dramática para amplios sectores de la población.

Sin embargo, el cálculo oficial tiene limitaciones, entre ellas, que solo incluye los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unas 47 millones de personas.

«La medición cubre únicamente a ciudades de 100.000 o más habitantes, no capta ciudades pequeñas o áreas rurales, donde la estructura de la pobreza podría ser distinta«, señaló el economista Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Además, el Indec mide la pobreza solo en base a los ingresos declarados por los hogares que conforman su muestra y si éstos alcanzan o no para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios, cuyo valor varía cada mes por la inflación.

Debido al severo ajuste fiscal y monetario, la tasa de inflación desaceleró desde un máximo del 289,4 % interanual en abril del año pasado al 117,8 % en diciembre último.

Argentina está sufriendo una gran transformación estructural en su patrón de distribución del ingreso. La clase media va desapareciendo a gran velocidad y hay una gran montaña de la ciudadanía que está en torno a la pobreza, los ‘casi pobres'», señaló el economista Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

Los ‘casi pobres’ tienen ingresos ligeramente superiores al umbral de pobreza, pero viven en las mismas condiciones de los que formalmente están bajo la línea de pobreza.

Según Serrano Mancilla, si se suman ambos grupos, cerca del 80 % de la población argentina es pobre.

Un ejemplo de esto son los jubilados, protagonistas cada miércoles de protestas en la ciudad de Buenos Aires: el monto de las pensiones que cobran la mayoría de los 7,4 millones de jubilados supera en solo 716 pesos la línea de pobreza del Indec, pero es apenas un tercio de la canasta básica de los jubilados que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de la capital.

Muchos de estos adultos mayores deambulan por los casi 230 comedores sociales que hay en Buenos Aires en búsqueda de un plato de comida.

Allí la demanda de alimentos ha crecido notablemente en el último año, al igual que el número de personas que viven en la calle, que, según datos del Gobierno de la Ciudad, asciende a 4.049, y, según organizaciones sociales consultadas por EFE, alcanza las 12.000.

Buenos Aires no es sin embargo la ciudad más pobre de Argentina: en urbes como Resistencia (provincia de Chaco) el 60,8 % de los habitantes es pobre, un drama social que se repite en otros muchos rincones del país, fuera del radar de las estadísticas oficiales. 

«El Gobierno debería decir ‘subimos 10 millones de pobres y ahora volvemos al punto de partida'»

Previo a la publicación del índice de pobreza del INDEC para el segundo semestre de 2024, el economista Ismael Bermúdez, especialista en materia previsional, explicó que la reducción prevista se debe atribuir al incremento de la ayuda estatal y no a la política económica del Gobierno. “El fuerte aumento de la AUH, la tarjeta alimentaria y el plan 1.000 días se financió casi con la totalidad de la reducción del gasto de las provincias, de las universidades y los recortes que hubo en los jubilados”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Vamos a esperar el dato del INDEC. Estas son estimaciones privadas que parecerían que efectivamente van a estar bordeando el dato de pobreza en torno al 40% y la indigencia podría estar cerca del 8, 9 o 10%. Es una baja muy importante respecto de la primera mitad del gobierno de Javier Milei, cuando la pobreza llegó a alcanzar al 52,9% y la indigencia al 18,1%. Si ahora da un poquito por debajo de cómo lo dejó Alberto Fernández y el Gobierno dice “bajamos 10 millones de pobres”, el Gobierno debería decir “subimos 10 millones de pobres y ahora volvemos al punto de partida”. Esos 10 millones corresponden a la propia gestión de Javier Milei. 

El tema que me parece que la estadística va a tener que mostrar, y esperemos que así sea a las 4 de la tarde, es que gran parte de la baja tiene que ver con la indigencia de 18% a 10%, no por la política económica del Gobierno, sino por el hecho de que el Gobierno incrementó muchísimo las ayudas del Estado a los sectores de pobreza extrema. En la medida en que dio esas fuertes ayudas, también ayudó a mejorar un poco el indicador de pobreza.

