Desde las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos a los genocidas, los años de la dictadura militar parecían una historia remota, y los asesinos que causaron la desaparición de 30 mil luchadores populares gozaron de una impunidad absoluta. Sin embargo como parte del proceso democrático abierto en el argentinazo, se produjeron […]
Desde las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos a los genocidas, los años de la dictadura militar parecían una historia remota, y los asesinos que causaron la desaparición de 30 mil luchadores populares gozaron de una impunidad absoluta. Sin embargo como parte del proceso democrático abierto en el argentinazo, se produjeron dos hechos de importante relevancia que dieron inicio a un nuevo capítulo en la lucha por la verdad y la justicia. Por un lado la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y por otro la sentencia por genocidio a Etchecolatz. Es preciso entender la relevancia y dinámica de este proceso para realizar una apuesta a largo plazo desde una perspectiva socialista y anticapitalista.
La lucha contra la impunidad como una lucha estratégica contra el régimen de dominio
La Argentina no es el caso extremo de la impunidad y, debido al enorme movimiento democrático de masas de lucha contra la dictadura y que continuó exigiendo el juicio y el castigo durante la década del ´80, no ha seguido el modelo chileno. Aún así, los partidos tradicionales, tanto la UCR como el PJ, han contenido los reclamos, salvando a los militares en pos de la «reconciliación»; de allí la claudicación a Rico y la leyes de impunidad de 1987, que Alfonsín pagó con una caída estrepitosa de su popularidad. Luego seguiría Carlos Menem con los Indultos. La cobertura teórica de esas medidas fue la «teoría de los dos demonios» que considera a los luchadores populares como un bando terrorista. Esta operación salvó no sólo a los militares, sino que estuvo destinada a lavar la ropa de esos mismos partidos, que apoyaron las leyes de aniquilación a la subversión de Luder en 1975 y a la triple A, organizada por el propio peronismo en el poder y con el apoyo entusiasta de la UCR (recordemos el llamado de Balbín a «aniquilar a la guerrilla fabril»). De esta manera se aseguraron un pacto tácito con las fuerzas represivas, en la medida en que no se tocaron sus intereses y sus personajes, a cambio de integrarse en las necesidades del nuevo régimen político y contribuir a su estabilidad.
Con las leyes de impunidad las fuerzas represivas a la salida de la dictadura militar continuaron albergando a los genocidas. Evidencia que hace irrefutable esta aseveración son las recientes declaraciones de Arslanian ante un pedido de la querella en la causa por la desaparición de López que se sustancia en la justicia federal: sólo en la Bonaerense continúan en función 9.026 policías que ingresaron durante la dictadura militar ¡el 20% del total! y muchos de ellos participaron activamente de la represión. Se calcula que en la dictadura militar participaron 30 mil genocidas en las fuerzas armadas, y cerca de 10 mil civiles (empresarios, políticos, jueces, curas, etc) que fueron cómplices directos de la dictadura, como la empresa Ford que entregaba los Ford Falcon verdes por centenares con los números de motores borrados o cambiados de fabrica. Es decir, cerca de un total de 40 mil de genocidas. Si calculamos que alrededor de 30 mil continúan vivos, siguen mayoritariamente gozando de una absoluta impunidad, ya que la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final permitió abrir 200 nuevas causas y actualmente existen cerca de 200 juzgados de los cuales la mayoría goza de prisión domiciliaria.
La supervivencia de estos genocidas, la continuidad de los mismos grupos económicos que fueron cómplices de la dictadura, hace que la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha abiertamente contra el actual régimen de dominio, es decir, contra las fuerzas represivas y contra sectores de la burguesía. Aquí entra la importancia histórica y la relevancia del fallo a Etchecolatz. Mientras que en la condena al Turco Julián se reivindica la teoría de los dos demonios, en la del juicio a Etchecolatz, al contrario, en primer lugar se reconoce la existencia de un genocidio y además en la sentencia se habla del objetivo del genocidio de imponer un plan económico. El precedente que implica este fallo podría sentar las bases no sólo para condenar a los asesinos en las próximas causas de los juicios por la verdad que comienzan en febrero, sino también para derogar los indultos a los asesinos -recordemos que, según todos los tratados internacionales, los crímenes contra la humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados- y para enjuiciar y encarcelar no sólo al conjunto de militares implicados en la dictadura militar, sino también a los cómplices, empezando por los empresarios y los curas que colaboraron con el genocidio. Es decir que habría que investigar a los 9 mil policías de la bonaerense que fueron parte de la dictadura, a los miles y miles de policías y militares en todo el país que fueron parte de las fuerzas represivas en aquel entonces, a todos los empresarios que colaboraron, como Ernestina de Noble, Amalita Fortabat, etc. a los curas, los periodistas como Mariano Grondona, y cientos y cientos de empresarios y grupos económicos.
