«Las comunidades se levantan para que no avancen más las mineras, ni las petroleras, ni las deforestaciones sobre nuestro territorio»

M.P: Movilizamos como en el 2017 por la nueva prórroga de la Ley 26.160 con su presupuesto necesario para que se terminen de relevar todas las tierras de las comunidades en todo el país. Llevamos 15 años de esta ley y todavía no se ha logrado relevar ni 600 comunidades de todo el país. 

M.H.: ¿Cuál es la importancia de esta ley? ¿A qué se refiere específicamente?   

M.P: Esta ley es para nosotros muy importante porque para los desalojos. Igual seguimos sufriendo desalojos, pero frente a la eventualidad nos respalda esta ley y se va a negociar con los diferentes sectores que nos quieren quitar la tierra.   

M.H: Estuve viendo que hay infinidad de conflictos territoriales con las comunidades de pueblos originarios. 

M.P: Tenemos muchos conflictos con forestales, con mineras, con petroleras, con sojización, porque los recursos naturales están en nuestros territorios.   

M.H: Hay un conflicto bastante grave en el sur, en una comunidad mapuche que incluso está rodeada por efectivos policiales. 

M.P: Es la misma situación que está pasando en todo el país, lo que pasa es que muchas veces no se ven en los medios. Las comunidades hoy se levantan para que no avancen más las mineras ni las petroleras ni las deforestaciones sobre nuestros territorios. 

M.H: ¿Pueblos originarios de qué comunidades se hicieron presentes? 

M.P: Tenemos hermanos de  la nación guaraní, ava guaraní, mbya guaraní, coya, wichi, pilagá, qom, mocoví, diaguitas, quilmes, ranculche, mapuche, quechuas, aymara y lule, provenientes de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.  

M.H: ¿Tenés alguna idea de cuánto representan estos pueblos originarios como población dentro de nuestro país? 

M.P: En el último censo del 2010 se calculaban dos millones y medio de hermanos originarios en todo el país.  

M.H: Estamos hablando de un 5% de la población. Margarita, ¿querés agregar algo más?  

M.P: Vamos a tratar de conseguir el acuerdo con el apoyo de los señores diputados. El Senado ya lo hizo y las comisiones ya han aprobado la prórroga de la Ley 26.160 con su presupuesto. 

M.H: Esperemos que no pase lo que pasó con la Ley de etiquetado de los productos alimenticios donde hubo claramente una incidencia de las patronales de las provincias, creo que el caso más significativo fue el de la provincia de Jujuy donde no se presentó ningún diputado ni opositor ni oficialista, evidentemente debe haber operado fuertemente la familia Blaquier vinculada a la producción de azúcar. Y en este tema también porque acá seguramente habrá un fuerte lobby empresario que ya de alguna manera lo anticipa en la entrevista Margarita cuando habla de los intereses forestales, mineros, y los agronegocios para avanzar sobre las comunidades indígenas. 

A 18 días del acampe humanitario que permanece en la Cuesta del Ternero, compartimos el comunicado de la comunidad. 

Cuesta del Ternero
11/10/2021 

Quemquemtrew tu nombre va Resonando 

A 15 días del acampe humanitario que permanece en la Cuesta del Ternero, para acompañar, observar y legitimar la reivindicación territorial del Lof Quemquemtrew, a pesar de estar sitiados por la policía de la provincia de Río Negro y las Fuerzas del COER que mantienen cortada la ruta provincial número 6, varias son las muestras de apoyo que se han recibido en estos días. Comunidades de distintos puntos del Puel Mapu. Acompañamiento espiritual por parte del Lof Nahuelpan de Esquel. El nehuen de pu Lonko y Pillan Cushe de diferentes territorios, marca la unión. Kiñe rakizuam que evidencia la responsabilidad que tenemos como Protectores de la tierra.

A su vez el estado rionegrino abusa constantemente de su poder. La semana pasada se hicieron en Bariloche dos audiencias las cuales fueron impugnadas por no notificar a los imputados. Y aun así sostienen medidas cautelares en contra de integrantes del Lof, prohibiendo el ingreso de abrigo y alimento.

