Lo Escondido en el Lago

Las revelaciones en torno al viaje de funcionarios, magistrados y empresarios a las tierras a nombre del británico Joe Lewis, que crecen en curioso paralelo con el avance de la interna del PRO, aparecen sólo como el emergente de las profundidades del Poder Judicial.

La situación “debería interpelar a todo un sistema de justicia que hace mucho tiempo que está puesto en crisis”, opina la abogada, docente e investigadora Marisa Herrera. La definición, aclara, debe entenderse “en sentido amplio, incluyendo a universidades, colegios de abogados e incluso a los sindicatos”.

Herrera es una de las promotoras del pedido de juicio académico radicado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el juez federal Julián Ercolini, cuyo viaje a Lago Escondido colisiona con la ética requerida por el estatuto de la institución a su plantel docente.

El juicio académico podría determinar la separación de Ercolini de su cátedra y, para Herrera, las causales de admisibilidad de la apertura del proceso son fáciles de reconocer. “No es un caso difícil. El tema es la voluntad política de la Facultad para llevar adelante un proceso como el que se solicita”, destaca.

La primera instancia de consideración es el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA. Al cierre de esta nota, no había dado respuesta al pedido, que se presentó en diciembre. En el Consejo reúnen mayoría dos líneas internas de Juntos por el Cambio, que cierran filas en temas que exceden a las luchas posicionales internas en que permanentemente se entretienen.

Jefes de Familia

Con independencia de lo que ocurra en un eventual juicio académico en su condición de docente, la Facultad podría remover a Ercolini de su cargo de director de una carrera de posgrado sobre Administración de Justicia, que persigue el evidente objetivo de formar nuevas generaciones de magistradas y magistrados. Se trata de un cargo político, por lo que su continuidad o cese requiere sólo una decisión de igual naturaleza.

Fue, de hecho, lo que ocurrió con la especialización en Derecho de Familia, que también integra la oferta de posgrado en la UBA. Hasta 2017 era dirigida por Marisa Herrera, que además de una reconocida académica es activa militante feminista. Fue reemplazada por tres hombres, que se reparten la dirección, subdirección y coordinación.

Para la docente apartada, su desplazamiento obedece a que el campo del Derecho de Familia “ha sido revolucionario en los últimos tiempos, por lo que detrás de mí hay toda una mirada ideológica que sigue siendo rupturista en instituciones tan rígidas como las Facultades más antiguas”.

En el equipo de la carrera que dirige Ercolini, por su parte, “puede verse que la mujer está invisibilizada. La única es la coordinadora. Una imagen muy clásica, con que siempre nos encontramos: las mujeres estamos para servir el cafecito, para coordinar, para recordar al docente qué día es su clase o ayudarlo a preparar el material. Siempre las cuestiones más domésticas, replicando una lógica absolutamente machista”, grafica Herrera.

Su descripción coincide con los datos relevados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reflejan que en las primeras dos décadas del siglo tres de cada cuatro designaciones en la Justicia Federal correspondieron a magistrados varones. Esa mayoría se revierte al posar la mirada sobre el universo de trabajadoras y trabajadores del mismo ámbito, lo que ilustra sobre el concepto de “techo de cristal”.

Con tales tendencias, no parece extraño que todos los asientos ocupados en el vuelo al Lago Escondido hayan pertenecido también a jueces y funcionarios varones. La diversidad sólo se plasmaba en los tres fueros fuertes a los que representaban los viajeros: criminal y correccional, contencioso administrativo y penal económico.

“Hechos como este deberían dar lugar a replanteos profundos sobre cómo se enseña el derecho y, en especial, el posgrado”, insiste Herrera. “El caso Ercolini es paradigmático, burdo, indignante, de lo que veníamos viendo que pasa en torno a la Justicia, en el Poder Judicial, los Colegios, las Universidades. Por eso cuando una desde hace años habla de una reforma feminista, viene a disputar el corazón de la construcción del poder”, remarca.

Que la Corte con el machismo

En 2020, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió dos resoluciones por las que dispuso que la composición de los órganos de administración y fiscalización de las sociedades debía respetar la paridad de género. De ese modo, se atendía a una problemática observada por la misma IGJ.

Las resoluciones 34 y 35 fueron cuestionadas por vía de recurso de amparo por la Fundación Apolo-Bases para el Cambio, una denunciadora serial de la acción del Estado que tiene entre sus “consejeros académicos” al ex funcionario delarruísta Darío Lopérfido. Como abogados la representaban Yamil Santoro y José Magioncalda, ambos integrantes de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy.

