En diciembre de 2015 incluso sectores de izquierda o progresistas prefirieron votar por Mauricio Macri con tal de desembarazarse del kirchnerismo, al que percibían como autoritario y corrupto. Un año después el gobierno del empresario se reveló como lo que era, y la «modernización» prometida se ha traducido en mayor desempleo y endeudamiento, en el […]
En diciembre de 2015 incluso sectores de izquierda o progresistas prefirieron votar por Mauricio Macri con tal de desembarazarse del kirchnerismo, al que percibían como autoritario y corrupto. Un año después el gobierno del empresario se reveló como lo que era, y la «modernización» prometida se ha traducido en mayor desempleo y endeudamiento, en el crecimiento de la pobreza y en una mayor «flexibilización» de las relaciones laborales.
Apenas 12 meses de gestión le bastaron al empresario Mauricio Macri y a su gobierno de gerentes para desarticular los restos de un Estado de bienestar emparchado por 12 años de kirchnerismo; la deuda pública aumentó a niveles similares a los tiempos de la dictadura militar, el gobierno avanzó sobre conquistas laborales de medio siglo, intentó minar los logros judiciales en materia de derechos humanos, y los índices de pobreza y desempleo se colocaron en guarismos similares a los del año 2001, el de la «crisis histórica». La lucha contra la inflación, uno de sus principales caballitos de batalla cuando asumió el gobierno, por ahora la perdió. Y tampoco pudo bajar el desempleo o atraer inversiones, a pesar de haber abierto la economía como se lo reclamaban los empresarios y desregularizado las relaciones laborales.
Loteo
El área económica quedó loteada en la interna gubernamental entre tres referentes. El presidente se hizo cargo de las relaciones con empresas extranjeras, en busca de lograr inversiones; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, mantiene el frente económico externo, vinculado especialmente a las relaciones con organismos multilaterales; y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, disputa el manejo de la cuestión monetaria con el sistema financiero.
El resultado fue una transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía, en especial las trasnacionales ligadas a la industria agropecuaria y la minería, a partir de la quita -total en algunos casos, parcial en otros- de retenciones (impuestos), lo que representó para el Tesoro una pérdida de recaudación anual cercana a los 60.000 millones de pesos por el agro y otros 3.300 millones de pesos por la actividad minera, dos ejemplos de extractivismo cuestionados al gobierno anterior, terreno en el que Macri dobla la apuesta.
«El gobierno ya elevó la deuda pública a 250.000 millones de dólares y permitió que 375.000 millones de dólares de argentinos, entre particulares y empresas, se mantengan fuera del territorio nacional, en paraísos fiscales la mayoría de ellos. Así no hay país que funcione», enfatiza el economista Claudio Lozano, ex diputado nacional y referente de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (Cta Autónoma).
El pago, a fines de marzo, de 9.352 millones de dólares a los llamados fondos buitres o hold outs -los restos de acreedores que quedaron desde la quita de deuda forzada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005- fue calificado por el ministro Prat Gay de exitoso, aunque la propia prensa financiera nacional lo considerara el «arreglo más caro desde la salida del default». Ese pago, saludado, eso sí, por los organismos financieros internacionales, fue el puntapié inicial del endeudamiento macrista.
«El foco de la política económica del gobierno está puesto básicamente en los intereses de los bancos y las empresas extranjeras», resume Lozano. «Para eso creó una situación de estancamiento a partir de la recesión que se venía dando con un modelo económico kirchnerista agotado.»
Las cámaras que nuclean a industriales, comerciantes y productores rurales pequeños y medianos denunciaron en febrero pasado las duras perspectivas a las que iban a enfrentarse con las medidas económicas propuestas por un gobierno que se presentó como «aliado del campo». «No existe un campo único, como no existe ningún sector mediano y pequeño que no requiera políticas segmentadas para poder desarrollarse. La propuesta de Macri solamente favorece a los grandes grupos económicos a partir de la liberación del dólar y la apertura indiscriminada de las importaciones», señala Omar Príncipe, titular de la Federación Agraria Argentina, que agrupa a los productores más afectados por las políticas oficiales. Según la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, este año el 20 por ciento de los emprendimientos de ese sector, que provee el 70 por ciento del empleo nacional, «debió cerrar sus puertas o bajó su producción a niveles insostenibles en el mediano plazo». La raíz de la crisis tiene dos patas: la suba de casi 400 por ciento en las tarifas de los servicios públicos (gas, energía eléctrica, agua y teléfono), cuyo impacto en la industria y el comercio se verificó de inmediato, y el aumento de precios en las materias primas usadas como insumos, junto con la apertura de importaciones en sectores sensibles, como el textil, el calzado y las autopartes, entre otros.
Según Lozano «la recesión es la forma que eligió el gobierno para domesticar los precios y los salarios. No utiliza un ajuste ortodoxo porque en un país donde el salario mínimo ronda los 10 mil pesos (600 dólares) y el 60 por ciento de los trabajadores gana menos de esa cifra, el modelo cierra con este tipo de medidas».
