Los que ganan $ 250.000 dicen al de $ 19.000 que tiene que ser solidario con el de $ 12.000. «Esto es para garantizar el pago de la deuda, se vuelve a sacar plata a los trabajadores que aportaron durante 40 años pensando en los acreedores externos», señaló Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. La […]
Los que ganan $ 250.000 dicen al de $ 19.000 que tiene que ser solidario con el de $ 12.000.
«Esto es para garantizar el pago de la deuda, se vuelve a sacar plata a los trabajadores que aportaron durante 40 años pensando en los acreedores externos», señaló Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
La «Ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica» fue aprobada en el Parlamento y ha sido el eje del actual debate político.
Tal medida tiene ganadores y perdedores. Entre los primeros están los sectores de menores ingresos y de las Pymes. Entre los perdedores están los sectores medios y medios altos, además de los productores de cereales y los jubilados -el punto más débil de esta política- que cobran más de $ 20.000 (unos 325 dólares) y que pasan a ser el principal sostén de los nuevos recursos estatales.
Los jubilados de menores ingresos serán compensados con bonos de $ 5.000 (unos 85 dólares) para enero y otro tanto para febrero. Mientras tanto, a todos los jubilados se les suspende la «movilidad» fijada por ley, que les significaría notorios aumentos durante el primer semestre del año.
Esa medida fue suspendida por 180 días, a excepción de docentes e investigadores. Pero la excepción también alcanzaría a magistrados y ex funcionarios, sobre los cuales una Comisión Especial deberá expedirse.
Ramiro Castiñeira de Econométrica estimó que el ajuste impulsado por el Gobierno representará una transferencia del sector privado al Estado por más de U$S 9.000 millones. Los jubilados aportan U$S 3.000 millones. Unos $ 189.000 millones al tipo de cambio actual.
Para la consultora Quantum que dirige Daniel Marx, considerando que la suma fija de $ 5.000 la recibirán 5.600.000 personas, el impacto incremental sobre el gasto público sería del 0,1 en enero. Mientras, el congelamiento en jubilaciones y pensiones representa una reducción del 0,5% del PBI.
La mal llamada Ley de Reparación Histórica (2017) implicó una caída real de los haberes jubilatorios de 13% en 2018 y 2% en 2019. Los 2 quintiles más bajos perdieron alrededor del 18% del poder de compra.
De 6.900.000 beneficiarios, 4.400.000 están en la mínima; 2.100.000 perciben un haber medio de $ 27.000; y unos 300.000 la máxima o más, es decir, representan un 5% pero reciben el 20% de los recursos. Allí se ubica el universo de ex presidentes, ex ministros, ex diputados, ex senadores, ex intendentes, ex jueces, ex diplomáticos, etc., que fueron excluidos de los alcances de la Ley.
Para destrabar la discusión en Senadores, Alberto Fernández les comunicó por twitter que había decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un Proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)». Una vez más vimos cómo la casta política se caracteriza por la «solidaridad» en base al bolsillo ajeno.
Según Marcelo Bonelli escribió en Clarín el 20/12 papers reservados y exclusivos para los clientes del FMI avalan y aplauden el paquete que la Casa Rosada envió al Congreso. Cuatro informes de Bancos internacionales (JP Morgan, UBS, Barclays y Credit Suisse) indican que el plan incluye un fuerte ajuste fiscal equivalente a 1.5% del PBI. Por eso subieron los bonos argentinos. Jubilados que no cobran la mínima y aumento de la presión fiscal al campo (soja 33% y otros granos 15%), ahorristas e inversores serían la fuente para «honrar» la deuda pública con el FMI e inversores extranjeros.
Fuera del ajuste han quedado las petroleras y la minería que vieron reducir sus retenciones del 12% al 8% y los Bancos que ganaron $ 243.000 millones en 10 meses.
Pronunciamiento de la CTA Autónoma
«La CTA Autónoma saluda el debate parlamentario del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, y que será tratado en unas horas. Sin embargo, no queremos dejar de expresar nuestra preocupación en torno a la amplitud de la declaración de emergencia pública, que implica en la práctica, la entrega de un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que legisle en multiplicidad de materias, sobre todo la previsional.
A dos años de la resistencia popular del 18 de diciembre del 2017, entendemos que las medidas que se adoptan en cuanto a lo previsional en ese proyecto, tienen más que ver con la reducción del gasto público, que con mejorar la situación de uno de los sectores más castigados en los últimos cuatro años, como es el de los jubilados y pensionados.
