El 12 de octubre de 2009 asesinaron de un balazo al diaguita Javier Chocobar. A tres años del crimen, los acusados están en libertad y la Provincia aún no entregó el título comunitario de la tierra. Viaje a la comunidad diaguita que resiste frente a empresarios, policías, jueces y políticos. La nube gris está en […]
El 12 de octubre de 2009 asesinaron de un balazo al diaguita Javier Chocobar. A tres años del crimen, los acusados están en libertad y la Provincia aún no entregó el título comunitario de la tierra. Viaje a la comunidad diaguita que resiste frente a empresarios, policías, jueces y políticos.
La nube gris está en a cima del cerro, sólo deja ver unas casas bajas. La subida es espinada y sinuosa, angosta y de piedra, sólo se sube a pie. La vegetación es abundante, verde a ambos lados del sendero. Son sólo cinco minutos de caminata, pero dejan sin aire. Arriba, separadas por un patio de piedra, cuatro casas de adobe, techo a dos aguas, muy prolijas. Desde la cima se observa el valle, otros cerros y un riacho. Es un paisaje de postal. Es la casa del diaguita Javier Chocobar, asesinado por defender el territorio ancestral, pretendido por empresarios que pretenden explotar la riqueza de las piedras lajas y el enorme potencial turístico. El silencio, y la impunidad, del crimen radica en que son una comunidad indígena y que enfrentan a empresarios, policías retirados, caudillos políticos y Poder Judicial. La comunidad encuentra otro factor que le juega en contra: «Los grandes medios juegan para el poderoso». Crónica desde territorio diaguita.
Fecha trágica
De San Miguel de Tucumán, por ruta provincial 9, 60 kilómetros al norte. Poco más de hora y media. Departamento de Trancas. Al dejar la ruta, un camino de tierra recto, ancho, es la antesala. El auto gira a la izquierda y encara por un camino angosto, maltrecho, que zigzaguea mientras sube el cerro. Curva y contracurva, no más de cinco minutos, y se abre una panorámica impecable, de cerros en fila, nubes bajas y pendientes repletas de vegetación, verdes en distintas tonalidades.
Una piedra larga, incrustada en la pared del cerro, anuncia: «Comunidad Indígena Chuschagasta». De 800 habitantes, 40.000 hectáreas pretendidas por empresarios de canteras, especuladores inmobiliarios y políticos de distinto signo.
El camino desemboca en un riacho, en estos días de escaso caudal, y una pared natural de lajas grises con tonalidades de rojo. Fue el escenario del crimen. La comunidad apunta al empresario Darío Amín (que pretende explotar la cantera), acusado de apretar el gatillo.
El asesinato de Chocobar (68 años) fue un día simbólico: 12 de octubre (de 2009), fecha sindicada por los pueblos originarios del continente como el comienzo de sus males.
«Papá, abuelo, nunca te olvidaremos. Te recordaremos para siempre en nuestro corazón». Escrito con pintura blanca en la pared de lajas. A dos metros, en el lugar preciso donde cayó Chocobar, una ermita (pequeña capilla, de un metro de alto), construido con las mismas lajas. Una cruz negra, y flores frescas.
Periodismo cuestionado
Desde la casa de Chocobar, en la punta del cerro, se observa el lugar del asesinato. Las nubes bajas traen llovizna, y el viento fresco obliga a refugiarse. Un alero de cuatro metros por cuatro hace las veces de living. Dieciséis personas reunidas, trece adultos, tres niños. El mate circula, la torta frita caliente es exquisita.
Gabriel Chocobar (hijo de Javier), abre la charla. Pide disculpas porque no está toda la familia. «Nos sigue haciendo mal recordar y contar lo de ese día triste. Y nos hace mal que no haya justicia», resume en forma de prólogo.
