Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
«Proyecto sojero» denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. «Plan agroalimentario» lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como «la iniciativa más importante de la historia provincial». Una gran diversidad de sectores advierte que será la «sojización» de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la «inversión» y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de «Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio»: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como «parte A», la empresa china como «B», las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.
«La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.», grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: «(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios».
El ítem once obliga a la provincia a «poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas» que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la «futura explotación» se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.
A partir de la carilla once comienza el «anexo» del acuerdo. El Estado provincial se compromete a «ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes». El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero «el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina». La «inversión» china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.
El acuerdo destaca que China enviará «especialistas» para investigar la forma de inversión, pero «todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)».
También se obliga al propio Estado de Río Negro a «brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental», y ceder «sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas». Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, «se renovará automáticamente».
Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las «tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione» y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.
El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, remarcó que, como ingeniero agrónomo, posee amplia experiencia en agricultura bajo irrigación. «Sin dudas es el proyecto más importante de la provincia. Y las críticas son más ideológicas que técnicas. A todos les damos las mismas facilidades para que inviertan en la provincia», señaló y se lanzó con críticas al modelo agropecuario argentino: «Es una amenaza que el país tenga el 60 por ciento de su superficie cultivada con monocultivo. Es un disparate la dependencia a la soja, al glifosato y también a China. No adherimos a ese modelo, es un paquete tecnológico muy peligroso, porque además suma agroquímicos como el endosulfán».
El funcionario afirmó estar «atento a la preocupante información que comienza a conocerse sobre el glifosato» y remarcó que el gobernador tiene la misma mirada crítica sobre el modelo agropecuario.
A pesar del rechazo al monocultivo, el subsecretario de Producción rechazó enfáticamente la posibilidad de que, en el acuerdo con China, se prohíba sembrar soja. «No es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo», retrucó y argumentó que la soja en Río Negro es menos rentable que el maíz. Durante la hora de entrevista desestimó una decena de veces que China siembre las 240 mil hectáreas con soja, reconoció que esa limitación no figura en ninguna parte del acuerdo firmado y su reiterado argumento antimonocultivo fue la supuesta baja rentabilidad de la oleaginosa en la zona patagónica.
En Viedma, el gobernador Miguel Saiz brindó una conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de China. «Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China (…) Río Negro tiene un escenario histórico para formular un proyecto de desarrollo de carácter integral para los últimos valles de clima templado que quedan en Latinoamérica sin producción».
Explicó que se estima la siembra de entre 200 mil y 250 mil hectáreas, afirmó que la producción estará a cargo de los actuales propietarios y precisó las «fortalezas» que identificaron desde la empresa China: la aptitud del suelo y clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia.
Desde 2003 la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior comenzó con pruebas experimentales de soja en Río Negro. En septiembre de 2006 el Ministerio de Producción firmó un convenio con la empresa Relmó SA para sembrar soja en doce hectáreas de la localidad de Choele Choel. El miércoles 18 de abril de 2007, el gobierno provincial festejó e inundó las redacciones con gacetillas de prensa: «Levantan la primera cosecha de soja en la provincia de Río Negro».
«Esta experiencia adaptativa es un paso previo necesario para continuar observando cómo se adapta el cultivo al suelo rionegrino. Con estos datos fidedignos podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas. Río Negro ve en esta iniciativa un proyecto interesante en lo que hace a la extensión de la frontera agrícola», afirmaba el ministro de Producción, Juan Accatino, en el comunicado oficial de hace tres años.
Detrás de esa primera siembra estaba el denominado «Proyecto Soja Patagónica», donde media decena de empresas de agronegocios impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas. Entre ellas, figuraba la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos.
El Ministerio de Producción precisa que en la actualidad existen sólo 2000 hectáreas con soja. Y detalla que en toda la provincia existen 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, todas bajo riego, principalmente por medio de canales y acequias. La mitad de esa superficie dedicada a la fruticultura. El acuerdo con China duplicaría la superficie sembrada y sextuplicaría el área dedicada a los principales cultivos (peras y manzanas abarcan 40 mil hectáreas).
«Corrimiento de la frontera agropecuaria» es un término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario. Implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Si China decide sembrar en Río Negro, será el desembarco masivo de la soja en la Patagonia.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-163678-2011-03-08.html
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