Con esta ley, el ajuste lo pagan el conjunto de jubilados y pensionados que ven frustrados sus derechos a una movilidad jubilatoria razonable y proporcional. Los jubilados que ganan un salario por encima de la mínima, producto de haber trabajado toda su vida, será quienes sostengan a los de menores recursos, en vez de quitarle a quienes más se han enriquecido con las políticas de ajuste y saqueo.
Rechazamos la suspensión de la movilidad por 6 meses (artículo 51) que significa que queden en suspenso nuestras expectativas y previsiones hasta que en marzo, el Presidente decida cuál va a ser el ajuste de la movilidad y para quienes. No debe ser una «comisión de notables» (como sancionó la Ley de Reparación Histórica) quien defina los ingresos de los jubilados y pensionados, sino que es en relación proporcional al salario de los trabajadores y trabajadoras en actividad, camino al 82% móvil.
Objetamos la continuidad del vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (artículo 53) que permite aumentar hasta el 100% los topes previstos para la inversión del fondo en operaciones de títulos públicos, aún sin garantía hasta el presente, y que se extiende hasta el 2023.
Asimismo entendemos que la exención de los aportes patronales del ámbito privado y las Pequeñas y Medianas Empresas (artículos 23 y 54), no hace otra cosa que contribuir al desfinanciamiento del sistema previsional.
Esta Ley sigue sin proponer una solidaridad de los que más ganan en el sistema económico y financiero de nuestro país , a través de una necesaria reforma tributaria y financiera por medio de impuestos progresivos para financiar el sistema previsional.
Congela además la posibilidad de este sector de acceder a una canasta básica total que le asegure una vida digna, derecho a la alimentación, la vivienda, la salud, la recreación y los servicios esenciales.
Si bien saludamos los dos bonos de 5.000 pesos cada uno, asignados a los haberes mínimos, y los 2.000 para beneficiarios de la AUH, creemos que son insuficientes y que en marzo, cuando cesen esos pagos, la situación de indigencia a la que sumergen los haberes mínimos de nuestros mayores, será más acuciante.
Estos bonos además no son universales, y no remplazan el incremento permanente de haberes que recupere lo perdido y, a partir de ahí, establezca los mecanismos de actualización en línea con la inflación futura».
La marcha más grande de la historia de Mendoza contra la megaminería
Miles de personas recorrieron más de 100 kilómetros el domingo pidiendo que no se promulguen los cambios a la Ley 7722 que limita la minería metalífera en Mendoza.
La caravana que partió de San Carlos llegó a Casa de Gobierno, donde se había apostado un gran operativo de seguridad con un fuerte vallado.
El viernes último, se aprobó en la Legislatura la reforma de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el proceso de lixiviación en la minería. Cerca de 50.000 personas se movilizaron y llegaron a Casa de Gobierno donde exigieron el veto de la reforma por parte del gobernador de la Cambia Mendoza, Roberto Suárez. La represión llegó en horas del mediodía y la siesta del lunes.
Pese a la dispersión de la manifestación, la misma se reorganizó en dos puntos: el Km0 de Mendoza y el Nudo vial. Infantería volvió a reprimir con balas de goma. Luego de la represión, una larga columna de alrededor de tres cuadras de manifestantes se dirigió al Km0, donde se plegaron a quienes ocupaban ese punto desde la desconcentración en Casa de Gobierno. La Asamblea Mendocina por Agua Pura convocó nuevamente a la noche un cacerolazo en el Km0 y marchó por las calles del microcentro.
La manifestación se extendió a lo largo de cinco cuadras por la principal arteria del centro capitalino. Y a la par, los empleados de los comercios y los mendocinos que se encontraban en ese momento haciendo sus compras de Navidad, se sumaron con aplausos a la marcha. También desde los balcones y ventanas, sobre avenida Las Heras, los vecinos hacían redoblar sus cacerolas o tapas de ollas.
Entre tanto, el enojo se multiplica y se suman mayores sectores al reclamo. Se espera en las próximas horas un masivo cacerolazo y distintas medidas de fuerza en distintas partes de la provincia.
El lunes la jornada fue agobiante, una temperatura en las calles que superaban los 40º y una movilización que sin dudas cumplió con su llamado: La marcha más grande de la historia de Mendoza. Las banderas mapuches y las wiphalas flamearon en cada punto de la ciudad. El pueblo mendocino ha demostrado que en la provincia «no hay licencia social».
Crónica de una muerte anunciada
En poco más de diez horas, las dos Cámaras de la Legislatura de Mendoza modificaron la Ley 7722 para habilitar el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que significa la apertura de la provincia a la explotación de la megaminería.
