Con cifras regionales, la relatora Especial de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, dio comienzo a la segunda jornada de debate sobre aborto en la Cámara de Diputados. Mejía brindó el marco regional. El local: cifras del Ministerio de Salud de la Nación muestran que […]
Con cifras regionales, la relatora Especial de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, dio comienzo a la segunda jornada de debate sobre aborto en la Cámara de Diputados. Mejía brindó el marco regional. El local: cifras del Ministerio de Salud de la Nación muestran que en Argentina se efectúan 460 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año, que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna y que 78 mil mujeres por año llegan a las guardias de hospitales públicos por complicaciones post aborto.
Esta abogada venezolana, con amplia experiencia en derechos humanos, fue la disertante invitada del segundo encuentro organizado desde la comisión de Legislación Penal que comenzó el año pasado con la presentación de la experta de Human Rights Watch, la danesa Marianne Mollman, después de que por primera vez que este tema viera la luz en una comisión de la cámara baja. Dijo Mejía en su presentación: «He sido invitada para hablar, en el marco del debate por el aborto, sobre cómo el sistema interamericano ha venido abordando este tema para que todas las personas que tengan que tomar una decisión al respecto, pues tengan toda la información que desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos de la mujer también se están debatiendo en el seno del sistema interamericano».
Panorama latinoamericano
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos y hace tres meses había presentado en nuestro país un informe sobre salud reproductiva de la mujer. Mejía: «El organismo interamericano ha abordado casos de los derechos reproductivos de las mujeres a través de tres mecanismos: el primero, el mecanismo de casos individuales; el segundo, de soluciones amistosas; y el tercero, de informes temáticos. Hace tres meses presentamos informes sobre salud materna donde se remarca que la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar de importancia en la agenda tanto legislativa como en las políticas públicas».
El informe se refiere a diversos casos de Bolivia, Paraguay, Guatemala. «En Costa Rica se encontró responsable al Estado por violación a los derechos humanos de las mujeres en la medida en que por una interpretación errada del derecho a la vida se prohibió a las mujeres la fertilización in vitro. Estamos demandando al Estado de Costa Rica por ese tema». Otros datos del continente: «En Canadá, de cada 100 mil mujeres, solo siete necesitan servirse de salud materna, mientras que en Haití, de cada 100 mujeres, seis tiene algún tipo de afectación por causas vinculadas a falta de servicios de salud materna. Estamos en un continente y en una región donde lo primero que salta a la vista es la brecha en materia de los derechos reproductivos de las mujeres».
Otros de los casos abordados por la CIDH fue el de Paulina Ramírez Jacinto, «una niña de 13 años víctima de violencia sexual quien tenía derecho, en el DF de México, al aborto legal, pero que fue impedida por médicos y asistentes de salud, a pesar de que su Constitución lo establece. También, con su mamá fueron víctimas de persecución por parte de funcionarios. Los médicos, manifestando objeción de conciencia, no la atendieron, causando importantes daños en la atención psicológica de la niña. La CIDH encontró al Estado de México como responsable de la violación de los derechos humanos de esta joven y se llegó a una reparación.»
De quién es el derecho a la vida
En Argentina, aseguró Mejía, «parte del debate jurídico que se da en la práctica es señalar que la Convención Americana establece el derecho a la vida, pero: ¿el derecho a la vida de quién?, ¿cuáles son los limites?, ¿hasta dónde los Estados tienen un mandato claro? La Convención establece el derecho a la vida ´en general´, en el entendido de que aquellos Estados que tenían el aborto establecido en su legislación también podían formar parte de la Convención, sin que eso supusiera una limitación de los derechos establecidos o un mandato para aquellos que no lo querían establecer, de tal manera que no puede ser interpretado de manera restrictiva». Sobre este punto neurálgico también se había expedido Mollman el año pasado, para disipar dudas alentadas desde sectores opuestos a la despenalización, que usaban a la legislación internacional como traba para avanzar hacia una ley de despenalización.
