24.1. Día Internacional de la Educación
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó hace 5 años este día con la finalidad de celebrar y resaltar la importancia que tiene la educación para la paz y para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El lema de 2025 es: «IA y educación: preservar la autonomía en un mundo automatizado».
El Día Internacional de la Educación 2025 inspira reflexiones sobre el poder de la educación para dotar a las personas y a las comunidades de los medios necesarios para navegar (en Internet), comprender e influir en los avances tecnológicos. Las estadísticas sobre la educación en el mundo revelan la existencia de aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes sin escolarizar; 617 millones de niños y adolescentes que no saben leer y carecen de conocimientos básicos. En los países llamados «en desarrollo» el 91% de los niños se matriculan en centros educativos, pero 57 millones de ellos no asisten a la escuela. En continentes como África (en los países al sur del desierto del Sahara) se registran las cifras más altas de niños sin escolarizar, en gran medida a consecuencia de los conflictos armados y guerras civiles (a muchos se les enrola en grupos armados y no continúan asistiendo a la escuela). Los niños refugiados no tienen acceso al sistema educativo formal, alcanzando la cifra de 4 millones de excluidos de éste. Niñas como las afganas en Asia central, se encuentran privadas de la educación por las políticas del fundamentalismo religioso islamista Talibán.
Es un Día internacional para defender el derecho y progreso de la educación en todos los países, donde a menudo la inversión educativa retrocede frente a otros gastos, como el armamentismo y la guerra. Es un día para seguir discutiendo y luchando para fortalecer la educación como bien público y común, incluyendo la adecuada asimilación de la transformación digital, y apoyar a los docentes con sueldos dignos e insumos educativos, así como educar para salvaguardar el planeta y preservar el bienestar colectivo. Para más información sobre el tema puede consultar: https://es.unesco.org/
Cien docentes despedidos en Salta
“Concluyó el proceso sumarial iniciado en enero del año pasado para evaluar el accionar de un grupo de docentes que, de manera unilateral y sin ningún amparo legal, dejaron de dar clases por más de 130 días durante 2023, generando un daño de más de 250.000.000 pesos a la provincia. Por Decreto N° 20 se dispuso la cesantía de estos agentes, quienes en el ejercicio de su defensa no pudieron demostrar en el proceso ninguna causa válida para este abandono de las aulas”, escribió hace pocos días en sus redes sociales la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore.
Estas cesantías se confirmaron a mediados de este enero, pero su origen se encuentra en un reclamo iniciado por docentes autoconvocados en 2023. En mayo de ese año, casi el 90% de los maestros y las maestras de Salta resolvió en asambleas comenzar un paro para exigir mejores condiciones laborales y edilicias en las escuelas. La medida incluyó la entrega de un petitorio con todos los reclamos al gobernador Gustavo Sáenz.
Los docentes estaban representados por delegados de distintos departamentos de la provincia, que en muchos casos comenzaron a negociar con el vicegobernador, Antonio Marocco. En ese marco se realizó en junio una asamblea que, según afirmó Sergio Heredia, abogado de la mayoría de los maestros y maestras cesanteadxs, estuvo viciada de nulidad, llena de irregularidades y que incluso fue monitoreada por el propio Ejecutivo. Ahí se decidió levantar el paro.
Sin embargo, muchos docentes, sobre todo del Departamento de San Martín, no aceptaron estas negociaciones con el vicegobernador y decidieron mantener la medida de fuerza. El propio Heredia llegó a presentar un recurso de amparo contra resoluciones oficiales que se sacaban para obligarlos a volver a clases.
En ese momento, la ahora ministra de Educación era diputada y fue quien impulsó una ley antipiquetes pensada para aplicar a los propios docentes. No es casualidad que muchas de las movilizaciones y protestas de maestros fueran reprimidas.
A poco de asumir ya como funcionaria provincial, en enero de 2024 Fiore inició un sumario administrativo a los docentes y las docentes que seguían de paro y que habían instalado hacía varios meses una carpa en la Plaza 9 de Julio.
El abogado Heredia explicó que, a pesar de lo que declaró la funcionaria tras concretarse las cesantías, sí se hicieron descargos, se ofrecieron pruebas e incluso declararon autoridades de las escuelas involucradas.
Indicó, a su vez, que en medio del sumario se produjo la muerte de un alumno por caer en un pozo ciego, que era justamente uno de los reclamos que se habían mencionado en el petitorio.
El 6 de junio de 2024, Valentín Guzmán de 11 años falleció tras caer a un pozo ciego en la Escuela Nevado de Acay, en la Puna, donde además cayeron otros dos compañeros que sobrevivieron. Al día siguiente, el ministerio de Educación de la provincia envió a profesionales que detectaron al menos 8 pozos ciegos en esa escuela. Según relataron las familias, el hallazgo de los pozos se hizo sin mayor dificultad, por lo que podrían haberse detectado y señalizado antes. También se encontraron pozos ciegos en la escuela de El Trigal y en la de Saladillo, dos parajes del mismo municipio.
Sergio Heredia es el abogado de las familias damnificadas y denunció penalmente a la ministra por lo ocurrido. “Ella se tendría que haber excusado de participar en un sumario donde el representante de más de 100 docentes es el abogado de esta otra causa. La fiscalía le pidió informes a la funcionaria, que no contestó, eso es un delito porque debería hacerlo”, aseguró el letrado.
A pesar de las pruebas y descargos presentados en el sumario contra los docentes, el sumariante aconsejó las cesantías: “Quien debería resolver el sumario es la ministra, pero la opinión del sumariante pasó a otras varias áreas como la junta calificadora, el ministerio fiscal, y el que cesantea finalmente es el gobernador, pero con la firma de la ministra”, explicó Heredia.
“Nosotros consideramos que un sumario no es un trato igualitario porque el sueldo del sumariante lo paga el gobierno. El sumario tendría que haber sido resuelto por la ministra que es la que lo inició. En este caso, si la ministra ordenaba las cesantías, nosotros teníamos un recurso administrativo de reconsideración contra esos despidos para que ella revea lo que decidió, y ahí nos quedaba el recurso jerárquico contra el gobernador que es la máxima y última autoridad administrativa dentro del Estado público del Ejecutivo. Eso no sucedió, fue el gobernador el que decidió despedir, por lo que le está privando al cesanteado el ejercicio de todos los recursos que hacen a su defensa. Eso lo hicieron para no seguir dilatando la instancia administrativa, la agotaron directamente ellos, para que nosotros vayamos a la justicia contenciosa administrativa que también manejan ellos, y ya comenzar el año educativo con todo sentenciado. No tengo ninguna duda de que todo esto es un disciplinamiento para que en el futuro no haya ningún docente que proteste”, afirmó el abogado.
De la misma forma se manifestaron desde Tribuna Docente de Salta, que consideraron que este decreto representa “una represalia sin precedentes que no solo afecta la fuente laboral de estos compañeros, sino que busca intimidar al conjunto de la docencia y establecer una suerte de prohibición del derecho de los docentes a autoconvocarse”.