La actividad se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de tutelar el agua.
La votación ocurrió con una Legislatura vallada y una fuerte custodia policial ante una Plaza de la Independencia colmada por integrantes de las asambleas ciudadanas de toda la provincia. «El agua no se negocia», «La 7722 no se toca» eran las expresiones repetidas por los manifestantes, que el martes 17 ya se habían expresado también de manera multitudinaria durante el tratamiento en comisión del Proyecto.
En la jornada del viernes 20 los reclamos frente al Palacio legislativo se replicaron en las rutas de toda la provincia con ocho cortes informativos y cortes totales de algunos accesos a la ciudad para expresarse en contra de la avanzada de senadores y diputados.
Los asambleístas y una decena de organizaciones ambientales como Greenpeace, Fundación Biodiversidad y Vida Silvestre habían advertido que la modificación de la norma va en contra del principio de no regresividad de la Ley General de Ambiente, lo que abre, como reconocieron algunos legisladores, un camino de anulación vía judicial.
«Una vez que se conozca la promulgación de la ley, antes de fin de año, se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por la violación al principio de no regresión», confirmó Marcelo Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua.
La Cámara Alta mendocina aprobó la modificación de la norma por una amplia mayoría, con votos de los senadores del radicalismo, el PRO y el Frente de Todos. Situación similar se repitió una hora después en la de Diputados , donde no hubo tratamiento previo y se aprobó sobre tablas.
Desde la Asamblea Popular por el Agua señalaron que el lobby minero nunca descansó desde 2007 y «quería a toda costa llegar a fin de año con la modificación». El contexto de la crisis económica y el aumento de la desocupación en la provincia acompañó, según Giraud, a un «cerco mediático brutal» por parte de los principales medios mendocinos que silenciaron las voces disidentes, entre ellas, un pronunciamiento de más de 500 científicos y académicos.
Entre los artículos modificados de la Ley 7722, ratificada en 2015 por la Corte Suprema mendocina, el central es el 1º que prohibía la utilización de sustancias tóxicas «a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico» en una provincia que se encuentra hace 11 años en emergencia hídrica. Mientras, la megaminería utiliza cientos de litros de agua por segundo para limpiar el material extraído de la montaña.
El proyecto tratado por el Senado fue la primera decisión del flamante gobernador radical Rodolfo Suárez, sucesor de Alfredo Cornejo. La base del proyecto fue otro presentado en 2018 por el senador del Frente de Todos, Alejandro Abraham. Suárez celebró haber recibido el respaldo del presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron los gobernadores radicales en la Casa Rosada.
Durante un encuentro con la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Fernández calificó a la minería como «primordial» y se adelantó a la votación favorable en Mendoza, como también la vuelta de la actividad minera a cielo abierto en Chubut.
Esto dijo Alberto Fernández cuando almorzó con los empresarios integrantes de la AEA:
«Recién Paolo Rocca me preguntaba por «Vaca Muerta». Claro que «Vaca Muerta» para nosotros es algo primordial, si sabemos que allí hay fuentes de recursos para el futuro y hablábamos también de minería y claro que la minería también es un tema primordial. Hablaba, días atrás, con Gerardo Morales y le decía: «quiero ir a Jujuy a un yacimiento de litio» y tenemos que hacer el esfuerzo de construir una empresa de baterías de litio para que al litio lo dejemos de vender como materia prima y empecemos a venderlo como un producto elaborado. Y lo mismo tenemos que hacer con el silicio. Y en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza, también, se involucre en la explotación minera; y en Chubut hemos logrado que, en la zona de la meseta, podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia.
Y yo apelo a que ustedes sigan invirtiendo y sigan creyendo en el país, porque vamos a ponerlo de pie, no tengan duda. Lo hemos hecho mil veces, mil veces nos caímos y mil veces nos levantamos. Ahora lo ideal sería que esta sea la última vez que nos caemos, porque ser experto en levantarse no es buena idea. Y estaría buenísimo ser expertos en caminar juntos y en crecer juntos, no en caernos y levantarnos».
En el tratamiento en la Cámara alta el acuerdo fue casi homogéneo. Solo dos senadores del Frente de Todos, tres de Cambia Mendoza y los monobloques del Frente de Izquierda y Protectora se opusieron a la modificación. En la Cámara baja los votos negativos llegaron a 11, sobre 36 positivos y una abstención.
Ahora Chubut «zona de sacrificio»
Este viernes se realizará en la Legislatura de Chubut, en Rawson, la sesión extraordinaria que podría tratar la derogación de la ley 5001 o el Proyecto de zonificación minera que abriría la puerta a los proyectos megamineros.