El Estado nacional paga la AUH (Asignación Universal por Hijo), que cobran 2,5 millones de padres y aproximadamente 4,5 millones de chicos. Son hogares que en total tienen 7 millones de personas. Lo que hizo el Estado nacional, no el mercado, es incrementar la Asignación Universal por Hijo tres veces por encima de la inflación. Es decir, la inflación oficial fue del 117,8% y la AUH aumentó un 353%. La tarjeta alimentaria, que llega hasta menores de 17 años, también la aumentó un 353%, y el plan 1000 días, que abarca a los menores de tres años, lo multiplicó por 13. O sea, más de 1000% de incremento, porque estaba en menos de 3.000 y ahora está en 35.000 pesos. Esto quiere decir que gran parte de la reducción de la pobreza, y casi en su totalidad la reducción de la indigencia, no corresponde atribuirla a la política económica del Gobierno, sino a la intervención del Estado, que el propio Milei lo califica de un Estado que hay que achicar o destruir, según su concepción.

¿Cuánto cuesta para el Estado esta cantidad de fondos que coloca para reducir la indigencia, y cuánto, al mismo tiempo, recibe el Estado de las reducciones que produjo en los jubilados? ¿El sector de la indigencia tiene más capacidad de protesta y los jubilados menos capacidad de protesta o es una decisión correcta que la medida beneficie a siete millones de personas? ¿A cuánta gente beneficia y a cuánta perjudica una decisión y la otra? Jubilados versus las familias más pobres con más hijos.

Como son dos millones y medio de padres y la AUH abarca cuatro millones y medio de chicos, esto significa que, en promedio, se trata de parejas que tienen menos de dos chicos. No es cierto que la AUH gasta mucha plata porque subsidia a parejas que tienen 5, 6, 7, 8 o más chicos. También es cierto que deben existir ese tipo de parejas, pero la gran mayoría de las parejas tienen un solo hijo y, como máximo, dos. Desde el punto de vista de la cantidad de hijos, digamos, la AUH está en relación con la media de lo que sería una pareja.

Ismael Bermúdez indicó que más de 5 millones de jubilados perdieron poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

En segundo lugar, este fuerte aumento de la AUH, la tarjeta alimentaria y el plan 1000 días  se financió con gran parte, o casi incluso con la totalidad, con la reducción del gasto en favor de las provincias, el gasto de las universidades y los recortes que hubo en los jubilados. Los jubilados, especialmente los de la mínima, siguieron perdiendo poder adquisitivo el año pasado por encima de lo que perdieron con Mauricio Macri y con Alberto Fernández.

¿Tenés datos del costo al gasto público de haber triplicado la ayuda por encima de la inflación?

No estoy frente a la computadora, pero es mucho mayor lo que la motosierra les cortó a los jubilados, a las universidades, a las provincias y a la obra pública que lo que volcó en la AUH o en la tarjeta alimentaria. 

Es obvio que eso es así. Yo estaba tratando de comparar gasto social con gasto social.

Te lo debo y no quiero decir una cifra que no sea la que corresponda.

Vamos a suponer que sea menor o igual el gasto…

No, igual no. Es mayor la «motosierra» contra los jubilados, las provincias, las universidades… 

Estoy hablando solo de los jubilados. Estoy planteando algo absolutamente fáctico.

Los jubilados que perdieron con Milei son más de cinco millones. Son los que cobran la mínima, los que cobran la pensión universal para adulto mayor y pensiones no contributivas. Eso significa que esos cinco millones y medio tuvieron caída del poder adquisitivo de punta a punta. Si tomamos el promedio y tenemos que calcular que el promedio del gasto previsional de estos cinco millones debe haber caído más o menos entre 12 y 13%.

