Leche y yerba: dos industrias en crisis

La resolución dispone la liquidación total de la empresa, la inhibición de bienes, el embargo de fondos, el cierre de las dos plantas industriales de Arenaza en Provincia de Buenos Aires y la de Monte Cristo en Córdoba, y el impedimento de salida del país de su presidente Santiago Jesús Segovia Brun.

En 2016, SanCor Cooperativas Unidas Ltda. crea Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) y le vende el 90% de la operación a Vicentín Family Group por USD100 millones. La operación incluía las dos plantas y “las fórmulas y marcas de productos elaborados en esas instalaciones, entre las que se encuentran Shimy, Yogs, Sublime, Flan Casero y Primeros Sabores”.

Luego aparecieron los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández para gerenciar y hacerse cargo de la operación, conocidos por controlar La Suipachense a través de Maralac S.A.

La quiebra llega tras un frustrado concurso y después de años de incumplimientos. Para todos los trabajadores, algunos con más de 30 años en la ex SanCor, el 13 de mayo de este año fue el día del engaño y la traición. La empresa anunció la paralización de las plantas por un mes para reordenarse, pero nunca volvió a abrir sus puertas, no se cumplieron obligaciones, no se pagaron deudas, no se pagaron sueldos, ni aportes.

Luciano Asad Elías, hace 20 años que trabajaba en la planta de Arenaza y fue electo como Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) de la Seccional Junín.

En declaraciones, “El Turco” como lo conocen sus compañeros contó cómo están los trabajadores: “la situación es desastrosa, a 250 trabajadores no les pagan el sueldo desde junio de 2024, al resto le deben sueldos. Hay deudas salariales, de aportes patronales, de obra social, pero el sindicato siempre les dio atención médica a los compañeros y junto al ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires se les da una orden de compra para poder comprar mercadería y sobrevivir a los compañeros que se quedaron en la lucha por la reapertura. El ministerio de Trabajo bonaerense está pendiente de lo que nos pasa”.

Desde los trabajadores señalan “para nosotros el responsable es Vicentín y los venezolanos como gerenciadores que hicieron todo lo que hacía falta para fundir a la empresa. Todo empezó con maniobras de vaciamiento en agosto de 2022. Las actividades seguían a los ponchazos y luego del cambio de gobierno de diciembre de 2023 todo empeoró, una semana antes de la feria judicial la empresa se concursó y empezaron los problemas de falta de insumos para producir en junio del año pasado ya ni pagaban salarios. Es una situación muy triste, que genera mucha angustia. Hay gente que entró a los 18, tiene 40 años en la empresa, y varios que estaban a punto de jubilarse”, dijo el Secretario General electo de Atilra que asumirá su cargo en enero.

ARSA nació en 2016

El decreto dispone la inhabilitación definitiva de la sociedad y de su administrador, además de la interdicción de salida del país hasta junio de 2026. El tribunal ordenó publicar edictos en los boletines oficiales de la Nación, Buenos Aires y Córdoba, y fijó un plazo hasta el 9 de febrero de 2026 para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.

En el expediente se consigna un pasivo reconocido de $ 49.700 millones y garantías por otros $ 67.300 millones, correspondientes a la compra de activos de SanCor. El proceso había ingresado en concurso en marzo de 2024, pero las deudas, los más de 540 cheques rechazados por $ 6.500 millones y la paralización total de las plantas terminaron por precipitar el desenlace.

De los más de 500 trabajadores que llegó a emplear la compañía, ninguno mantiene actividad efectiva desde mayo, y la gran mayoría quedó sin trabajo ni indemnización. En Arenaza, una localidad de apenas 2.500 habitantes, el cierre dejó a toda la comunidad sin su principal fuente económica.

El juez también dispuso mantener por 30 días hábiles la provisión de energía eléctrica en las plantas, a fin de permitir las diligencias de clausura, y pidió la copia de las actuaciones en el Juzgado de Lincoln, donde ATILRA denunció a la empresa por vaciamiento y defraudación.

También La Suipachense

Al colapso de ARSA se suma al conflicto que enfrenta La Suipachense, otra láctea controlada por el mismo grupo venezolano Maralac, que emplea a unos 140 trabajadores y atraviesa una crisis severa con más de 1.000 cheques rechazados por más de $8.500 millones, atrasos salariales y nula producción. En su momento de mayor actividad procesaba hasta 250.000 litros diarios de leche.

