Los pronósticos inflacionarios vienen bien. Pero el Presidente sigue desvelado con el tema. No le encuentra la vuelta al precio de la carne. Vislumbra un desafío político. El pleito con Uruguay no tiene aún una salida. Las buenas noticias de la economía siguen acompañando a Néstor Kirchner. Las exportaciones baten récords. La recaudación fiscal aumenta. […]
Los pronósticos inflacionarios vienen bien. Pero el Presidente sigue desvelado con el tema. No le encuentra la vuelta al precio de la carne. Vislumbra un desafío político. El pleito con Uruguay no tiene aún una salida.
Las buenas noticias de la economía siguen acompañando a Néstor Kirchner. Las exportaciones baten récords. La recaudación fiscal aumenta. La construcción continúa para arriba. Economistas privados empiezan a augurar con este ritmo un crecimiento anual que no caería del 8%. La inflación del primer trimestre, con certeza, no superará el 3%. Pero al Presidente no se lo observa ni conforme ni sedado.
¿Qué sucede? El control de las expectativas inflacionarias no le asegura la solución del problema. Hubo en ese campo un trabajo que dio frutos, pero que tuvo que ver con la política antes que con un encaje natural de las variables económicas. Los acuerdos básicos de precios funcionaron, pero esos acuerdos tienen vida limitada. ¿Cómo seguirá la historia? Es un interrogante que desvela a Kirchner.
Hay otro. La batalla por el precio de la carne se ha tornado más prolongada e incierta de lo que supuso. El cierre de las exportaciones no arrojó los resultados esperados. El bolsillo popular tampoco sintió alivio delante de los mostradores. El consumo no descendió en proporción a la inversión política y económica que hizo el Gobierno para forzarlo. El Presidente pareciera cosechar empates y derrotas en el pleito con el sector ganadero.
Por momentos sobrevuelan dudas sobre si existe una comprensión cabal del conflicto. Quizá no sea bueno que la realidad se observe sólo a través de un cristal político. Kirchner barrunta una hipotética conspiración, pero no posee argumentos convincentes.
El Gobierno detectó más de 15 mil operaciones de exportación de carne en los pocos días que mediaron entre el anuncio y la oficialización de la medida. Registró además un aumento sospechoso de los volúmenes de convenios bilaterales que fueron eximidos de aquella restricción. Esos negocios serán revisados por orden presidencial.
Kirchner bramó por una manifestación de ganaderos en Salliqueló y otra en Corrientes. Creyó descubrir allí hilos de la supuesta confabulación. No se explica por qué razón el sector se resiste a un acuerdo que los demás sectores aceptaron. Habría que convenir que la gestión no parece la mejor. El subsecretario de Agricultura negocia a espaldas del jefe del área, Miguel Campos. Javier de Urquiza -de él se trata- es el hombre de confianza del Presidente en ese tema. Habla con algunos pero no con todos. Insuficiente para una solución.
Los expertos del sector explican aquello que quizás el Gobierno no entiende. No hay en el ámbito ganadero una cadena integrada de producción, industrialización y comercio. Nadie representa al conjunto. Y predomina la reticencia a querer discutir sólo de los precios. Se demandaría una política a mediano y largo plazo que establezca prioridades estratégicas para asegurar el abastecimiento interno sin afectar los mercados externos recuperados.
La inflación tiene además otras acechanzas. Está la actualización de las tarifas y también la recomposición de los salarios. Al Gobierno le quedan por cerrar cinco o seis convenios con empresas privatizadas. Pero ya cerró alrededor de 50 con retoques tarifarios que no llegaron de modo directo a la sociedad. Esa pulseada generó tensiones, como la que derivó en la partida de la francesa Suez y la reestatización de Aguas Argentinas. Y las sigue generando. Julio De Vido espera para los próximos días el arribo de Antonio Bruffau, el titular de Repsol-YPF.
El Gobierno empezó a facturar un aumento del gas para empresas y comercios. El cálculo es que si la actividad productiva sigue como hasta ahora hará falta mayor cantidad de combustible. Un trabajo oficial señala que existiría una explotación despareja en las áreas patagónicas disponibles de petróleo y gas. ¿Problema de falta de inversión? Ese sería el reproche que escuchará el directivo catalán.
La empresa tiene otra perspectiva. «La explotación es despareja porque hay áreas que, sencillamente, son mejores que otras», explican. Repsol viene madurando un gesto que podría corresponder las aspiraciones de Kirchner: abriría su paquete accionario para el ingreso de capital nacional privado. Faltaría un paso -como sueña De Vido- para que el Estado pudiera intervenir en el control de algunas áreas.
¿Problemas en puerta con España? El Presidente aventa los fantasmas de una reestatización. Sabe, además, que Repsol es una empresa emblemática que forma parte del tramado político de José Luis Rodríguez Zapatero. No quiere líos insolubles con el premier español. Ya ganó la molestia de Jacques Chirac por la ruptura con Suez. Aunque tampoco hay equivalencias entre una cosa y la otra: un conflicto con Repsol sería, liso y llano, un conflicto con el Estado español.