Nuevamente los pobladores de Chubut, como los de Mendoza, manifestarán su rechazo tanto a la derogación de la ley 5001, lograda luego de un debate y lucha popular, como a la zonificación minera, que pretende convertir a la meseta chubutense en una «zona de sacrificio», donde se realizarán los proyectos megamineros, y con la «ingenua» creencia que la gran contaminación que allí se provocaría no se propagaría por toda la provincia por medio de los grandes vientos, comunes en la Patagonia. Que serían «imposibles» las filtraciones de los químicos altamente contaminantes que se usan en esta actividad, por los «exhaustivos» controles que efectuaría la secretaría de Ambiente, que en este momento cuenta con cinco inspectores para controlar los cerca de 5.000 pozos petroleros que tiene la provincia.
Un secretario de Minería a medida de las mineras
Alberto Hensel ocupa el cargo de secretario de Minería bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.
Hensel pertenece al riñón del gobernador de San Juan, Sergio Uñac; ocupó el cargo de secretario durante su gobierno, y fue el propio Uñac el encargado de sugerirle a Alberto Fernández su nombre.
Hensel es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue Intendente de la localidad de Sarmiento durante ocho años, formó parte del gobierno de José Luis Gioja y después volvió a ocupar su lugar como intendente de Sarmiento entre 2007 y 2011. Para Hensel no hay mejor modelo a seguir que el sanjuanino en materia de minería y generación de empleos. Cuando se enteró de la elección, afirmó que «el modelo a seguir es el local, con una mirada federal».
Durante el gobierno de Macri, el sector gozó de la eliminación de las retenciones a sus exportaciones, que ya venían siendo significativamente bajas. Según lo estimado por consultoras vinculadas a la actividad, en Argentina operan 850 empresas mineras. De ese número, más del 90% son pymes que nuclean al 40% del empleo en el sector y el 60% restante se va al 10% concentrado en grandes empresas. De acuerdo a datos de 2016 del ministerio de Trabajo, el sector emplea en total a 78.100 trabajadores, lo que representa un 0,65% del total de asalariados a nivel nacional.
Al conocerse el nombre de Hensel como secretario de Minería, organizaciones ambientalistas de San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Chubut publicaron una carta a Alberto Fernández expresando «preocupación» por la designación. Los cuestionamientos al nuevo secretario se remontan a incidentes muy puntuales de la multinacional Barrick Gold en San Juan, donde se produjeron cuatro derrames de solución cianurada y mineral de oro sobre las aguas en apenas dos años. Según un informe de la Policía Federal, cinco ríos de Jáchal contienen niveles de cianuro que afectan a la vida acuática y un relevamiento de la Universidad Nacional de Cuyo determinó que en el afluente de ese río había «metales pesados». Barrick reconoció en 2015 que derramó 1.070.000 litros de «solución cianurada», convirtiendo el derrame en el peor desastre minero de la historia del país. A eso se sumaron denuncias por la violación de la Ley de Glaciares, que la Corte Suprema validó como constitucional este año, de parte de la empresa, entre otras irregularidades.
Salarios
El Gobierno acordó con los gremios el pago de una suma fija en enero para todos los trabajadores del sector privado, que será descontada luego de los aumentos paritarios que se negocien por actividad.
Del encuentro, con agenda abierta, participaron representantes de la CGT, del Frente Sindical para el Modelo Nacional, de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma. Cada uno expuso, además su propia agenda de reclamos a Santiago Cafiero, Gustavo Béliz, Matías Kulfas y Claudio Moroni.
Entre los presentes también estuvieron Omar Viviani (peones de taxis), Omar Maturano (La Fraternidad), Hugo «Cachorro» Godoy (ATE), Ricardo Peidro (CTA Autónoma), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Antonio Caló (UOM), Roberto Baradel (Suteba), Dante Catalán (Sindicato de Obreros Unidos Marítimos), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (Uocra), Jorge Solá (Seguros), Eduardo Llanos (Aeronáuticos) y Claudia Baigorria (CTA Autónoma).
Luego de la reunión en Casa Rosada, voceros del encuentro dijeron que todavía no acordaron el monto y anunciaron que habrá una nueva convocatoria oficial para resolver un incremento similar para los trabajadores estatales.