¿Qué se puede esperar para 2017, cuando se realicen las elecciones legislativas de medio término? «El gobierno apuesta a una reactivación del consumo y al crecimiento de la obra pública, y con eso tratar de lograr un resultado electoral que le permita sobrevivir», señala el economista y sindicalista. «El problema sigue siendo el mismo y acrecentado: la fórmula de Macri es más endeudamiento a favor de los sectores concentrados de la economía, y en especial de los grupos financieros amigos del gobierno.»
Golpe a golpe
Los decretos de necesidad y urgencia le sirvieron al macrismo para atacar de pique a la oposición, pasando por encima de un parlamento que el presidente no controlaba cuando asumió. El gobierno eliminó así, de un plumazo y con desprolijidad, la llamada «ley de medios», para devolverles a los grupos concentrados de comunicación el millonario negocio del entretenimiento, a cambio de su apoyo a las primeras medidas de ajuste.
Fuera del gobierno, el Frente para la Victoria (Fpv) fundado por Néstor Kirchner estalló en mil pedazos y en el Congreso quedó como una fuerza desmembrada a partir de la salida de legisladores cuyas provincias cambiaron de signo político. Así, el núcleo duro K en Diputados y Senadores cuenta con apoyos condicionados y volátiles. Creció en cambio la figura del diputado Sergio Massa, un ex kirchnerista que luego se volcó a la oposición y que en las internas preelectorales de ésta fue derrotado por Macri. Massa ha funcionado como un complemento por derecha de varias de las medidas económicas tomadas por la Casa Rosada. El líder del Frente Renovador es visto por varios de sus aliados como un recambio peronista del macrismo.
Por ahora, y hasta el 1 de marzo próximo, la alianza presidencial Cambiemos (integrada por el Pro de Macri, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical, Ucr) goza de una relativa buena salud, lo que le permite negociar con los bloques de partidos provinciales para obtener las leyes necesarias para el modelo de ajuste neoliberal en curso. Pero la Ucr, su principal sostén a nivel nacional por su nivel de implantación, especula con ganar terreno en la interna de la coalición y amaga con presentar candidatos propios en las legislativas del próximo año, al tiempo Carrió insiste en su permanente perfilismo y ataca al macrismo por algunos hechos de corrupción.
Nuevos pobres
A los seis meses de gestión de Macri el Instituto de Estadística identificó la existencia de casi 2 millones de nuevos pobres, un desempleo ubicado en 9,3 por ciento de la población activa y una inflación del 23 por ciento, la misma que en las últimas épocas del kirchnerismo. «Cambiemos no logró cumplir ninguna de sus promesas de campaña. Y el panorama no parece mejor para el año próximo, teniendo en cuenta que el gobierno pretende mantenerse en la misma senda de endeudamiento», apunta Caudio Lozano.
La conflictividad social no se manifestó en vano, sostiene el dirigente.
En sus inicios, el Ejecutivo se fijó como objetivo dividir al sindicalismo. En parte lo logró. Los capos de la Confederación General del Trabajo (Cgt), la central más pactista, mostraron rápidamente que buscaban un acercamiento con el gobierno, mientras la Cta, dividida durante el kirchnerismo, cruzó de vereda y mostró intenciones de recuperar la unidad. Tras la partida de Hugo Moyano de la secretaría general de la Cgt, asumió un triunvirato integrado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmidt y Carlos Acuña, los tres con aceitados vínculos con la burocracia saliente. Sólo el acto del Primero de Mayo mostró un intento de unidad entre la Cgt y la Cta, pero las negociaciones por las paritarias salariales volvieron a dividir las aguas. «Los despidos en el sector público entre diciembre y enero y los despidos generados en el sector privado por el tarifazo demuestran que el gobierno viene por todo», aseguró Pablo Micheli, de la Cta Autónoma. Junto a Lozano y a Micheli, Hugo Yasky, secretario general de la Cta Nacional, sostiene que Macri «va a seguir trabajando por una reforma laboral que despoje de sus conquistas a los trabajadores». El año 2017 actuará como bisagra en ese sentido. «La sociedad demostró que no está dispuesta a perder sus conquistas sociales y laborales. Este fue un año con mucha conflictividad social, y el próximo lo será aún más», dijo Lozano a Brecha.
Salir del barrio y la región
El alineamiento automático con el Estados Unidos de Barack Obama, quien visitó Buenos Aires el 24 de marzo pasado, llevó a Macri a arrojarse de cabeza a un acuerdo con la Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Colombia, Perú y México). El triunfo de Donald Trump lo dejó mal parado (Macri apostó a Hillary Clinton), y fue otra vez Malcorra quien debió anunciar que «todo se negociará a su debido tiempo» y que Argentina buscará «el mejor acuerdo posible con la nueva administración estadounidense, pese a que veía con buenos ojos a la candidata demócrata».
