La revista americana Time se ha negado a darle el título de «persona del año», porque lo encuentra demasiado controvertido, y esto ya debería decirnos que algo interesante pasa con Julian Assange, fundador de Wikileaks. El reconocimiento de persona del año al fundador de Facebook representa, quizás, un repliegue entre freudiano y onírico a un […]
La revista americana Time se ha negado a darle el título de «persona del año», porque lo encuentra demasiado controvertido, y esto ya debería decirnos que algo interesante pasa con Julian Assange, fundador de Wikileaks. El reconocimiento de persona del año al fundador de Facebook representa, quizás, un repliegue entre freudiano y onírico a un internet más controlado, más corporativo. Facebook es un sitio asombrosamente innovador, pero se trata de algo que queda en el cauce del neoliberalismo, una rebelión limitada y, al fin y al cabo, «útil».
La que sí parece saber muy bien por dónde empezar con Assange es la justicia sueca: extradición desde Reino Unido y un proceso por crímenes sexuales. ¿Administración de la justicia o intento de silenciar a un personaje incómodo? Puede que Assange sea culpable de violación. En este caso es correcto procesarlo. Si Assange es culpable, que se sepa. O podría tratarse de una fabricación, de una maniobra gubernamental para silenciar a un personaje incómodo. Por raro que pueda parecer, tampoco en este caso la maniobra debería ser causa de alarma excesiva. No nos equivoquemos: no condonamos prácticas represivas. Pero no se trataría de un hecho nuevo.
Los peligros para Wikileaks
Desde siempre los gobiernos han intentado silenciar cualquier discurso político que se alejara demasiado de la norma institucional. Se trataría, pues, de un ataque que vendría de una dirección conocida, en contra del cual ya estamos razonablemente equipados para defendernos. Como escribía Dante Alighieri, «flecha prevista viaja más lenta». En cualquier caso, Wikileaks seguirá.
Lo que sí podría afectar a la supervivencia de esta web es la ola de justicia privada financiera que se ha puesto en movimiento. Paypal, la mayor empresa de pagos en internet, y Mastercard, han decidido que no tramitarán donaciones hacia Wikileaks.
Una acción que confirma el poder extra judicial de las empresas privadas en internet. Empresas como PayPal controlan el flujo de los recursos económicos en internet y, a diferencia de las empresas tradicionales, no tienen ninguna obligación a no discriminar. Una aproximación a la afirmación, la red como espejo del lejano Oeste de John Wayne, donde la justicia es débil y los ciudadanos (los poderosos, entre ellos) la administran con total impunidad. Pueden estrangular a cualquier web sin tener que justificar sus acciones, y sin ofrecer ninguna garantía legal. Osama Bedier, vicepresidente de PayPal justificó el bloqueo a Wikileaks en París con estas palabras: «El Departamento de Estado nos dijo que ellos [por Wikileaks] tenían actividades ilegales. Fue fácil».
La abdicación del Estado
Los Estados no sólo no parecen preocuparse por esta toma de poder de las empresas, sino que parecen operar activamente para fomentarla. Leyes como la recién presentada y, por el momento, rechazada, Sinde representan una renuncia voluntaria del Estado a su poder, y una entrega de este poder a las grandes empresas. En la ley Sinde no sólo se reconoce que los derechos de propiedad tienen prioridad sobre los derechos de expresión, también se renuncia al monopolio judicial en la aplicación de la ley, derrumbando la separación de poderes a la base de las democracias occidentales.
El castigo para violar la ley Sinde lo proporciona una comisión administrativa atenta a los intereses de la industria, y el juez se limita a dar el visto bueno a las decisiones de la comisión. Esta ley consagraría la transferencia del poder del juez a organismos privados y administrativos. Uno de los principales objetivos de lo que hasta ahora se conoce del ACTA, que todavía no ha sido firmado por sus promotores.
La ley Sinde, el tratado ACTA y el boicot de Paypal a Wikileaks pueden parecer, en un análisis superficial, cuestiones separadas, pero se trata de tres mecanismos de la misma transferencia de poder judicial a manos privadas.
Los Estados ceden a las industrias privadas la que según Max Weber era la esencia misma de su poder: el monopolio de la violencia legítima. De esta forma, no es algo casual que la ley Sinde se haya visto impulsada por presiones ocultas del gobierno de EE UU, el mismo Gobierno que impulsa las negociaciones sobre ACTA y los ataques a Wikileaks. El mismo Gobierno que, en un grado mayor que otros, se identifica con la nueva ideología de mercado.
Unas presiones de las que, irónicamente, no nos habríamos enterado de no ser por la existencia de la misma Wikileaks.
http://www.diagonalperiodico.net/La-red-en-mano-de-los-intereses.html