Cinco millones de personas fueron castigadas, ¿y cuántas personas fueron beneficiadas por encima de la inflación en el subsidio a los más pobres con estos programas? 

Con estos programas nacionales, cuatro millones y medio son de la AUH, pero ahí hay que reforzar con la tarjeta alimentaria y más el plan de 1000 días, que abarca hasta chicos de tres años, que también cobran la AUH. Beneficiaron a cinco millones de chicos y perjudicaron a cinco millones de viejos. 

Después habrá que ver si la cantidad en que fueron perjudicados los jubilados en monto absoluto es igual o mayor que la de los beneficiados en el sector de los más pobres.

Es mayor lo perjudicado de los jubilados. La AUH estaba en 30.000 pesos, y ahora llegó a 90.000 en diciembre. Tuvo ahí un aumento de 60.000 pesos punta a punta por chico. A los jubilados de haberes mínimos se les cayó un 10%. 

Es interesante desde el punto de vista de la estrategia electoral. Por eso digo, trato de trascender de la cuestión ética y ver simplemente la administración de cuerpos, lo que resulta repugnante en algún sentido. Pero, desde el punto de vista de la planificación política, evidentemente eligieron. Podrían tener la defensa de que los chicos tienen más futuro. 

No, más futuro no porque el chico quizás salió de indigencia, pero el hogar sigue siendo pobre. Yo creo que el Gobierno hizo esto para tratar de demostrar estadísticamente que bajaba la pobreza. Entonces, si mañana el título dice «Milei bajó la pobreza», y encima va Milei y dice «reducimos en 10 millones el número de pobres», lo que es falso, el tipo se pone contento. 

Pero ahí está el punto. El tema central es que él logra bajar la pobreza invirtiendo más dinero en el sector más bajo, con la mayor población más joven, y castigar al sector más grande.

Hoy vamos a saber el dato de cuánto es la pobreza entre los mayores de 65 años. Seguramente ahí le va a estar dando un incremento del número de pobres entre los mayores de 65 años porque el 90% son los jubilados.

El Estado nacional paga la AUH (Asignación Universal por Hijo), que cobran 2,5 millones de padres y aproximadamente 4,5 millones de chicos. Son hogares que en total tienen 7 millones de personas. Lo que hizo el Estado nacional, no el mercado, es incrementar la Asignación Universal por Hijo tres veces por encima de la inflación. Es decir, la inflación oficial fue del 117,8% y la AUH aumentó un 353%. La tarjeta alimentaria, que llega hasta menores de 17 años, también la aumentó un 353%, y el plan 1000 días, que abarca a los menores de tres años, lo multiplicó por 13. O sea, más de 1000% de incremento, porque estaba en menos de 3000 y ahora está en 35.000 pesos. Esto quiere decir que gran parte de la reducción de la pobreza, y casi en su totalidad la reducción de la indigencia, no corresponde atribuirla a la política económica del Gobierno, sino a la intervención del Estado, que el propio Milei lo califica de un Estado que hay que achicar o destruir, según su concepción.

¿Cuánto cuesta para el Estado esta cantidad de fondos que coloca para reducir la indigencia, y cuánto, al mismo tiempo, recibe el Estado de las reducciones que produjo en los jubilados? ¿El sector de la indigencia tiene más capacidad de protesta y los jubilados menos capacidad de protesta o es una decisión correcta que la medida beneficie a siete millones de personas? ¿A cuánta gente beneficia y a cuánta perjudica una decisión y la otra? Jubilados versus las familias más pobres con más hijos.

Como son dos millones y medio de padres y la AUH abarca cuatro millones y medio de chicos, esto significa que, en promedio, se trata de parejas que tienen menos de dos chicos. No es cierto que la AUH gasta mucha plata porque subsidia a parejas que tienen 5, 6, 7, 8 o más chicos. También es cierto que deben existir ese tipo de parejas, pero la gran mayoría de las parejas tienen un solo hijo y, como máximo, dos. Desde el punto de vista de la cantidad de hijos, digamos, la AUH está en relación con la media de lo que sería una pareja.