También desmentimos a Alejandro Huenchupan quien no tiene ninguna autoridad para hablar en nombre de ninguna comunidad. Justamente, este servil personaje, que vende su propio territorio, ampara los negociados y vive de un alquiler pago por la municipalidad de El Bolsón.

Como miembros del pueblo Mapuche no necesitamos el reconocimiento del Estado. El Lof Quemquemtrew es respaldado por una gran cantidad de comunidades de diferentes puntos del Puel Mapu, así como también por la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y el Consejo de Participación de Comunidades Indígenas.

Hoy el estado rionegrino es denunciado por los Guardias Ambientales a quienes les quitan una casilla rodante de la Secretaría de Ambiente para entregársela a las fuerzas de seguridad que actúan en el paraje de la Cuesta.

¡¡¡¿Qué tan grande es el negociado que el poder político necesita resguardar?!!!

Por todo esto se agradecen las muestras de solidaridad por parte de vecinos, vecinas y organizaciones sociales que también repudian este constante avasallamiento. Y el accionar ilegal del Estado.

Destacando que ejercemos nuestro legítimo derecho de retorno al territorio ancestral.

¡¡¡Con la fuerza de taiñ Kuifikechiem, Quemquemtrew Resiste!!!
Fuera Rocco del territorio. Concesionario, testaferro del poder político.
Cuesta del Ternero fue, es y será Territorio Mapuche. 

Quemquemtrew, tu nombre va resonando. 

Agradecemos a todos los que nos acompañan. 

La APDH exigió el fin del bloqueo  

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exigieron que se ponga fin al bloqueo que impide la llegada de alimentos, ropa y abrigos a les integrantes de la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro. 

El organismo de derechos humanos denunció que “la forma en que se está arbitrando el conflicto viola los Derechos Humanos más elementales: expone a la Comunidad a medidas extremas de supervivencia; está en riesgo no solo su derecho al territorio sino también su salud, su vida”. 

Compartimos el comunicado completo: 

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos exigimos se ponga fin al bloqueo que impide la llegada de alimentos, ropa y abrigos a lxs integrantes de la Lof (Comunidad) Quemquemtrew que se encuentran resistiendo el hostigamiento policial, empresarial y judicial en el territorio recientemente reivindicado en Cuesta del Ternero (Río Negro). 

La Comunidad ejerce su legítimo derecho al territorio ancestral. Desde hace 17 días, lxs comunerxs lo sostienen y resisten en el territorio que reclaman y cuyo título nominal está a nombre del Estado provincial. 

Como respuesta, el Gobierno provincial ha establecido un bloqueo policial permanente a la ruta provincial N° 6, que comunica el paraje rural Cuesta del Ternero con las localidades vecinas de El Maitén (Chubut, al este) y El Bolsón (Río Negro, al sudoeste) 

Desde el día 26 de septiembre no se pueden acercar ni alimentos, ni medicamentos, ni ropas, ni abrigos, a pesar de los muchos intentos y de las diversas presentaciones legales realizadas. 

Por si fuera poco, la escuela intercultural 211, Lucinda Quintupuray, estuvo ocupada por las fuerzas represivas del Gobierno provincial. Se interrumpió el dictado de clases; y sólo se retomó ante el clamor social que la situación produjo. De todos modos, sólo pueden ingresar quienes están en un listado; y lxs niñxs llegan y salen de su escuela atravesando el nutrido cerco de uniformadxs. 

Cuesta del Ternero se encuentra sitiada desde hace 17 días. Están siendo afectadas, además de lxs integrantes de la Lof, muchas familias de pobladorxs del lugar y quienes necesitan transitar por la ruta hacia localidades vecinas. 

Consideramos que la forma en que se está arbitrando el conflicto viola los Derechos Humanos más elementales: expone a la Comunidad a medidas extremas de supervivencia; está en riesgo no solo su derecho al territorio sino también su salud, su vida. 

Exigimos el inmediato fin del sitio policial que impide la llegada de alimentos, ropas, medicamentos y abrigos. 

Exigimos también, a los Estados nacional y provincial, la puesta en marcha de una mesa de diálogo con participación de la Comunidad, de ambos niveles gubernamentales, y de las organizaciones representativas del pueblo mapuche, de Derechos Humanos, o las que cada parte considere. 

