¿Lo peor ya pasó? ¿La economía va a crecer como pedo de buzo?

“El Indec de Milei en Argentina calcula la inflación asumiendo que
todavía vamos a videoclubs a alquilar películas,
buscamos cabinas telefónicas para hacer una llamada, escuchamos música con Discman o reproductor de MP3, vamos al banco porque necesitamos un extracto de movimientos, miramos la Guía T para encontrar cómo llegar a un lugar en capital,
usamos la enciclopedia de papel para consultar cosas que no sabemos
…”, sintetizó en un posteo de X, Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). La publicación es elocuente y pone en relieve que el dato de inflación en este gobierno es “irreal”.

La inflación de marzo marcó 3,4% según el INDEC

La inflación de marzo marcó 3,4% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 9,4%. El dato mensual se ubicó por encima de la proyección del 3,0% de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.
En cuanto a las categorías, «los precios Regulados tuvieron el mayor incremento (5,1%) por las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por el IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas con el turismo y al cambio en indumentaria que compensaron caídas de precios de verduras y frutas», describió el INDEC.
La división con mayor aumento en marzo fue Educación (12,1%) en función del inicio de clases. Le siguió Transporte (4,1%) por la suba en combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.
El FMI recortó medio punto el crecimiento de Argentina en 2026, aunque la sitúa entre las de mejor desempeño regional
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados (6,9%).
Las divisiones con menores variaciones fueron Bienes y servicios diarios (81,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Las reacciones de Javier Milei y Luis Caputo

El presidente Javier Milei sostuvo en un posteo de su cuenta de X: «El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente».
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo expresó: «En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países».
«Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados», añadió.
«La inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable», explicó Caputo.
«La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales», finalizó Caputo.

Análisis y perspectivas

Según, Julián Neufeld, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, «el dato de marzo es contundente, el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses». Neufeld hizo una distinción de los fenómenos externos a la política monetaria (de carácter transitorio) del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos. En un primer grupo incluyó al efecto del conflicto bélico en Medio Oriente, que impactó de lleno en los precios de los combustibles nacionales, disparando el índice hacia el final del mes.
«Podemos esperar que este impacto se perpetúe en el próximo mes, en la medida que el aumento del petróleo se extienda a lo largo de la cadena productiva». El otro grupo está integrado por los precios regulados debido a la política de apreciación real de las tarifas en CABA y el gran Buenos Aires.
Sobre los índices de inflación de los próximos meses Delfina Barbero, economista de la Fundación Libertad, comentó que en abril estaría más cercana al 2,5% mensual que al 3%. «Este escenario se sostiene, en parte, con la contención del precio de los combustibles, tras el reciente anuncio de YPF de implementar un mecanismo de amortiguación que limitaría el traslado de la suba del petróleo al surtidor. A esto se suma un contexto externo algo más favorable, con un alto al fuego entre EE UU e Irán que podría anticipar una desescalada del conflicto en Medio Oriente».
Y agregó: «⁠Hacia adelante, y más allá de la reciente aceleración, el escenario base continúa contemplando una reanudación del sendero de desinflación. Este proceso estaría sostenido por la consolidación del ancla fiscal, una postura monetaria neutral y un tipo de cambio que, al menos en el margen, opera como factor de contención nominal».
«No obstante, la trayectoria no está exenta de riesgos, particularmente en un contexto internacional aún desafiante, donde la dinámica de precios globales —atravesada por tensiones geopolíticas y temores de una posible estanflación— puede condicionar la velocidad de convergencia», afirmó la economista.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.434.000 según el INDEC

Una familia de cuatro integrantes en marzo de 2026 necesitó ingresos por encima de los $1.434.464 para no ser pobre y de $658.011 para no caer en la indigencia, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En el tercer mes del 2026, la canasta básica total (CBT) que se utiliza para medir el umbral de la pobreza aumentó 2,6%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) que define a la indigencia lo hizo en 2,2%. En los dos casos, el aumento fue menor a la inflación general de este mismo mes, que marcó 3,4%.
En el año, la CBT acumula un aumento del 9,6% mientras que la CBA aumentó 11,6%, en ambos casos superando a la inflación del 9,4%.
En la comparación interanual, la CBT aumentó 30,4% y la CBA 32,8%, ubicándose por debajo y por encima de la inflación general, respectivamente.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X: «Fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo».
Santiago Casas, economista jefe en EcoAnalytics, comentó: «La Canasta Básica Total desaceleró al 2,6%, pero representa una suba trimestral anualizada del 43,7%. Con los salarios subiendo menos que la canasta básica es esperable un aumento de la pobreza durante el primer trimestre».
La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). Además, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).
Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. «La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia», señalan desde el INDEC.

El FMI recorta al 3,5% la previsión de crecimiento de Argentina para 2026 y prevé una inflación el doble de la proyectada

La nueva proyección del FMI, recogida en el informe de ‘Perspectivas Económicas Mundiales’ divulgado el martes, implica una revisión a la baja con respecto del pronóstico de crecimiento del 4,0% previsto para 2026 en el informe publicado a fines de 2025. Además, estima que la inflación se desacelerará este año en Argentina al 30,4%, levemente por debajo del 31,5% registrado en 2025, pero casi dos veces más que el 16,4% previsto en octubre pasado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía argentina crecerá un 3,5% en 2026, medio punto porcentual menos de estimado en enero pasado y por debajo del 4,4% registrado en 2025, al tiempo que eleva significativamente la previsión de inflación para este año.
La nueva proyección del FMI, recogido en el informe de ‘Perspectivas Económicas Mundiales’ divulgado el martes, implica una revisión a la baja con respecto del pronóstico de crecimiento del 4,0% previsto para 2026 en el informe de perspectivas publicado en octubre pasado, cifra que se mantuvo también en la revisión de enero de este año.
Para 2027, el FMI mantuvo la proyección de crecimiento del 4% incluida en el informe del primer mes del año.
Para 2027, en tanto, el organismo prevé que la inflación se reduzca al 15,7%.
El nuevo informe apunta que la balanza por cuenta corriente de Argentina, que tuvo en 2025 un déficit del 1,1% del PIB, registrará una caída del 0,8% en 2026, frente al 0,4% previsto para este año en octubre pasado.
El organismo pronostica además una caída de la tasa de desempleo para 2026, alcanzando un 7,2%, frente al 7,5% registrado en el cuarto trimestre de 2025.
Esa cifra, anticipó el informe, seguiría cayendo en 2027 hasta ubicarse en el 6,9%.
La difusión de estas perspectivas se da días después de que se cumpliera el sábado el primer aniversario de la firma de un nuevo programa de facilidades extendidas entre Argentina y el FMI.
El acuerdo firmado por el Gobierno de Javier Milei fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las exiguas reservas del Banco Central, con créditos por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.398 millones fueron desembolsados poco después de rubricar el pacto.

