M.H.: Quiero preguntarte algo que me ha generado una duda, se ha hablado de la represión más brutal desde el regreso de la democracia, con cerca de 1.000 heridos entre los detenidos y familiares del penal de Florencio Varela. ¿Qué me podés comentar al respecto?
M.C.V.: Tenemos la desgracia de que se cumpla lo que venimos advirtiendo hace tiempo, recordarás que las otras veces que hemos hablado durante este período de aislamiento social preventivo y obligatorio, uno de los puntos principales que sostuvimos como urgentes, como necesarios de una solución inmediata porque el riesgo era enormemente grave e iban a pasar cosas terribles, era la situación carcelaria.
Decíamos ya en marzo apenas días después de que se decretara el ASPO, que si no se daba inmediata respuesta a esos reclamos y protestas que empezaron a encabezar los penales a lo largo y ancho del país, no se iba a poder impedir que el virus entrara en los penales y que una vez que entrase (y tengamos en cuenta que entra en un penal porque alguien de afuera lo trae) no iba a haber manera de parar la ola de contagios.
Hoy la situación que tenemos, después de que los reclamos por elementos de higiene y condiciones de limpieza fueron respondidos con represión; no olvidemos que por primera vez en muchísimo tiempo tuvimos cuatro muertos fusilados a balazos por personal de los servicios penitenciarios en la ciudad de Corrientes, en Florencio Varela y dos en la ciudad de Jujuy, en penales todos provinciales. Fusilados frente a esos reclamos, subiéndose a los muros gritando que estaban condenados a prisión, no a muerte.
Al no haberse respondido ninguno de esos reclamos, no haber accedido con esa campaña brutal de la derecha más recalcitrante a la que cedió el Poder judicial y el gobierno que era quien tenía la facultad política de tomar una decisión que hiciese cumplir las tibias primeras resoluciones judiciales que hubo, al no dar las domiciliarias a las personas en situación de riesgo, a las mujeres embarazadas, a las personas en condiciones de tener esos beneficios procesalmente pero que tenían los expedientes parados, hoy tenemos 53 muertos por Covid19 en cárceles pero más de 250 muertes por otras enfermedades en todo el país que se han desarrollado en esta situación de emergencia sanitaria, o por la represión.
Es verdaderamente escalofriante. Por supuesto lo que ocurrió en Varela, que también se repitió en José León Suárez, en San Martín y en muchos otros penales del país que a lo mejor no tienen tanta visibilidad para los medios, como los que están en el Conurbano bonaerense, ni hablar de lo que sucede en Chimbas en San Juan, donde hay dos muertes por Coronavirus y donde ha habido también brutales represiones. Probablemente sea, junto con la situación de los barrios populares y los demás casos represivos que hemos venido conversando, la situación más grave que estamos afrontando en esta pandemia.
M.H.: El jueves 5 marcharon en La Plata e hicieron una batucada en todas las cárceles del país.
Luego de Guernica se ha profundizado la ola de desalojos y amenazas contra los sin techo.
M.C.V.: Efectivamente ha habido más de media docena de desalojos, de mucho menos envergadura porque eran ocupaciones de terrenos menores, 50/60 familias, como en Escobar, por ejemplo; pero que dan cuenta de una situación igualmente dramática y previsible.
Lo que decíamos también allá por marzo, de qué sirve que me digan “quédate en casa” si no tengo casa.
En la provincia de Buenos Aires, por números oficiales, hay un déficit de vivienda para más de un millón y medio de familias. La respuesta a quienes tratan de paliar esa situación ocupando predios que nunca son como te quiere hacer creer esta oleada reaccionaria que afirma “si tanto te preocupan por qué no te los llevás a tu casa” o “mirá si se te van a meter en tu casa y los vas a dejar ahí”.
Nunca ocurre que alguien entra y echa al legítimo propietario y se mete a vivir en la mansión de Nordelta. Estamos hablando de terrenos fiscales en la enorme mayoría de los casos, que no son de nadie, son del Estado y que están allí yermos inútiles sin ningún tipo de uso social; o hablamos de situaciones en las que hay títulos dudosísimos, muchas veces inexistentes, simples posesiones pero siempre de terrenos abandonados.