La represión, el desconocimiento de la legislación que ampara los derechos de los pueblos originarios, la militarización que suspende todos los derechos, no son el camino correcto. 

Otros conflictos 

En Jujuy se realizó la sexta caminata por el agua y la vida 

El lunes 4 de octubre desde La Quiaca se inició la sexta caminata por el agua y la vida, denominada Qhapaq Ñan 2021. El propósito fue arribar el 12 de octubre, fecha que para los pueblos indígenas de Latinoamérica representa el comienzo del genocidio étnico, a San Salvador de Jujuy, y recordarle al gobernador Gerardo Morales el principio de la libre determinación de los Pueblos Indígenas. 

La preocupación latente de las comunidades es el continuo avance de distintos proyectos, sobre todo mineros, que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que encuentran un aval por parte del gobierno provincial. Ante ello, se declararon en estado de alerta y piden a los legisladores nacionales que exijan el cumplimiento de las leyes que los amparan. 

El antropólogo indígena Gustavo Ontiveros, de la comunidad de Valiazo, de la Nación Omaguaca, dijo que el Qhapaq Ñan es una “forma de protesta” ante el incumplimiento de las leyes que protegen y respetan a los pueblos indígenas. “Si mínimamente no se respetan (los derechos indígenas), continúa vigente el colonialismo en todas sus facetas”, sostuvo. 

Las caminatas por el agua y la vida comenzaron en 2017, después de que integrantes de la Comunidad Rodeo, que viven cerca del monumento natural Laguna de los Pozuelos, en el norte de Jujuy, recibieran informes que dejan en evidencia graves problemas en el acceso al agua provocados por las empresas mineras que se ubicaron en la zona “extrayendo millones de litros de agua por día”, recordó Ontiveros. 

Eso derivó que en los sectores donde están los pobladores haya sequías, con el consiguiente perjuicio, por la falta de agua para consumo humano, y porque afecta también a la actividad económica de las familias. Al tratarse de una zona de llanura, casi la totalidad de los habitantes se dedican a la agricultura y al pastoreo, pero con el correr del tiempo empezaron a ver que el agua escaseaba. 

Así fue que en enero de ese año decidieron realizar una primera marcha en marzo, que fue repetida para el 12 de octubre, fecha que se sostiene hasta hoy. El antropólogo aseguró que cada año no sólo se planteaba la problemática del agua, sino “que las familias terminaron denunciando muchos otros problemas”. El más latente, es la presión sobre el territorio indígena. 

Por eso, este último 2 y 3 de octubre las comunidades de la zona de Valles, la Quebrada y la Puna, exigieron que los derechos de los pueblos preexistentes sean amparados y respetados, como lo establecen normativas nacionales y tratados internacionales que tienen fuerza de ley en el país. En ese marco, exigieron la prórroga de la Ley Nacional N° 26.160, que declara la Emergencia Territorial Indígena, y piden que se legisle en materia de propiedad comunitaria, para defender los territorios indígenas. 

Los pueblos Kolla, Omaguaca, Tilcara, Tilian y Ocloya denuncian desde hace años que el gobierno de Morales avala proyectos extractivistas sin realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades, a pesar de que estas iniciativas afectan directamente su cultura y su forma de vida. 

“Aquí en Jujuy tenemos una dictadura”, sostuvo Ontiveros, al asegurar que el gobernador no los escucha y tampoco responde a los petitorios que presentaron ante los casi 100 proyectos mineros que ya están instalados o intentan instalarse en la provincia. 

El último despojo 

Uno de los últimos intentos de despojo lo están viviendo recientemente las comunidades de Quitacara, Villa Perchel, La Huerta, Villa Las Rosas, El Molino y Yacoraite, que denunciaron que en la localidad de Huacalera, departamento de Tilcara, “están a la venta 18.485.487 hectáreas a tan solo 15 millones de dólares”, según un comunicado que emitió Claudia Pérez, de la comunidad de Mudana. 