Nuevas subas en abril

Abril llega con nuevos aumentos; otro golpe a las familias trabajadoras y a las clases medias, que son la inmensa mayoría de la población del país. Desde el 1° de abril rige un nuevo incremento del 1,7% en los combustibles. Específicamente en la nafta y el gasoil, que sigue a una suba del 1,9% en el mes anterior. Esta suba es por la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, junto con un ajuste adicional por parte de YPF. No es el único aumento. Hay subas, además, en otros servicios esenciales como luz, gas, agua, transporte público, colegios privados y prepagas. complicando aún más las metas inflacionarias del gobierno.

En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA comienzan a regir nuevos valores en el boleto de subte y colectivos, además de los peajes. El mínimo del colectivo pasa a $ 426,21; el subte sube a $ 869 y los peajes para autos en hora pico pasan de $ 3.379 a $ 3.528,70, en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y de $ 1.405 a $ 1.467,01 en la Illia.

Estas subas presionan sobre la inflación, que viene acelerando lentamente en las últimas semanas, con especial intensidad en los alimentos. Según estimación de distintas consultoras, la inflación de marzo podría estar entre el 2,5% y el 2,9%, superando el registro del 2,4% que dio febrero.

Los golpes impactan en distintos rubros. Por ejemplo, está definido un incremento del 3% en las cuotas de los colegios privados subvencionados en la provincia de Buenos Aires. Esto se suma a un aumento del 6% que había tenido lugar en marzo.

Habrá también aumentos en la luz y el gas. La Secretaría de Energía confirmó las subas, aunque no definió con precisión porcentajes y montos. Se estima que podría ser de alrededor de un 2% el aumento. El servicio del agua, por su parte, tendrá una suba del 1% el mes que acaba de iniciar.

Las prepagas ya anunciaron aumentos de las cuotas que rondarán entre el 1,75% y el 2,9%. Esa suba -que alcanzará también a los copagos- se suma al 1,9% de aumento que tuvo lugar en marzo.

De conjunto sigue un ataque al bolsillo del pueblo trabajador. Al mismo tiempo, mientras critica al Gobierno por los límites para las negociaciones salariales, la conducción burocrática peronista de los sindicatos firma paritarias acorde a las exigencias del Poder Ejecutivo. Estas paritarias de la «Era de Hielo» certifican la pérdida salarial de amplias fracciones de la clase trabajadora. Pérdida que es, a la vez, transferencia de riqueza al bolsillo del gran empresariado.

Hay que desarrollar una dura pelea por salario, pero también contra los ataques a las condiciones laborales y contra los despidos. En estos momentos se empiezan a desarrollar importantes luchas en diversos sectores. Desde abajo, desde cada lugar de trabajo, tiene que crecer la organización democrática para imponerle a la burocracia sindical de la CGT que el paro del 10 de mayo tenga continuidad en un plan de lucha, que siga hasta derrotar el conjunto del plan de Milei, el FMI y las grandes patronales.

Por los aumentos el 30% de los inquilinos tuvo que dejar la vivienda

El dato surge de los resultados de la Encuesta Nacional Inquilina efectuada en marzo por Inquilinos Agrupados. Además, el 88% de los encuestados considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses. El 94% de los inquilinos tienen contratos por 2 años o menos, y el 82% de las actualizaciones del precio se da cada menos de 4 meses.

Según indican desde Inquilinos Agrupados, el objetivo de la Encuesta Nacional es relevar la situación habitacional, contractual y económica de los hogares inquilinos en Argentina tras la implementación del DNU 70/2023. Participaron 1.402 personas de todo el país mediante un formulario autoadministrado online.

