300 millones de litros de Glifosato consume Argentina por año, superada solo por Brasil -con 1.000 millones-, y Estados Unidos. También en Uruguay, México y Paraguay el uso del agroquímico y sus similares es masivo. A pesar de las muchas evidencias que dan cuenta de que el uso de estas sustancias es nocivo para la […]
300 millones de litros de Glifosato consume Argentina por año, superada solo por Brasil -con 1.000 millones-, y Estados Unidos. También en Uruguay, México y Paraguay el uso del agroquímico y sus similares es masivo. A pesar de las muchas evidencias que dan cuenta de que el uso de estas sustancias es nocivo para la salud de humanos y que es la causa de la degradación ambiental que hoy llega a niveles alarmantes -debido a su relación directa con los monocultivos y consecuente impacto sobre el clima-, Estados, corporaciones y organismos internacionales apuestan a lo que llaman «Buenas Prácticas Agrícolas» como una salida posible al problema que se esconde detrás de la punta del iceberg.
El discurso de Mauricio Macri en su última visita a la provincia de Entre Ríos resalta la importancia de combatir al cambio climático, alegando que su gobierno ha sido uno de los que más se preocupa por el medio ambiente, hecho que -según el presidente- quedó nítido en la reunión del G20 que ocurrió el año pasado en la Argentina. No obstante, uno de los puntos débiles de la cumbre, apuntado por diversos analistas de todos los colores, nacionales e internacionales, fue justamente la falta de consenso respecto de la lucha contra el cambio climático. Macri, ya en la cumbre de la OMC realizada el año 2017, señaló su intención de no molestar a los intereses de Donald Trump que había salido del Acuerdo de París meses antes, hecho que resultó en la retirada del punto cambio climático de los ejes centrales de la reunión de los 20.
Más allá del intento de justificar su defensa a los sectores del agronegocio en detrimento de la salud de les niñes y personas trabajadoras de las escuelas de la provincia, el presidente trata a los agroquímicos como «fertilizantes» y sale a decir que no hay estudios científicos que puedan amparar la ley que prohíbe las fumigaciones cerca de las escuelas y apela a la narrativa de defensa de los puestos de trabajo cuando, en realidad, el número de despidos durante enero y febrero de este año ya llega a 12.149 en las empresas privadas, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Estos despidos fueron en el sector industrial y de servicios, ninguno en el sector primario.
Investigaciones de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Brasil, muestran un aumento en los casos de cáncer y malformaciones en fetos ligados al uso extensivo de agrotóxicos. El Instituto Nacional de Cáncer, también de Brasil, señala que los agrotóxicos tienen una relación estrecha con el número de casos de esta enfermedad detectados en edades cada vez más precoces.
Son muchos los estudios científicos que evidencian el poder de intoxicación de los agroquímicos. Sin embargo, el equipo del gobierno parece priorizar a las empresas y pone la salud de las personas y del medio ambiente en segundo plano, como si esos millones de litros de glifosato desaparecieran por arte de magia luego de su uso. Tanto es así, que en reciente entrevista en radio La Retaguardia, el ingeniero agrónomo responsable de redactar el manual de buenas prácticas agrícolas -y defensor de las mismas-, Mario Bogliani, dice no tener conocimiento de los datos precisos de la cantidad de agrotóxicos utilizados en el país, aunque ante la pregunta sobre este tema, con cierta resignación sentenció «y… mucho… mucho…». Según el ingeniero, «el problema de intoxicación por la aplicación de los agroquímicos tiene que ver con la desinformación, discapacitación y negligencia».
El negacionismo también es un hecho. Sobre los casos de intoxicación en áreas fumigadas, Bogliani dice que «el problema es que los diagnósticos están basados en los síntomas que presentan, y no por la causa que los provocó». Y que, por lo tanto, no se puede asegurar que los agroquímicos son los responsables por los daños a la salud de la población que está directamente expuesta a las fumigaciones. Aún sobre este punto, dice que «el problema es que hay muy pocos médicos toxicólogos y que las personas intoxicadas deberían traer los envases y las etiquetas de los productos para poder orientar al profesional». El ingeniero también niega que el problema sean los agroquímicos: «muchas veces no tiene que ver con los fitosanitarios y sí con otras cuestiones y residuos de otros orígenes». Se trata de otro argumento recurrente en este sistema: desautorizar las voces que se oponen, por supuestas faltas de formación. Siempre hay alguien más especializado, y por lo tanto «más capaz», aunque estemos hablando de profesionales de la salud con todos los años de estudio -y experiencia en muchos casos- que ello supone.
Sobre el efecto deriva -que es la consecuencia indeseable de la aplicación del agrotóxico, la cual hace que llegue donde no debería ni se hubiera calculado-, a pesar del manual orientar sobre su control, Bogliani admite que «no hay garantía de que el fitosanitario va a un lugar que no deba caer y que el efecto indeseable de la aplicación tiene varias causas». De este modo es evidente que, aunque tengamos las mejores prácticas, las consecuencias son imprevisibles. También reconoce el ingeniero que si se siguen estos lineamientos que él especifica en el manual, queda un lapso muy breve de tiempo para aplicar estos productos, dado que hay que tener en cuenta temperatura, viento, inercia térmica, y más variables. Por lo tanto, también se cae en el riesgo de que para el productor estas buenas prácticas afecten su rentabilidad. Y contra la rentabilidad, en una tarea que se hace persiguiendo justamente ese único objetivo, es difícil competir.
Incluso hay quienes usan glifosato en el ámbito doméstico, para evitar tener que cortar los yuyos que crecen en el alambrado. También era frecuente que se utilizara en distintas ciudades y pueblos del país en las vías de los trenes hasta hace pocos años con la misma finalidad. Así queda evidente que no hay un control sobre la comercialización de los agroquímicos.
En respuesta a la entrevista de Mario Bogliani, la ingeniera agrónoma Nora Tamagno dice que, en primer lugar, «el uso del término fitosanitario da a entender que los agrotóxicos solo hacen mal si son aplicados mal». Tamagno también alerta sobre el hecho de que las buenas prácticas no surgieron ahora, que ya vienen desde fines de los 90, y que la disputa de sentido se hace importante ya que hasta Monsanto habla de sustentabilidad.
Según la ingeniera, es perfectamente posible una producción, incluso extensiva, con perspectiva agroecológica. Teniendo en cuenta que la deriva es incontrolable -lo que hace de las buenas prácticas algo poco eficaz en sentido práctico-, una vez que la deriva secundaria hace que los agrotóxicos migren por procesos bilógicos y químicos poco conocidos, la contaminación es inevitable y hace que el modelo agroindustrial sea insostenible.
Por último, señala Tamagno: «no puede haber agricultura sin agricultores, la agricultura familiar no puede ser una isla en un mar de agronegocio».
Fuentes:
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-protocolo_versin_final.pdf
http://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
https://www.bioecoactual.com/2017/04/26/47-alimentos-eu-residuos-pesticidas/
https://www.esglobal.org/america-latina-continente-infestado-los-pesticidas/
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