Trabajadores de los medios de comunicación mexicanos manifestarán este sábado en la avenida del Paseo de la Reforma, en la capital del país, en reclamo de garantías para su labor y el derecho a la información ante la desaparición y asesinato de varios periodistas. Marchas simultáneas se realizarán también una decena de urbes, como Hermosillo, […]
Trabajadores de los medios de comunicación mexicanos manifestarán este sábado en la avenida del Paseo de la Reforma, en la capital del país, en reclamo de garantías para su labor y el derecho a la información ante la desaparición y asesinato de varios periodistas. Marchas simultáneas se realizarán también una decena de urbes, como Hermosillo, Monterrey, Ciudad Juárez y Morelia, azotadas por la violencia y el crimen organizado.
José Antonio García Apac, editor de Ecos de la Cuenca, fue visto por última vez el 20 de noviembre de 2006 en un lugar conocido como La Ruana, en el sudoccidental estado de Michoacán. Sus hijos recibieron una última llamada desde su teléfono móvil, cuando escucharon que alguien le ordenó que se bajara de su camioneta.
Ni el periodista ni el vehículo fueron aún localizados. Desde aquella fecha, dos personas relacionadas con García Apac han sido asesinadas.
Tampoco hay rastros de María Esther Aguilar Casimbre, la reportera de Cambio de Michoacán desparecida desde el 11 de noviembre de 2009. Había publicado un artículo sobre un caso de abuso de autoridad que implicaba al director de Policía y Tránsito del municipio de Zamora, el teniente Jorge Arturo Cambroni Torres, quien poco después fue destituido de sus funciones.
El mismo destino trágico de los reporteros michoacanos había corrido el 2 de abril de 2005 Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, del norteño estado de Sonora. El 18 de enero de ese año había publicado un reportaje que revelaba los vínculos de tres integrantes del narcotraficante Cartel de Sinaloa con la organización mafiosa sonorense Los Números.
En un país donde el gremio periodístico nunca ha estado cohesionado y cuya relación con el poder ha fracturado su vínculo con la sociedad, la respuesta a una convocatoria que surgió en las redes sociales ha sorprendido a analistas y líderes de opinión.
«Desde las infanterías, las que más expuestas están a todo, ha venido creciendo en los últimos días un movimiento para unirse y enfrentar la violencia del narcotráfico en contra de periodistas», escribió el reportero Raymundo Riva Palacio.
En su columna Estrictamente Personal, este periodista puso en duda una respuesta positiva de parte de los dueños de los medios, que el jueves fueron convocados a una reunión con el presidente de México, Felipe Calderón, para analizar el tema.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Las organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión contabilizan 64 profesionales asesinados y 12 desaparecidos en la última década.
Sólo en 2010, al menos seis medios de comunicación regionales han sido blanco de balas, granadas y amenazas de bomba. Las agresiones ya duplican la cantidad de todo 2009.
En cambio, la Fiscalía Federal para Delitos contra Periodistas, creada en 2006, sólo ha ejercido acción penal en tres de los 88 casos atendidos.
«En esta instancia, el impartir justicia para los periodistas pasa por comprobar primero que lo son y luego demostrar que no mienten y si su salud mental es adecuada», dice un documento elaborado por el comité organizador de la manifestación, integrado por periodistas de distintos medios nacionales.
La rebelión empezó como una etiqueta en la red social por Internet Twitter (#losqueremosvivos) el 28 de julio, cuando la comunidad informativa estaba impactada por el secuestro de cuatro periodistas, tres de ellos de medios de regionales y otro enviado desde la capital del país, en Gómez Palacio, un municipio del norteño estado de Durango, en la zona conocida como la Comarca Lagunera.
Los reporteros cubrían un motín en una cárcel de Gómez Palacio, donde días antes había sido detenida su directora, Margarita Rojas Rodríguez, tras conocerse, mediante un video montado en YouTube por la banda criminal contraria, que permitía a los reclusos salir por las noches para perpetrar venganzas contra grupos rivales del narcotráfico.
La condición de sus captores para liberarlos era que los dos medios de comunicación nacionales involucrados -Grupo Multimedios y Televisa– transmitieran tres videos de narcoblog en sus noticieros locales.
El canal de televisión de mayor audiencia de la poderosa cadena Televisa puso en negro su pantalla el jueves 29 durante la hora en que se transmite el programa Punto de Partida, donde trabajaba uno de los periodistas secuestrados.
La «crisis de La Laguna», como definió el conductor de Milenio Televisión, Ciro Gómez Leyva, dio forma a la peor pesadilla de muchos comunicadores: la zona de silencio en que se han convertido algunas regiones del país escaló por primera vez a la cadena nacional.
«Llegamos al punto que nadie quería, pero que al mismo tiempo estaba anunciado», dijo a IPS Elia Baltazar, responsable del Programa de Libertad de Expresión del no gubernamental Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y cabeza de la red «Periodistas de a Pie».
Los reporteros fueron liberados en una operación policíaca que ha causado suspicacias y que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) definió como una «inusual y rápida respuesta por parte de las autoridades de un país donde más de 90 por ciento de los crímenes contra la prensa no se resuelven».
Pero lejos de calmar los ánimos sobresaltados, el movimiento se ha ido encauzando y ahora demanda la dignificación del periodismo mexicano.
«En verdad quisiera estar con ustedes, pero aunque no asista transmite por favor mi apoyo y confianza en que este movimiento es necesario para que se valore la labor del periodismo», escribió Héctor Gordea, uno de los que habían sido secuestrados, en una emotiva carta a los organizadores en la que lamenta que las garantías que da el gobierno son prácticamente nulas.
«Cuando estuve secuestrado pensé en mi familia y me preguntaba si realmente valía la pena arriesgar la vida por cumplir con mi deber en esta maravillosa profesión. La respuesta fue simple: ‘sí vale la pena'».
La marcha se realizará dos días antes de que lleguen a México los relatores sobre libertad de expresión Catalina Botero, de la Organización de los Estados Americanos, y Frank La Rue, de la Organización de las Naciones Unidas, quienes estarán de visita tres semanas.