Actualmente, la planta de Suipacha acumula denuncias gremiales por vaciamiento, despidos en el área administrativa y pérdida total de proveedores, mientras los tamberos interrumpieron las entregas por temor a nuevos impagos. En el sector señalan que la combinación de deudas, falta de financiamiento y ausencia de conducción efectiva, podrían llevar a la firma a correr la misma suerte que ARSA.

La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que controlaba la tradicional planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha. La medida fue dictada por el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes, quien dispuso abrir directamente la etapa de liquidación, poniendo fin a un proceso que se había iniciado meses atrás bajo concurso preventivo.

El gremio lechero Atilra difundió la novedad. El grupo venezolano Maralac es quien tenía el control de la compañía. Es la misma firma que administró la quebrada Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), que vendía yogures y postres que eran de SanCor.

La Suipachense tenía 140 empleados y en el último tiempo redujo fuertemente su producción en el marco de un conflicto gremial. Acumuló una deuda post concursal por cheques rechazados que ascendería a $8.458.599.415,78. También hubo reclamos del gremio por más de $1.000.000.000.

En su resolución, el magistrado ordenó “declarar en estado de quiebra a la empresa ‘Lácteos Conosur S.A.’ (CUIT 30-68714743-6)… Se deja constancia que no corresponde la tramitación bajo el régimen previsto por el art. 288 LCQ”. La decisión recae sobre una empresa que atravesaba una crisis prolongada, con la planta paralizada desde hacía semanas, sin producción ni pago de sueldos y ocupada por sus trabajadores.

El juez dispuso la inhabilitación de la empresa y de su presidente, Jorge Luis Borges León. El texto precisa: “Asimismo, se declara la inhabilitación de la fallida Lácteos Conosur S.A. y del integrante del órgano de administración Jorge Luis Borges León (DNI 95.239.435)… La inhabilitación de la fallida es definitiva”. El fallo también impuso restricciones migratorias al señalar: “Hacer saber a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la fallida…”. La decisión busca garantizar la disponibilidad del directivo mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión.

En el plano económico, la resolución ordena comunicar la quiebra al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que todas las entidades financieras bloqueen cuentas y depósitos a nombre de la empresa. “Ordenar que se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras… cerrar todas las cuentas corrientes… y embargar y transferir los saldos existentes”, detalló.

También se decretó la inhibición general de bienes y la prohibición de pagos: “Decretar la inhibición general de bienes de la fallida…” y “prohibir la realización de pagos a la firma fallida…”. Con esto, se impide cualquier movimiento patrimonial hasta que la Sindicatura determine el destino de los activos.

Otro de los puntos relevantes fue la clausura de la planta industrial y el control de su documentación. “Proceder a la constatación y clausura del establecimiento de la fallida… El oficial de justicia procederá a la incautación de libros y documentación… y constatará el estado de ocupación e identificará a los eventuales ocupantes”. La medida busca preservar los bienes y la información contable, mientras se relevan los activos que podrían integrarse a la masa de la quiebra.

La Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra. “Resultando este último continuación de aquél, corresponde que prosiga con su actuación la Sindicatura interviniente en el concurso”, estableció el fallo. El juez le encomendó garantizar la provisión de servicios básicos y la seguridad del predio: “Solicitar a la Sindicatura que adopte las medidas necesarias para la provisión de los servicios esenciales… y garantizar la seguridad de la planta”.

También advirtió sobre la posibilidad de dar intervención penal: “…deberá arbitrar los medios necesarios, en caso de corresponder, para dar urgente intervención a la Justicia Penal”, ante eventuales delitos de los representantes de la empresa.

El fallo fija los plazos del proceso. Los acreedores podrán verificar créditos hasta el 10 de febrero de 2026, según el texto: “Fíjase fecha hasta la cual podrán presentarse los acreedores a verificar sus créditos, en el día 10/02/2026”. Luego, la Sindicatura deberá presentar las impugnaciones hasta el 27 de febrero, y los informes individuales y generales entre el 30 de marzo y el 14 de mayo de 2026, con posibilidad de observaciones hasta el 29 de mayo». Finalmente, se dispuso modificar la carátula del expediente a “Lácteos Conosur S.A. s/ Quiebra (Grande)” y notificar de forma automatizada a la empresa y a la Sindicatura.

Con más de 70 años de historia, La Suipachense llegó a procesar unos 250.000 litros diarios de leche y empleaba a 140 personas, siendo uno de los principales motores económicos de Suipacha y su zona de influencia. La planta era conocida por su producción de quesos y dulce de leche, con presencia en todo el país. En los últimos meses, sin embargo, la producción se detuvo por completo. Los trabajadores ocuparon el predio en reclamo de salarios y aguinaldos atrasados. Con la quiebra decretada, la empresa pasa formalmente a administración judicial.

