Jorge Julio López, testigo en el juicio contra uno de los genocidas de la dictadura, desapareció el 18 de septiembre de 2006, día en que debía declarar ante el tribunal. Desde entonces, el Gobierno de Kirchner ha ignorado sus obligaciones jurídicas y ha evitado tratar el caso como lo que es: una «desaparición forzada»
El 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio celebrado en la ciudad de la Plata contra Miguel Etchekolatz por los crímenes cometidos en la última dictadura argentina, tenía que presentarse en la sesión donde los abogados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos iban a exponer su alegato final, pidiendo la condena por genocidio. Pero Jorge Julio López no se personó y, tras constatarse la imposibilidad de determinar su paradero, los organismos de derechos humanos denunciaron inmediatamente su desaparición forzada, acusando como responsables materiales a integrantes -retirados y en activo- de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, implicados en las acciones represivas de la dictadura.
Durante el año que Jorge Julio López ha estado desaparecido, se han reproducido amenazas a organismos, abogados, fiscales, jueces y testigos en los juicios contra los ejecutores del terrorismo de Estado. Es ahora, en el momento en que costosamente se avanza en los juicios contra los genocidas, cuando emerge el aciago mecanismo de la desaparición que reabre la caja de Pandora. Salta al corazón mismo de la sociedad el poder funesto del terror, cuyo efecto es paralizar, acallar, mirar para otro lado. La repetición del «no te metas» y del «por algo será» sucede ahora con un grado más de perversión, ya que el «por algo será» se ha extendido más allá de los militares y de la derecha.
Tanto es así que son ya tres las desapariciones de Jorge Julio López: la de 1976, la del 18 de septiembre del 2006 y la de la indiferencia y la difamación que se ha hecho. La víctima es la sospechosa. Vuelve de las sombras del espanto el engranaje de inducción de culpabilidad con que la dictadura aislaba y enfrentaba a los desaparecidos y a sus familiares con la sociedad.
Desde el 18 de septiembre de 2006 resurge la aparición de la desaparición, y desde el 18 de septiembre del 2006 se acosa con gravísimas intimidaciones a todos aquellos que activa y decididamente exigen la aparición con vida de Jorge Julio López. Desde el 18 de septiembre del 2006, cada 18 de mes se reclama por Jorge Julio López, y se repiten, con tanta perplejidad como dolor, las apremiantes actividades como en el pasado: hábeas corpus y campañas internacionales como la que se sigue ante el Parlamento Europeo que, a instancias de miles de firmas, asume tramitar ante el Gobierno argentino el reclamo por la vida y la integridad del testigo secuestrado.
Es absolutamente incomprensible la dejación de responsabilidad del Gobierno al no abordar como un caso de desaparición forzada la situación de Jorge Julio López, existiendo indicios y presunciones suficientes para ello (intimidaciones y coacciones antes y durante el juicio a Etchekolatz, y las amenazas que el condenado por genocidio anuncia a los jueces del tribunal). Es inexplicable que no se hayan tomado medidas inmediatas y extraordinarias, minimizando el hecho a una simple «averiguación de paradero».
A pesar de la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, instrumento legal que obliga inequívocamente al Gobierno, existiendo el inmediato pasado dictatorial, y sobrando elementos significativos y elocuentes, el Ejecutivo argentino -primer responsable de los ciudadanos- actuó como si de una «escapada» voluntaria se tratara. Emitió promesas de recompensa monetaria y dispuso reforzar la vigilancia de las fronteras. Ordenó, además, a la policía bonaerense (la misma que mantiene en sus filas a 9.026 efectivos de la dictadura y que el mismo desaparecido denunció en repetidas ocasiones) que sea la fuerza que lo busque.
Un mecanismo que caracteriza a crímenes como la desaparición forzada de personas es la clandestinidad, la ocultación y el secretismo, y así es contemplado en la normativa vigente y en el acerbo jurisprudencial, que acepta como suficientes los mínimos indicios y conjeturas.
Es función del Estado argentino ser garante de la seguridad de las personas que se encuentren en su territorio y de la vigencia y respeto a los derechos humanos. Y para que los enunciados jurídicos se traduzcan en Justicia, el Gobierno de Néstor Kirchner debe vivir, a nuestro parecer, tal como lo hiciera en el caso de Luis Gerez, en un «virtual estado de movilización», hasta la localización y liberación de Jorge Julio López. El presidente Kirchner reconoció públicamente la existencia de grupos paramilitares y parapoliciales vinculados a las fuerzas regulares y, sin embargo, no anunció ni una sola medida para el desmantelamiento de los mismos y enjuiciamiento de sus integrantes.
Jorge Julio López, el protagonista de este alegato, es un albañil de 77 años que resguardó en su memoria todos los crímenes de los que fue testigo en los campos de concentración donde estuvo en condición de detenido-desaparecido. Jorge Julio López adosó en su corazón los nombres de sus compañeros de cautiverio para presentarlos uno por uno, levantando paredes contra la desmemoria y contra el olvido, lo que hoy le aplican a él las instituciones nacionales e internacionales.
Tanto por las movilizaciones en Argentina como en las declaraciones y testimonios en los juicios de Madrid, los desaparecidos nos han poblado de ámbitos de pundonor; a la vuelta de la conciencia están allí esperándonos como siempre han estado, desde las fotos al viento, desde los pañuelos blancos, desde las calles rebeldes, desde la coherencia; y nunca desde la representación ni el espectáculo. Los desaparecidos no viven en monumentos ni en museos, ni como adornos en programas electorales. Aquellas comprometedoras y hermosas consignas unidoras de corazones de «Aparición con vida, contra el olvido, contra el silencio, por la Justicia», seguirán arrojando dignidad contra cobardía, contra el acomodamiento, contra la indiferencia.
Los desaparecidos hoy se llaman Jorge Julio López.
(*) Junto a Andrea Benites-Dumont , este texto lo suscriben José Manuel Martín Medem, Carlos Taibo, Jaime Pastor Verdú, José Luis Galán, Carlos Slepoy, Manuel Ollé, J. A. Labordeta, Daniel Pereyra y otros.