Respecto a las declaraciones de la ministra al confirmar las cesantías, Heredia manifestó: “Argumenta que los docentes le causaron un daño económico importante al Estado porque se les pagaba para ir a trabajar y ellos no iban porque hacían paro. Además de que esa acusación no está en el sumario, a los docentes se les descontaron los días que no iban por paro (…). En las planillas aparecía que no iban porque estaban de paro, por lo que no era una falta injustificada, pero para que se dé el trámite administrativo por la falta injustificada, el docente tiene que ser intimado a que se reintegre y esa situación nunca pasó con estos docentes cesanteados (…). La ministra dice también que se afectó el interés superior del niño porque no tenían clase, lo cual es mentira porque todos los docentes de paro tenían suplentes. Pero si la cuestión es cuidar el interés del niño, a estos niños se les robaba el alimento”. En este punto, el abogado hace referencia a que en el marco de la búsqueda de pruebas y declaraciones para presentar en el sumario se descubrieron “desfalcos millonarios” en algunas escuelas. Según denuncia había autoridades y funcionarios que se quedaban con la mercadería y el dinero que estaba destinado a las escuelas, en particular a las que asistían niños wichís.
En relación a los pasos a seguir tras la confirmación de las cesantías, Heredia adelantó que además de las presentaciones ante la justicia, se hará una presentación pública para difundir las historias de los docentes que fueron cesanteados, para que se sepa quiénes son realmente, cómo trabajan y cómo defienden la educación pública. Cabe señalar que la carpa en la Plaza 9 de Julio se mantiene, al igual que el reclamo por mejores condiciones laborales y edilicias.
Se reproduce a continuación comunicado de ATE Rosario ante recientes despidos de dos maestras jardineras
«DEJAMOS EN SUSPENSO EL ACAMPE EN LA CASA DE LAS INFANCIAS para acceder a una instancia de diálogo.
Desde Ate Rosario, hemos definido suspender el ACAMPE del jueves
16 de enero frente a la Casa de las Infancias al abrirse una
instancia de diálogo en pos de la reincorporación de las dos
maestras jardineras despedidas, instancia que esperamos sea
favorable.
Desde nuestro gremio resaltamos que DAMOS PRIORIDAD A
LA SOLIDARIDAD CON NUESTRAS DOS COMPAÑERAS DESPEDIDAS, por lo que no
cesaremos en la búsqueda del sostenimiento de la fuente laboral de
las mismas.»
Denuncian fraude en las elecciones del gremio ADEP
“Vinimos con un grupo de colegas para poder visibilizar en esta provincia el fraude que venimos sufriendo y que se instaló en el marco de las elecciones de autoridades de nuestro gremio ADEP” afirmó Guillermo Duarte, docente y candidato a secretario general de la Lista 5 Naranja.
El Hormiguero docente nació desde la lucha docente en el contexto del jujeñazo del 2023, luchando en las calles contra reforma y por salario digno, conformando la Lista 5 Naranja para participar de las elecciones que se llevaron a cabo el 11 de diciembre y definir las autoridades que respondan a las demandas docentes.
Desde la Junta electoral anularon el proceso argumentando irregularidades, no reconociendo los escrutinios donde resultan ganadores la Lista 5, no presentándose en las oficinas para continuar con el proceso electoral y no permitiendo la posibilidad de revocatoria solicitada por la Lista 5 Naranja.
Desde esa fecha realizan una permanencia en Jujuy en resguardo al voto docente, por lo que viajaron a Buenos Aires para realizar gestiones y visibilización sobre el fraude contra la organización docente y para hacer entrega del petitorio firmado a nivel país, exigiendo que se pronuncien por la elección democrática en ADEP que representa a los Docentes del nivel Inicial, Primario y Modalidades de Jujuy.
El viernes 13 de diciembre la Junta Electoral emitió la resolución número 20, que establece la nulidad del acto eleccionario del miércoles 11 de diciembre del 2024, por el contrario, anularon todo el proceso electoral, asegurando que se presentaron irregularidades cuando esta misma Junta electoral facilitó la suspensión de las elecciones ante el ministerio de Trabajo de Nación. Estas irregularidades de forma arbitraria no fueron notificadas por la Junta electoral y hasta el día de hoy no aparecieron en sus oficinas a continuar con el proceso electoral.
El Hormiguero docente de la Lista 5 Naranja no pudo presentar la revocatoria hasta el 26 de diciembre, realizando una presentación en el ministerio de Trabajo de Nación en la secretaría de Asociaciones Sindicales, solicitando que la Junta Electoral se presente, realice el escrutinio provisorio, luego el escrutinio definitivo y que proclame a la lista que resulte ganadora.
Sin embargo, aún no hay respuestas, vulnerando el derecho democrático a la representación sindical de los docentes que dijeron no a la reforma, con movilización, paros indeterminados, acampes por salario digno y en apoyo a las comunidades indígenas durante la reforma, frente a una junta general que los obligó y descontó salarios por ejercer el derecho a la huelga.
«En CTERA expusimos en primera persona el fraude, hemos sido escuchado, como respuesta nos aseguraron que están a favor de la democracia sindical pero que como Confederación no pueden intervenir en los procesos electorales», explicaron luego de ser recibidos por la secretaria gremial.
El viaje a Buenos Aires contó con el apoyo de diversas organizaciones, gremios como Ademys, la corriente 9 de abril, Tribuna docente, Suteba Multicolor, el diputado del PTS Alejandro Vilca, La Marrón Suteba, Asociación Gremial Docentes de la UBA y otros sectores de lucha que acompañaron a la delegación de la Lista 5 Naranja.
«Nos han transmitido sus fuerzas, entendemos que también teníamos que estar acompañando, el reclamo es justo, cualquier derecho que se pueda conquistar hoy, seguramente también lo vamos a poder disfrutar cuando lleguemos al fin de nuestra carrera docente», manifestaron luego de la marcha que realizan todos los miércoles los jubilados en Congreso.
Palabras del docente Ángel Miguel Guzmán
Bueno, mi nombre es Ángel Miguel Guzmán, soy de la ciudad de Humahuaca, hoy estamos acá presentes. Bueno, salimos de un desplegado, hoy estamos presentes, estamos llevando a cabo diferentes actividades, estuvimos presentes en CTERA, presentando notas, diciéndoles que ellos lleven a cabo alguna medida donde exijan a la Junta Electoral, donde ellos terminen con su trabajo, al cual se les ha sido designado. Que lleven a cabo adelante, por decir, la pronunciación o la proclamación de la lista ganadora.
(…) Contarte que la Lista 5 viene y nace de nuestra unidad docente, de esta lucha que se dio contra la Reforma constitucional. Conformando esta agrupación para dar pelea a las diferentes situaciones que se venían presentando y dando ante este Gobierno en la Provincia de Jujuy, en la Provincia de Morales. Hoy actualmente sigue con este Gobierno que es el de Sadir, alineado con esta política de ajuste, con este Gobierno Nacional de Milei.