La cercanía ideológica con Michel Temer (Brasil), Horacio Cartés (Paraguay) y Pedro Kuczynski (Perú), y el llamativo acercamiento al Uruguay de Tabaré Vázquez llevaron al gobierno a anteponer los acuerdos comerciales bilaterales a los acuerdos del bloque Mercosur, que por ahora le resulta más problemático que amigable.
Vayan para atrás
El área de derechos humanos montada en diez años de kirchnerismo comenzó a ser desmantelada desde las primeras semanas de gestión del presidente. Lo hizo a fuego lento, pero constante. «Macri llegó con el discurso del curro de los derechos humanos, y considera el 24 de marzo, fecha del golpe de 1976, a lo sumo como un feriado turístico, pero eso nunca fue así», dijo a Brecha el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky. «Hay un intento por frenar los juicios por delitos de lesa humanidad, el gobierno avala los arrestos domiciliarios de los militares y civiles condenados por esos delitos, retacea colaboración a la justicia para integrar tribunales, en las provincias ha desarticulado programas en esa área y bajó el presupuesto en la Secretaría de Derechos Humanos», apunta Verbitsky. Pero al mismo tiempo señala que le será muy difícil al gobierno borrar «una lucha de años de los organismos de derechos humanos que caló hondo en la sociedad».
El caso de Milagro Sala (véase la edición pasada de Brecha) ha marcado también la actitud del Ejecutivo en este plano. La liberación de la dirigente social jujeña, presa desde el 16 de enero por un delito excarcelable, ha sido reclamada tanto por las Naciones Unidas como por el secretario general de la Oea, pero el gobierno ha desoído los pedidos en nombre de la «separación de poderes». Lo que en realidad ha primado es la relación privilegiada que Macri mantiene con el gobernador radical de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, duramente enfrentado a la dirigente de la agrupación Túpac Amaru desde hace mucho tiempo. En enero próximo llegará a Argentina una comisión veedora de la Onu que verificará el cumplimiento por el gobierno de los tratados internacionales incorporados desde 1994 a la Constitución nacional. «Es la primera vez desde la caída de la dictadura que Argentina desoye un llamado de atención de las Naciones Unidas y no cumple con sus recomendaciones», señala Verbitsky.
En cuanto a la lucha contra la violencia de género y el hacinamiento en las cárceles el balance macrista no es mejor que en otras áreas de derechos humanos. El déficit en estos planos no se le puede adjudicar únicamente a este gobierno, lejos de eso, pero sí es cierto que han sido dominios a los que la administración actual no ha prestado casi ninguna atención. «Pese a las manifestaciones callejeras masivas con marchas como las del colectivo Ni una Menos, al gobierno no le importa demasiado la violencia contra la mujer, porque apenas asumió Macri recortó presupuestos y programas en esa área. En cuanto al sistema carcelario, es una deuda pendiente de la democracia pero que tampoco interesa al macrismo como cuestión nacional. El sistema penitenciario federal sigue padeciendo parches con políticas erráticas, pese a las recomendaciones de las comisiones de las Naciones Unidas que visitaron Argentina en los últimos años. Apenas se logró un reconocimiento de parte de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al plantear que la situación carcelaria en la provincia es grave, pero sin ofrecer alguna solución ni sugerir ninguna medida concreta desde su gestión», resalta Verbitsky.
Las organizaciones de mujeres volvieron a reclamar que el Congreso trate el tema de la legalización del aborto. Hasta 2015 seis proyectos habían pasado sin pena ni gloria, con la férrea amenaza de Cristina Fernández de aplicar el veto presidencial si alguno de ellos se convertía en ley. El macrismo ha asumido una postura similar, bajo la atenta mirada de Francisco, al que se presenta como un «papa peronista» incluso en este tema, en el que gobierno y oposición K no se diferencian demasiado.
Lógicas
La visión empresarista del gobierno de Mauricio Macri se ha visto reflejada también en la oferta de los canales televisivos estatales. Recientemente comenzó a emitirse en la Televisión Pública (el ex Canal 7) una serie titulada Locos por el campo, presentada por un simpático personaje que se da a conocer como «un bicho de ciudad», que pretende dar a conocer los logros del agro argentino y su alto nivel de productividad «conseguido en el respeto por el medio ambiente». La serie es auspiciada nada menos que por la trasnacional Monsanto, una de las empresas más cuestionadas a nivel mundial precisamente por grupos ecologistas y organizaciones sociales del más diverso tipo. El director del canal dijo que desconocía ese auspicio, pero que en todo caso no le parecía mal que una emisora estatal emitiera «un programa así» si su calidad televisiva era buena. Por otra parte, esta semana se confirmó el traspaso de una serie de canales hasta ahora dependientes del Ministerio de Educación, entre los cuales Encuentro y Paka Paka, a un nuevo ente que podrá disponer su privatización. Varios de esos canales habían destacado por su muy buen nivel de programación.
Fuente: http://brecha.com.uy/