Entonces, privilegiar ese pretendido derecho de propiedad, del Estado o de un particular, que tiene ese terreno que ni siquiera está cercado, mientras al mismo tiempo se incumple con la obligación estatal de proveer de vivienda digna a la totalidad de la población y después encima cagarlos a tiros o gasearlos, es tan grave como lo que hablábamos antes de las cárceles.
Fijate que están por todos lados las sucesivas intervenciones públicas en las que incluso en alguna con presencia de funcionarios de muy primera línea, Presidente incluido, se están entregando ya los patrulleros y otros elementos comprados con esos 38.000 millones de pesos que destinó el Plan de fortalecimiento para seguridad de la Provincia de Buenos Aires particularmente para el Conurbano que incluye, por ejemplo, la construcción de 14 cárceles y la ampliación de 300 comisarías. Yo pregunto, cuántas viviendas populares para las 1.500 familias de Guernica o las 60 de Escobar, construís con 38.000 millones de pesos.
Está comprobada la intervención policial en la desaparición de Facundo Astudillo Castro
M.H.: Se cumplieron 6 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, desaparición seguida de muerte.
M.C.V.: Desaparición forzada seguida de muerte. Hay que decirlo porque está comprobada la intervención policial en la desaparición de Facundo. De la misma manera que cuando dicen “fulanita está desaparecida” decimos “no está desaparecida, fue secuestrada para trata”, acá también hay que hacerlo.
Facundo no desapareció, lo desaparecieron. Y hay elementos que tanto la mamá como sus abogados se han cansado de exponer en los medios que dan cuenta de la responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires en la desaparición.
Seguimos en una situación que ya tiene instancias internacionales incluso a partir de la pertinaz actitud tanto del fiscal como de la jueza en frenar todo tipo de medida que conduzca, no al esclarecimiento porque ya sabemos qué pasó, sino a la identificación puntual y concreta de las personas responsables de la desaparición y muerte de Facundo y como consecuencia por tratarse de una fuerza represiva estatal, del propio aparato estatal que en este caso es la provincia de Buenos Aires.
M.H.: Correpi sacó una declaración frente al juicio a Chocobar haciendo referencia a la teoría de los dos demonios.
M.C.V.: Es la foto del primer día de juicio, que nos tuvimos que imaginar porque al ser un tribunal de menores no está permitido el acceso y no se puede acceder ni siquiera en forma virtual a las sesiones. Es la misma foto que tenemos todos los días en el inicio de muchísimos juicios en casos de gatillo fácil, donde a la par del policía asesino está el pibito que estaba con el muerto y que tentó o consumó un delito contra la propiedad, en algunos casos real, en otros inventado; donde se da esta paradoja absolutamente equivalente a la teoría de los dos demonios, a partir de que son juzgados en el mismo ámbito, ese pibe que sobrevivió al gatillo fácil, en algunos casos herido y al mismo tiempo el policía juzgado por asesinato.
El policía es juzgado por homicidio, el pibito acusado por un robo, consumado o tentado, pero un robo, no un asesinato. ¿Quién está preso? El pibito. Y esto se traduce también en la propia imputación que es el eje de la nota que mencionaste, porque allí hay tres posturas frente a la acusación.
La defensa dice que cuando Chocobar fusila por la espalda a una persona desarmada que corría tratando de escapar, cuyo dolo era escaparse, no comete ningún otro tipo de acto; cumplió con su deber. Eso es lo que dice la defensa.
En el otro extremo está la posición de la querella, correcta, que es la de acusar por homicidio calificado, porque no es un simple civil que mató a otro (Art. 79 del Código penal) sino que es un funcionario de una fuerza de seguridad que aprovechando los recursos de su cargo y su función (el arma reglamentaria por ejemplo) mató, cuando podía y debía no hacerlo; porque como cualquiera está obligado a no matar, pero como policía además tiene la investidura estatal y por eso ese homicidio calificado tiene como sanción la prisión perpetua.