La mujer aseguró que el gobierno provincial “ofrece todo un pueblo, toda una cordillera de imponentes cerros de colores, llenos de minerales preciosos, codiciados por capitales extranjeros, que ponen el ojo en el uranio, la piedra caliza y otros bienes naturales que pretenden arrasar, en un área de valor ecosistémico, usando millones de litros de agua, generando sequía, enfermedades y despojos”. 

Por eso, exigieron la inmediata entrega de los títulos comunitarios a los integrantes de la Nación Kolla que habitan en el lugar. Pérez aseguró en el mismo escrito que la venta se lleva adelante por la inmobiliaria RE/MAX, que tiene prohibida la actividad, según una decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) del 10 de marzo del 2021. 

Ante el revuelo mediático, autoridades de la provincia de Jujuy, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el intendente de la ciudad de Tilcara, Ricardo Romero; la comisionada del pueblo de Huacalera, Patricia Alemán; y concejales de la zona afirmaron desconocer este hecho, y aconsejaron que se hagan las denuncias. 

A esa problemática, sumaron que también en Huacalera el gobierno provincial habilitó que se hagan caminos para facilitar el trabajo de las empresas mineras ya presentes. Pero esta zona es parte de la Quebrada de Humahuaca, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. “Rompieron caminos ancestrales para estos caminos mineros”, denunció la abogada Pérez, quien alertó que con ello “están en peligro las Yungas y parte de la zona del monumento que es Patrimonio de la Humanidad”. 

El nuevo camino se ubica en la zona conocida como Los Amarillos, a la altura de la ruta nacional 9, donde una minera extrae uranio. Ya en 2019 las comunidades impidieron que se siga cruzando por esa entrada, pero este año advirtieron que están haciendo otro camino alternativo. Pérez reiteró que el “Estado provincial toma el territorio originario sin la consulta previa e informada”, por lo que en las caminatas piden la adhesión de toda la sociedad jujeña. 

La alerta no sólo está puesto en los emprendimientos mineros, sino que desde el año pasado las comunidades están viendo cómo se instalan empresas vitivinícolas, que cavan pozos de 50 a 60 metros de profundidad. Esto provoca que se “lleven el agua que es para la gente”. “Los empresarios siguen ingresando y no permitiendo el uso del agua para nosotros”, denunció la comunera. 

Por eso, otro de los pedidos del Qhapaq Ñam, es que se derogue la Ley provincial N° 5915, que permite el uso de la propiedad comunitaria para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Desde su sanción, en 2016, las comunidades denuncian que con esta ley se violan los derechos indígenas porque se habilita la explotación de los territorios sin la consulta y el consentimiento de los pueblos involucrados. 

En la caminata se hicieron eco de esto, y difundieron un video situado en la zona de La Quiaca Vieja, que fue “elegida por el gobernador de Jujuy para expropiar estas tierras de la comunidad y entregárselas a algunos empresarios, seguramente extranjeros y para hacer la zona franca”. El video muestra la zona de la Quebrada, indicando que Morales pretende “instalar los paneles solares”, despojando a las comunidades de sus tierras. 

Por eso, en el comunicado oficial de la sexta caminata, se expresó que “el colonialismo de las políticas estatales y los asociados intereses extranjeros, pretenden escribir el último capítulo de la conquista y la colonización”. Pero “todavía resistimos, caminamos. Por eso, proponemos a toda la sociedad una amplia reflexión sobre la situación actual. Destruir la Pachamama, es destruirnos a nosotros mismos”, alertaron. 

Fuente: Salta/12 

Relevamiento Territorial en Neuquén 

El lunes 4/10 se realizó la reunión planificada entre las autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén y las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para acordar los lineamientos que permitan la firma del Convenio Nación/Provincia que ponga en marcha el Relevamiento Territorial en todos los territorios comunitarios de la provincia. 

“Estamos esperanzados con el anuncio que se formuló. Esto tiene que ver con la serie de conflictos que hubo recientemente y tuvo que intervenir la provincia tras la mediación del fiscal Jerez y así fue que se logró esta reunión”, contextualizó el werken de la Confederación Mapuche Neuquina, Florentino Nahuel. 

Tal como se anunció oficialmente, Nahuel aseguró también que la comunidad local entrará en el primer tramo del Relevamiento. “Hemos sido una de las prioridades porque esto arrancó hace 6 años y luego quedó inconcluso”. 