Seguimos con eso, seguimos dando luchas, por eso es que nos involucramos. Tratamos actualmente en dar más peleas yendo a estas elecciones y, bueno, nos encontramos con este fraude, con esta maniobra, que es una más de la que vienen dando esta Lista 10, la Lista celeste, que esta lista es la que se termina el mandato el 22 de diciembre, pero tiene su origen, ¿no?
Hoy hay elecciones que nos hacen este fraude con esta resolución que sacan, la número 20, que no es muy clara. Anteriormente con elecciones también, durante el Congreso que llevó a cabo, también hubo maniobra y fraude, porque eligen a conveniencia de ellos. De igual forma, en la misma elección delegado. Donde sacábamos un listado, no estábamos muchos delegados que habíamos sido elegidos dentro de la institución. Fue otra pelea que tuvimos que dar para ser reconocidos, pero también la elección de la misma Junta Electoral, que también es parte del fraude cuando fue elegida.
¿Cómo fue elegida? No se debe a la democracia sindical. Es por eso que venimos, hicimos y difundimos estas maniobras que imponen, o que ponen.
Campaña nacional contra el fraude en ADEP
«Cabe mencionar que como lista pudimos conseguir 302 actas de escrutinio que avalan nuestro pedido, más información extraoficial de docentes y directivos de 24 escuelas, total de 326 mesas de 470, de las cuales se obtuvo un total 1663 votos para la LISTA 5, 932 para la LISTA 10 y 420 para la LISTA 14, con una diferencia de 731 votos de la Lista 5 por sobre la Lista 10, y 1243 por sobre la Lista 14.
Cabe destacar que hemos ganado en todas las regiones. El total por circuitos/región es el siguiente:
LISTA 5 / LISTA 10 / LISTA 14
Circuito/región I
69 / 54 / 20
Circuito/región II
102 / 30 / 38
Circuito/región III
604 / 276 / 169
Circuito/región IV
286 / 184 / 41
Circuito/región V
274 / 245 / 29
Circuito/región VI
285 / 122 / 112
Circuito/región VII
43 / 21 / 11
A su vez, realizamos un cálculo de todas aquellas mesas de las cuales no tenemos información, sumando la cantidad de empadronados por mesas, los cuales hacen un total de aproximadamente 524 votos, indicando un resultado irreversible para la Lista 10 en caso de sacar el 100% de esos votos. Adjuntamos las actas que demuestran el amplio triunfo de la Lista 5 Naranja el Hormiguero Docente».
Las siguientes organizaciones sindicales, de DD HH, sociales y políticas defienden la democracia sindical y se pronuncian por el reconocimiento urgente del triunfo de la Lista 5, Naranja:
● CeDEMS (Jujuy) ● ADIUNJU (Jujuy) ● Comisión electa ADOSAC (Santa Cruz) ● UEPC (Córdoba Capital) ● AMSAFE (Rosario) ● ATEN (Neuquén Capital y Plottier) ● ADEMYS (CABA) ● SUTEBA (Seccional Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz, Matanza) ● FND (Federación Nacional Docente) ● AGD UBA (Buenos Aires) ● UATRE (Seccional Ledesma) ● SOEM (Ushuaia, Tierra del Fuego) Organismos de DD HH ● Nora Ferreyra ● Oscar Alfaro ● CAPOMA DD HH Organizaciones sociales: ● FOL Jujuy ● Polo Obrero ● Frente de Liberación Agustín Tosco ● Multisectorial de Mujeres y Disidencias ● MULCS- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social ● La 4 de ABRIL de Lomas – Espacio Verde Bonaerense Agrupaciones ● Corriente sindical Marina Vilte ● Alternativa Docente ●Tribuna docente ● 9 de Abril ● Malva (Docentes de Mendoza) ● Agrupación Nacional Carlos Fuentealba Lista Gris ● Jubilados en lucha ● Organización Socialista de los Trabajadores – OST. ● FITU: PTS, PO, MST, IS Y muchas firmas más.
«Se adjunta link de drive donde se encuentran fotos de las actas de escrutinio que evidencian el triunfo de la Lista 5 Naranja, fotos de la Resolución N° 20 emitida por junta electoral donde declaran la nulidad de los comicios y sus motivos, y cuadro resumen de votos por mesa y escuela con los porcentajes finales», finaliza.
Triunfo del sindicalismo combativo en Santa Cruz
La 7 Multicolor Naranja – Rosa ganó las elecciones del sindicato docente ADOSAC en la provincia de Santa Cruz y en la mayoría de las localidades, como Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado, entre otras. La conducción nueva de ADOSAC son: César Alegre (Secretario General), Adriana Astolfo (Secretaria General Adjunta), Miguel Del Plá (Secretario Administrativo), Betiana Gaggioli (Secretaria Gremial), Pablo Coronel (Secretario de Finanzas), Juan Manuel Valentín (Secretario de Prensa, Cultura y Financiamiento) y Carolina Gallardo (Secretaria de Acción Social y Aportes Jubilatorios).
Adriana Astolfo, flamante secretaria general adjunta de ADOSAC y parte de la agrupación Docentes en Marcha de la corriente sindical “A Luchar”, dijo: “Tenemos la tarea de construir una ADOSAC fuerte, democrática y de lucha, que se plante contra el ajuste nacional de Mieli y el provincial de Vidal. Vamos a llevar adelante un modelo sindical donde las bases decidan democráticamente cómo luchar y defender la educación pública, como lo hacen en Ademys de CABA, en Aten Capital de Neuquén, en el SAE de La Rioja, las seccionales Multicolor de SUTEBA y en donde dirige el sindicalismo combativo”.
Astolfo finalizó: “Mientras las conducciones burocráticas de CTERA y la CGT mantienen una tregua con Milei y los gobernadores, dejando pasar el brutal ajuste motosierra, nosotros vamos a impulsar la unidad del sindicalismo combativo para apoyar y coordinar las luchas y reclamar un paro nacional, para que la plata vaya a salarios, jubilaciones, educación, salud y no para pagar la deuda al FMI”.
Escuela Indira Gandhi: trasladarán a los alumnos a otro colegio mientras se construye un nuevo edificio
Por Santiago Brunetto
La Escuela Indira Gandhi finalmente será trasladada. Pese a los sucesivos reclamos a través de los años de la comunidad educativa, que buscaba mantener el edificio en el predio de dos hectáreas con huertas y talleres de Costanera Norte, las familias ya fueron notificadas de que los chicos y chicas deberán comenzar el próximo ciclo lectivo en una escuela compartida en el barrio de Constitución. En paralelo, el Gobierno porteño abrió la licitación para construir un nuevo edificio definitivo para el colegio en el Barrio Mugica.
Esta vez las protestas no surtieron efecto. La última, una marcha hasta la sede del Ministerio de Educación porteño fue el pasado 27 de diciembre. Allí, docentes y familias volvieron a reclamar contra el traslado del colegio, pero nada cambió. Desde la comunidad educativa indican ahora que «el último día en la escuela tuvimos que sacar nuestros efectos personales y poner todo el material didáctico en cajas, porque había gente del Ministerio que se encargaría de llevar todo a la escuela de Constitución«. Sobre lo que ocurrirá con el inicio del próximo ciclo lectivo señalaron que «nos convocaron el 10 de febrero ya en el edificio de la Escuela Integral Interdisciplinaria (E.I.I) N°3«.