La pelea por los salarios asoma menos acotada que la lucha por las tarifas. El comienzo del año implicó también la aceleración de los reclamos sectoriales. El Gobierno colocó, en ese aspecto, todos los huevos en una cesta: apuesta a que su alianza estratégica con Hugo Moyano pueda ayudar a evitar desbordes. Pretende que los aumentos futuros no superen la barrera del 20%.
Kirchner recibió en tres oportunidades la semana pasada a Moyano. De Vido compartió un asado con él junto a otros caciques sindicales. El Gobierno se había quedado con la promesa del líder camionero de que los pedidos no serían exagerados y realizados en forma hostil. Pablo Moyano, su hijo, a cargo de la conducción del gremio, lanzó la primera piedra: despachó un reclamo del 28% y amenazó con una huelga. Hubo incluso conato de piquetes en algunas fábricas. Su padre recibió una queja del Presidente y algunas cosas se encarrilaron.
¿Perdió Moyano el control de su gremio? ¿Su hijo Pablo actúa con total autonomía? Nada de eso. Conviene escuchar a un funcionario que negocia frecuentemente con ellos: «Son los métodos de presión que ejercen. Son los métodos de la vieja escuela sindical. Nada es fácil», dice resignado. El camionero no ganó el poder que tiene por un golpe de fortuna o de magia.
Kirchner optó por él antes que por los gordos cegetistas. Hizo un ensayo fallido con la CTA de Víctor De Gennaro. Moyano tuvo un peso decisivo en la reforma del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. El líder gremial intervino también cuando estalló el conflicto con los petroleros en Las Heras. Está en la mesa del diálogo cada vez que se suceden las huelgas o las amenazas en Aerolíneas Argentinas.
El Presidente está cansado de Ricardo Cirielli. Es subsecretario de Transporte Aéreo y, a la vez, delegado gremial que fogonea las huelgas. No lo despide para no malquistarse con Moyano. Pero encontró un atajo para apartarlo y exhibir buena voluntad frente a España, que protesta por su doble papel: la Justicia había advertido sobre esa anomalía de Cirielli; la Oficina Anticorrupción le recomendó ahora que se abstenga de intervenir en cualquier futuro conflicto.
Muchos dirigentes sindicales describen a Moyano en este tiempo como un hombre exultante y vanidoso. No está sólo bajo el ala del poder: sus colegas lo incitan a mutar en ícono gremial de este momento, una suerte de remedo de lo que fue el metalúrgico Lorenzo Miguel en los 70. El camionero celebró la reestatización del servicio de aguas pero, aún más, la reivindicación que hizo el Presidente de la clase gremial. La realidad, al parecer, lo indujo a archivar aquel pregonado proyecto de la transversalidad.
Hace mucho que el Presidente no dice nada sobre el litigio con Uruguay. La última vez que se le escuchó algo fue en Chile cuando selló el acuerdo débil con Tabaré Vázquez. Kirchner cree que su colega tiene más escollos que él para conducir la negociación a una salida. Y colabora con el silencio.
Tabaré está cercado por la oposición que le adjudica un mal manejo sobre las papeleras. Para colmo tuvo una yapa la última semana: la Justicia falló a favor de la extradición a Chile de tres militares uruguayos al parecer implicados en el asesinato de un científico como parte de un plan represivo regional que se conoció como Plan Cóndor. El avispero castrense y político se agitó en la otra orilla.
La cumbre presidencial, sin embargo, no se cayó por nada de eso. Ocurrió que las palabras fueron más veloces que los hechos: Kirchner y Tabaré no podrán arreglar nada que antes no ordenen sus Gobiernos. Ahí está el dilema. La Argentina requiere un minucioso análisis del impacto ambiental que tendrán las papeleras que incomoda la relación del gobierno uruguayo con las empresas inversoras. Uruguay exige que el acuerdo obligue a nuestro país a adoptar iguales recaudos en la otra margen del Río Uruguay. Pero no existe allí en ciernes ningún proyecto sobre industrias contaminantes.
Los papeles van y vienen. Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, y Gonzalo Fernández, su colega oriental, ofician de mensajeros. Las Cancillerías han vuelto a intervenir. La escena se enturbia con la amenaza de los asambleístas de Gualeguaychú que quieren darle un carácter vinculante al estudio ambiental y con las idas y vueltas de Botnia, la empresa finlandesa, para definir la paralización de las obras.
Botnia reclamaría ahora una compensación económica para no seguir la construcción. Los asambleístas entrerrianos están otra vez en estado de alerta. El conflicto parece entrar de nuevo en un laberinto.
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Eduardo van der Kooy es Periodista argentino, columnista del diario Clarín de Buenos Aires