El monto del aumento está todavía bajo análisis, aunque entre los gremialistas y los empresarios circula una cifra que oscilaría entre los 6.000 y los 10.000 pesos. La medida serviría para apuntalar los salarios más bajos y podría modificar temporalmente el esquema tradicional de las paritarias sectoriales, con una suma fija, cuyo monto sería el que disponga el Presidente por decreto, y otro ajuste porcentual derivado de la negociación entre los empresarios y los sindicalistas.
Sería una especie de piso por DNU sobre el que después cada actividad pondrá la cifra definitiva. Sergio Romero, secretario General de UDA y miembro del Consejo Directivo de la CGT adelantó que en la jornada del lunes el Gobierno formalizará el aumento del salario para todos los trabajadores, que será remunerativo y a cuenta de las negociaciones paritarias.
«Hoy se anuncia un aumento que ronda los 5.000 pesos para todos los trabajadores» , dijo Romero.
Pablo Moyano indicó que «ya una Cámara firmó un acuerdo por un bono de 20.000 y falta que lo haga la otra» y destacó que » mientras la CGT dice que no se firme un bono general nosotros logramos un bono de 20.000 pesos para los camioneros».
El martes 17 la función de El lago de los cisnes , culminó con reclamos del parte del Ballet Estable del Teatro Colón y también de la Orquesta Estable a través de pancartas y carteles que exigían no sólo sueldos dignos, sino también la restitución de derechos laborales.
Las protestas públicas habían comenzado antes en las presentaciones que músicos del Colón hicieron en La Usina del Arte. También la Orquesta Filarmónica se sumó a los reclamos.
Poco más tarde, los integrantes del Ballet Estable pusieron este reclamo por escrito y lo hicieron público. El texto termina diciendo: «Llevamos años aguardando respuestas y soluciones que han sido omitidas deliberadamente. Exigimos dignidad laboral. Y venimos a decir: Basta de Abuso. Basta de Sueldos de Elite para Directivos frente a Trabajadores Precarizados».
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) reiteró el lunes el pedido de apertura de la discusión paritaria al gobernador Axel Kicillof, «con la expectativa de ser convocados» para iniciar un diálogo.
«Como resultante de la falta de inversión, los presupuestos a la baja y la desidia de sus máximos responsables durante años, los servicios sanitarios se encuentran en estado deplorable. Guardias descubiertas, planteles desmantelados, personal desvirtuado en sus funciones, son el corolario de una política que puso a la Salud en los últimos lugares de la agenda», dijeron.
Para Cicop, «Cambiemos dejó numerosas temáticas sin resolver» entre las que resaltaron que los salarios «disminuyeron su valor a expensas de devaluaciones y estampidas inflacionarias sin los incrementos concomitantes».
En una nota dirigida a Axel Kicillof, la Asociación Judicial Bonaerense consignó «la urgencia para encontrar una solución acordada a la enorme brecha existente entre los incrementos de haberes dispuestos unilateralmente por la ex gobernadora María Eugenia Vidal y las proyecciones de inflación para el año en curso».
El gremio reclamó además « la necesidad de reinstaurar la negociación colectiva como mecanismo para determinar los salarios y demás condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, y poner fin de esta manera a un período de violación sistemática por parte del Estado de ese derecho laboral fundamental consagrado en la Constitución Provincial y normas internacionales».
También e l Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) entregó una nota al gobernador de la provincia de Buenos Aires en la que solicita una reunión para comenzar a discutir políticas educativas, cuestiones salariales, asuntos relacionados con la infraestructura escolar y los comedores. Destacaron la necesidad de una convocatoria a paritaria docente, de «recuperar pérdida de poder adquisitivo», «no perder contra la inflación y discutir la mejora y aumentos de haberes, incluyendo la incorporación de sumas al básico».
Atento a que las Cámaras empresarias del sector lechero no hicieron lugar al pedido de actualización salarial solicitado por los trabajadores y trabajadoras de la actividad y en cumplimiento del mandato ordenado por las Asambleas de Base que se realizaron en todo el país, el Consejo Directivo Nacional de ATILRA dispuso:
· La realización de un paro total de actividades de cuarenta y ocho horas (48) horas; comenzando el mismo a partir de las cero horas del día jueves 19 de diciembre, finalizando a la hora 24 del día viernes 20 de diciembre.
· Asimismo, a partir de las cero horas del día sábado 21 de diciembre y hasta las 24 horas del día domingo 22 de diciembre, se deberá trabajar exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece el Convenio Colectivo de la actividad, absteniéndose de trabajar el franco, como así también en dicho período no se deberán realizar horas extras.