Lácteos Vidal: narcotráfico, fraude laboral y financiamiento político ilegal

Por Lucho Aguilar

Trabajadores lecheros presentaron una denuncia en la Cámara Criminal y Correccional Federal donde “exigen investigar de manera inmediata los vínculos del grupo empresario Lácteos Vidal con operaciones de narcotráfico internacional, triangulación de fondos ilícitos y violaciones graves a los derechos laborales”. Myriam Bregman también realizó una presentación pidiendo se aclare la relación de Patricia Bullrich con los hechos.

Trabajadores despedidos de Lácteos Vidal, acompañados por el gremio ATILRA, presentaron una denuncia al tribunal laboral N°69, donde tramita la causa original, pero con copia a la Cámara Criminal y Correccional Federal.

En la Causa 31095/2025 (“Anidos, Claudio Andrés y otros c/ Lácteos Vidal S.A. s/ Medida Cautelar”), exige investigar “de manera inmediata los vínculos del grupo empresario Lácteos Vidal con operaciones de narcotráfico internacional, triangulación de fondos ilícitos y violaciones graves a los derechos laborales”.

El pedido “se apoya en documentación de la Justicia de los Estados Unidos que confirma transferencias millonarias desde cuentas asociadas al empresario detenido por narcotráfico Fred Machado hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal”.

Recordemos que todo se desató con el escándalo Espert-Machado, donde se comprobaron las transferencias del empresario investigado con el candidato de La Libertad Avanza. Pero las pericias contables del Bank of América revelaron otros datos claves. Por ejemplo, una docena de transferencias entre la familia Bada Vázquez (Vidal y Alejandra) y la empresa de Machado que está acusada de relaciones con el narcotráfico y el lavado de activos. La suma no es menor: 3 millones de dólares.

Pero además reveló otras conexiones. Por ejemplo, los aportes de Alejandra Bada Vázquez a la campaña del PRO, en concreto a la candidatura de Patricia Bullrich en las PASO 2023.

Al tomar conocimiento de distintos datos de la causa la referente del PTS y el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, realizó una presentación en la justicia federal electoral de la Ciudad de Buenos Aires para que “en forma urgente se cite a las autoridades de la Alianza La Libertad Avanza que tiene como candidatos a Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi, para que den las explicaciones del caso y, a todo evento, se inicie una investigación penal”.

¿Fraude laboral y narcolavado?

Los obreros lecheros de Vidal llevaron adelante una larga huelga con acampe contra el fraude laboral que llevaban adelante los empresarios Bada Vázquez: categorías eternas, horas extras obligadas y no pagadas, aprietes y salarios de miseria. La justicia les dio la razón, a pesar de que la patronal se había convertido en el caballito de batalla del Movimiento Empresario Antibloqueos, un grupo de lobby contra el derecho de huelga. Patricia Bullrich era su figura política.

Ante esa derrota judicial la empresa hizo una maniobra societaria para no pagar las deudas laborales. Ahora uno entiende que para ellos era casi una “trampa menor”.

Por eso el interés de los trabajadores y el gremio es que no continúen con la estafa, ahora que se conoce su capacidad criminal.

Por eso solicitan a la Cámara Federal que: Detenga de inmediato las escisiones societarias dispuestas por la empresa.

Investigue a fondo los vínculos con el narcotráfico y el financiamiento político.

Garantice la protección del crédito laboral de los trabajadores, evitando el vaciamiento.

Golpe final al Instituto Nacional de la Yerba Mate

Por Pedro Lacour

Un nuevo decreto presidencial dejó al organismo de la yerba mate sin facultades para influir en precios y oferta. El oficialismo misionero que comanda Carlos Rovira relativiza la confrontación en su afán por no quedar aislado políticamente. El sector reclama protección.

Javier Milei avanzó otro casillero en su cruzada contra los organismos estatales con capacidad regulatoria. A través del decreto 812, modificó el marco vigente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y lo dejó sin atribuciones para intervenir en precios, volúmenes de producción o competencia dentro del mercado yerbatero. Nacido en 2002 tras la mayor protesta agraria en la historia de Misiones, el organismo fue despojado de su última herramienta política: la facultad, ya sea directa o indirecta, para equilibrar la relación entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes industrias molineras.

