La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el 28 de abril la liberación inmediata de dos mujeres indígenas que permanecieron encarceladas por casi cuatro años, acusadas de mantener como rehenes a seis agentes de la Policía Federal tras un operativo en una feria comunal. El tribunal señaló que no había suficientes evidencias contra […]
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el 28 de abril la liberación inmediata de dos mujeres indígenas que permanecieron encarceladas por casi cuatro años, acusadas de mantener como rehenes a seis agentes de la Policía Federal tras un operativo en una feria comunal. El tribunal señaló que no había suficientes evidencias contra las dos mujeres hñahñu, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes negaron con vehemencia haber cometido algún delito.
Alcántara y González habían sido condenadas por supuestamente haber secuestrado en marzo del 2006 a los agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) -ahora Policía Ministerial Investigadora- y se encontraban esperando un nuevo juicio. Ambas provienen del céntrico estado de Querétaro, una de las zonas más pobres del país.
El caso provocó la indignación de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, que las declaró «presas de conciencia», y de organizaciones como Naciones Unidas, que ha demandado al gobierno pedir disculpas y entregar reparaciones a ambas mujeres. El gobierno no ha dado las disculpas del caso. Muchos grupos de derechos humanos afirmaron que Alcántara y González fueron sentenciadas usando evidencias falsas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), que ejerció la defensa de las indígenas, señaló que la intervención de la Suprema Corte fue relevante para mostrar las irregularidades en el proceso penal.
«La intervención de la Suprema Corte ha sido relevante para evidenciar las irregularidades existentes en el proceso», dijo el PRODH en un comunicado.
«No basta la resolución de la Corte para que Alberta y Teresa, como tantas otras mujeres, accedan a la justicia», agregó el comunicado. «No obstante, su mensaje es claro: las autoridades deben poner un alto a este tipo de prácticas y los jueces deben corregir las irregularidades antes que avalarlas».