Un hombre alto, robusto, pelo corto azabache, sentado en un rincón, toma la palabra. «Se habla mucho del derecho a la información y de la libertad de expresión, pero eso no corre para los pueblos originarios. Los medios están manejados para no contar la verdad», arremete con hablar firme, mirada de enojo. Hace silencio, y se presenta: «Andrés Mamani». Otra vez silencio, y remata: «El Gobierno no quiere que se sepa la injusticia que vivimos».
Padecen al periodismo como aliado del poder político. El recelo está justificado y se percibe en la atmósfera de la reunión.
La comitiva también está integrada por Carlos Soto, técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (del Ministerio de Agricultura de Nación), que trabaja junto a la comunidad. Soto también integra la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), espacio kirchnerista que pretende debatir el modelo agropecuario, correr por izquierda a la Mesa de Enlace, aunque con escaso poder para torcer el rumbo sojero que eligió el Gobierno.
Soto explica la razón de la visita. Tiene buena recepción en la comunidad. Mantendrá perfil bajo durante el resto de la reunión. También acompaña Mariana Fuentes, que se presenta ante la comunidad: es parte del colectivo periodístico Contrapunto, medio autogestionado, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Quiénes más espacio, y mejor, cubrieron el asesinato de Chocobar. Al escuchar «Contrapunto», la confianza vuelve a la reunión. Luz verde para seguir.
Mamani viste buzo celeste, jean azul, zapatos negros impecables. Estaba junto a Chocobar el día del ataque. Una bala ingresó por su abdomen. Lo llevaron de urgencia al hospital local de Trancas. Y de inmediato a la capital tucumana. Estuvo un mes y 28 días inconsciente. Al despertar se enteró de la muerte de Chocobar, y que él había estado dos meses dormido, a un paso de la muerte.
«Fue duro», recuerda, hace una pausa y corrige: «Es duro».
Estuvo internado cinco meses y medio. «El médico me dijo ‘te hemos salvado, ya casi estabas en el cajón'». La esposa de Mamani (sentada junto a él) mira al piso, lagrimea.
Mamani tiene seis hijos. Nahuel, de 10 años, presenció cuando balearon a su padre. «Toda la familia sufrió, pasó necesidad, todo es muy triste, aún no podemos reponernos. ¿Y sabe por qué? Porque no hay justicia», denuncia.
El crimen
La comunidad diaguita Chuschagasta habita el lugar «desde siempre», fecha que se repite en el campo profundo cuando se le pregunta a indígenas y campesinos una fecha de radicación. En la práctica, implica (al menos) desde tiempo de los abuelos que ya fallecieron, más de cien años. En la década del 70 comenzaron los problemas en Trancas. Políticos y empresarios de la época comenzaron a visitar el lugar y reclamar lo que la comunidad siempre había poseído y trabajado.
Darío Amín es un resabio de aquellos supuestos propietarios. «Nunca trabajó la tierra. Hace tres o cuatro años llegó y se presentó como dueño, quiere explotar la cantera», explica Azucena Cata, joven diaguita de la comunidad.
Los primero días de octubre de 2009, Amín había intentado ingresar a la cantera. La comunidad estaba alerta y hacía guardias para prohibirle la entrada. El 12 de octubre llegó a las 18.30. Lo acompañaban dos hombres. Fue directo a la cantera. Le salieron al cruce Javier Chocobar, Andrés y Emilio Mamani. Incluso había niños de la comunidad. Amín preguntó quién era el encargado.
«No hay encargado, somos comunidad indígena», fue la respuesta.
Amín fue rumbo a la cantera junto a otro hombre, que nunca se había visto en el lugar.
Mamani recuerda: «Él sabía que no podía estar ahí. Le dijimos que se retire. Entrecruce de palabras y sacó el arma. Fue un momento, como un relámpago, varios disparos y cayó don Javier Chocobar».
La charla se vuelve bullicio. Todos recuerdan alguna parte del hecho, todos necesitan contar. Algunos estaban en el lugar, otros lo vieron desde arriba del cerro, el resto cuenta lo que se dijo luego en la comunidad. Hay consenso en que de un lado había armas, del otro sólo piedras.