Y esa posición intermedia, que calificamos como equivalente a la teoría de los dos demonios, que es la de la fiscalía que plantea que fue un exceso en la legitima defensa. Y no hace falta ser abogado para entender que esto no es válido. Todos entendemos lo que quiere decir exceso, quiere decir de más, cuando uno va más allá de lo necesario. Entonces para que haya un exceso en la legítima defensa, primero tiene que haber una situación en la que te estás defendiendo. Exceso en la legítima defensa es te me acercás a darme una trompada y saco una Uzi y te reviento la cabeza. En lugar de defenderme con otra trompada defenderme con un elemento muchísima veces más letal que el de la agresión inicial. Eso sería aceptable si me dijeras, que el chico asesinado Juan Pablo Kukoc, en vez de correr y darle la espalda lo enfrentaba con el cuchillo y realmente había un enfrentamiento y entonces Chocobar le hubiera disparado cuando podría haberlo reducido. Ahí podríamos discutir un exceso en la legítima defensa.
M.H.: Cuchillo que aparte nunca apareció.
M.C.V.: Sí, lo encontraron, estaba entre la ropa de Juan Pablo, precisamente porque no lo estaba empuñando, lo tenía en el pantalón. Pero además, supongamos que lo tenía en la mano, estaba corriendo dándole la espalda. Yo a veces lo digo en francés para que se entienda mejor, mientras no me demuestren que se puede disparar con el culo, mientras se esté dando la espalda no me importa si la persona que corre tiene un arma, porque no está atacando.
M.H.: Y Chocobar dispara 7 tiros.
M.C.V.: Así es, embocó tres. Con lo cual los otros cuatro de casualidad y por obra de la divina providencia diría alguno, no mató a alguien que pasaba por el lugar. La calle Olavarría en La Boca, no es una calle despoblada. De hecho, el hecho anterior del robo al turista finalizó y la cámara fue recuperada y el turista auxiliado porque los vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar se les fueron encima a los dos pibitos, los pusieron en fuga, le quitaron la cámara al propio Juan Pablo y ahí fue cuando aprovechó para salir corriendo y ahí es cuando aparece Chocobar lo persigue y lo mata.
M.H.: ¿En qué instancia está este juicio?
M.C.V.: Las audiencias son una vez por semana los miércoles a puertas cerradas. Mañana le toca declarar a Ivonne, la mamá de Juan Pablo, por teleconferencia porque la pobre quedó varada en Salta por la cuarentena, donde había ido por las vacaciones para visitar a su familia. Porque ya empieza la etapa de declaración de testigos, las dos primeras audiencias se fueron en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y la reiteración del absurdo planteo que hacía la defensa de pedir un juicio por jurados como si estuviésemos en la provincia de Buenos aires y no en un tribunal nacional donde no existe la instrumentación del juicio por jurado.
M.H.: ¿Por qué ese pedido?
M.C.V.: Porque con la mínima garantía de elegir 12 personas para integrar el jurado, que miren televisión unas 3 o 4 horas por día, cosa que en aislamiento es bastante probable, tenés asegurada la absolución.
El año pasado hablábamos del caso Yago Ávalos que manoteó dos tazas de plástico de un auto que estaba estacionado en la calle, las metió en su auto y salió corriendo, resultó que el auto era de un comisario que lo persiguió más de 20 cuadras a los tiros, paró en la puerta de una escuela, el pobre portero tuvo que meter a los chicos adentro, hasta que finalmente, después de que Yago y su amigo le devolvieron las tazas, lo mató.
Un fusilamiento a sangre fría de acá a la Luna, causa que llegó a juicio con acusación fiscal por homicidio, como en el caso de la querella de Chocobar, por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad; y en el juicio oral que se hizo por jurados en Morón a pedido de la defensa, no hubo acuerdo entre los jurados, para que haya acuerdo y vaya a perpetua tiene que haber unanimidad; al no haber acuerdo en el jurado, para no declarar nulo el juicio sobrevino una instancia de negociación entre los jurados y finalmente en lugar de condenarlo por homicidio agravado por la condición de policía lo condenaron por homicidio culposo que es el delito que comete cualquiera de nosotros si tenemos la desgracia de tener un accidente con el coche y matamos a alguien sin querer. Un homicidio involuntario. Por eso cuestionamos la implementación del juicio por jurado, porque no hay manera de garantizar hoy en Argentina que tenga un mínimo de objetividad.