Pero la letra jurídica del decreto es apenas la superficie. Lo que está en juego es una pulseada política que arrancó con el DNU 70/23 y que va de Misiones a Buenos Aires, con el mandamás Carlos Rovira como protagonista silencioso y el sector yerbatero como campo de batalla. Milei nunca designó un presidente para el INYM desde su llegada al poder y el organismo está acéfalo desde el 10 de diciembre de 2023. Una señal que en Posadas leyeron como deliberada: la Casa Rosada prefirió desactivarlo por inanición antes que intervenirlo frontalmente.

La posición que tomó en los últimos días el gobernador Hugo Passalacqua intentó equilibrar la tensión política: marcó públicamente su rechazo por el riesgo de mayor concentración, pero evitó volverlo un conflicto mayor con Nación. “Nuestra prioridad es cuidar a toda la familia yerbatera”, escribió. A través de las redes sociales, Passalacqua advirtió que “solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”. Y remató: “Nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector”.

La medida llegó después de un año electoral en el que el Frente Renovador de la Concordia, la fuerza política que gobierna la provincia desde hace dos décadas, hizo campaña con un discurso crítico hacia las políticas nacionales, con el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad como principal candidato. La respuesta en las urnas fue categórica: La Libertad Avanza le ganó por siete puntos y dejó definitivamente a Rovira frente a un nuevo escenario político.

Los últimos dos años estuvieron signados por los sucesivos giros pragmáticos que caracterizan al conductor del espacio: si en diciembre de 2023 el ex gobernador había anunciado la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate para “defender la rentabilidad de los pequeños productores”, pocos meses después desactivó la confrontación, bajó la intensidad de las críticas y se alineó con el discurso de colaboración con la Casa Rosada. “Ir a la Corte no alcanza, no sirve”, dijo Rovira en una reunión privada, en abril de 2024, donde pidió pasar “de la queja a la acción”. Desde entonces, optó por evitar la bandera anti-Milei en el tema yerbatero y concentrarse en iniciativas de innovación provincial.

Hoy, Herrera Ahuad, ya sin centralidad electoral y tras haber sido derrotado en su propio territorio, también giró la lectura hacia una lógica de mandato popular. “Los misioneros eligieron otra cosa”, admitió tras la elección nacional, justificando su mesura. En el debate sobre la reforma laboral aplicó el mismo criterio: “Tengo que escuchar a la mayoría”. La Renovación, como también se conoce al oficialismo misionero, terminó admitiendo que la agenda libertaria cuenta hoy con un aval electoral directo de su propia base.

El nuevo decreto reabre tensiones entre los distintos actores. Para la Casa Rosada, el INYM fue durante años un instrumento de “cartelización estatal”. “Por años se usó un ente público para cartelizar un mercado competitivo”, escribió en X Federico Sturzenegger, cerebro de la desregulación y uno de los impulsores de la medida. La propuesta del ministro es reconvertir al Instituto en un organismo de certificación de calidad y promoción, similar al INV en la industria vitivinícola.

En esa línea, fuentes del INYM señalaron que el nuevo decreto tiene “cero consecuencias” prácticas y que “no afecta en nada” la operatividad del Instituto, porque la pérdida de la potestad para fijar precios ya había sido dispuesta en diciembre de 2023 con el DNU 70/23. El 812/25, remarcan, solo modifica o anula artículos del decreto reglamentario y “ratifica una decisión previa”. Desde la Secretaría de Agricultura coincidieron en esa interpretación: el rol del INYM seguirá enfocado en “promoción y control de calidad” y no en intervención económica, en línea con el artículo 42 de la Constitución y la agenda de desregulación.

En el territorio, la lectura es opuesta. Para Jonás Peterson, de Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, el decreto “profundiza el daño que ya había hecho el DNU 70/23” consolidando el vaciamiento del organismo. El productor, que hasta abril de 2024 ocupó un cargo en el INYM, habla de “mucha bronca” porque, según afirma, la nueva norma “elimina por completo todo el capítulo de fijación de precios”, pero además le quita al Instituto la capacidad de intervenir cuando hay desbalances en el mercado. “No sólo no puede fijar valores: tampoco puede generar herramientas para equilibrar oferta y demanda”, sostiene.

Peterson también cuestiona que el decreto “prohíbe generar calendario de cosecha” —el mecanismo usado durante dos décadas para evitar sobreproducción y cuidar los yerbales— y advierte que limita la posibilidad de “controlar la calidad de la yerba mate importada”. El resultado, afirma, será un impacto directo sobre los pequeños colonos: “A la larga nos va a ocasionar un daño enorme”. El fantasma que sobrevuela a los colonos es conocido: en los 90, sin regulación ni precios sostén, la sobreoferta de hoja verde licuó márgenes, aparecieron cheques sin fondo y desaparecieron industrias históricas.