«No fue enfrentamiento, como dijeron algunos medios. Vinieron a matar», afirma Néstor Chocobar. Hombre de unos 60 años, anteojos y canas. Y apunta al diario más importante de la provincia: «La Gaceta miente, siempre del lado de los terratenientes».
Contrapunto reveló que junto a Amín estaban los policías retirados José Valdivieso y Luis «el niño» Gómez. Éste último está acusado de integrar el comando parapolicial «Atila», que comandaba el cuestionado comisario Malevo Ferreyra en la década del 80. Gómez también es cuñado del jefe de la Policía de Tucumán, Hugo Raúl Sánchez.
Amín, grandes medios de comunicación y poder político argumentaron «enfrentamiento». Un muerto y dos heridos (Andrés y Emilio Mamani) del lado de la comunidad. Los agresores: ilesos.
Semanas después, un video fue subido a internet. Mostró el momento exacto del asesinato. Chocobar interpela a Amín. Éste saca el arma, dispara. La cámara cae. Se escuchan gritos.
Pese a la prueba, la Cámara de Apelaciones en lo Penal dejó en libertad a los acusados. Recién casi dos años después, en agosto de 2011, se elevó a juicio, que debiera ser en 2012.
«Hay testigos, hay video, hay muerto. Y los culpables están libres. ¿Cómo creer en la Justicia?», interroga Mamani. Cada una de sus intervenciones es seguida en silencio, se lo identifica como un referente. El resto de la comunidad asiente con la cabeza.
«Los jueces y los políticos son una misma cosa. Se cuidan entre ellos y se hacen ricos a costa nuestra. Somos pobres, pero no se la vamos a hacer fácil. El territorio es nuestro, nuestra sangre está en esta tierra».
La mediamañana se hace mediodía. Darío Chocobar y las mujeres se ausentan un momento. Vuelven con fuentes con pizza y gaseosas.
Mamani explica que muchos integrantes de la comunidad se fueron en busca de trabajo. Lamenta que los gobiernos no impulsen políticas de trabajo en el lugar, para permanecer en la tierra ancestral. Pero recuerda una regla no escrita, pero vigente en la gran mayoría de comunidades indígenas: «Todo aquel que fue nativo, siempre puede volver. Si son de acá, siempre la comunidad está a disposición de quien quiera regresar».
Llega un hombre mayor. Camina lento, aparenta unos 70 largos. Botas de goma negras, pañuelo gris que envuelve su cabeza y se anuda en el mentón. Sombrero de ala ancha. Todos lo saludan. Observa a la visita, toma asiento y se presenta: «Balderrama, Demetrio Francisco. Cacique de la comunidad Chuschagasta».
De inmediato toma la palabra. Parece más diplomático que Mamani. Mide las palabras. Su primera intervención parece calculada, una jugada de ajedrez: «El Gobierno Nacional ayuda, no nos podemos quejar de eso», afirma.
Carlos Soto, del Ministerio de Agricultura de la Nación, agradece el reconocimiento, mueve la cabeza hacia adelante, gesto de aprobación (en el viaje de vuelta a San Miguel de Tucumán remarcará a este periodista el dicho del cacique, teme que no esté citado en la nota).
Provincia y Nación
En noviembre de 2009, un mes después del asesinato de Chocobar, la ONG Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes) relevó que al menos 13 de las 19 comunidades indígenas de la provincia enfrentaban procesos judiciales para ser echadas del territorio donde siempre habían vivido. La explicación de los abogados era simple: los terratenientes locales redoblaron la presión por tierras en paralelo que comenzaba a aplicarse (con demora de tres años) la Ley Nacional 26.160 (de suspensión de desalojos y relevamiento territorial).