El FMI aprobó la revisión del acuerdo con Argentina y destrabó el desembolso por U$S 1000 millones

Tras la llegada del Ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para pedir más plata, el Fondo Monetario Internacional confirmó que aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina lo cual activa un desembolso de U$S 1000 millones.
El organismo internacional publicó el staff report que será elevado al directorio (Board en la jerga del FMI) luego de que el equipo económico argentino, encabezado por Caputo y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, desembarcaran el miércoles en Washington para participar en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, con el objetivo adicional de destrabar ese desembolso.
“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, señaló Caputo.
Y afirmó que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.
Con este paso ya cumplido, se estima que el directorio del organismo se reunirá dentro de los próximos 15 días para el visto bueno final y remitir los fondos.
El FMI tenía frenado desde hace dos meses la aprobación de la segunda revisión y, si bien no hubo explicaciones formales, se entiende que las trabas pasaban por el incumplimiento de compromisos que contiene el acuerdo.
Uno de ellos es la compra de reservas del Banco Central. Si bien el gobierno ya adquirió la mitad de los U$S 10.000 millones que se comprometió a adquirir este año, el problema es que esas compras de dólares no redundan en un aumento de las reservas. El acuerdo con el FMI era que a fines de 2025 el BCRA debía tener reservas netas negativas de U$S 3000 millones pero eran de unos US$ 13.000 millones.
Por otro lado, el FMI también reclamaba más celeridad en la eliminación total del cepo cambiario y en la eliminación total de los subsidios a la energía.

Préstamo del BID

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció el viernes 17 de abril que prevé acelerar su respaldo a la Argentina con un financiamiento récord que podría superar los u$s 7.200 millones durante el año 2026. Este plan de acción representa un incremento sustancial respecto de los niveles de 2025, cuando el organismo aprobó cerca de u$s 5.000 millones para el país. El anuncio se realizó desde Washington y marcó un nuevo hito en la relación financiera entre el organismo y la Nación.
Del monto total proyectado, el BID planea destinar más de u$s 5.000 millones a operaciones soberanas con el sector público argentino. Este paquete incluye el financiamiento directo a diversos proyectos y la provisión de una garantía por u$s 550 millones, la cual se sumará a los aportes de otros organismos multilaterales de crédito. El objetivo es acompañar el proceso de estabilización y crecimiento que encara la administración nacional.
BID Invest, el brazo del grupo encargado de trabajar con el sector privado, proyecta movilizar inversiones por alrededor de u$s 2.200 millones. El foco de estas operaciones estará puesto en fortalecer la infraestructura social y productiva, además de ampliar el acceso a servicios de salud.
El organismo también buscará dar un impulso a la economía digital y facilitar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) locales para sostener su actividad.
Asimismo, se prevé el apoyo a proyectos sostenibles dentro de la agroindustria y la manufactura de exportación. Entre las prioridades estratégicas para 2026, el Grupo BID incluyó inversiones destinadas a mejorar la confiabilidad energética y el desarrollo de cadenas de valor en minerales críticos, con especial mención al litio.
El presidente de la entidad, Ilan Goldfajn, destacó dentro del comunicado que «el Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados», al valorar los esfuerzos para estabilizar la economía.
El programa también contempla el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y del sistema de justicia, junto con la ampliación del acceso a servicios esenciales como energía, salud y esquemas de protección social.
Es importante señalar que todas las operaciones mencionadas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID. El programa para 2026 combina el respaldo a reformas estructurales de segunda generación con inversiones estratégicas en las provincias argentinas.
Por último, con este despliegue, la institución busca proveer la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento económico a largo plazo mediante una combinación de créditos públicos y privados

En febrero la deuda aumentó US$ 11.200 millones

En febrero, la deuda pública creció en US$ 11.200 millones y alcanzó los US$ 472.135 millones, impulsada fundamentalmente por los bonos atados a la inflación (CER) y las nuevas emisiones del Gobierno en pesos. Incluso habiendo pagando fuertes vencimientos, el stock de deuda sigue escalando.
En apenas dos meses de 2026, la deuda ya aumentó más de US$ 17.000 millones. Lejos de cualquier desendeudamiento, el esquema económico de Javier Milei y Luis Caputo profundiza el mismo mecanismo histórico, deuda para pagar deuda, acrecentando la bola de nieve a futuro.
Una parte central de este incremento se explica por los títulos ajustados por inflación. Estos instrumentos no implican pagos inmediatos de intereses, pero sí engrosan el capital adeudado. En otras palabras, el Gobierno “patea” obligaciones hacia adelante mientras acumula una carga cada vez mayor. Esto anticipa más ajuste: cuanto más crece la deuda, mayores serán las exigencias fiscales futuras para sostener los pagos, con un oficialismo que tiene al recorte presupuestario como una de sus herramientas principales.
Este proceso se vuelve aún más preocupante en un contexto de caída de la recaudación. Con una economía golpeada por el ajuste, el Estado recauda menos, lo que agrava el peso de la deuda. El resultado es un círculo vicioso: menos ingresos, más deuda, y por lo tanto más ajuste sobre salarios, jubilaciones y gasto social.
El frente externo tampoco ofrece alivio. Si bien el Banco Central comenzó el 2026 comprando dólares (acumulando US$ 3.500 millones en unas 50 jornadas), las reservas brutas continúan cayendo debido a que los pagos de deuda externa y a organismos internacionales superan los ingresos de divisas.
Así, las reservas rondan los US$ 44.700 millones y vienen retrocediendo incluso en jornadas con saldo comprador. Es la expresión concreta de un problema estructural, cada dólar que entra por el mercado cambiario termina saliendo por el canal del endeudamiento.
Con el riesgo país en torno a los 600 puntos, impulsado por la inestabilidad internacional tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el acceso al financiamiento externo sigue siendo limitado y costoso. En este contexto, refinanciar los importantes vencimientos de deuda externa de 2026 y 2027 aparece como un desafío imposible para el Gobierno.
Lejos de resolver los problemas estructurales de la economía argentina, el plan de Milei y Caputo los profundiza. Más deuda y más ajuste no son una solución, sino la continuidad de un modelo que históricamente ha beneficiado al capital financiero a costa de las grandes mayorías.
Frenar este círculo vicioso exige otro camino, la organización y movilización de trabajadores, jubilados y sectores populares para imponer una política económica al servicio de sus necesidades, rompiendo con el esquema de endeudamiento permanente que hoy vuelve a hipotecar el futuro.

