Respecto del «infierno» del 54 por ciento de pobres de tres años atrás, la situación mejoró notablemente. Pero un tercio de la población en estado de pobreza sigue siendo una fuerte asignatura pendiente. Con indicadores menores al 7 por ciento en el sur y superiores al 50 en el nordeste, el país proyecta realidades sociales […]
Respecto del «infierno» del 54 por ciento de pobres de tres años atrás, la situación mejoró notablemente. Pero un tercio de la población en estado de pobreza sigue siendo una fuerte asignatura pendiente. Con indicadores menores al 7 por ciento en el sur y superiores al 50 en el nordeste, el país proyecta realidades sociales contradictorias.
El nivel de pobreza a escala nacional, medida por la encuesta de hogares del Indec en los principales aglomerados urbanos, cayó en el primer semestre al 31,4 por ciento de la población, un nivel sustancialmente inferior a los registros de los últimos años pero todavía muy elevado para el nivel económico que ostenta el país.
Los resultados de la encuesta por región muestran marcadas diferencias, entre centros urbanos como Río Gallegos o Ushuaia-Río Grande con tasas de pobreza inferiores al 7 por ciento, y los aglomerados de la mitad norte del país que, en una amplia mayoría, mantienen proporciones de pobreza superiores al 45 por ciento. En el Gran Resistencia (Chaco) se verifica el más alto nivel de pobreza del país, que alcanza al 55,6 por ciento de sus habitantes.
Según señala el informe del Indec, en el conjunto de los 28 aglomerados urbanos evaluados se encuentran por debajo de la línea de pobreza un millón 636 mil hogares, los que incluyen a 7 millones 390 mil personas. La proporción de hogares pobres sobre el total, 23,1 por ciento, es inferior a la que corresponde a personas pobres, pero según aclara el Indec no se debe a diferentes metodologías de medición sino a que las familias pobres reúnen, en general, más cantidad de integrantes que los hogares económicamente más acomodados. Por eso, menos hogares representan a más personas.
El Indec considera pobres a las personas adultas cuyo ingreso mensual no supere el valor de una canasta básica que, durante el primer semestre del año, se ubicó en torno de un valor de 275 pesos. Para el grupo familiar (matrimonio más dos menores), el valor ponderado de la canasta total se ubicaría en 850 pesos en la primera mitad del año. Un matrimonio de jubilados, a su vez, habría necesitado 401,60 pesos para superar la línea de pobreza.
La suba en las jubilaciones mínimas, los aumentos salariales por acuerdos y el blanqueo de trabajadores antes no registrados serían los factores de mayor incidencia en la sensible baja de la pobreza en los últimos años. Entre 2003 y 2006 (primer semestre de cada año), la tasa de pobreza (medida por personas) descendió del 54 al 31,4 por ciento.
Por cantidad de hogares por debajo de la línea de pobreza, la proporción de afectados cayó casi a la mitad en estos tres años (del 42,7 a 23,1 por ciento). Está claro que, aunque no hayan superado en más de uno o dos escalones aquel limitado nivel de ingresos, las medidas adoptadas habrían sido suficientes para que una elevada proporción de sumergidos haya alcanzado por lo menos a superar ese umbral de pobreza.
Bajo estas condiciones, la indigencia también se redujo en paralelo a la pobreza, por razones similares. En el primer semestre de este año se ubicó en el 11,2 por ciento medido como cantidad de personas y en el 8 por ciento por cantidad de hogares involucrados. La baja respecto de los niveles respectivos de 2003 son aun más notables, año en el que la tasa de indigencia por personas alcanzaba al 27,7 por ciento y por hogares, al 20,4 por ciento.
Sin embargo, las diferencias entre regiones geográficas no sólo se mantienen sino que incluso tienden a acentuarse. Los niveles de pobreza en el norte y en el sur del país parecieran responder a dos realidades económicas totalmente diferentes. En los dos aglomerados urbanos más australes, Río Gallegos y Ushuaia-Río Grande, las personas pobres representan apenas el 6,9 y el 5,6 por ciento, respectivamente. En tanto que en Gran Resistencia y Corrientes, las tasas respectivas ascienden al 55,6 y 51,7 por ciento.
Más dramáticamente, la capital de Chaco refleja la crisis y cambios de paradigma en las producciones regionales de todo el norte del país. En particular, en el caso de Resistencia «se proyecta la crisis algodonera del interior de la provincia en la forma de una situación social muy delicada», al decir de un especialista, como Alejandro Rofman, del Grupo Fénix.
«El algodón se reemplazó por la soja, fundamentalmente, que es un cultivo antisocial, en el sentido de que no genera ningún encadenamiento laboral», apuntó Rofman. Recordó que los cosechadores de algodón expulsados a fines de los ’90 no lograron reinsertarse en las producciones sustitutas. Pero otro tanto pasó con actividades conexas, como transportistas y otros servicios que el cultivo de algodón demandaba, pero la cosecha automática de la soja no. La emigración de las poblaciones desplazadas del campo hacia la capital provincial da como resultado los elevados índices de pobreza.
En cambio, Río Gallegos refleja la fuerte incidencia del empleo estatal en el conjunto de la sociedad. El Estado provincial fuerte, con altos niveles de ingreso por regalías petroleras en relación con una baja población, le permite a la provincia avanzar por un sendero que muchas veces se desentiende del resto del país.
En otros puntos geográficos importantes, los indicadores de pobreza también marcan progresos respecto de períodos anteriores pero manteniendo las diferencias entre sí. Así, mientras en la ciudad de Buenos Aires la tasa se ubicó en el primer semestre en el 12,6 por ciento, en el limítrofe conurbano tan sólo bajó al 34,5 por ciento.