El nivel del debate
Como contexto del debate, en la entrada a la Cámara ambas posiciones repartían volantes, panfletos, colgaban carteles con fotos de fetos destrozados en gran tamaño, se paseaba también una chica con remera naranja con una leyenda de otra época: Matrimonio= Hombre y mujer, con un dibujito de la mamá y el papá de la mano con el hijito. Uno de los volantes que circulaban titulaba: «Defendé tu especie». En el se especificaba que el aborto aumenta la violencia hacia la mujer, no disminuye la mortalidad femenina, pone el riesgo la salud de una mujer y que abortar es discriminar. Como cierre: «Nadie tiene derecho a matar y menos a un inocente. Siempre es injusto matar a una persona. Pero es más injusto matar a una persona humana inocente». Para evitar cosas como estas es que las jornadas en el Congreso tratan de elevar el nivel del debate.
«Los problemas de salud materna son sólo de mujeres, pero parecería que las consecuencias de las enfermedades de los daños vinculados a la falta de salud materna son solo de mujeres; al igual que el problema del aborto y sus consecuencias. Los hombres no sufren estos problemas ni en sus cuerpos ni en su integridad física y psicológica. Sin embargo, sí es importante señalar que aunque los hombres no lo sufren, sí es un problema de hombres porque la dignidad y salud de las mujeres brinda la posibilidad de que tengamos un mundo más tolerante y equitativo», concluyó Mejía.
Muertes silenciadas
Después de la disertación, se abrió la instancia de preguntas de las diputadas. Ivana Bianchi, antes de hacer la suya, remarcó que en noviembre vino también una «señora de otro país» (refiriéndose a la danesa de Human Right). «A mi me gustaría escuchar a nuestra gente, gente de salud, abogados. Queremos un debate real». Finalmente peguntó sobre si la objeción de conciencia debería estar en un proyecto. «La objeción de conciencia es un derecho, es parte de la complejidad de este tema. El límite está en cuanto a si la falta de atención pone en riesgo la vida de una mujer», respondió la relatora. «Hay un alto porcentaje de muertes prevenibles. Muchas de las que mueren son pobres y no tienen acceso a la salud».
La diputada Victoria Donda fue agredida en la entrada y repudió, con el apoyo de otras legisladoras presentes, esos actos. «Más de tres mil mujeres, desde la llegada de la democracia, han muerto por abortos clandestinos, según cifras no oficiales», recordó.
Por su parte, la legisladora Cintia Hotton manifestó su enojo al señalar que propuso disertantes y que no obtuvo respuesta por parte del presidente de la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega. También enfatizó que la invitada actual tiene que ver con que «Vega se postula para ser integrante de la CIDH», y que por eso se siente «usada».
A su turno, Vega le respondió que en abril le había ofrecido a la diputada que propusiera a alguien idóneo, pero la respuesta de Hotton se tardó casi tres meses y recién fue efectuada la semana pasada.
Durante la disertación fue expulsada una de las asistentes antiaborto y hubo varios cruces con las diputadas de la oposición. En varias ocasiones, Vega tuvo que pedir que dejen hablar a la invitada y que prime el respeto. En el cierre se escucharon los cantos típicos pro aborto y calificativos tales como «Asesinas», «Genocidas».
Independientemente de esos elementos que estarán presentes seguramente en todas las jornadas de debate, se celebró la presencia de la invitada para seguir profundizado un debate que, al decir de Vega, «está silenciado en Argentina desde hace mucho tiempo». El legislador recordó que el primer proyecto data de 1936. «Tenemos desde el Congreso una larga deuda», sintetizó.
Los enemigos
¿Qué impide que la Argentina cuente con la despenalización del aborto?
Responde la diputada Cecilia Merchan: «Tenemos dos grandes contrincantes. El primero son esos sectores conservadores que en nombre de la vida dan un debate falso e hipócrita, que no tiene nada que ver con la realidad. Ninguna mujer quiere caer en esa situación, todas sabemos que es compleja: todas queremos vivir nuestras vidas libremente, tener familia y vivir como cada una decida. Creo que esos sectores que se oponen son los mismos que se opusieron a la ley de salud sexual, o a la de educación sexual, por lo tanto, son los que promueven el embarazo no deseado y, por lo tanto, el aborto clandestino. Y, por otro lado, tenemos otro gran contrincante que es el negocio clandestino. Cada año en Argentina se mueven 1.200 milllones de pesos en abortos clandestinos contra los 35 millones que tiene el programa de salud sexual. Estamos hablando de un gran negocio de grandes corporaciones a las que no les interesa que se legalice, sino en la clandestinidad para seguir enriqueciendo sus bolsillos».