Los datos económicos contrastan con lo que muestra el ministro Caputo

La consultora Marina Dal Poggetto pronostica un 33 % de inflación en el año, contra el 10,1 % anunciado por el Gobierno.
Y aquí aparece un dato de Orlando Ferreres, de estudio Ferreres, que dice que en el mes de febrero la producción industrial se contrajo 7,9 %. Son datos que contrastan con lo que ha mostrado el ministro de Economía que argumenta que estos datos que anuncian los medios son poco menos que parte de una especie de conspiración para perjudicar al gobierno.
Un informe del estudio Eco Go sostiene que de acuerdo al criterio que utiliza el Fondo Monetario para medir reservas, el Banco Central tiene reservas negativas por 14.497 millones de dólares. Otro dato muestra lo que Marina Dal Poggetto define como cartera irregular, es decir que muestra cómo aumenta la mora, el endeudamiento. Hay un cuadro que muestra cómo ha subido en los últimos meses; la subida arranca básicamente entre noviembre y febrero del 25. Así se puede ver cómo ha subido la mora en materia bancaria.
Después hay un pronóstico de las perspectivas de inflación que plantea para este año el informe de Marina Dal Poggetto y de la consultora Eco Go: básicamente 33% para el año, siendo que estamos ya prácticamente en casi 10 % en el primer trimestre. Y esto, por supuesto, es un dato que básicamente aleja a la realidad del presupuesto del gobierno, que decía 10,1 %.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 3,0% en marzo de 2026, acumulando un 8,9% en el primer trimestre

Dentro de este escenario, el rubro Educación con 8,6% y Transporte con 6,0%, registraron las variaciones más significativas, según indicaron en el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos de CABA (IDECBA).
La inflación de CABA fue de 3% en marzo, con fuerte impacto de alimentos
Este comportamiento se explicó principalmente por los aumentos en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, sumado a los ajustes en el valor del boleto de colectivo urbano.
El impacto de los combustibles fue determinante para que la agrupación de bienes mantuviera una presión constante sobre el índice general. Según los datos del IDECBA, el incremento en los surtidores se trasladó de manera directa al costo de vida de los residentes porteños, siendo uno de los componentes de mayor incidencia en el rubro junto con la actualización de las tarifas de los servicios de transporte.
Por estacionalidad, la Educación aumentó 8,6%, con una incidencia de 0,42 puntos porcentuales, como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de educación formal.
En el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba promedio fue del 2,6%. El principal motor de este incremento fue el rubro Carnes y derivados, que anotó un salto del 6,3%.
Este aumento en las carnicerías fue el dato más relevante de la canasta alimentaria, superando por amplio margen al promedio general de la división y convirtiéndose en el principal factor de presión para el gasto en los hogares.
Dentro de los alimentos y bebidas, el reporte oficial destacó una suba de 2,6%, contribuyendo con 0,45 puntos porcentuales a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (2,1%)
Los precios de alimentos y bebidas comenzaron abril de 2026 con una baja de 0,4%
Por el contrario, algunos productos de la canasta básica mostraron una tendencia a la baja, lo que evitó que el rubro alimentos tuviera un impacto aún mayor.
Las verduras, tubérculos y legumbres sufrieron una caída del 3,3%, mientras que las frutas descendieron un 1,8%. Estas bajas estacionales compensaron parcialmente la fuerte dinámica alcista de los cortes cárnicos.
El transporte no solo se vio afectado por los combustibles, sino que formó parte de un fenómeno más amplio de subas en los precios regulados. Esta agrupación, que incluye servicios con tarifas controladas o estacionales, escaló un 6,5% en marzo.
El informe del IDECBA resaltó que este grupo estuvo liderado por Educación y Transporte, dos sectores clave para la organización de los gastos mensuales de las familias.
En términos interanuales, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 31,4%, mientras que Educación trepó al 32,7% y Transporte registró un incremento del 36,4%, todos respecto a marzo del año anterior.
Estos números reflejan que el transporte, empujado por los combustibles, fue uno de los sectores que más se encareció en el último año, superando la inflación general del 32,1% registrada en el territorio porteño.