No obstante, planteó que el anuncio si bien fue recepcionado con esperanza, aún tienen algunas sospechas de que se trate solo de un gesto con fines electoralistas. 

“Siempre está la desconfianza porque varias veces se anuncian cosas que finalmente el gobierno provincial no las cumple. Nosotros creemos que esta vez se puede avanzar porque el próximo 12 de octubre se firmará el convenio entre el INAI y la Provincia, pero vamos a ver cómo se sigue”, indicó Nahuel y precisó que en esta ocasión “no fue voluntad de la Provincia avanzar con el tema, sino que fue producto del conflicto que mantienen varias comunidades en todo el territorio neuquino lo que terminó desembocando en el convenio.” 

A nivel local, Nahuel explicó: “Nosotros estamos con varias situaciones en nuestro territorio, con varias causas abiertas. Pero tenemos esperanza que hoy se pueda avanzar porque no le queda otra salida al gobierno de la provincia”. 

Respecto de lo que resuelva el Relevamiento, Nahuel fue contundente: “El objetivo de la Ley 26.160 habla del Relevamiento de los Territorios de uso tradicional y, por lo tanto, nosotros vamos a mencionar todas las fracciones que son parte de nuestro territorio. Luego la provincia se tendrá que hacer cargo de todas las macanas que se mandó porque los conflictos con los privados los generó la provincia que entregó tierras a terceros y luego estos se enteraron que son tierras mapuches. Nosotros tenemos la propuesta del recorrido y tenemos la seguridad de que las tierras nos pertenecen porque no hay papeles (de los privados)”, culminó. 

Fuente: www.diarioandino.com.ar    

El usurpador Javier Critto contra miembros de la Comunidad Pueblo de Tolombón 

Mediante un comunicado del Equipo de Comunicación con Identidad – Los Chuschagasta, comuneros dieron a conocer que nuevamente los esbirros de Critto procedieron a electrificar los alambrados de un cerco por donde circulan adultos y niños, que ya sufrieron una descarga hace algunas semanas. 

Esta nueva provocación se da en el marco de graves ataques en la zona de Trancas, de donde proviene el actual gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y que tuvo como episodio más grave la represión e intento de desalojo del comunero Máximo Román Ríos a quién le demolieron la casa, edificaciones que “datan de más de cien años”, puesto que es la vivienda que ocuparon por generaciones los antepasados del comunero, por lo cual es una pérdida “incalculable por su valor simbólico y cultural”. 

También destacan en su comunicado que se están violando las leyes 26.160, que impide los desalojos de las comunidades indígenas y artículos y convenios internacionales que van en ese sentido, consagrados en la Constitución. 

En este nuevo ataque que se suma a una verdadera ola en la zona del Valle de Choromoro, y que también vemos en provincias como Jujuy, Salta, Córdoba y la Patagonia, nuevamente se destaca la complicidad y el apoyo activo de los poderes del Estado, poniendo a disposición de los terratenientes usurpadores la Policía, la Justicia e incluso la relación espuria que mantiene el Poder Ejecutivo y Legislativo con estos feroces empresarios que quieren despojar a las Comunidades Originarias de sus territorios y derechos ancestrales. 

Vimos el asesinato la autoridad tradicional de Los Chuschagasta, Javier Chocobar, quien fue ultimado en defensa del territorio por Darío Amín en 2009, quien murió impune y cobrando un sueldo de la Legislatura presidida por Osvaldo Jaldo, actual gobernador interino. El año pasado y durante el corriente también sucedieron gravísimos ataques en bases de la Comunidad Indio Colalao, que incluyeron matanza de animales, la demolición de un hogar ancestral y ataques físicos muy graves contra un comunero y su compañera 

Ahora aplican el mismo repertorio contra la Comunidad Pueblo de Tolombón, esta vez a través de Javier Critto, cuya familia acosa y expulsa a los comuneros desde hace generaciones. Este abogado, miembro del Colegio de Abogados, y también ferviente militante vía twitter de la candidatura de Germán Alfaro (Cambiemos), recibe -al igual que el terrateniente asesino Darío Amín- un sueldo del Superior Gobierno de la Provincia.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com 

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