Desde la primera hora del jueves 19, trabajadores del ingenio San Juan (Tucumán) cortaron el puente Lucas Córdoba en reclamo de deudas salariales. La medida de fuerza se realizó tras no ser recibidos en la Casa de Gobierno, donde habían sido citados. Los trabajadores denuncian deudas por diferentes ítems salariales, algunos adeudados desde 2017.
La situación crítica de los trabajadores del San Juan contrasta con las respuestas del gobierno de Juan Manzur. Luego de una reunión improvisada para lograr que se levante el corte, el intendente de la Banda del Río Salí, Darío Monteros, ofreció $ 1.500 para cada trabajador; mientras que la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, una caja navideña. Para los trabajadores la oferta fue una burla, mientras analizaban profundizar las medidas.
El 60% de la población ocupada ganaba por debajo de los 25.000 pesos al término del tercer trimestre del año, en medio de un deterioro de la distribución del ingreso, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Mientras que un hogar integrado por dos adultos y dos menores necesitó $ 37.596 en noviembre para no quedar debajo de la línea de pobreza; tuvo un incremento del 5,5 % respecto al mes previo.
En tanto, el mismo hogar para no ser indigente necesitó $ 15.099 en noviembre. El valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) subió 6,3 % en noviembre respecto al mes anterior.
Cresta Roja
Trabajadores de Cresta Roja realizaron una olla popular en las puertas de la planta en Ezeiza. Son operarios despedidos y cesanteados con la promesa de reincorporación cuando adquirió las instalaciones la empresa Wade Tres Arroyos tras largos conflictos. La mayoría de los movilizados perdieron sus puestos laborales durante el Gobierno de Macri cuando hubo una reapertura de la planta en abril del 2018 y volvieron a ser despedidos un tiempo después.
Directivos de Cresta Roja, luego de 4 años, atendieron a los trabajadores pero afirmaron que no habría incorporaciones en puestos de trabajo.
«Estamos nuevamente visibilizando nuestra lucha ya que ayer nos reunimos con los gerentes de la empresa y no tuvimos respuestas positiva. Nos dijeron que no tomarían a ningún despedido, ni cesanteado. Hoy nos vimos obligados a cortar la autopista Ezeiza-Cañuelas para ver si alguien del Gobierno nos da una solución. Tenemos mucha esperanza en este Gobierno, esperemos que llegue la solución porque nuestra situación es desesperada y desde hace un año y más que no cobramos ningún ingreso y se vienen las fiestas con las mesas vacías».
El conflicto en Cresta Roja lleva años con continuas quiebras de las firmas que se hicieron cargo. Durante el gobierno de Macri hubo una reinauguración bajo la dirección de Proteinsa que luego volvió a cerrar. Mientras se sucedían las reincorporaciones y los despidos con planes laborales cada vez más precarizados. En abril del 2018, el Presidente Macri junto a la gobernadora María Eugenia Vidal decían: «Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina. Hoy más de 1.000 personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir multiplicándose de a cientos en los próximos meses». Parte de los trabajadores que hoy protestan son de esta camada. Con el ingreso en marzo del 2018 de la empresa Wade Tres Arroyos a Cresta Roja se acordó un plan productivo que prometía reincorporaciones de operarios despedidos o cesanteados a medida que aumentaba la producción. Según los trabajadores las plantas incrementaron notoriamente la producción, sin embargo, no hubo ninguna reincorporación.
Nace la UTEP, nuevo sindicato de la Economía popular
El sábado 21, en el microestadio de Ferro, se llevó adelante el acto lanzamiento del nuevo sindicato de las, los y les trabajadores de la Economía popular. Luego de más de 3 años de unidad de acción, desde aquella histórica marcha que le valió el nombre de «Triunvirato de San Cayetano», CTEP, Somos Barrios de Pie y CCC se unirán en un mismo sindicato, la UTEP; a ellos se les sumará el Frente Popular Darío Santillán, quién en el último tiempo funcionó como la cuarta pata de esta alianza. Esteban «Gringo» Castro será el secretario general.
Los movimientos populares que integrarán el nuevo sindicato UTEP, además de los nombrados, son MP La Dignidad, OLP, MNER, FOB y OPS Los Pibes.
En el acto, se hicieron presentes funcionarios y dirigentes políticos y sociales como el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, junto a otros dirigentes populares, también funcionarios de la Secretaría, como Daniel Menéndez, Rafael Klejzer y el «Vasco» Murúa; por la CGT estuvo presente Juan Carlos Schmid; por la CTA de los Trabajadores, el docente Roberto Baradel; también estuvieron la titular del INADI, Victoria Donda y el ex jefe de gabinete, Abal Medina; entre otros. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mandó un video saludando el acto.
