En busca de una administración de justicia más transparente y ágil, menos autoritaria y burocrática, jueces, fiscales, defensores y juristas de Argentina presionan por una reforma que modernice y haga más democrático el Poder Judicial. La coalición de integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y organizaciones no gubernamentales tomó el nombre de Justicia Legítima […]
En busca de una administración de justicia más transparente y ágil, menos autoritaria y burocrática, jueces, fiscales, defensores y juristas de Argentina presionan por una reforma que modernice y haga más democrático el Poder Judicial.
La coalición de integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y organizaciones no gubernamentales tomó el nombre de Justicia Legítima y realizó los dos últimos días de febrero sendas jornadas de debate, de las que salieron las propuestas de modernización que darán a conocer más adelante en un documento.
«Esta es una deuda de la democracia. Tenemos un Poder Judicial medieval y hay que cambiarlo», dijo a IPS el académico Andrés Harfuch, coordinador del Programa de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
El experto, participante en la coalición, sostuvo que el Poder Judicial argentino es «jerárquico, piramidal y de matriz autoritaria, y solo permite jueces profesionales, cuando la Constitución establece que deben incorporarse jurados que generarían cambios muy fuertes en toda la estructura».
Harfuch cuestionó, además, que el sistema siga siendo escrito y poco transparente. «Es un sistema precámbrico, que ya no se usa en casi ningún país avanzado», criticó. «En algunos juzgados todavía hay máquinas de escribir y los empleados de los tribunales se pasan el tiempo cosiendo expedientes», denunció.
En los últimos 25 años, expertos del Inecip trabajaron en la reforma judicial de casi todos los países latinoamericanos, «desde México para abajo», describió Harfuch. Pero «el núcleo duro de resistencia sigue siendo la justicia federal argentina», señaló. «Los jueces defienden privilegios y cuotas de poder», acusó.
El debate interno adquirió notoriedad pública en diciembre, cuando tres agrupaciones de jueces y funcionarios manifestaron su preocupación por «el uso de mecanismos de presión sobre los jueces» por parte del Poder Ejecutivo, «que afectan su independencia», entre otras críticas.
Centenares de jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios de la justicia y académicos respondieron con otro documento público, titulado «Una justicia legítima», que cuestionó aquellos pronunciamientos y dio nacimiento a la nueva agrupación.
Los firmantes manifestaron no sentirse representados por la queja de las asociaciones. Sostuvieron que ellos buscan reconciliar el sistema de justicia con la ciudadanía y que la independencia no debe entenderse solo en relación a otros poderes del Estado, sino también a empresas y medios de comunicación.
La disputa tenía como antecedente el choque entre el gobierno y el grupo periodístico Clarín que se dirime en la justicia. La empresa incumple la norma de desconcentración mediática, que la fuerza a ceder licencias de radio y televisión, apoyada por medidas cautelares judiciales que se prorrogan desde 2010.
El gobierno recusó en octubre de 2012 a dos magistrados que debían resolver otra prórroga y el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que si los jueces fallaban en contra de la ley, incurrirían en un «alzamiento».
La acusación provocó una dura reacción de la oposición. «Hay una clara afectación a la independencia» de los jueces, dijo la Unión Cívica Radical, en tanto que la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que se atentaba contra el orden democrático al «avasallar la justicia e intimidar a los jueces».
En ese marco, la presidenta Cristina Fernández anunció el 1 de este mes, durante su discurso de apertura de las sesiones del Congreso legislativo, una serie de proyectos para la democratización del Poder Judicial y adelantó el contenido de algunos de ellos.
Por ejemplo, la realización de concursos, la creación de tribunales de tercera instancia, la publicidad de las causas para conocer el estado de los expedientes y la votación popular de los integrantes del consejo que selecciona a los jueces, actualmente designados por legisladores, abogados y magistrados.
Fernández dijo que no proponía eliminar la exención al pago del impuesto a las ganancias, que beneficia a los jueces, porque ella misma cuando era legisladora impulsó una iniciativa en ese sentido que fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, la mandataria invitó al máximo tribunal a revisar esta excepción, que representa una inequidad respecto del resto de los contribuyentes. También pidió hacer accesibles las declaraciones juradas de los jueces, ahora reservadas, como ya sucede con las de los miembros del Poder Ejecutivo.
En diálogo con IPS, la jueza María Laura Garrigós, presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sostuvo que las propuestas de la presidenta apuntan, en general, a modificaciones legislativas.
Pero hay otros cambios que se pueden hacer sin necesidad de nuevas leyes, aseguró.
«Por ejemplo, entre los que participamos en las reuniones de Justicia Legítima hubo prácticamente unanimidad con la idea de que el ingreso al Poder Judicial debe ser por concurso, y en la cámara que yo presido ya lo hicimos», dijo.
La jueza relató que, hasta ahora, cuando había una vacante, se buscaba entre conocidos, familiares o amigos. «Este llamado a concurso va a permitir que una persona que no conoce a ningún juez pueda presentarse y rendir examen para incorporarse al personal», añadió.
«Esto hace que la composición vaya cambiando hacia un sistema más abierto a la sociedad, más heterogéneo», describió. Parte del surgimiento de Justicia Legítima se debe a que cada vez hay más jueces que llegan por concurso, no por razones políticas, y eso va variando la composición de este poder, consideró.
La jueza afirmó que los cambios «no se hacen en función de un reclamo del Poder Ejecutivo, sino por la propia vocación de muchos de los que creemos que el Poder Judicial debe ser más democrático, porque hasta ahora es un sistema bastante piramidal y jerarquizado», abundó.
«Es cierto que se produce ahora también porque hay un momento político que habilita el debate, pero esta no es una cuestión de política partidaria, sino de macropolítica», remarcó.
En sintonía con el debate, Garrigós recomendó también a los empleados de su fuero eliminar de los oficios el trato honorífico a los magistrados. «A los jueces de primera instancia se los trataba como ‘vuestra señoría’ y a los camaristas (jueces de apelación) de ‘vuestra excelencia’. Ahora todos nos llamamos de usted», detalló.
La jueza recordó que durante la Presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) se eliminó el trato de «excelentísimo» utilizado para dirigirse a quien ejerce la jefatura del Poder Ejecutivo. Pero en el Poder Judicial ese trato jerárquico persistió. «Parece una pavada (tontería), pero queremos marcar nuestro desacuerdo con este tratamiento», aseguró.
También se persigue la utilización de un lenguaje menos críptico, más llano. Garrigós mencionó que la Corte Suprema de Justicia ya lo está empleando y hay antecedentes internacionales de incorporación de lingüistas capaces de «traducir» el contenido de las sentencias para la ciudadanía común.
«Es un aprendizaje que tenemos que hacer. Es difícil, porque nos resulta más fácil hablar en nuestra jerga, pero tenemos que hacernos entender», reconoció.