Cómo impacta la guerra en la nafta, la inflación y el dólar en Argentina

El crudo sigue en niveles elevados de 110 y 90 dólares el barril tras los ataques en Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz. Aunque mostró una leve baja, el escenario global sigue presionando sobre los precios locales, el tipo de cambio y el frente externo argentino.
El petróleo se mantiene como el principal factor de riesgo para la economía global y, en particular, para países como la Argentina. Tras haber superado los US$110 por barril, el crudo mostró una leve corrección, pero sigue en niveles elevados en un contexto de guerra en Medio Oriente y fuerte incertidumbre sobre el suministro energético.
El conflicto sumó un nuevo capítulo con explosiones en el complejo energético South Pars, en Irán, un activo clave para la producción de gas y petroquímicos del país. Aunque la situación fue contenida, el episodio volvió a encender las alarmas sobre la oferta global, en medio del nuevo ultimátum de Donald Trump a Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz y la incertidumbre por la prolongación de la guerra en Medio Oriente.
Tanto el crudo Brent como el WTI se revalorizan más de un 50% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Vale recordar que antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en torno a los 73 dólares por barril.
En la Argentina, el impacto más directo de un petróleo por encima de los US$100 se da en los combustibles. Si bien las petroleras, con YPF a la cabeza, vienen aplicando subas graduales para evitar saltos bruscos, el traslado del precio internacional es prácticamente inevitable. Se estima que cada 10 puntos porcentuales de suba en la nafta impactan un 0,4% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, un aumento del 20% en naftas podría añadir 0,8 puntos a la inflación mensual.
El esquema actual con algunas definiciones oficiales como el aumento del corte de la nafta con bioetanol hasta 15 % buscan suavizar los aumentos mediante ajustes escalonados y mecanismos de promedios móviles, pero los analistas coinciden en que, si el crudo se mantiene alto por varias semanas, el ajuste en surtidores terminará llegando más temprano que tarde.
El efecto no es menor: los combustibles tienen impacto directo en el transporte, la logística y los costos de producción, por lo que terminan filtrándose al resto de los precios de la economía.
En una entrevista televisiva reconoció que la inflación de marzo probablemente muestre un dato algo más alto debido al petróleo y factores estacionales, pero reiteró que la disciplina fiscal y monetaria debería conducir a una desinflación hacia adelante. En cuanto a los precios de los combustibles, subrayó que las recientes medidas de estabilización de YPF reflejan decisiones del sector privado.
De todos modos, el encarecimiento del petróleo aparece como uno de los principales riesgos para el proceso de desinflación que busca. En un contexto donde la inflación ya muestra resistencia a bajar del 2% mensual, un shock energético puede frenar o incluso revertir la tendencia.
El canal de transmisión es doble:
Directo: suba de naftas y tarifas energéticas
Indirecto: aumento de costos logísticos y de insumos
Este combo puede impactar especialmente en alimentos y bienes de consumo masivo, amplificando el efecto sobre el bolsillo.

Más presión sobre el frente externo

El otro frente sensible es el cambiario. Un petróleo caro encarece las importaciones energéticas y aumenta la demanda de dólares, en un contexto donde la acumulación de reservas sigue siendo uno de los principales desafíos del Gobierno.
Además, la suba del crudo suele venir acompañada de un fortalecimiento global del dólar, lo que agrega presión adicional sobre las monedas emergentes. Para la Argentina, esto implica un escenario más complejo:
– Mayor necesidad de divisas
– Menor margen para sostener el tipo de cambio como ancla
El factor clave sigue siendo el Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.
Aunque en los últimos días algunos buques lograron atravesar la zona, el flujo sigue lejos de normalizarse. Irán mantiene restricciones y advirtió que las condiciones no volverán a ser las mismas, lo que mantiene en vilo al mercado.
Cada señal sobre Ormuz, ya sea su apertura, bloqueo o escalada, tiene impacto inmediato en los precios.
La leve baja del petróleo este lunes no cambia el cuadro de fondo: el mercado sigue operando bajo un escenario de alta tensión geopolítica y oferta condicionada.
Al cuadro de volatilidad se suma la última amenaza discursiva del presidente estadounidense Trump, cuando advirtió que podría atacar “centrales eléctricas y puentes” iraníes a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz. Anteriormente, había establecido este lunes 6 de abril como fecha límite para que Irán brinde su conformidad a un acuerdo que ponga fin a la guerra o se enfrente a nuevos ataques de Estados Unidos contra su sector energético.
En las últimas horas se conoció un nuevo intento de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a través de mediadores regionales como Pakistán, Egipto y Turquía, que implica un alto al fuego por 45 días con el objetivo de avanzar a “un fin permanente de la guerra”.
Sin embargo, por el momento, la postura del régimen iraní no es favorable al considerar que “un alto el fuego significa una pausa para reorganizarse y volver a cometer delitos”, señalando que “ninguna persona racional haría eso”, según informó la televisión estatal de Irán citando al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei.
En este sentido, el funcionario sostuvo que “no hay garantías legales ni internacionales. Por tanto, debemos actuar de manera que podamos contar con una garantía sólida para defender nuestra propia seguridad nacional”.
Para la Argentina, esto implica un desafío adicional en un momento clave: sostener la desaceleración inflacionaria, acumular reservas y evitar tensiones cambiarias en un contexto global adverso.
En ese tablero, el petróleo volvió a ocupar un lugar central. Y mientras la guerra continúe, será una de las variables que definan el rumbo de la economía local en los próximos meses.