El gobierno de Kirchner y la verdad
Innegablemente este gobierno ha tomado ciertas medidas de carácter progresista en relación a los derechos humanos. Por ejemplo el remover del ejército a los militares que participan públicamente de actos de la ultraderecha, el discurso y el perfil que ha tenido en ciertas oportunidades, como la creación del museo en la ESMA, y por sobre todas las cosas haber aprobado en el Parlamento la derogación de la ley de obediencia debida y punto final a partir de la iniciativa de la diputada Patricia Walsh. Sin embargo no ha adoptado ninguna medida que vaya a fondo en desmantelar el aparato represivo que continúa desde la época de la dictadura. Ni siquiera ante las desapariciónes de López, de Geréz y las diversas amenazas, aprietes e intimidaciones de la ultraderecha. Por el contrario, en el discurso pronunciado en cadena nacional horas antes de la aparición de Geréz reconoció el operar de la ultraderecha fascista al decir:
«Todo hace pensar que en ambos casos ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, es decir elementos paramilitares o parapoliciales, que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Se trata de la misma metodología que utilizaron tras el histórico juicio a las juntas militares: extorsionar para obtener impunidad. En aquel momento fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Los actores son diferentes pero los beneficiarios del objetivo de impunidad siguen siendo los mismos.»,
pero no adoptó ninguna medida que se corresponda con semejante situación de inseguridad y de accionar mafioso y terrorista ¿Por qué si no se niega a anular los indultos? ¿Por qué no impulsa un juicio político a los jueces de la dictadura o no exonera a los integrantes de las fuerzas de seguridad que tuvieron que ver con la represión? ¿Por qué no entregan a los organismos de derechos humanos y la justicia las listas de aquellos 9 mil policías de la bonaerense para que se los investigue y se los juzgue? ¿Por qué el gobierno a 4 meses de la desaparición de López no ha tomado medidas de fondo contra la ultraderecha? Si Kirchner tomase alguna de estas medidas sería elemental que todos vayamos a Plaza de Mayo a apoyarlas para enfrentar a los genocidas, pero sin embargo el gobierno se muestra timorato y no va a fondo. Y se debe justamente a su carácter de defensor y parte de un régimen corrupto y descompuesto, un régimen que tiene una pata en los genocidas, como también en las mafias policiales, la vieja política, los viejos gobernadores y funcionarios menemistas, la corrupción y las empresas que saquean el patrimonio nacional y los recursos naturales. Tomar medidas de fondo contra los genocidas significa ir en contra del régimen de dominio y de sectores de la propia clase dominante sobre los cuáles se sostiene el kirchnerismo.
Contra la Impunidad, construir una Nueva Izquierda
Tanto el nacionalismo de Kirchner como las diversas variantes radicales, centroizquierdistas, peronistas han demostrado ser partícipes de un régimen de impunidad al cual no combaten ya que se asientan sobre esas mismas bases. Sin embargo la izquierda revolucionaria y los movimientos populares de lucha sufren un profundo aislamiento con respecto al movimiento de masas que tiene fuertes expectativas en el crecimiento económico, la esperanza en una mejora de la calidad de vida y en que los problemas políticos como la impunidad los solucione Kirchner por arriba. De lo que se trata entonces es de postular una nueva izquierda anticapitalista y socialista que pueda dialogar con el conjunto de la población para construir un movimiento democrático de masas. Ni siquiera el programa más «puro» en abstracto puede resolver por medio de la agitación la experiencia práctica-concreta que las masas tienen que realizar con el nacionalismo burgués. Sólo en la lucha de clases y en el proceso de experimentación política las propias masas pueden comenzar a cuestionar las bases de dominación del régimen. Lejos de tener que recitar la dictadura del proletariado y los límites del nacionalismo burgués todos los días para «instruir» a las masas, la tarea de una nueva izquierda en Argentina debe ser la de acompañarlas pacientemente partiendo de los fuertes sentimientos democráticos que les son propios, ser parte de los procesos reales y partir de la conciencia y el nivel de subjetividad, lucha y organización actuales de las más amplias capas de la población para lograr romper el aislamiento.
En ese sentido, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia y las diversas multisectoriales que existen a nivel nacional impulsadas por los organismos independientes del gobierno, los movimientos sociales y la izquierda han cumplido un importante papel en la movilización por la aparición con vida de Julio López y la exigencia al gobierno nacional de que tome medidas al respecto. Desde este espacio se ha denunciado reiteradas veces lo mal que fue llevada adelante la investigación del secuestro de Julio López, como evidencian las escandalosas declaraciones del fiscal Martini -a cargo hasta hace unas semanas de la investigación en la justicia provincial- que fue claro como el agua al decir «no hay vigilancia permanente frente a la casa de la familia López, porque no se está investigando ningún delito». Gracias al propio accionar de este sector de los organismos de derechos humanos es que han logrado llevarse adelante partes importantes de los juicios y la investigación a los genocidas y gracias a la lucha histórica es que se asegurará la continuidad de los juicios.
Pero de lo que se trata es de hacer una «apuesta» a la largo plazo, es ese sentido es preciso llegar a las más amplias capas de la población en forma unitaria con todos los sectores que estén dispuestos a realizar una gran campaña nacional contra la impunidad. En las calles, los barrios, las escuelas, universidades, lugares de trabajo, proponiendo puntos democráticos elementales como la derogación de los indultos, el juicio único y la cárcel común a todos los genocidas, la aparición con vida de Julio, la condena a los sectores de la ultraderecha que están operando y que se garantice la posibilidad de continuar con los juicios por la verdad. Sólo de esta manera podremos dialogar con las más amplias masas y mediante la agitación política, la movilización, la lucha y las elecciones la izquierda podrá convertirse en un factor de peso y en una alternativa democrática para millones en todo el país.
Agustin Franchella es miembro de Corriente Praxis