El traslado, en principio provisorio, ya había sido confirmado en octubre de este año por el Ministerio a los y las docentes y familias, pero la comunidad mantenía la esperanza de torcer la cuestión como ocurrió en años anteriores. Es que el conflicto por la posesión del predio viene desde hace casi una década, con un último pico intenso entre 2021 y 2022, cuando la comunidad consiguió por última vez conservar el edificio en el que la escuela funciona desde hace más de treinta años. «Ahora ya nos confirmaron que está la resolución del traslado«, cuentan desde la comunidad educativa, que de todos modos presentó un recurso de reconsideración de esa decisión ante el Ministerio.
Los terrenos en cuestión, que también incluyen Parque Norte, no son propiedad del GCBA sino del Sindicato de Empleados de Comercio, que viene reclamando su devolución. A mediados de los ’90, el sindicato firmó un convenio que contenía una cláusula para que una parte del predio fuera utilizada para políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia, condición por la que se creó la escuela y el ya inexistente Puerto Pibes, corrido del lugar a principios de 2024. Desde Ciudad mantienen la versión que informan desde el inicio del conflicto: que el plazo de devolución de los terrenos ya se encuentra vencido y que el sindicato reclama volver a hacerse cargo del lugar ahora, aunque aún no se sabe a qué lo destinará.
A esto se le sumó en las últimas semanas el anuncio oficial del gobierno porteño de la apertura de la licitación para la construcción de un nuevo edificio para la escuela, a la que sería mudada luego de su traslado provisorio a la E.I.I N°3, colegio de educación especial ubicado en Piedras y Juan de Garay. La nueva sede estará dentro del Barrio Padre Mugica, del que proviene la mayor parte de sus alumnos, aunque no en la misma locación que estuvo prevista en un principio durante el conflicto anterior. En aquella ocasión se pensaba usar un terreno ubicado en Ciervo de los Pampas y Guatambú del que meses antes habían sido desalojadas 80 mujeres con sus hijos de la toma Fuerza de Mujeres. El Ministerio llegó entonces a lanzar la licitación para construir la nueva escuela en ese lugar, pero los trabajos no avanzaron.
El predio apuntado ahora está ubicado dentro del área reurbanizada del barrio, en la manzana rodeada por las calles Cerro de los 7 colores, Puma, Carlos Perette y el Pasaje Copihue, a dos cuadras de la sede de la cartera educativa. En una parte de ese lote ya existe hoy una pequeña plaza que serviría de puerta de entrada al nuevo edificio. A diferencia de la anterior licitación, el proceso ahora estará directamente a cargo del Ministerio de Infraestructura y tiene un presupuesto de alrededor de 6.500 millones de pesos.
El propio titular de la cartera, Pablo Bereciartúa, confirmó la licitación en su cuenta de X e indicó que el edificio contará con «más de 3.000 metros cuadrados con 18 aulas, gimnasio, patio, comedor, SUM, iluminación natural y ventilación». Fuentes del Ministerio confirmaron a este diario que la apertura de ofertas se realizará el próximo 22 de enero. Ante la consulta por los plazos de obra, teniendo en cuenta que los y las alumnas tendrán que compartir edificio en 2025 con otra escuela, las fuentes señalaron que la licitación establece un período de un año y medio para los trabajos. Las cuentas son simples e indican que, de ser así, la nueva sede no estaría terminada tampoco para el inicio del ciclo lectivo 2026.
Mientras tanto, la comunidad de la Indira sigue lamentándose por perder el gran predio y edificio de Costanera con «amplia infraestructura con salas de música, inglés, tecnología, laboratorio, salón de plástica y biblioteca que se complementan con el amplio parque con pasto, árboles, huerta y galería techada que hacen que sea una escuela única». El punto del traslado provisorio a la E.I.I N°3 también es cuestionado por docentes y familias. Señalan que el edificio no tiene lugar suficiente para albergar a todos, sin contar con que se trata de una institución de educación especial que requiere sus propios espacios. El conflicto por el predio de Costanera Norte también tuvo su capítulo judicial, cuando la comunidad presentó un amparo para intentar frenar el traslado, pero fue rechazado por la Justicia de primera instancia.
“Si la Mocha se pierde, un montón de realidades van a volver a las calles”
Lo dijo Virginia Silveira, egresada y actual presidenta de la Asociación Civil Mocha Celis, quien mediante un comunicado contó el peligro que corre hoy la institución. En su paso por el programa radial La Retaguardia, habló sobre la importancia del bachillerato popular y se refirió al problema económico en un contexto de crisis y a la vulneración de los derechos del colectivo travesti trans.
Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Fernando Tebele. Redacción: Agustina Sandoval Lerner. Edición: Pedro Ramírez Otero
Mocha Celis fue una travesti tucumana, que fue asesinada por disparos policiales, en un crimen que nunca se resolvió. Era compañera de la activista travesti Lohana Berkins.
En 2011 se creó el Bachillerato Popular Travesti-Trans con su nombre. En 2020 obtuvieron la personería jurídica, convirtiéndose en Asociación Civil.
La “Mocha Celis” cuenta con programas de acceso al empleo, educación, acceso a derechos, biblioteca popular, entre otros.
Hace unos días, a través de una carta con la firma de Virginia Silveira, egresada y actual presidenta, la Asociación Civil Mocha Celis comunicó el grave momento por el que están pasando, ya que la continuidad de la organización peligra por el contexto actual de crisis económica y desmantelamiento de políticas públicas.
“Nos encontramos en una situación demasiado compleja en estos tiempos donde esta derecha maliciosa viene a romper y a desestructurar todo lo que venimos construyendo desde hace muchos años. Yo fui estudiante de la escuela y para mí no solamente fue un espacio de educación, sino que también a partir del año 2020 empezamos a construirnos como una asociación civil. Nuestro proyecto fundacional es el bachillerato, donde fui estudiante, luego docente y ahora soy la nueva presidenta. Estamos atravesando una situación muy complicada con respecto al sostenimiento de la estructura, porque hemos crecido. Tenemos 11 programas o proyectos y trabajamos en la integralidad del acceso a los derechos de la población travesti, trans y no binaria”, comenzó Silveira.
Desde que asumió Javier Milei como presidente, las campañas de odio y desfinanciamiento de políticas públicas con perspectiva de género se hicieron realidad. Sobre el avance de la derecha, Virginia Silveira remarcó que “la derecha siempre intenta vulnerar nuestros derechos como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral” e indicó que la problemática actual de la Asociación Civil Mocha Celis no tiene que ver con algo ajeno a estas vulneraciones. “Tenemos programas específicos como el Teje Solidario que entregamos módulos alimentarios a más de 450 personas, y tenemos en lista de espera a 250. Tenemos un programa de acceso a la salud y un programa de acceso a derechos, tenemos trabajadoras sociales, psicólogas, un médico generalista, y el bachillerato. Tenemos talleres de Formación Profesional, que al día de hoy llevamos 85 personas insertadas laboralmente en el ámbito privado y no así en el público, porque Milei cerró las puertas para que podamos acceder al trabajo”, contó.
