El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se ha revelado como un auténtico animal político. Y con un instinto -como se dice ahora- «proactivo» ante los embates de la adversidad. De hecho, en los últimos días supo articular un pase de facturas digno de enumeración. Primero, fustigó al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis […]
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se ha revelado como un auténtico animal político. Y con un instinto -como se dice ahora- «proactivo» ante los embates de la adversidad. De hecho, en los últimos días supo articular un pase de facturas digno de enumeración. Primero, fustigó al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, a quien no dudó en definir como un «agente kirchnerista». Luego, se las agarró con la canciller vernácula, Susana Malcorra, por haber dicho que el cautiverio de Milagro Sala «tiene impacto en la imagen del país». Y, finalmente, convocó a una cumbre de la UCR -la pata minoritaria de la alianza Cambiemos- debido a su impresión de que por semejante asunto el Poder Ejecutivo nacional le habría «soltado la mano». El disparador de esa animosidad casi sinfónica fue el desdichado comienzo del juicio oral a la líder de la organización barrial Túpac Amaru.
Ya se sabe que en la mañana del 15 de diciembre, desde el banquillo de los acusados, ella hizo de su indagatoria un alegato emitido en vivo por todas las señales de noticias, con la consiguiente repercusión internacional. Una pieza de oratoria que puso al descubierto las pulsiones vengativas de Morales, junto al carácter autoritario, violento y racista de su gestión. Demasiado costo para un expediente, por demás, kafkiano. Su eje procesal: unos huevos lanzados en octubre de 2009 sobre el actual mandatario -cuando aún era senador-, durante una protesta en la que Milagro Sala no participó.
Aquella fue la primera escala de su linchamiento judicial, alimentado por un sinfín de acusaciones posteriores. Acusaciones construidas con la metodología clásica en la materia: datos ficticios, pruebas plantadas, testigos extorsionados y el arresto de personas inocentes, empezando por ella misma, cuya detención ilegal transcurre desde el 16 de enero en el Penal del Alto Comedero.
Es probable que Morales no haya imaginado el alcance de tal osadía. Ni que su ya enfermizo empeño por prolongar el encierro de aquella mujer terminaría enturbiando las relaciones exteriores del gobierno macrista que -de manera disparatada y a contramano de los tratados internacionales- depositó en él la potestad de incumplir las resoluciones -vinculantes- de la OEA, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas, desde luego, exigen su inmediata liberación y la de otros presos políticos de esa provincia. Pero al más puro estilo de la última dictadura, la respuesta más nítida de las «fuerzas vivas» del lugar consistió en atribuir tal inadmisible injerencia a «una campaña anti-jujeña en el exterior». Sí, con esas mismas palabras. La historia se repite en forma de farsa.
Tanto es así que un grupo de diputados oficialistas -sin duda, influenciados por el sistema penal de la Revolución Francesa- presentaron en la Legislatura local un proyecto de ley para que el Ejecutivo someta a «consulta popular» el encarcelamiento de Milagro Sala y sus compañeros de infortunio.
En paralelo, fatigaba los estudios de TV porteños uno de los inquisidores del Gobernador. Se trataba del «fiscal anticorrupción» -tal es el nombre del cargo que ocupa- Joaquín Millón Quintana. Y ante todo micrófono que se le puso a tiro, no vaciló en repetir: «Los organismos internacionales, por cuestiones de distancia, tienen claras dificultades para entender la investigación».
Sin embargo, bajo estas expresiones algo pintorescas subyace un panorama estremecedor.
El corazón de las tinieblas
Justo cuando el doctor Millón Quintana desgranaba desde Buenos Aires sus opiniones en la radio La Red, a 1500 kilómetros de allí se producía una brutal represión a los presos del penal de Villa Gorriti, un ex centro clandestino de detención situado en San Salvador de Jujuy. Aún estaba caliente el cuerpo del interno Nelson Cardozo, de 21 años, «suicidado» horas antes por una patota de penitenciarios.
¿Acaso era un «daño colateral» de la investigación aludida por el fiscal? Por lo pronto, el hilo que vincula dicho asesinato con las desventuras de Milagro Sala es el parentesco de la víctima con su tío, Alberto Esteban Cardozo, otro rehén del caso. Su infortunio merece ser contado.
«Beto» -como todos lo llaman- languidece en esa misma cárcel desde abril, cuando fue arrestado por el juez Pablo Pullén Llermanos en el marco de una causa que chorrea realismo mágico: un intento de homicidio contra su propia persona. En resumidas cuentas, este dirigente de la agrupación Tekuré -aliada a la Túpac- había denunciado en octubre de 2007 a dos personas que habían querido matarlo a tiros. Sus nombres: Fabián Ávila y Jorge Páez. Éste último, ya convertido en la «garganta profunda» de la pesquisa y beneficiado por ello con la libertad, dijo que Cardozo se había defendido también a tiros. Un grave crimen para el magistrado, quien resolvió recluirlo tras las rejas.