El lado B de la motosierra
Por Tristán Rodríguez Loredo

La caída de la recaudación tributaria impacta en los fondos que envía la Nación y pone en alerta a los tesoros provinciales.
La Constitución de 1994 ordenaba al Congreso en un plazo de dos años la sanción de una ley con adhesión de todas las Legislaturas locales para un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. Es decir, hace 30 años que, en lugar de fijar una norma con parámetros claros, se trabaja sobre los mecanismos emparchados de una ley de 1988. Y como lo que se reparte se hace sobre una “foto” de aquel momento más los retoques permeables a cada nueva relación de fuerza, la crisis estalla cada vez que lo que se recauda baja o no alcanza a cubrir el mínimo previsto.
La caída en la actividad económica en los sectores manufactureros y servicios en grandes núcleos urbanos trajo aparejado un efecto “en cascada” para las cuentas fiscales de cada provincia. La estructura tributaria argentina recae básicamente en 10 impuestos (que recaudan más del 90% del total) y los que encabezan el ranking tienen que ver con el consumo (como IVA en el caso nacional e Ingresos Brutos, en el caso provincial) además de los indirectamente vinculados como el de los combustibles o los de créditos y débitos bancarios, que dependen de movimiento comercial. Esto provoca que la porción de recaudación que llega a las provincias es claramente procíclica.
Está legislado que, del total recaudado, 54,6% es el que se distribuye entre las provincias en porcentajes previamente establecidos pero que no sólo tienen que ver con la magnitud de la población o la producción generada (medida por el aporte al PBI nacional). Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibe 19% del total, pero su aporte es casi el doble. Medido en cada 100$ aportados, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, sólo recibe $7, Neuquén (otra gran perdedora dado el boom económico de Vaca Muerta) unos $30 y Buenos Aires, $40. La Pampa, por ejemplo, se ajusta a su aporte, pero otras cuatro provincias reciben entre casi el doble y el triple de lo que aportan: Chaco, La Rioja, Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego (a pesar que es la más rica del país). Todo esto fue generando lo que algunos estudiosos, como Carlos Gervasoni, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella, vinculan entre la calidad de los regímenes democráticos locales y la generación de una estructura fiscal que aliente la producción y sea sometida al escrutinio de los contribuyentes periódicamente.
Puede ser esta una explicación de porqué mientras la Nación pasaba la motosierra en áreas burocráticas de la estructura de gobierno (como planta permanente de ministerios y organismos descentralizados), congelaba la obra pública y licuaba parcialmente las jubilaciones, las provincias tuvieron conductas fiscales diversas. En su defensa, siempre argumentaron que sobre su erario caían gastos muy poco flexibles a la baja: educación (sueldos de docentes), salud (personal sanitario), justicia general, seguridad (policías provinciales), además del mantenimiento de la red vial e incluso, para 13 de las 24 jurisdicciones, el rojo intenso de sus cajas previsionales, con regímenes mucho más generosos y diversos que el austero de la ANSES.
La motosierra como símbolo de una política fiscal pudo haber sido efectiva en el corto plazo y ante la emergencia de un riesgo inflacionario mayúsculo (incluso una híper al estilo argentino) pero no necesariamente se constituye en la mejor guía para una política económica que se retroalimenta del crecimiento y la generación de empleo, objetivos postergados en el primer bienio de la administración libertaria. Según la consultora Analytica, en el primer trimestre hubo una contracción del gasto primario real devengado del 36,5% comparado con igual período del año pasado.
Tanto que hay indicios de un “rebote” casi vegetativo de algunas partidas de gastos, justo en momentos en que la recaudación sufre una merma por la caída del consumo.
En un informe reciente de IDESA, muestra que en el 2024 las provincias ajustaron sus cuentas públicas licuando el gasto en un contexto de muy alta inflación, especialmente, en los primeros meses de ese año, pero a medida que la inflación bajaba, el proceso se fue revirtiendo. “La tendencia hace presagiar que muchas provincias cerraron el 2025 con déficit y que, de no mediar cambios ordenadores en las cuentas públicas provinciales, el 2026 será de déficits en la mayoría de las provincias; un fenómeno con fuertes y riesgosas derivaciones para el desenvolvimiento del programa económico del gobierno Nacional”, señala su presidente, el economista Jorge Colina. Para eso, cita el antecedente de los últimos años de la convertibilidad en que los desequilibrios de las provincias, cuando se generalizan y son persistentes impactan en la macroeconomía. “Con una situación fiscal precaria lo más probable es que en lugar de avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos, impuesto sobre los Sellos y las tasas a las ventas municipales, la tendencia sea a que estas imposiciones aumenten, agravando los problemas de competitividad”, aclara, Esto, en un contexto de necesidad de aumentar la competitividad para la viabilidad de la producción, es preocupante.
Tampoco ayuda el contexto nacional en cuanto al monto por transferencias automáticas que reciben. El economista Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, destaca que, en marzo de este año, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias (más la CABA) $5,05 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, contra $3,99 billones de igual período del año anterior, que se traduce en una baja real del 4,3% y de un -6,4% interanual si consideramos el acumulado del primer trimestre. Por su parte, la coparticipación (transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones) cayeron aún más: -7,4% en términos reales. La mayor cuota de responsabilidad recae en la evolución de los impuestos de mayor peso en la recaudación total: “la recaudación conjunta de IVA más Ganancias encadena un tercer mes con reducción real interanual de recaudación, con una baja real interanual de 7,2% en marzo y resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta”, subraya Argañaraz. Además, teniendo una perspectiva de los últimos 17 años, marca que el monto de las transferencias automáticas reales por coparticipación neta de los primeros tres meses del año (de confirmarse la inflación supuesta del 3% mensual en marzo), se ubicaría en el 11º puesto (ordenando de mayor a menor).
Sobre todos estos datos, recae un gran interrogante que es la proyección de la inflación, porque erosiona la recaudación y aumenta la presión por recomposiciones salariales que son el grueso del gasto provincial. En la última encuesta REM del Banco Central, los encuestados estimaron una inflación mensual de 3,0% para marzo (+0,5% respecto al REM previo) y un PBI ajustado por estacionalidad expandiéndose al 1,3% para el primer trimestre del año y +0,8% para el segundo trimestre. Al parecer, los economistas del núcleo duro no ven en el corto plazo una perforación del nuevo “piso” inflacionario del 3% mensual pero tampoco una recesión que profundice los problemas de ajuste y adaptación. Todo parece indicar una vuelta al viaje “controlado” que asegure un equilibrio inestable pero suficiente para ahuyentar en el corto plazo una corrida contra el sistema.