Cerca de Passalcaqua insisten en que la postura frente al nuevo esquema no es pasiva. Facundo López Sartori, ministro del Agro misionero, aseguró que la provincia “va a exigir la restitución plena de todas las funciones del INYM”, al tiempo que buscará avanzar en la formalización del productor y mayor transparencia en la cadena comercial. En el gobierno provincial sostienen que el objetivo sigue siendo garantizar “un precio justo” y mantener el valor de la hoja verde “por encima de los 0,55 dólares por kilo”, una referencia que presentan como compromiso histórico con la “familia yerbatera”.

Sin embargo, lo que emerge detrás del decreto de Milei es un reacomodamiento político más amplio: la derrota electoral obligó al oficialismo misionero a recalibrar su relación con La Libertad Avanza, mientras la Casa Rosada profundiza el experimento desregulador en una economía regional estratégica. La pregunta ahora es si el mercado, que está en manos de pocos compradores y con miles de productores atomizados, puede sostenerse sin mecanismos de protección. La yerba mate vuelve a quedar atrapada entre la lógica de la libertad total y la memoria de las crisis que, hace más de 20 años, el INYM vino a contener.

“Muchos productores no van a cosechar por imposibilidad económica”

El ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Sergio Delapierre, analizó el momento crítico que atraviesa el sector yerbatero y detalló los motivos por los cuales la tradicional zafriña de verano podría verse drásticamente afectada.

Sergio Delapierre anticipó que, “probablemente haya gente que no quiera iniciar la zafriña”, debido a que “los precios se mantienen deprimidos por debajo de los costos de elaboración y eso hace que la gente no pueda trabajar”. Según explicó, muchos yerbateros “no tienen dinero ni siquiera para pagar a los cosecheros”, lo que vuelve inviable cualquier intento de levantar la cosecha.

Asimismo, aclaró que la situación no será uniforme: “Muchos productores no van a cosechar por imposibilidad económica, pero también es bueno dejar en claro que hay gente que sí puede cosechar y lo va a hacer”. En particular, señaló que, “hay empresas integradas verticalmente que tienen desde la venta del paquete en góndola y esa yerba la van a cosechar”.

En consecuencia, Delapierre anticipó “una cosecha quizás restringida en la provincia de Misiones”, y remarcó que la industria, con acopio previo y estructura completa, “están vivas, están en actividad. El que está quedando relegado es el productor”.

Luego, manifestó que, “hoy en día, los productores tienen una pérdida en su trabajo. Están trabajando a pérdida”. Solo aquellos con yerbales nuevos y altos rendimientos logran cubrir las inversiones, mientras que “la generalidad de los 15.000 productores es que están trabajando a pérdida”.

Sobre el valor de la hoja verde detalló que, “el último precio que teníamos era, en el mejor de los casos, $285, y en promedio estábamos en $260 el kilo de hoja puesta en secadero”. Esto resulta insostenible porque “los costos de producción superan los $410”, por lo que “el mínimo que estaríamos necesitando es de $500”.

La consecuencia directa es el abandono progresivo del cultivo. “Hay productores que sobreviven porque viven en la chacra, otros hacen tabaco y está el yerbatero que solamente tiene yerba mate. Esa persona está pasando un mal momento y, en algunos casos, llega a ofrecer las chacras en venta”.

«Nos pagan por debajo del costo»

El sector yerbatero atraviesa una crisis inédita. Así lo aseguró María Soledad Fracalossi, directora del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), quien, en una metáfora temática, aseguró que la producción yerbatera está “fría”.

En este contexto, Fracalossi apuntó contra los sectores concentrados: “Desde nuestro punto de vista, los industriales nunca pierden. Es un mercado de compra bastante atomizado, son pocas y grandes empresas que demandan la materia prima. Muchas veces hay algún acuerdo entre ellas en detrimento del productor”.

Aunque reconoció que la yerba suele ser una actividad cíclica, aseguró que “hoy las condiciones generales son diferentes” y se vive una situación inédita. Señaló que la competencia entre marcas hace que el valor de salida del molino baje, y concluyó: “Eso trae consecuencias en el eslabón más débil, que es el productor”.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Bae Negocios, InfoGremiales, La Izquierda Diario, Perfil, Página/12

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