En los últimos tres años, se mantuvo la presión para que comunidades indígenas abandonen el territorio. «El gobierno provincial siempre nos ha mentido. Y nos sigue mintiendo. Prometen, prometen, pero luego mandan al juez, a la policía o al empresario», denuncia Gabriel Chocobar.
José Alperovich gobierna la provincia desde 2003. Fue reelecto en 2007 y vuelto a elegir en 2011. A pesar de su origen radical, se declara un ferviente kirchnerista. Su esposa, la senadora Beatriz Rojkés, fue designada (con venia de la Presidenta), titular del Senado Nacional.
«La defensa de las tierras tradicionales por parte de la comunidad Chuschagasta, que ya se encuentran reconocida por principios constitucionales y tratados internacionales, se ha llevado la vida de un hermano por la ausencia total de compromiso y de acciones positivas y concretas a fin de asegurar nuestros territorios por parte del Gobierno Provincial y Nacional», denunció la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita (UNPD), que nuclea a 54 comunidades (incluida la de Chuschagasta) de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
El comunicado, fechado el 15 de octubre de 2009, tres días después del asesinato, y firmado por todos los caciques de la UNPD, reclamó: «Exigimos a ambos gobiernos (provincial y nacional) que en forma inmediata realicen todas las medidas necesarias para asegurar las tierras tradicionales y, en particular, hagan las investigaciones para que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad, aplicándose las sanciones máximas pertinentes a los responsables».
A tres años del asesinato, la comunidad diaguita no tiene el título comunitario y los acusados del crimen esperan el juicio en libertad. Javier Chocobar fue asesinado el 12 de octubre de 2009. El 13 de marzo de 2010, en Santiago del Estero, murió de un paro cardiaco la campesina Sandra Ely Juárez, mientras enfrentaba una topadora que pretendía arrasar su vivienda y su campo ancestral. El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, fue reprimida la comunidad qom «Potae Na pocná-Navogoh» (Puño de oso hormiguero-La Primavera), y asesinado Roberto López. El 16 de noviembre fue el turno del campesino Santiagueño Cristian Ferreyra. El 10 de octubre, Miguel Galván, del Pueblo Lule-Vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase_VC).
Cinco asesinados en sólo tres años. Podrían haber sido más, pero (por suerte) falló la puntería.
«Los pueblos indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañen es sumamente restringida y tratada como una cuestión meramente asistencial», se denuncia en el «Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina: la agenda pendiente», un duro documento presentado en diciembre pasado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios de la UBA y la Comisión de Pueblos Originarios de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata -entre otras organizaciones-.
El escrito, de 60 carillas, advierte que «la falta de implementación efectiva de los derechos territoriales indígenas se ve agravada por el hecho que, en varios casos, las luchas emprendidas por las comunidades reciben una respuesta institucional violenta que incluye la criminalización, la represión, el asesinato y la persecución y amedrentamiento de las autoridades indígenas y los defensores».
El cacique Balderrama recorre la legislación en la que constan los derechos de los pueblos originarios: Constitución de Tucumán, Constitución Nacional, Ley 26.160 (que frena los desalojos y ordena el relevamiento catastral de todas las comunidades del país) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Es vergonzoso señor, no respetan la propia ley que escriben, son ‘ave negra’ (mala gente), quieren apropiase de la tierra, se la quieren dar a gente que nunca vivió acá, quieren pasarnos por encima, creen que somos ignorantes», se enoja Demetrio Balderrama.
-¿Quién tiene la culpa? (pregunta NAN).
-Primero los políticos. Y luego los jueces. Se creen Dios, pero son ‘ave negra’. No saben que todos somos iguales.
Hace silencio.
Todos los miran.
Ni los niños se mueven.
Retoma la palabra: «Todos somos iguales. Tienen que saberlo. Sólo que nosotros tenemos, acá (señala el piso), las raíces más profundas. Nosotros no vendemos, no nos vamos, nos quedamos acá, como el hermano Javier Chocobar».
* Versión completa del artículo publicado en la revista NAN número 6 de 2012.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.