Las leyes de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y de Cupo Laboral Travesti Trans, fueron sancionadas con pocos años de diferencia. Estas normativas, fruto de la lucha colectiva, demuestran la importancia de la visibilización e igualdad en sociedad.
“En el 83 volvió la democracia en Argentina. Pero para las travestis, las personas trans y las personas no binarias, no. Para ellas volvió en el año 2012, con la Ley de Identidad de Género. Esa decisión, donde fuimos parte de poder construir la identidad de las personas travestis y trans fue fundamental para empezar a pensar otras políticas públicas, y en este momento la vemos en peligro porque no podemos sostener la estructura que hemos podido crear debido a que el dinero que generamos no alcanza”, dijo Silveira.
—Lo que está sucediendo es que parte de esas políticas, que estaban sostenidas con algún tipo de aporte del Estado, se han terminado, ¿no?
—Solamente el bachillerato está sostenido por el Gobierno de la Ciudad. El resto de los programas que tenemos, que son más de diez, los trabajamos siempre con proyectos, con cooperación internacional y con proyectos que presentamos a nivel nacional. De 50 proyectos que presentamos sólo ganamos uno, y creo que todas las organizaciones nos encontramos en la misma, debido a que no hay dinero para el sostenimiento de políticas públicas sobre género y diversidad.
—¿Cómo está la situación con las compañeras travestis y trans hoy?
—La crisis económica afecta profundamente a las compañeras travestis y trans porque somos la primera carne de cañón porque la mayoría de la población travesti trans se encuentra en situación de prostitución y estamos trabajando para que esas situaciones de vida cambien. También, con los recortes que hubo en el Estado, muchas compañeras que habían ingresado por cupo laboral fueron echadas. Imagínense que durante toda tu vida no tuviste acceso a un empleo, de repente lo tenés y empezás a tener una obra social, a acomodarte un poquito, a tener para comer, para pagar tu alquiler y te echan. Tenés que volver a la prostitución como el único medio para poder subsistir. 200 personas fueron echadas en el gobierno de Milei y no lo estamos diciendo. También tenemos un montón de compañeras que se encuentran en situación de calle, y estamos trabajando con eso. Estamos haciendo trabajo territorial y siento que sin el acompañamiento y el aporte de muchas personas no podríamos subsistir. Más allá de que Nación nos cedió el edificio donde estamos por cinco años, también nos vemos en riesgo porque pensamos que en algún momento se les ocurra sacarnos el edificio.
—¿Cómo era tu vida antes de ser alumna y cómo es tu vida ahora? ¿En qué te cambió pasar por la Mocha?
—A mí me echaron de mi casa a los 12 años. Desde los 12 hasta los 30 fui trabajadora sexual o prostituta. A partir de ahí me inscribí en la Mocha Celis. Fui una de las primeras estudiantes, soy de la primera camada de estudiantes de la Mocha. Creo que me enseñó a conocer mis derechos y a poder pelear por ellos. Siento que, si se pierde un espacio como este, muchas de nosotras, nosotros y nosotres vamos a quedar por fuera del sistema. Cuando fui adolescente estuve fuera del sistema porque no podía acceder a la salud, no podía acceder a una vivienda digna, no podía acceder a un trabajo formal. Principalmente no podía acceder a la educación, que es primordial para poder salir adelante. En la Mocha construimos el conocimiento con las personas que ya tienen un conocimiento previo, y creo que es indispensable poder pensarlo así. La Mocha me cambió la vida totalmente, la militancia la conocí aquí y creo que me enamoré tanto de la militancia porque siento que yo le tenía que devolver algo a la escuela. Por eso también me involucré tanto y siento que muchos y muchas de mis compañeras están en la misma situación. Siento que si Mocha se pierde, se pierden un montón de realidades y también muchas realidades van a volver a las calles, al peligro en el que se encontraban antes de conocer este espacio.
—¿Será que hay un sector social importante que le quiere en ese rol?
—Un gran porcentaje de la sociedad que no entiende, porque nunca se ha sentado a tomar ni un mate con una persona trans o una travesti. Y desde ese lugar juzgan a las personas. Desde mi lugar, siento que en la universidad y en otros lugares he podido modificar el pensamiento de muchas personas con respecto a las travestis y creo que la Mocha Celis no es nada menor al cambio de pensamiento que debería existir en la sociedad. Somos personas, convivimos, somos ciudadanas de derecho, estamos y vamos a seguir permaneciendo, aunque nos quieran borrar, aunque nos quieran sacar del sistema, aunque nos quieran correr, vamos a seguir estando porque para eso venimos luchando hace más de 30 años.
“Mocha Celis no es un espacio exclusivo para personas travestis y trans, sino que es un espacio inclusivo. Vienen afrodescendientes, migrantes, personas mayores de 50 años, madres solteras, mujeres mayores y un montón de personas que no han podido acceder a la educación o a los derechos básicos, siendo que se referencian en este espacio. La gente piensa que estamos armando un gueto, y no. Abrimos la puerta a cualquier persona, porque siento que el trabajo que hacemos todos los días se ve reflejado en el cambio de vida de nuestras compañeras, compañeros y compañeres que han podido acceder a los distintos derechos básicos”, finalizó.
Para poder aportar, o simplemente informarse sobre los programas y proyectos de la Mocha Celis, accedé acá: https://www.instagram.com/
Trabajadores de la Educación de Mendoza protestaron en la puerta de la Dirección de Educación Provincial de Jóvenes y Adultos
Mientras muchos y muchas se preparaban para festejar Año nuevo, el lunes 30 de diciembre trabajadores de la educación se concentraron en la puerta de la Dirección de Educación Provincial de Jóvenes y Adultos ubicada en el centro de la Ciudad de Mendoza. Allí continuaron exigiendo al Gobierno de Mendoza una revocatoria al cierre de cursos y fusiones de escuelas para jóvenes y adultos.
El gobierno provincial decidió cerrar y fusionar los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) y los Centros Educativos de Nivel Secundario para Jóvenes y Adultos (CENS) en Mendoza, lo que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad educativa.
Este ajuste pone en peligro el acceso a la educación de miles de jóvenes y adultos que dependen de estas instituciones para terminar el ciclo secundario. Además, la medida no solo afecta a quienes estudian en esas modalidades, sino que implica la pérdida de puestos de trabajo de directivos, docentes, preceptores y de los Servicios de Orientación Educativa.
Durante la mañana, el Director de Jóvenes y Adultos Erico Arias, recibió a dos directivos y les comunicó que las «resoluciones se mantenían ´firmes´ y que su única voluntad era recibir problemáticas específicas de algunas escuelas», expresaron con bronca desde el lugar.