La morosidad familiar es la más alta desde 2004

El incumplimiento de pagos sigue en ascenso y la medición de febrero en base a los números del BCRA llegó a 11,2%, marcando la decimosexta suba consecutiva del indicador de atraso de pagos. El impacto ya no distingue entre bancos, billeteras virtuales y créditos no bancarios.
El presidente Javier Milei suele repetir que su Gobierno «sacó de la pobreza a 10 (12 o 15) millones de personas», e insiste en que su programa económico «es un éxito», pero hay datos de la realidad que «crujen» y cuesta ocultar con relato: la morosidad de las familias es una de esas luces rojas del tablero libertario, y el dato de febrero 2026 revela su extrema gravedad, son los números más altos de atraso en los pagos desde el año 2004.
Resulta toda una paradoja conciliar que mientras según el Gobierno millones de personas «salen de la pobreza y están mejor que en 2023», otros tantos millones de argentinos al mismo tiempo se hundan en deudas y atrasos. El fundamentalismo libertario no se ha referido al tema de manera puntual, pero sería inaudito, realmente, pensar que las familias «no pagan porque no quieren».
El discurso oficial suele encontrar «relativizaciones varias» cuando hay temas espinosos en los medios. Así cuando cierran miles de fábricas y pymes se dice que «no se actualizaron», sobre los despedidos que dejan se habla de «ofertas en otros rubros» y hasta se acusa a los gobernadores opositores de «no ajustar», cuando denuncian que la recaudación impositiva se derrumba mes a mes en forma alarmante como obvio síntoma recesivo.
Respecto de la mora en créditos y deudas, según los números que hizo la 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central (BCRA), en febrero de 2026 el porcentaje de quienes tienen atrasos en sus compromisos llegó al 11,2%, el nivel más alto desde 2004.
El tema lo detalló la agencia Noticias Argentinas, destacando que febrero mostró una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto de enero (en ese primer mes del año el mismo indicador se había ubicado en 10,6%», pero hay otro detalle todavía más serio: la suba de febrero fue la decimosexta en forma consecutiva en los atrasos en los pagos. Es decir ya no es un tema «estacional», no es «coyuntural», es una realidad insoslayable que lleva casi un año y medio, la mayoría de la gestión libertaria.
En lo que hace a deudas empresariales, el incumplimiento de pago de las compañías se mantiene en torno al 2,9%, un nivel aceptable, en tanto que si se mira el total del sector privado, la morosidad pasó de 6,4% a 6,7% (+0,3%).
Los créditos no bancarios también preocupan al momento de conocer el número final. Y es que en este segmento, según la consultora, la mora en los hogares alcanzó un impactante 30% en febrero, más de 2% respecto a enero.

Las billeteras digitales

El caso de estas plataformas también muestra señales de alerta. Así entonces Mercado Pago, una de las fintechs más usadas, registró una morosidad del 14,7% en el último año, según las últimas cifras disponibles de enero pasado. Si se miran los números de un año antes, ese número apenas superaba el 5%, de manera que va camino a triplicarse.
Distintos informes privados muestran también altos porcentajes de deudas de familias en otras entidades financieras no bancarias, donde la morosidad escala hasta el 36% en los peores casos.
“En la mayoría de los países del mundo, la gente vive con deudas, lo que pasa es que las honra” dijo Caputo, días atrás. Si bien el funcionario no profundizó específicamente sobre esa suba en el nivel de moras, dijo que el endeudamiento “no es un problema”. No quedó claro si creía que no es un problema para su gestión, para los acreedores o finalmente para los millones de deudores.

Turismo internacional: Argentina registró un déficit récord de USD 7.221 millones en 2025

El turismo internacional en Argentina dejó en 2025 un déficit récord de USD 7.221 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El desbalance se explica por la diferencia entre los argentinos que viajaron al exterior —18,8 millones— y los visitantes que ingresaron al país —8,7 millones—, en un contexto de fuerte crecimiento del turismo emisivo frente a un menor flujo receptivo.
El fenómeno refleja las dos caras del turismo internacional: el turismo receptivo, vinculado a los extranjeros que llegan al país; por otro, el turismo emisivo, que corresponde a los argentinos que viajan al exterior. En 2025, esta última tendencia se consolidó con un volumen significativamente mayor de salidas que de ingresos.
El Gobierno ejecutó $ 466.000 por mes en el programa de Apoyo a la Salud Mental
De acuerdo con el informe de Balanza de pagos, el turismo receptivo generó ingresos por USD 4.852 millones durante el año pasado. En contraste, el gasto de los argentinos en el exterior alcanzó los USD 12.072 millones. La diferencia entre ambos flujos dio como resultado un saldo negativo de USD 7.221 millones.
La magnitud del déficit no solo marca un récord histórico desde que se mide este indicador, sino que también permite dimensionar su impacto macroeconómico. Ese monto equivale al 40% de los vencimientos de deuda en dólares que Argentina debe afrontar este año y se acerca al total de compromisos en bonos en manos privadas, estimados en USD 7.400 millones.
El rojo turístico de 2025 superó incluso el anterior récord negativo registrado en 2017, cuando el saldo había sido de USD 6.008 millones. Es decir, el desbalance actual es mayor en USD 1.213 millones, consolidando una tendencia creciente en la salida de divisas por viajes al exterior.
En perspectiva histórica, el dato también se ubica como el peor resultado en al menos tres décadas. En las últimas dos décadas, el país acumuló un déficit promedio anual de USD 1.915 millones en el intercambio turístico.

Ganancias récord de las empresas de gas natural

La Asociación Personal Jerárquico (APJ-GAS) informa sobre las ganancias extraordinarias de las empresas de gas natural “que se explican casi en su totalidad por aumentos tarifarios que abonamos todos los usuarios”, apunta, y realiza una advertencia ante las próximas paritarias.
Compartimos el comunicado:

Ganancias récord de las empresas de gas natural
Las empresas de la industria del gas natural informaron a la Comisión Nacional de Valores utilidades de gran magnitud durante el período que venció el 31 de diciembre de 2025 y que se explican casi en su totalidad por aumentos tarifarios que abonamos todos los usuarios. Además, contemplan una cantidad de fondos reservados, inversiones de diferente tipo y moneda y dividendos anticipados que ya fueron cobradas por sus accionistas.
Solo daremos algunos ejemplos prácticos. Datos comprobados, no elucubraciones financieras.
En el caso de Transportadora de Gas del Sur se informó una ganancia de 420.000 millones de pesos, ganancias reservadas por un billón 650.000 pesos e inversiones en títulos públicos, de deuda privada, plazos fijos, acciones y fondos comunes de inversión por 1 billón 100.000 pesos.
Transportadora de Gas del Norte informó una utilidad de 219.200 millones de pesos, inversiones a valor razonable por $170.000 millones y de disponibilidad restringida por $83.000. En su caso, durante 2025 se distribuyeron dividendos en dos oportunidades: $182.000 millones y $71.300 millones. Por último, informó la existencia de ganancias reservadas por $300.000 y otras reservas por un monto de $200.000 millones.
Naturgy Ban informó ganancias en el período 2025 por 183.000 millones de pesos y ganancias reservadas por $28.000 millones. Posee participaciones en fondos comunes de inversión por un total de $78.000 millones y comunicó que puso en venta el inmueble de Isabel La Católica 931 por un valor de 960.000 dólares.
Metrogas informó ganancias por un total de 132.500 millones de pesos, comunicó que existen ganancias reservadas por $420.000 y otras reservas por $411.000 millones y constituyó una reserva para futuros dividendos de 130.600 millones de pesos. Además, la comercializadora Metroenergía (95% del capital es de Metrogas y 5% de YPF), comunicó utilidades por 36.500 millones de pesos y propuso distribuir dividendos por ese total.
En el caso de Ecogas aunque actúan en tándem, los balances de sus distribuidoras se informan por separado. Distribuidora de Gas Cuyana informó ganancias por $53.000 millones y reservas facultativas para distribución de futuros dividendos por $9.000 millones aunque ya abonó dividendos anticipados por otros $12.000 millones. Distribuidora de Gas del Centro informó utilidades por $44.200 millones y distribuyó dividendos en forma anticipada a sus accionistas por un total de $90.000 millones que deberán ser ratificados por ellos mismos.
Por último, Camuzzi Gas Pampeana informó utilidades por $26.000, ganancias reservadas por $45.000 millones y otras reservas por un total de $21.000 millones. Son algunos casos que demuestran qué pasa en nuestra industria.
Los salarios de sus trabajadores/as deberán reflejar parte de esas utilidades, reservas e inversiones financieras. Son quienes generan esas riquezas y soportan el servicio. Las próximas paritarias deberán cantar claro.

Lumilagro echó 170 trabajadores para importar de China e India: “si vuelve a convenir fabricaremos acá”

El mate es “la bebida nacional”. Y Lumilagro era sinónimo de termo. Hace unos años empezaron a llegar las marcas extranjeras, sobre todo de acero. La planta de Tortuguitas llegó a tener 300 puestos de trabajo. En 2022 bajaron a 220 y quedaban 170. La empresa los despidió a casi todos hace unas semanas y solo quedaron los que necesita para mantener la planta. Porque no cerró, como decían algunos medios. Apagó los hornos y se puso a importar.
Ahora trae las ampollas de vidrio de India y Vietnam y los termos de acero de China. Acá solo produce algunos termos de acero y se dedica a personalizar termos y botellas térmicas con serigrafías.
El motivo es claro: la apertura indiscriminada de Javier Milei golpeó a muchos sectores industriales. En el caso de los termos se suma el contrabando. Lo que dicen en todos lados: “No podemos competir”.
Lejos de pensar en una reconversión productiva, que podría atender otras necesidades de consumo y sociales, la familia Nadler prefirió “asociarse” al modelo “industricida”. De productor pasó a ser importador.
Pero con el cinismo típico de los empresarios dice que no se trata de algo irreversible: “Si vuelve a ser conveniente fabricar en Argentina, lo volveremos a hacer. Si sube el dólar me puede convenir volver a fabricar”, señalaron los voceros de la empresa.
Si sube el dólar, una devaluación, será un nuevo golpe al salario. Porque la clave de Lumilagro es el mercado local, por lo que tendría que venderle termos a un pueblo con ingresos devaluados.
En cualquier caso, siempre lo peor le toca a los laburantes.
La única que puede terminar con los cierres, despidos y flexibilizaciones es la clase trabajadora si se une y plantea su propia salida: que la crisis la paguen los empresarios y quienes la produjeron.

Cierre de emblemática fábrica en Córdoba

Tras más de tres décadas produciendo gomas en Argentina, una emblemática fábrica de Córdoba anunció el cierre definitivo de su planta principal. Esta decisión marca el fin de una era para una firma que logró competir mano a mano con los gigantes multinacionales del sector.
La planta ubicada en el barrio de San Vicente, capital provincial, dejó de producir de manera repentina luego de más de 30 años. Esta sede era el núcleo operativo de la empresa y el símbolo de su expansión provincial durante los últimos años. La fábrica fue un motor económico vital para la región y para la comunidad local.
La crisis económica actual y la caída del consumo interno fueron los factores determinantes que llevaron a la empresa a cerrar la fábrica de la emblemática firma Gomas Gaspar, una histórica planta de suelas y bases para calzado ubicada en Córdoba.
Tras más de 30 años de trayectoria, su desaparición marca el fin de un referente industrial que proveía a marcas de todo el país. En abril de 2026, la compañía cesó sus actividades de forma definitiva.
El conflicto comenzó a hacerse visible en diciembre de 2025, cuando la empresa dejó de pagar el aguinaldo, seguido de orden de vacaciones forzadas y un desmantelamiento progresivo de la producción que culminó con el cierre total de sus puertas este mes.
La caída del consumo interno y la falta de competitividad frente a las importaciones fueron factores determinantes. A estas causas macroeconómicas se sumaron denuncias de mala administración por parte de los trabajadores.
A pesar de tener una demanda constante de pedidos, los trabajadores señalaron que la empresa entró en un espiral de deudas salariales y falta de inversión, lo que hizo insostenible su continuidad en el contexto económico actual.
Según datos del INDEC, la industria manufacturera inició el 2026 con una caída interanual del 8,7% en febrero. El consumo masivo, tras haber sufrido un derrumbe histórico del 16% en 2024, no logró una recuperación sólida en 2025 (apenas un 2%), dejando al mercado en niveles muy por debajo de los históricos.
El cierre de la planta de Córdoba dejó a decenas de 40 trabajadores en la calle. Los operarios fueron notificados de la decisión mediante telegramas que confirmaron el fin de la relación laboral de manera inmediata y sin previo aviso. Esta situación ha provocado movilizaciones en las puertas de la fábrica para reclamar por la preservación de los puestos de trabajo.
Los empleados, algunos con hasta 25 años de antigüedad, denunciaron que no solo no recibieron sus indemnizaciones, sino que se les adeudan varios meses de sueldo y aguinaldos.
Este caso no es aislado, ya que se suma a otros cierres icónicos en la provincia como el de Córdoba Goma (72 años de historia) y la crisis en la planta de Neumáticos Ruiz se suma un caso nacional como el de Fate.
Gomas Gaspar nació hace más de 30 años en el barrio San Vicente, fundada por el ingeniero Rodolfo Polero. Gracias a su especialización en tecnología del caucho, se convirtió en un proveedor clave de suelas y bases para las principales marcas de calzado de Argentina, llegando incluso a exportar sus productos en sus épocas de mayor crecimiento.
Durante décadas, la fábrica fue un símbolo de la industria cordobesa, destacándose por su capacidad de innovación y por sostener una plantilla de empleados con muchísima antigüedad. Sin embargo, tras años de liderazgo, no logró resistir el impacto de la crisis de 2025, cerrando definitivamente en abril de 2026 y dejando atrás su legado como referente del sector.