RESULTADOS DESTACADOS:
El 65,5% de los contratos fueron firmados a partir del 1° de enero de 2024.
El 29,8% de los hogares encuestados tuvo que mudarse por no poder afrontar el precio del alquiler.
El 88% considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses.

ANÁLISIS TEMÁTICO
1. PRECIO DE ALQUILER Y CONTRATOS
Contratos firmados desde enero 2024 muestran aumentos significativos.
CABA: 1 ambiente $398.362, 2 ambientes $445.934, 3 ambientes $606.669
PBA: 1 ambiente $233.200, 2 ambientes $321.930, 3 ambientes $409.826

Plazo de contratos: 2 años: 66,5%, 1 año: 18,6%, menos de 6 meses: 5,5%
Frecuencia de actualización: 80% tiene ajustes mensuales, trimestrales o cuatrimestrales
Mecanismos de actualización: 64% IPC, 30,5% ICL, 3,3% Casa Propia, 2% dólar

2. SITUACIÓN LABORAL
35,3% está buscando trabajo
9,2% está desempleado
27,7% tiene un familiar que perdió el trabajo
75,9% conoce a alguien fuera del hogar sin empleo
66,8% está preocupado por la cantidad de horas que trabaja

3. ENDEUDAMIENTO
64,6% de los inquilinos tiene deudas
Principales motivos: tarjetas de crédito (51,2%), alimentos (38%), alquiler (30%)
Principales acreedores: bancos (62,5%), familiares (32,3%), plataformas digitales (16,3%)
48% está atrasado con el pago de sus deudas

4. MUDANZA POR DIFICULTADES ECONÓMICAS
418 (30%) personas afirmaron haberse mudado por no poder pagar el alquiler
Grupo etario mayoritario: 25-34 años (34,8%)
59,1% son mujeres
Situación laboral más frecuente: monotributistas, informales y trabajos sin estabilidad

5. PERCEPCIÓN Y OPINIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ALQUILERES
«El mercado se regula solo»: 87,4% nada de acuerdo
«El Estado debe regular el precio del alquiler»: 76,8% muy o bastante de acuerdo
«Hay que limitar la cantidad de viviendas por persona o empresa»: 56,5% de acuerdo o muy de acuerdo
«La única solución es ser propietario»: opiniones divididas
«Hay que prohibir las viviendas ociosas por más de 3 meses»: mayoría de acuerdo (83,4%)

6. CONTRATOS Y DURACIÓN IDEAL
Preferencia por contratos de 3 años: 56%
Solo el 3,7% de los nuevos contratos firmados tienen ese plazo

METODOLOGÍA
– Muestra no probabilística
– Encuesta digital y autoadministrada
– 1.402 casos validados
– Análisis cuantitativo y cualitativo con segmentación por edad, género, provincia y situación laboral

CONCLUSIÓN
Los resultados muestran un mercado de alquiler profundamente precarizado, con sobreendeudamiento, alta movilidad forzada y un consenso generalizado a favor de la intervención estatal. La situación laboral y contractual deteriorada acentúa las condiciones de vulnerabilidad habitacional en un contexto de ajuste económico y desregulación.

INFORME: RESPUESTAS A LA PREGUNTA «INDICÁ CUÁN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES FRASES»
La siguiente sección presenta el análisis de las respuestas a la pregunta sobre el grado de acuerdo con una serie de frases relacionadas con el mercado inmobiliario, el rol del Estado y la situación habitacional en Argentina. A continuación, se detallan los resultados para cada frase evaluada.

«El mercado se regula solo»
El 87,4% de las personas están «nada de acuerdo» con esta afirmación.
Apenas un 8,6% dijo estar «algo de acuerdo».
Las respuestas «de acuerdo» (2,5%) y «muy de acuerdo» (1,6%) fueron marginales.
Esto revela un amplio consenso en contra de la desregulación del mercado de alquileres.