Durante las últimas dos semanas, en una serie de importantes actividades, las y los trabajadores han estado exigiendo la revocatoria de la fusión y el cierre de más de 100 CEBJA y CENS. Cabe recordar que esta situación se hizo pública el último día de clases y, desde entonces, han buscado visibilizar su situación y sus demandas.
Mauricio, estudiante del CENS Capitana María Remedio del Valle expresó: «vengo a apoyar a mis profesores y me gustaría que no cierren los CENS, al que yo asisto me ha ayudado bastante, ha sido mi segundo hogar. Me gustaría que el CENS se mantenga y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mi opinión».
María Pilar Sosa, Directora del mismo CENS, nos explicó que «a finales de diciembre, cuando ya habíamos terminado las jornadas institucionales y sólo quedábamos directivos en las escuelas, fuimos notificados de esta resolución que atenta contra la Educación de Jóvenes y Adultos, ya que a pesar que hablan del cambio de funciones, en realidad se trata del cierre de estos, que pierden. A pesar de que por el momento son sólo los directivos los afectados, en realidad es una gran caída en bloque de todos los puestos de trabajo de profesores, profesoras, preceptores y celadores. Estamos en incompatibilidad, si nosotros aceptamos las actas que nos hicieron firmar nos cambian las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en mi caso si vuelvo a las aulas, dejo a 7 trabajadores de la educación en la calle, que son mis suplentes».
«Convocamos a toda la comunidad a defender nuestro derecho a la educación».
Quintela, el “renovador” peronista que ataca a la docencia y le roba la cuota sindical
La docencia riojana lleva meses de lucha por salario. El gobernador negó el aumento, descontó días de huelga, declaró la «esencialidad» para ilegalizar el paro y hasta retuvo las cuotas sindicales.
El caso de Quintela es uno de los más simbólicos de la crisis del Partido Justicialista. En los últimos meses cobró notoriedad por haber lanzado su candidatura a la presidencia del partido. Se metió de esa manera, en la interna entre Cristina Fernández y Axel Kicillof. Pero además logró atraer a sus listas a un sector de la CGT. Entre ellos Facundo Moyano, las 62 Organizaciones que reúne a varios gremios cegetistas, así como varios referentes de UPCN.
Finalmente, Quintela se quedó sin nafta y su lista fue rechazada. Pero lo interesante es la política que viene teniendo el “renovador” en la gestión provincial. Un ejemplo claro es la actitud hacia la docencia, que comenzó una huelga en agosto por recomposición salarial.
Lo primero que hizo el gobernador fue sacar el baúl una ley de 2002 que declara esencial la educación en La Rioja y así declarar ilegal el paro. Luego, incumpliendo su promeso electoral de derogar el Decreto Cavero (día no trabajado, día no cobrado), comenzó con los descuentos ilegales. Pero mirando los diarios nacionales se sintió tibio y avanzó más: comenzó a retener las cuotas sindicales de la docencia a su gremio (APM).
Antes de cerrar el año, lanzó el último ataque: empezó a chantajear a las y los huelguistas con recortarle los cargos. Otra forma de atacar los ingresos.
CTERA, que no convocó medidas de fuerza a la altura de la lucha, acompañó una presentación de APM (Asociación de Profesores y Maestras de La Rioja) ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contra el Gobierno de La Rioja. La denuncia es por violación de la libertad sindical, impedimento del ejercicio de huelga y negociación colectiva, derecho de reunión y persecución al sector de la educación.
En el comunicado, CTERA y AMP plantean que “se ha registrado una situación jurídico gremial en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores de la educación de la Provincia de La Rioja y sus dirigentes sindicales representados por nuestra entidad sindical de primer grado” que configura “una grave conculcación de los principios consagrados en el ámbito legal internacional y acogidos por la legislación interna”. Hicieron hincapié en la retención indebida de fondos sindicales “al no depositar en favor de la AMP las cuotas de los afiliados” que “resulta por demás violatorio del principio de no injerencia de la patronal (Art. 6 Ley 23.551) que, violenta la libertad sindical” al agredir la propia subsistencia de la entidad sindical propiciando su estado de falencia. Y aclara que las cuotas, “no son del Estado sino producto de la afiliación voluntaria de los docentes” siendo evidente una conducta contraria “a la ética de las relaciones profesionales (art. 53 Ley 23.551).
En Tucumán en un año los acuerdos paritarios quedaron 31 puntos por debajo de la inflación
En diciembre, las conducciones del Frente de Unidad Docente Estatal que nuclea a los gremios ATEP, APEMyS, AMET y UDT, cerraron con el gobierno de Jaldo el último acuerdo paritario del año y, nuevamente, lo hicieron fijando un aumento que corre por detrás de la inflación.
El acuerdo estipula un aumento al básico de 6% para noviembre más un bono no remunerativo y por única vez de 140.000 pesos. Las partes volverían a reunirse en febrero. Con una inflación corriendo al 3% mensual aproximado, este aumento ya quedó compensado por la inflación de noviembre y diciembre; la inflación de enero iría a pérdida en el bolsillo docente. El salario inicial en 600.000 pesos hasta noviembre está cada vez más lejos de la Canasta Básica de pobreza (que ya en octubre rondaba los 950.000 pesos).
A lo largo del año, la burocracia docente firmó 5 acuerdos con 6 aumentos paritarios (febrero: 12,7%; mayo: 20%; julio: 16,7%; agosto: 15,2%, septiembre: 14%; diciembre: 6%) que linealmente sumaron una recomposición de 78,6%, pero la inflación acumulada de enero a noviembre en Tucumán fue de 107% y en diciembre llegaría a 110% aproximadamente. Es decir, que los acuerdos paritarios firmados dejaron una pérdida de más de 31 puntos en el poder adquisitivo del salario docente.
Para dar un barniz de legitimidad, la conducción de ATEP subió el sábado 30/11 una convocatoria repentina a las Asambleas Zonales de delegados para el lunes 2/12 a la mañana. Lo hicieron de esta manera, sin dejar ni un día hábil de por medio, para garantizar que no vaya nadie ya que hay que tener un permiso para poder ausentarse de las escuelas. Y lo lograron, la asamblea zonal de Capital contó con la presencia de apenas 16 delegados.
Aun así, las asambleas resolvieron un aumento al básico del 30% hasta enero (los gremios entregaron 24 puntos del reclamo original) y un pronunciamiento en contra de una posible reforma del Estatuto docente. Esta última moción quedó borrada de los registros de ATEP. Habrá que estar atentos, ya que en provincias como Neuquén y Santa Fe los gobiernos provinciales vienen intentando restringir licencias, aumentar la edad jubilatoria y endurecer el régimen de sanciones.
Las burocracias docentes han demostrado estar completamente alineadas con el ajuste peronista libertario y no están dispuestas a tomar ni una sola medida de acción para desplegar la fuerza social que tiene la docencia cuando para y se moviliza junto a la comunidad educativa. Sobran los motivos para empezar a organizarnos desde ahora, para que en 2025 recuperemos las calles y la organización desde cada escuela y en asambleas, y ponernos al frente de la resistencia contra el ajuste de Milei, Jaldo y el FMI, junto a los jubilados, los estudiantes y sus familias.