Fue el inicio de su vía crucis.
Según sus dichos -difundidos recientemente por su mujer, Analía Tolaba, en medios de circulación nacional-, primero fue alojado en el célebre Pabellón 2, un sector de castigos. Allí le prodigaron una impiadosa bienvenida.
Tres días después, recibió la visita de Analía en el patio de la cárcel. Aquella mañana hacía un frío polar, y él lucía demacrado, con moretones y la barba crecida; pero lo que más le impresionó a ella fue que algunos de sus cabellos se habían encanecido.
-Sacame de acá -murmuró entre sollozos-. ¡Me van a matar! Me quedo dos días más y me matan si no me mato yo.
En aquellas setenta y dos horas fue sometido a extensas sesiones nocturnas de golpizas. Lo tenían desnudo, con las manos atadas a los pies. También lo envolvían con el colchón para así molerlo a bastonazos. Jamás pudo ver a sus verdugos porque permanecía con capucha. Y no se la quitaban ni durante el descanso de los torturadores. Aunque sí conocía sus voces. Tales voces se le colaban en las hendijas del tormento para inquirir por «bolsas con dinero de la Túpac» y por Milagro Sala.
Esa fase de su arresto concluyó horas antes de ser revisado por una médica legista ante la celosa mirada de sus anfitriones. Por tal razón, cuando ella le preguntó que le había pasado, la respuesta fue: «Me caí por las escaleras».
Luego lo trasladaron al juzgado de Pullén Llermanos, quien no se mostraba interesado en el ataque a balazos contra sus agresores; en cambio, le soltó de corrido: «Si la denuncias a Milagro, vos salís hoy mismo». Esa propuesta fue repetida en otras dos forzadas visitas de Cardozo al magistrado, en ausencia de su abogada defensora.
Ella es la doctora Sara Cabezas. Y cuando solicitó explicaciones por vía del expediente sobre tales traslados, Pullén Llermanos únicamente atinó a decir: «Los ordené preocupado por el bienestar de su defendido».
Cardozo sigue en la sombra. Y en medio de aquella circunstancia ocurrió en otro pabellón del penal el sugestivo asesinato de Nelson, su sobrino.
En ese mismo momento, el fiscal Millón Quintana insistía: «Los organismos internacionales tienen claras dificultades para entender la investigación».
El recurso del método
Lo cierto es que el tratamiento carcelario aplicado sobre Cardozo constituye un leading case. Y describe con pelos y señales la lógica implementada por la Justicia jujeña para cosechar testigos de la acusación contra Milagro Sala. Una lógica extorsiva que no escatima víctimas, aberraciones ni denuncias para complicar la situación procesal de la dirigente tupaquera. Entre estas últimas hay de todo: desacato, amenazas, tentativas de homicidio, asociación ilícita y lavado de activos. No menos cierto es que tanto la organización Túpac Amaru como los movimientos de derechos humanos vienen denunciando desde hace meses tal estado de situación. Pero recién ahora -quizás por el impacto de las resoluciones de la OEA, la ONU y la CIDH- todo empieza a salir a la luz.
A esta altura no hay ninguna duda de que Jujuy es el laboratorio macrista del disciplinamiento social. Y eso, ya desde el inicio del gobierno de Cambiemos, cuando -el 14 de diciembre del año pasado- la entonces flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso el envío de la Gendarmería para reprimir el acampe de la Túpac frente a la sede del gobierno de la provincia. Claro que tal operación -concebida como el debut represivo del PRO a nivel nacional- se frustró por una desafortunada maniobra del azar: el fallecimiento de 43 uniformados al volcar en Rosario de la Frontera el micro que los transportaba.
Sin embargo, el Gobernador no perdió el tiempo. Tras asumir, se apuró en mandar a la Legislatura un proyecto para ampliar de cinco a nueve el número de integrantes de la Corte Suprema de Jujuy. Así instaló en el máximo tribunal a diputados radicales de su confianza, junto con parientes de sus funcionarios. Dicho sea de paso, aquel trámite parlamentario no le llevó más de 24 horas, y dos de sus elegidos acababan de votar aquella ampliación en su condición de legisladores. A su vez, la presidente de la Corte, Clara De Langhe, nombró a su yerno, Gastón Mercau, como juez del juzgado ad hoc para las causas contra militantes de la Túpac -cargo del cual luego sería relevado por el implacable Pullén Llermanos-, mientras el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, colocaba a su amante, la doctora Liliana Fernández de Montiel, en la fiscalía competente en aquellos mismos expedientes. Así fue diseñada la arquitectura judicial para convertir a Milagro Sala en un cadáver político. O en un cadáver a secas.
Así se fundó la Republiqueta de Morales. Un infierno institucional con casi 800 mil habitantes, en cuya organización política -que bien se podría tildar de democrático-fascista- resaltan las formas primarias del terrorismo de Estado.
Su verdadera naturaleza está ahora a la vista.