«La ley de alquileres perjudicó a propietarios e inquilinos»
El 59,1% no está de acuerdo con esta afirmación.
El 21,5% está «algo de acuerdo», el 9,6% «de acuerdo» y el 9,8% «muy de acuerdo».
Muestra una visión crítica hacia los argumentos que justifican la derogación de la ley por sus efectos «negativos».

«La única solución es ser propietario»
El 30% está «nada de acuerdo» y un 26,7% «algo de acuerdo».
El 22,1% está «de acuerdo» y el 21,2% «muy de acuerdo».
Las respuestas están bastante distribuidas, lo que indica un debate más abierto sobre este tema.

«El Estado tiene que regular el precio del alquiler»
Un 49,6% está «muy de acuerdo» y un 27,2% «de acuerdo».
Solo un 10,2% está «nada de acuerdo».
Esto sugiere un fuerte apoyo a la regulación estatal del mercado de alquileres.

«Hay que limitar la cantidad de viviendas que puede tener una persona o una empresa»

Un 33,2% está «muy de acuerdo», un 23,3% «de acuerdo» y un 21,8% «algo de acuerdo».
Solo un 21,6% está «nada de acuerdo».
Mayoría favorable a introducir límites a la acumulación de propiedades.

«Hay que prohibir las viviendas ociosas por más de 3 meses»
Un 37,5% está «muy de acuerdo», un 27,8% «de acuerdo» y un 18,1% «algo de acuerdo».
Solo un 16,6% está «nada de acuerdo».
Hay un consenso mayoritario a favor de penalizar la vivienda vacía.

Conclusiones
Las respuestas a estas frases permiten observar una tendencia generalizada de desconfianza hacia el libre mercado como mecanismo de asignación de vivienda y un fuerte respaldo al rol activo del Estado. También se identifican posturas favorables a regulaciones específicas como el control de precios, la limitación de propiedades y el uso obligatorio de viviendas disponibles.

Informe: Distribución del Porcentaje del Salario Destinado al Alquiler en Argentina
1. Introducción
Este informe analiza la proporción del salario que los inquilinos destinan al pago del alquiler en Argentina. Para ello, se ha calculado la distribución en deciles, permitiendo identificar cómo varía el esfuerzo económico entre los distintos sectores de la población inquilina.

2. Metodología
Los deciles dividen la muestra en 10 segmentos iguales, donde cada decil representa el umbral por debajo del cual se encuentra un 10%, 20%, 30%… hasta el 90% de los inquilinos.

Se utilizaron datos recopilados en la Encuesta Nacional Inquilina – Marzo 2025, reflejando la realidad de quienes alquilan en distintas regiones del país.

3. Resultados por Decil
Decil / Porcentaje del Salario Destinado al Alquiler
D1 (10%) / 20% o menos
D2 (20%) / 27% o menos
D3 (30%) / 30% o menos
D4 (40%) / 35% o menos
D5 (50%) (Mediana) / 40% o menos
D6 (60%) / 45% o menos
D7 (70%) / 50% o menos
D8 (80%) / 55% o menos
D9 (90%) / 60% o menos

4. Análisis de los Resultados
– Brecha entre los sectores: El 10% de los inquilinos con menor esfuerzo económico destinan hasta el 20% de su salario al alquiler, mientras que el 10% con mayor carga económica destinan más del 60%.
– Mediana (D5): La mitad de los inquilinos paga hasta el 40% de su salario en alquiler.
– Segmento más afectado: El 20% superior de los inquilinos (D8 en adelante) destina más del 55% de sus ingresos al alquiler, lo que indica una posible vulnerabilidad económica severa.

5. Conclusiones
– Alto esfuerzo económico: Más del 50% de los inquilinos destinan al menos el 40% de su salario al alquiler, lo que evidencia un problema estructural en la accesibilidad a la vivienda en alquiler.
– Impacto en el poder adquisitivo: A medida que aumenta la carga del alquiler, disminuye la capacidad de los hogares para cubrir otros gastos esenciales como alimentos, salud y educación.