La UTEP al reconocerse como una parte integrante de la misma clase que les trabajadores formales, reclama su incorporación a la CGT.
Al respecto el Gringo Castro dijo: «¿Por qué tenemos que incorporarnos a la CGT? porque somos parte de la clase trabajadora y la clase trabajadora tiene una nueva configuración y en esa configuración están los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y esos somos nosotros. Para nosotros es fundamental el ingreso y es fundamental unirnos en una sola central, y ahí, desde esa única central hay que dar una discusión: desde dónde miramos la realidad. Nosotros y nosotras hemos decidido mirar la realidad desde la periferia, desde donde están mirando los pobres, desde nuestros barrios, desde nuestras unidades productivas más humildes que no producen como las grandes corporaciones.»
Este sujeto social se ha conformado a partir de la lucha piquetera de la década del 90 y tiene su método histórico en el corte de ruta. Método que se corresponde con la territorialidad donde se conforma la organización y que tiene la fuerza de jaquear al sistema al impedir la circulación de mercancías. Este sujeto, junto con las mujeres y disidencias, ha sido el sector más dinámico de los últimos años y ha protagonizado la resistencia al macrismo.
Declararon Ruiz y Arakaki, enjuiciados por luchar contra la reforma previsional de Macri
El lunes 16 tuvo lugar una nueva audiencia en el juicio que el Tribunal Oral N° °3 lleva a cabo contra los militantes del PSTU y PO, Daniel Ruiz y Cesar Arakaki, procesados por participar de las masivas movilizaciones contra la reforma previsional del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2017.
Daniel Ruiz, que pasó más de un año detenido en Marcos Paz, brindó declaración indagatoria por videoconferencia desde su ciudad, Comodoro Rivadavia, donde volvió a radicarse tras ser liberado en octubre pasado, después de pasar más de un año injustamente detenido. Durante una amplia exposición, recordó que la justicia federal y agentes de inteligencia, lo siguieron y espiaron durante 9 meses antes de detenerlo, por la mera razón de ser compañero de militancia de Sebastián Romero, sobre quien pesa un pedido de captura por los mismos hechos del 18 de diciembre de 2017.
En su exposición, señaló a las fuerzas de seguridad, que en la represión a esa protesta, dispararon sistemáticamente al rostro de los manifestantes, dejando numerosos heridos en los ojos que perdieron la visión. Y destacó que ningún policía o funcionario se encuentra detenido o en riesgo de prisión por la feroz represión de ese día, disparando, atropellando, y gaseando manifestantes indefensos.
A su vez señaló que la alta recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad para capturar a su compañero Sebastián Romero, combinada con su detención en un penal de máxima seguridad, sólo podía llevar la intención de ponerlo en grave peligro durante su encarcelamiento de más de un año, dictado por el ex juez federal Sergio Torres, luego nombrado en la Suprema Corte bonaerense por iniciativa de María Eugenia Vidal.
César Arakaki, detenido también durante casi un mes entre diciembre de 2017 y enero de 2018, se negó a contestar preguntas del Tribunal y de los abogados del policía Brian Escobar, quien es querellante en la causa contra los manifestantes.
Desde las defensas reivindicaron el derecho a la protesta y la libertad de manifestarse contra un sistema de explotación y opresión. Ruiz aseguró que más allá de la sentencia que recaiga sobre él, la lucha de los pueblos contra el ajuste capitalista continuará.
El juicio va a continuar el lunes 23 con las audiencias testimoniales.
También la diputada electa de Neuquén, Patricia Jure, y los trabajadores municipales, Marisol Vázquez y Juan Carlos González, enfrentan una causa, iniciada por el fallecido Intendente de la capital provincial, Horacio Quiroga, por rechazar la reforma jubilatoria. A pocas horas del inicio de la audiencia Patricia Jure aseguró: «Estamos en presencia de una causa que constituye una patraña política del macrismo con el apoyo del MPN. Es que la causa fue armada tomando testimonios basados en los dichos de autoridades del Concejo, ediles de Cambiemos y del MPN y de policías. En tanto, concejales de cuatro bloques han declarado que no hay la menor razón para impulsar una acción judicial y solicitan la anulación de la causa. […] Que la causa judicial importe una persecución política lo refleja el hecho de que el propio Concejo se negó a sancionarme. Y esto fue así, por la sencilla razón que mi accionar fue cumplir con un mandato, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Los que deberían estar en el banquillo de los acusados son los responsables de meterles la mano en los bolsillos a los jubilados». Hasta el momento, decenas de direcciones sindicales a nivel local, nacional e internacional, como la totalidad de los organismos de Derechos Humanos de Neuquén y miles de trabajadoras y trabajadores se han expresado por la absolución y la anulación de la causa, al entender que «se busca censurar el uso de la palabra de la oposición en general y de la bancada del Frente de Izquierda en particular».
