Frigocarne Máximo Paz, de Cañuelas [Buenos Aires], es un frigorífico recuperado por sus trabajadores pese a todas las trabas imaginables por parte del estado. Lograron la expropiación superando las amenazas de los muchachos de Alberto Samid. No se incluyen en ningún movimiento de recuperadas, mientras hablen pestes los unos de los otros. Solá, las rifas, […]
Frigocarne Máximo Paz, de Cañuelas [Buenos Aires], es un frigorífico recuperado por sus trabajadores pese a todas las trabas imaginables por parte del estado. Lograron la expropiación superando las amenazas de los muchachos de Alberto Samid. No se incluyen en ningún movimiento de recuperadas, mientras hablen pestes los unos de los otros. Solá, las rifas, y el dilema del pororó.
El 3 de diciembre de 2003 dejaron de trabajar en relación de dependencia y en abril de 2004 se constituyeron como cooperativa. Soportaron amenazas y presiones del ex patrón y resistieron al hambre, el desempleo y la incertidumbre generada por el Estado que retrasó la expropiación de la planta por un año y medio. Ahora esperan que en el Boletín Oficial se publique la esperada Ley que ya tiene número. El método, como siempre, fue la lucha.
Son los 47 trabajadores de Frigocarne Máximo Paz de Cañuelas, el frigorífico que mueve al pueblo de Máximo Paz, en el tercer anillo del conurbano bonaerense. Raúl Oscar Huidobro es el representante legal de Frigocarne aunque no le gusta el título y prefiere que lo llamen «militante del trabajo». Fue quien avisó que el patrón estaba vaciando la empresa e impulsó la creación de la cooperativa.
Rifas, fútbol y comunidad
«El 3 de diciembre de 2003 comenzamos los cortes de ruta porque nos adeudaban en promedio 30 mil pesos a cada trabajador», explica Huidobro. Pero la ruta que pasa por el pueblo, la 205, no tiene incidencia en las rutas principales por donde circula la producción. «Tuvimos que salir hasta la ruta 3 donde sí molestábamos», recuerda.
Desde ese momento hasta hoy los trabajadores se ocuparon en reconstruir la planta y en generar nuevos proyectos. «Estamos trabajando en huertas y en changas para sobrevivir. Si bien nos hace falta dinero para comprar materia prima y maquinaria, buena parte de las máquinas las fuimos comprando con plata que recaudamos haciendo rifas y campeonatos de fútbol. Parece increíble, pero cuando hay una inserción real en la población, se logran estas cosas», se enorgullece el abogado Huidobro mientras saluda a un conocido en la librería de las Madres de Plaza de Mayo. «Desde el jardín de infantes hasta el club de jubilados han aportado en la construcción de esto, desde mandar notas al Municipio hasta participar en las asambleas». Frigocarne además de haber librado la batalla para trabajar, pudo abrir un campo bastante heterogéneo en una zona no acostumbrada a las luchas.
Pero nada fue tan fácil para los trabajadores.
Solá: el freno ya no funciona
En octubre de 2004 consiguieron la expropiación en el Senado; en diciembre en Diputados. Tenían entonces uno de los papeles que más cuentan a la hora de recibir apoyo. Pero el 10 de enero de 2005 el Poder Ejecutivo provincial -es decir Felipe Solá- vetó la decisión de los legisladores. «Los intereses son muy grandes, no es una fábrica fácil. Nuestro antiguo patrón fue a ofrecer 400 mil pesos para que nos frenen todos los papeles. Se jugó de la misma manera en las dos cámaras. El usaba sus herramientas, su capital y nosotros las nuestras. A cada cosa que hacía presentábamos la contraofensiva», explica Huidobro.
Pero ¿qué argumentos usó Solá para frenar esta Ley? Según Huidobro, una chicana que consistió en decir que los diputados y senadores no habían especificado en la Ley de qué lugar sacarían los fondos para pagar la expropiación. «Nosotros sabemos que en ninguna Ley de expropiación se aclara eso. Por esa decisión estuvimos todo enero y febrero sin nada».
Mientras sucedía todo esto durante el año y medio de lucha, los trabajadores visitaron el Ministerio de Desarrollo y participaron de reuniones con el municipio de Cañuelas y el Ministerio de Producción de Buenos Aires. Las respuestas eran siempre las mismas: «El Estado no puede intervenir ayudando en algo ilegal». Ni siquiera quisieron darles guardapolvos ni zapatillas ni alimentos, como si la ilegalidad fuera excusa para violar derechos humanos.
«Logramos al final que Diputados y Senadores rechazaran el veto. Ahora Solá no puede más que aprobar la ley porque rechazarla de nuevo es inconstitucional».
¿Pororó o bombones?
Pero relata Huidobro que casi se fueron a vivir a la puerta de la Cámara de diputados entre movilizaciones, volanteadas y boletines informativos.
«Lo que siempre tuvimos legítimamente hoy lo tenemos también legalmente. Ya está el número de ley, solo falta que se publique en Boletín oficial. Antes nos decían que éramos ilegales. Ahora vamos a ver qué nos dice el Estado, reflexiona Huidobro, que tiene rasgos de militante utópico. «Vinieron los Movimientos de (Luis) Caro y (Eduardo) Murúa a vernos pero la verdad es que sospeché porque estaban separados y hablan pestes uno del otro. Por qué si estamos todos tras un mismo objetivo tenemos que estar separados…», se preguntaba este trabajador que tuvo que soportar amenazas de su jefe y apretadas del temido y mediático empresario Alberto Samid. «El patrón me amenazó con hacerle algo a mi hija ciega pero yo no le di importancia porque no le creí» dice, pero parece más un intento de no recordar que genuino convencimiento de que el patrón no era capaz de cumplir la amenaza.
Pero eso no es todo.
«Samid ¿te suena?», dice y es un detalle casi folclórico, que le provoca risa: «El ya no figura más como patrón ni como dueño de nada pero los resortes de poder están intactos, así fue que nos mandó a sus muchachos que nos dijeron ‘bueno, venimos a quedarnos con el frigorífico’ ¿Por qué? contestamos nosotros. «Y… porque nosotros tenemos plata, vacas y ustedes no lo pueden operar. Además tenemos el conocimiento, ustedes pueden ser nuestros trabajadores si quieren».
Pero los de Frigocarne hace rato que están en el negocio y ya saben quién es quién: «Te vienen a apretar y te dicen al estilo de un psicópata: mirá no tenés capacidad. Nos ofrecieron pororó pero nosotros queremos los bombones», dice Huidobro.
La ventaja de ser uno menos
De ahora en más planean que una vez publicada la ley, el Estado ya no tenga excusas para ayudarlos y les facilite los 200 mil pesos que necesitan para comenzar a trabajar. En un principio van a producir a façón (a pedido de cada cliente, que pone la materia prima mientras ellos pondrán el trabajo).
«Vos traés el animal en pie y nosotros te lo entregamos en media res en otro camión. Por ese trabajo nos pagan por kilo faenado. Esto nos permitiría quedarnos con la sangre, el cuero, las menudencias -que venderíamos aparte- y con eso además le pagamos al cliente un recupero», explica Huidobro mientras despliega unos papeles con proyectos y estadísticas.
Cuenta que la Universidad de la Matanza estaba trabajando con Frigocarne en proyectos de sutentabilidad, pero ahora «se borraron olímpicamente».
Ya salieron a ofrecer sus productos en las carnicerías y supermercados locales. Visitaron a viejos clientes. Todos se mostraron interesados. «Nuestros productos siempre fueron de primera calidad, creo que las quejas siempre estaban dirigidas al patrón. Y ahora ya no está».