No tienen trabajo más de la mitad de las bonaerenses

Por Juan Manuel Meza

Los datos corresponden al tercer trimestre de 2024. Creció el “pluriempleo” para la supervivencia y también la informalidad laboral. El empleo en mujeres cayó al 47,2 %.

En medio de una profunda recesión económica y con las consecuencias de la batería de medidas de ajuste aplicadas por el gobierno nacional de Javier Milei, la situación del empleo en la provincia de Buenos Aires se deterioró notablemente en 2024. Así lo revela el último informe de brechas laborales y de ingresos elaborado por la Unidad de Género y Economía (UGE) del Ministerio de Economía bonaerense. El documento, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, expone una tendencia preocupante: el desempleo, agravado por el cierre de miles de pymes, aumentó sostenidamente y las principales afectadas son las mujeres jóvenes.

En cifras crudas, la tasa de desocupación alcanzó el 9,7 % en mujeres, superando por 2,3 puntos porcentuales a la de los varones, que fue del 7,4 %. En paralelo, el empleo en mujeres cayó al 47,2 %, frente al 66,1 % en hombres. Las brechas de género se consolidan y, en algunos casos, se profundizan: 18,8 puntos de diferencia en la tasa de empleo y 5,3 en la subocupación.

El estudio destaca que las mujeres jóvenes, de entre 14 y 29 años, enfrentaron el mayor deterioro. La desocupación en este grupo creció 4,8 puntos interanuales, mientras que su tasa de empleo retrocedió 1,2 puntos.

La directora de la UGE, Laura Lombardía, explicó que “las mujeres jóvenes enfrentan una mayor vulnerabilidad en el mercado laboral debido a una combinación de factores estructurales y coyunturales”. La desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidado, dijo, sigue condicionando la inserción de las mujeres al empleo formal y de calidad. Y sumó: “Esto se profundiza en las mujeres jóvenes, que tienen tasas de informalidad históricamente más altas, lo que las expone a una situación de vulnerabilidad económica y social mayor en contextos de crisis”.

Los números del desempleo urbano nacional son contundentes: como bien había informado este medio de los 207.000 nuevos desocupados que se sumaron en 2024, 165.000 son bonaerenses, de acuerdo a los últimos datos publicados, por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en febrero pasado. La tasa de desocupación urbana en la provincia trepó de 6,4 % a 8,4 % en un año, un incremento de dos puntos porcentuales. El 80 % de los nuevos desempleados urbanos del país están en Buenos Aires, lo que posiciona a la provincia como el epicentro del golpe laboral.

El freno en la obra pública, los despidos en la administración nacional y el cierre de miles de pymes profundizaron el problema. Solo en 2024, cerraron 16.500 pequeñas y medianas empresas, de las cuales más de 4.500 están ubicadas en la provincia y CABA, según datos de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. De este modo, sectores como comercio, construcción y administración pública, que emplean a un número significativo de mujeres, fueron especialmente afectados por los despidos.

Alejandra, de 25 años, trabajaba en un almacén de zona sur que cerró en 2024 después de casi tres décadas, luego de una caída estrepitosa de las ventas. “No me lo esperaba, pero entendí la situación porque noté como los ingresos bajaron. Entiendo que el Gobierno quiera atraer inversiones y que haya que ajustar porque había mucho gasto, pero ese ajuste no puede ser con la gente que labura y con quienes les dan trabajo a los laburantes”, aseguró la joven que se enmarca dentro de las mujeres jóvenes que se quedaron sin trabajo. “Me llevó un buen tiempo encontrar otro trabajo”, completó.

El informe también muestra un incremento del pluriempleo. En el tercer trimestre de 2024, el 10,9 % de las personas ocupadas tenía más de un trabajo. La tasa fue más alta en mujeres (14 %) que en varones (8,5 %), y representa un aumento interanual de 0,8 puntos.