La sociedad educadora, el eufemismo del avance privatizador
Por Darío Balvidares
Tal vez no hayamos reparado lo suficiente cuando el titular de la secretaría de Educación nacional, Carlos Torrendell, dijo “pasamos del Estado educador a la sociedad educadora”.
A fines de octubre de 2024 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación hizo su discurso sobre el presupuesto en el área, además de lo que tiene que ver con los números del financiamiento (siempre escaso o nulo), refirió un par de conceptos sobre el encuadre político.
Por la altura del año, las complejidades salariales, el conflicto por el desfinanciamiento generalizado y particularmente el ensañamiento entre el gobierno y la Universidad, parece haber pasado desapercibido el mensaje de Torrendell: “pasamos del Estado educador a la sociedad educadora”.
Anunció que los ejes fundamentales de la gestión son: “La alfabetización, la evaluación de la información y la conectividad”.
La tasa de alfabetización en Argentina según la propia UNESCO fue del 99% para 2018 y el censo de 2022 ofreció un porcentaje similar 98,08 % lo que pone al país entre los cinco con mayor tasa de alfabetización de América Latina.
Entonces el problema está en las diferencias entre la alfabetización y las mediciones de las pruebas estandarizadas, respecto de la lectura y la comprensión y ese es un tema que debe resolver la pedagogía y no los instrumentalistas de la pléyade reformista que llevó con sus políticas a poner en crisis toda la educación pública.
Hay una fuerte crisis de sentido que lleva, paulatinamente, a la docencia a la incertidumbre con una pregunta que se formula con carácter universal en los 90 del siglo pasado: “¿Para qué sirve la escuela?”
Crisis epistemológica, se cuestiona el conocimiento, se empieza a hablar del conocimiento “socialmente significativo”, y luego “socialmente productivo”. Los especialistas de la pléyade, políticos y periodistas, incluso sindicalistas repetían esas nuevas categorizaciones encubridoras, así como el recurrente tema de la “calidad” educativa del que ya no se habla, porque la nueva vuelta de tuerca no está ya en el conocimiento como producto de la dialéctica del binomio enseñanza/aprendizaje (por eso el docente se disuelve en facilitador), sino en los aprendizajes, como lo venimos advirtiendo desde hace bastante tiempo.
En el “nuevo” paradigma lxs estudiantes son el centro de esos aprendizajes formulados por uno de los actores principales de la sociedad educadora, las EdTech y sus tecnologías de la educación.
No es novedad, ya que sabemos que eso está ocurriendo, pero todavía no masivamente, es por eso que uno de los “ejes” que se plantea la secretaría de Educación es la “conectividad”, como una urgencia de mercado.
Dice Torrendell refiriéndose al cambio de paradigma que está “…centrado en pasar de una concepción del derecho y del deber a la educación, a la concepción de un derecho a la educación que se centre en aprendizajes reales para todos…”. Sin explicar lo que entiende por “aprendizajes reales”, pero es obvio que parte del supuesto que hay “aprendizajes irreales”, de lo que podemos inferir que se refiere, dentro del contexto reformista, a los aprendizajes “socialmente productivos”, es decir, no a los que puedan enriquecer el desarrollo intelectual de lxs estudiantes, sino a los instrumentales, adquiridos, a través del instructivo de competencias necesarias para satisfacer los intereses del mercado, mensurables por las pruebas estandarizadas para la “evaluación de la información“.
También resulta interesante en este pasaje del Estado educador a la sociedad educadora, el tema que aborda el secretario, Torrendell, donde el deber desaparece, pero ¿el de quién? ¿el del Estado o del ciudadanx que transite por el “nuevo” paradigma?
Torrendell reformula la noción de derecho a la educación desde ese punto vista, porque deja de ser un derecho social para transformarse en un derecho individual, que en el pensamiento libertario puede ser ejercido o no. Recordemos que el señor presidente no considera que la educación deba ser obligatoria: “El sistema de la obligación no funciona. El que quiere estudiar va a tener la libertad de hacerlo…”.
La sociedad educadora de la que habla Torrendell es parte del plan de desposesión de lo público que, por supuesto, responde al avance de la reforma mundial de la educación que el capitalismo necesita. Por una parte, la educación como mercado de abastecimiento de materia prima, en las dos variantes del capital humano: mano de obra flexible y precarizada y trabajadorxs cualificados, pero formateados, acríticos; en ambos casos descartables, “sin atributos”.
El cambio de paradigma político y cultural acelera el cambio en el paradigma educativo con mayor atomización del sistema ya fragmentado por la desnacionalización de la reforma neoliberal de los 90 que continuó la propiciada por la dictadura a fines de los 70. Desnacionalización reafirmada con el progresismo (de sesgo neoliberal) del siglo XXI, con leyes que preanunciaban el cambio de paradigma, como la propia Ley de Educación Nacional, con su promoción de las organizaciones de la sociedad civil (ongs, fundaciones, empresas, etc.) para interactuar en el sistema educativo.
Todo un derrotero de la desposesión del carácter público del sistema, bajo la fachada de la modernización, artilugio de las nuevas formas de dependencia y de saqueo; de pérdida de derechos y de aceptación de la crueldad como motor de la nueva fase capitalista.
El paradigma de la sociedad educadora viene de finales de los 80 cuestionando al Estado educador, sobre todo a partir de los cambios en la comunicación social impulsados por los avances tecnológicos y los cambios operados en la producción de conocimientos; en los acontecidos en la organización social y, sobre todo, en las sucesivas reformas que fueron disolviendo los derechos de las conquistas laborales con las complicidades necesarias de las dirigencias sindicales y de dirigentes políticos que aparentaban defenderlas, aunque luego les aplicarían el Impuesto a las Ganancias (para no abundar); mantendrían la vigencia de los “contratos basura” y a los empleados del Estado, en una inmensa mayoría, en la llamada planta transitoria, hoy desempleados por las políticas libertarias.
Un escenario perfecto para concluir esas ideas de Estado mínimo, aunque con la paradoja de que la sociedad educadora no es parte de la evolución colectiva y de las necesidades del conjunto de la población respecto del conocimiento en la relación social. Muy lejos de eso, la invención de la sociedad educadora es una demanda del sistema económico corporativo, para completar la transformación del sujeto social en la adaptación a las tradicionales formas de explotación maquilladas como “demandas del siglo XXI” para adquirir las “competencias” que el “nuevo” paradigma exige; con la participación de los actores del mundo privado interviniendo en la educación pública, imponiendo su impronta como formato pedagógico y sus didácticas de formateo gnoseológico.
Torrendell sabe y el señor presidente también, que cuanto más se imponga el modelo de “sociedad educadora” como la moderna panacea educativa, más sencillo será disminuir el presupuesto para la educación hacia los modelos de voucherización y charterización.
Así como los espejitos de colores de la primera parte del siglo XXI y la sociedad del conocimiento, que devino en el obsceno enriquecimiento de los ceos tecnológicos a nivel mundial y la apropiación de la tecnología; la sociedad educadora es otro cuento de la saga neocolonial que encubre la desposesión final de la educación pública.
