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La tortura en México bajo la lupa de la ONU

Fuentes: Argenpress

El Comité contra la Tortura de la ONU, exige a México que concluya investigaciones rápidas e imparciales sobre la masacre de mujeres en Ciudad Juárez, y de la represión a las manifestaciones de mayo pasado en Jalisco y San Salvador Atenco. Las medidas solicitadas se extienden a suprimir, en todos los estados mexicanos, la figura […]

El Comité contra la Tortura de la ONU, exige a México que concluya investigaciones rápidas e imparciales sobre la masacre de mujeres en Ciudad Juárez, y de la represión a las manifestaciones de mayo pasado en Jalisco y San Salvador Atenco. Las medidas solicitadas se extienden a suprimir, en todos los estados mexicanos, la figura del «arraigo penal», y a revisar algunas normas que regulan la competencia de los tribunales militares. México tiene un año de plazo para notificar las disposiciones tomadas que remedien estas situaciones.

Integrado por diez expertos independientes nombrados por los propios 142 países que han ratificado la convención internacional en la materia, este Comité mantuvo dos días de debates con las autoridades mexicanas en Ginebra. El próximo viernes se publican las «recomendaciones», que tienen el valor diplomático de sentencia para los países que acatan ser examinados por Naciones Unidas, cuyo anticipo se revela ahora en exclusiva.

La propagación de la violencia contra la mujer ha sido quizás el tema que más conmovió al Comité. Tanto por los 400 homicidios en Ciudad Juárez, cómo por las acusaciones llegadas a Ginebra de violencia sexual, y de infracciones cometidas por agentes estatales en la investigación de «estos horrendos delitos». La ONU pide juicio y castigo para los culpables, pero también «rehabilitación física y psicológica» y «reintegración social» de las víctimas, las que merecen «una reparación justa y efectiva». En ese contexto, los «servidores públicos denunciados por emplear métodos de tortura con el fin de obtener confesión», deben ser sancionados por la justicia, sin olvidar la garantía «que ninguna declaración» arrancada bajo tortura, «pueda ser invocada como prueba».

La ONU le recuerda a México que el «uso de la fuerza durante las manifestaciones solo será utilizado como último recurso», y que deben depurarse las responsabilidades de las «violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos», sobre todo en operaciones policiales. La ONU subraya que el empleo de la tortura «y los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por militares contra civiles siempre son competencia de tribunales civiles, aún cuando hayan ocurrido en un acto de servicio».

La ONU preconiza la abolición completa y efectiva en todo México del «arraigo penal», que permite detenciones preventivas de hasta 90 días de sospechosos en «casas de seguridad» bajo control judicial. Declarada recientemente inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se espera en Ginebra que la decisión se generalice al conjunto de su legislación y se aplique a lo largo del país.

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