“El aumento del pluriempleo es, sin duda, una estrategia de supervivencia ante la pérdida del poder adquisitivo”, explicó Lombardía. Esta situación golpea especialmente a hogares monomarentales, donde las mujeres deben sostener económicamente a sus familias sin dejar de asumir las tareas de cuidado.

El promedio de horas semanales trabajadas también cayó: -1:42 horas entre los jóvenes y -0:24 horas entre adultos. Entre las mujeres jóvenes, la caída fue más abrupta: -1:53 horas.

La informalidad

La tasa de informalidad alcanzó al 38,3 % de las personas asalariadas, con un alza de 2,1 puntos en un año. En mujeres fue aún más marcada: +4,6 puntos. Entre las mujeres jóvenes, la informalidad se disparó 10,7 puntos porcentuales.

“Hoy casi 6 de cada 10 mujeres jóvenes que logran acceder a un empleo en la Provincia lo hacen en condiciones de informalidad, por ejemplo, en el servicio doméstico, que es el segundo sector que más mujeres emplea y tiene los peores salarios del mercado laboral”, advirtió Lombardía. “Sin ingresos estables ni protección social, la capacidad de tomar decisiones sobre su vida se ve limitada”, agregó.

La eliminación del programa Acompañar por parte del gobierno nacional también impactó de lleno en esta realidad: “Pone en peligro la vida de muchas personas”, remarcó la funcionaria, y añadió que desde la Provincia se reforzaron dispositivos como la Línea 144.

Las mujeres adultas 

Si bien la crisis comenzó afectando sobre todo a mujeres jóvenes, la tercera parte de 2024 muestra que las mujeres adultas también empiezan a ser arrastradas por este aluvión. Esto se explica por su fuerte inserción en sectores golpeados por el ajuste, como educación, salud y administración pública.

La reducción del presupuesto vinculado a educación y salud y los despidos en la administración pública nacional golpearon especialmente estos rubros, donde hay una alta participación femenina, sostiene el informe. El fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires: se replica en gran parte del país, donde la administración pública es uno de los principales empleadores.

Desigualdad pronunciada

El informe señala que el 16,8 % de las mujeres bonaerenses no tuvo ingresos propios durante el trimestre. Entre quienes sí los percibieron, la brecha salarial fue del 31 %, ampliándose hasta el 34,1 % entre asalariadas no registradas.

Además, las mujeres están sobrerrepresentadas en los quintiles de ingresos más bajos. En el 20 por ciento más pobre, 63 de cada 100 personas son mujeres. En el quintil más rico, solo 35 de cada 100.

Esta desigualdad también tiene impacto previsional. “El 85,4 % de las mujeres que se jubilaron lo hicieron a través de la moratoria”, explicó Lombardía, y aseveró: “La consecuencia directa de su eliminación es que 9 de cada 10 mujeres que deberían jubilarse no podrán hacerlo, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Frente al ajuste y el desmantelamiento de las políticas de género a nivel nacional, la Provincia sostiene su apuesta por la igualdad. Desde la Unidad de Género y Economía se realiza el seguimiento del Presupuesto con Perspectiva de Género, se fortalecen programas de cuidados y se articula con el Banco Provincia para facilitar el acceso al crédito formal a mujeres emprendedoras, afirmó Lombardía.

“Reducir la brecha de empleo requiere que el cuidado deje de ser visto como una responsabilidad exclusiva de las mujeres, se convierta en una prioridad para el Estado e involucre a su vez el compromiso del sector privado”, concluyó.

En medio de un contexto económico adverso y regresivo en materia de derechos, los datos del informe funcionan como una alerta. No solo describen una crisis con rostro de mujer joven, sino que también evidencian el costo humano de las decisiones macroeconómicas y la urgencia de políticas públicas con enfoque de género.

Fuentes: agencia EFE, Perfil, Clarín, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Página 12

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