Apenas una breve propuesta
Más que nunca necesitamos la convocatoria en un Congreso Pedagógico con amplia participación de las bases, los sindicatos y agrupaciones docentes combativas, las izquierdas, los movimientos sociales, feminismos y todxs quienes luchemos por un modelo público de educación del siglo XXI, libre de la contaminación neoliberal, de cosificación libertaria y de la invasión EdTech.
Un sistema de educación pública, cuyo principal valor sea lo común y sobre esa premisa, debatir desde las pedagogías y didácticas críticas con perspectivas de género y decolonial, poniendo de relieve el cuestionamiento a estas estructuras de poder que en todas sus variantes políticas sostienen la esencia etnocéntrica de la dominación y son una máquina de impedir la emancipación social.
La sociedad educadora que nos imponen es un experimento social de mayor atomización, que fomenta el individualismo, la competencia, profundiza las desigualdades y la exclusión. Y cuando fracase, el Estado va a decir que no es responsable, porque delegó sus obligaciones; así como se desligó de la crisis educativa (que construyó con sus políticas) pero la transfirió a las escuelas y a lxs docentes haciéndolos responsables de un sistema que no pensaron, ni diseñaron. Lo mismo ocurre con el distanciamiento entre los diseños curriculares ajenos a los contextos de aplicación y a los aplicadores, maestrxs y profesorxs, pero luego son responsables de los “fracasos” en las pruebas estandarizadas.
Después de todo una sociedad que lucha por su emancipación se desarrolla en lo común y lo público que es lo sustancial para el andar colectivo contra el paradigma de apropiación de los que, desde la epistemología de la barbarie, traman nuestros destinos y nos imponen qué y cómo tenemos que pensar.
La educación emancipadora es revolucionaria; cualquier otra concepción de “revolución educativa” es parte del repertorio de la fantasmagoría del opresor.
¡Por un 2025 que nos encuentre trabajando en ese Congreso Pedagógico que no sólo tiene que ser posible, sino que es absolutamente necesario!
Programa Jóvenes y Memoria sin Chapadmalal
Por primera vez en 22 años, el Gobierno nacional no permitirá que el Encuentro Jóvenes y Memoria haga su cierre en Chapadmalal, en la costa de la Provincia de Buenos Aires. Andrés Centrone, coordinador del programa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explicó cómo afectará esta decisión a más de 30.000 estudiantes y docentes que concurren cada año al encuentro.
Entrevista: Graciela Carballo / Nicolás Rosales. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Pedro Ramírez Otero.
El Gobierno nacional tiene una mirada clara sobre la memoria. Sería borrarla en todas sus expresiones. Y desde esa mirada, resuelven terminar o complicar el desarrollo de las políticas públicas sobre el tema. Esto es lo que ha hecho con la decisión de no ceder el predio público al emblemático encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria, que se realiza desde hace 22 años en Chapadmalal y ahora, todo indica, deberán buscar otro lugar.
El encuentro en “Chapa” se ha constituido en un espacio vital para pibes y pibas de todo el país para intercambiar los diferentes proyectos sobre la memoria trabajados durante el año en las escuelas secundarias de todo el país. Por eso, el encuentro no es un encuentro cualquiera.
“La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lleva adelante este encuentro desde el 2002. Siempre el Encuentro fue con un viaje de cierre para compartir los proyectos de investigación presentados que después se transforman en producciones. Porque se hacen cortometrajes, audiovisuales, obras de teatro, intervenciones, música o todo eso junto. Lo que quieran y deseen los pibes y las pibas”, comenzó detallando Andrés Centrone, coordinador del programa Jóvenes y Memoria en CABA, sobre las actividades que se suelen llevar adelante en ese cierre.
Por otro lado, explicó: “Desde el ente público llevamos el programa desde 2011 y venimos articulando con la Comisión Provincial por la Memoria. Este año la particularidad que se dio es que siempre a principio de año se le envía una nota al Ministerio de Turismo Social. Al cambiar la gestión, y al saber que querían cerrar los hoteles utilizados con fines sociales o que se los quería privatizar o vender, no se sabe bien porque no hay una información certera sobre esto, se les mandaron notas a Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deporte, quien nunca contestó ninguna de las notas que se le envió desde la Comisión, firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Sandra Raggio, Dora Barrancos, la parte directiva de la organización. Hemos hecho también marchas en la puerta cuando nos enteramos de que querían cerrar”.
Centrone recordó que las organizaciones sociales, centros de jubilados, y todas las personas que no tienen la posibilidad de ir de vacaciones porque no tienen los recursos usan los hoteles sociales. “En el caso de Jóvenes y Memoria siempre se les dio la comida y el alojamiento a los estudiantes sin cobrar nada porque se hacía cargo el Estado. Durante la gestión de (Mauricio) Macri eso se modificó y cobraba aparte la comida y la limpieza. Ahí tanto las instituciones como la CPM tuvimos que solventar esos gastos. Con el gobierno de Alberto Fernández se volvió a lo que era antes”, contó.
El coordinador de Jóvenes y Memoria de CABA analizó: “No tenemos noticias porque no nos responden. Es una decepción enorme porque las pibas y los pibes que se anotaron en marzo ya avanzaron con sus proyectos de investigación, el anteproyecto, y ya están pensando cómo mostrarlo y no saben dónde van a poder hacerlo”.
Centrone explicó que el gobierno dijo, a principio de año, que cerraban los hoteles para refaccionarlos. “Son nueve (del complejo Chapadmalal), hay muchos que están bastante caídos y es muy difícil mantenerlos. Durante la pandemia algunos se acondicionaron y durante el gobierno de Macri se le dio a la Gendarmería. Después se los quitaron, volvieron a ser sociales. Entonces, hay tres en buenas condiciones, que fueron los que se usaron el año pasado que tiene rampas para discapacitados, enchufes de tres patas, frazadas, colchones nuevos, mantas de polar, y los últimos años la verdad que los pibes y las pibas cuidaron mucho los hoteles”, dijo.
“Lo que se intuye es que este es un gobierno por un lado negacionista y por otro lado apologista de la dictadura, no hace falta aclarar mucho, desde la vicepresidenta, los diputados que fueron a visitar a los genocidas a la cárcel, el proyecto de ley que tienen escondido ahí debajo de un escritorio para presentarlo en cualquier momento para dar los indultos o la artimaña judicial que quieran hacer”, continuó.
Por último, destacó la importancia de este tipo de programa: “Es un gobierno que no quiere que los pibes puedan repensar su realidad, entender de dónde vienen, su contexto. Porque los pibes y pibas que viajan conocen otras realidades y múltiples situaciones de Derechos Humanos del pasado reciente y de la actualidad que está buenísimo. Conocer otras formas de lucha, de denunciar. Son tres días fantásticos, donde los pibes hacen de todo, vuelven de otra manera”.
Fuentes: Red Eco Alternativo, aporrea.org, ATE Rosario, Anred, Página 12, Tramas, La Retaguardia, La Izquierda Diario, rebelión.org
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.