Dos camaristas también varones, Marcelo Duffy y Jorge Morán, revocaron un fallo de primera instancia y consintieron la inconstitucionalidad reclamada. “Hay una oposición en la Justicia que es la más fuerte, y es la que se opone a las transformaciones reales”, denuncia Herrera sobre la resolución de Cámara.

Algo similar ocurre, ante casos incluso más graves, en la propia Corte Suprema. Cuatro varones –los supremos– tienen para resolver cuestiones de género, en decisiones que demoran años. “Cuando hay de por medio un tema de desigualdad estructural, de género o de discapacidad o de migrantes, y se tarda años en decidir, ya es evidente que no se ha comprendido sobre qué se actúa. El tiempo consolida las violaciones de derecho”, remarca la investigadora.

Un ejemplo es el tratamiento recibido por una adolescente de Capital Federal que denunció haber sido abusada en Salta por un familiar al que había visitado. El propio gobierno porteño se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 27, cuya declinación de competencia remitió la causa a la Justicia provincial salteña, que a su vez la rechazó entendiendo que debía ser abordada en la jurisdicción en que la víctima reside y donde cuenta con más cercano acceso al servicio de justicia.

Dada la controversia, debieron intervenir los cuatro supremos. Demoraron ocho meses en firmar la media carilla con que adhirieron a las dos que había escrito en su dictamen la Procuración General, a cargo del perpetuo interino Eduardo Casal. El hecho fue situado por la víctima en enero de 2020 y para el otoño de ese año ya estaba formulada la denuncia. Sólo para que se resuelva la competencia debieron pasar más de dos años.

Los cuatro integrantes de la Corte, en sintonía con Casal, determinaron que la causa quede radicada en Salta, a casi 1.500 kilómetros del domicilio de la denunciante. La postura incluyó a Ricardo Lorenzetti, pese a que ese criterio colisiona con el concepto de “centro de vida” que para situaciones que involucran a menores incorporó como novedad el Código Civil y Comercial en cuya elaboración participó el supremo a comienzos de la década pasada.

A paso de hombre

En este tipo de situaciones se evidencia, desde la óptica de Herrera, que “una mala justicia perjudica a toda la población, y en especial a las personas o sectores más vulnerables”.

Para ilustrarlo, toma como reflejo la mediatizada causa judicial por la que se condenó y proscribió sin pruebas a la actual Vicepresidenta Cristina Fernández. “Es cierto que para el común de la gente (la llamada causa) Vialidad puede no importar, pero Vialidad no es Vialidad en sí: es lo que hay detrás, todo un uso perverso de la persecución penal como herramienta, en este caso específico de proscripción”, destaca.

Del mismo modo, compara, “esto de Ercolini no es Ercolini y nada más. Es lo que desenmascara: la perversidad de todo un sistema que implica al Poder Judicial, colegios de abogados, universidades e incluso sindicatos, porque hay casos de violencia de género dentro de este ámbito que permanecen sin investigar”. En relación a este último punto, la Corte de los cuatro supremos varones dejó sin respuesta una propuesta de protocolo de actuación frente a tales situaciones.

La dilación no es sólo judicial. Junto a un plural y diverso grupo de especialistas, Herrera participó del Consejo Consultivo que en diciembre de 2020 entregó al Presidente Alberto Fernández un informe cuyo cuarto capítulo incluía recomendaciones generales y particulares para una reforma judicial, fruto de unanimidades y divergencias dentro del heterogéneo grupo de especialistas.

El impulso de algunas de las propuestas podría haber contribuido a mitigar paulatinamente parte de los síntomas descriptos y dificultado la intromisión de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, con la reposición de una ley derogada una década y media antes y la auto coronación del presidente supremo Horacio Rosatti en el organismo que debe seleccionar magistradas y magistrados y administrar el Poder Judicial.

El gobierno nacional, sin embargo, no avanzó en ninguna dirección. Tampoco apostó por debatir una ley orgánica para la constitución y funcionamiento de la Corte, de modo de reemplazar su regulación actual, que data de 1863, y limitar sus ritmos cansinos o el uso indiscriminado del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que desde hace más de 30 años permite a quienes conforman el principal tribunal del país exceptuarse del requisito de fundamentar sus actos.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/lo-escondido-en-el-lago/