El debut de Sergio Berni
El lunes 16 se realizó en La Plata un operativo policial contra vendedores manteros. Un video viralizado en redes sociales muestra la brutalidad con la que los policías se llevan detenidos a dos senegaleses.
En el video se puede ver también que los vecinos se conmueven e intentan frenar a la policía que reduce brutalmente a los trabajadores senegaleses en diagonal 80 y 4, pleno centro de La Plata.
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª con la carátula de «resistencia a la autoridad» y «lesiones» cuando se ve claramente en el video cómo una decena de policías aplasta a los trabajadores senegaleses.
Estos hechos no son aislados, hablan de un mecanismo sistemático de la Policía Bonaerense y Control Urbano, en el que excusándose en una contravención por la «venta callejera no autorizada», la policía hostiga arbitrariamente a los migrantes hasta lograr armarles causas penales, generalmente por daños, resistencia a la autoridad u otros. Si estos mecanismos avanzan, pueden provocar la deportación de los migrantes. Esto está habilitado por el DNU firmado por Macri en el 2017 que modificó la Ley Nacional de Migraciones 25.871.
A seis días de la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, con una antropóloga como ministra de Seguridad de la Nación y el ex carapintada, Sergio Berni, en Provincia, la misma Bonaerense mantiene sus mecanismos de hostigamiento y prácticas persecutorias.
Marche preso por luchar
El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó el Informe represión y criminalización de la protesta social durante el gobierno de Macri. En cuanto a los datos más relevantes, se destacan al menos 1.452 detenciones en el marco de protestas sociales y 234 casos de utilización de la violencia física como respuesta.
Este trabajo comienza afirmando: «La represión y criminalización de la protesta social constituyeron un dato distintivo de la política implementada por el Gobierno de Mauricio Macri. En efecto, la utilización de las fuerzas de seguridad y el aparato represivo fue desde sus inicios una de las herramientas de respuesta estatal al conflicto social y un mecanismo necesario para imponer políticas sociales y económica de corte regresivo. Este tipo de respuesta no se originó durante la actual gestión gubernamental. Por el contrario, podría señalarse que en gran medida ella es constitutiva de la administración del conflicto social por parte del aparato estatal. Sin embargo, ello no impide que puedan realizarse caracterizaciones sobre las formas que asume en los distintos períodos de gobierno. En otras palabras, es necesario preguntarse cuáles fueron las notas principales que permiten identificar la especificidad de la represión y criminalización de la protesta social durante el gobierno de Cambiemos».
Además, el informe analiza cómo el Gobierno nacional reivindica la utilización de la fuerza represiva como forma de intervención ante la protesta. «La represión y criminalización de la protesta social fue una constante durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Más aún, fue una herramienta cuya utilización respondió a una decisión consciente y avalada desde los más altos funcionarios del Estado, tendiente a limitar la capacidad de resistencia de los sectores populares frente a las políticas de ajuste», indica el informe.
Entre las principales conclusiones, explica que «las consecuencias sociales y económicas de estos cuatro años de gestión se plasmaron en aumentos en la pobreza y la indigencia, el desempleo, la precarización laboral y en una fuerte caída en términos reales de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ni la intensidad de la represión estatal ni el hecho de que esta fuera avalada desde los niveles más altos de la función pública fueron suficientes para inmovilizar al conjunto de la sociedad. Por el contrario, como hemos descripto en este documento la represión, las detenciones y la apertura de causas no disuadieron a los trabajadores y trabajadoras de seguir llevando adelante acciones de resistencia».
También explica acerca del proceso de construcción en el plano simbólico de un «enemigo interno», que «fue una decisión política tendiente a responsabilizar a otro la razón de los fracasos económicos del Gobierno nacional. Ese «otro» fue desplazado del manifestante al extranjero, llegando al punto de modificar regresivamente la legislación migratoria, intentando instalar una supuesta relación entre migración y delito».
Finalmente explica: «resulta imprescindible iniciar procesos que tiendan a revertir la securitización de la respuesta estatal al conflicto social, desandando cuatro años de políticas donde la reivindicación del accionar violento de las fuerzas de seguridad estuvo en el centro de la acción estatal».
Fuentes: ACTA-CTA, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, prensapartidoobreronqn@gmail.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.