La rebelión industrial del Norte Grande
Por Ariel Maciel – Editor de Economía Política en Perfil.com

A horas del arribo de Javier Milei a Tucumán, el sector productivo regional desmintió los dichos del ministro Luis Caputo sobre el vínculo con las empresas. Reclamos por asfixia impositiva, la crisis de los biocombustibles y la amenaza de una desocupación masiva.
El malestar del sector productivo del Norte Grande alcanzó un punto de ebullición frente al rumbo económico de la administración central. Mientras el presidente Javier Milei visitó Tucumán para participar del Foro Económico del NOA —donde enfrentó fuertes protestas en las calles y renovó sus críticas al advertir: «Yo no ataco a los empresarios, ataco al chorro»—, los referentes fabriles de la región denunciaron un escenario de asfixia financiera y falta de respuestas oficiales. La crisis expuso una profunda desconexión entre el relato gubernamental y la realidad de las economías regionales, que advirtieron sobre un inminente colapso de la actividad.
En este contexto, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, visibilizó el descontento de las provincias del norte. El dirigente trazó un duro diagnóstico sobre el impacto de la recesión económica y alertó que el sector productivo local quedó en una posición de extrema vulnerabilidad frente a las decisiones de la Casa Rosada. Al describir la gravedad institucional y económica de la situación, el empresario fue tajante: «Somos kelpers, somos parias».
La falta de canales de comunicación agravó el conflicto político. Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en foros internacionales que el modelo oficial «no es anti empresario» y en su participación en el evento que organizó IAEF aseguró mantener un diálogo fluido con los actores del sector privado. Sin embargo, la cúpula industrial tucumana desmintió esa cercanía de manera categórica. Al ser consultado sobre su vínculo con el titular del Palacio de Hacienda, Rocchia Ferro expuso la nula receptividad oficial: «No me da bola». Asimismo, reveló la urgencia del sector y solicitó públicamente una audiencia urgente con el funcionario nacional.
El reclamo de los industriales se sustentó en una serie de asimetrías estructurales que encarecieron la producción de manera insostenible. Uno de los ejes centrales del conflicto radicó en la presión impositiva desmedida que recayó sobre los servicios básicos. El dirigente detalló que la sumatoria de tributos nacionales, provinciales y municipales multiplicó los costos operativos de las fábricas. Para ilustrar este impacto directo en las cuentas, precisó que una factura de electricidad de dos millones de pesos «termina siendo $20 millones, por todos los cargos que tiene».
A la carga fiscal se sumó el encarecimiento de los insumos energéticos y la deficiencia histórica en la infraestructura logística. Rocchia Ferro señaló que la región carece de rutas adecuadas y de una red ferroviaria funcional para el transporte de mercaderías. Además, cuestionó el esquema de precios de los combustibles y exigió un trato diferencial para compensar la falta de acceso a la red de gas natural. Sobre este punto, el empresario exigió una equiparación lógica con otras zonas del país: «Nos debería costar lo mismo que el sur, USD 2,61».
La política en materia de energía verde representó otro foco de fricción con el Ejecutivo. El titular de la entidad fabril remarcó que la actividad de los biocombustibles resulta vital para el sostenimiento económico y social del norte argentino. Frente a la inacción oficial, el petitorio del sector fue directo y exigió seguridad jurídica para las inversiones existentes. «Usted tiene una Ley de biocombustibles, cúmplala», sería uno de sus mensajes que enviaría si mantuviera una charla con Milei, afirmó.
En el plano comercial, la apertura indiscriminada de importaciones encendió las alarmas por la supervivencia de las firmas locales. El sector alertó sobre la competencia desleal frente a productos extranjeros que ingresaron subsidiados por sus propios Estados de origen, como es el caso de China. Ante la imposibilidad de competir bajo esas condiciones, Rocchia Ferro reclamó la implementación de valores de referencia, la revisión de los certificados de origen y la fijación de cupos específicos, medidas diseñadas para resguardar a la industria textil.
El impacto de esta crisis industrial proyectó un escenario de desocupación masiva a corto plazo. El dirigente recordó que la actividad azucarera generó empleo para más de 55.000 personas en el norte, mientras que el sector del limón ocupó a otros 30.000 operarios. Para dimensionar la gravedad de las políticas de ajuste sobre el entramado privado a nivel nacional, el presidente de la cámara tucumana aportó un dato estadístico alarmante: «En el país han cerrado 26.000 empresas».
Frente a los constantes agravios del Poder Ejecutivo, los empresarios exigieron respeto institucional y previsibilidad financiera. Rocchia Ferro desestimó las acusaciones que los tildaron de «prebendarios» y defendió el rol de las fábricas como las verdaderas generadoras de valor. Por último, reclamó condiciones estrictas para la llegada de capitales externos y propuso que el dinero extranjero permanezca inmovilizado por al menos 18 meses para evitar la especulación financiera, dado que, ante el menor riesgo macroeconómico, «cuando se asustan se la llevan a toda».

Industria panadera

El Secretario General de la Cámara de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (CIPAN), Martín Pinto, mantuvo una reunión en el Senado de la Nación con los legisladores Sergio Uñac y Jorge Capitanich. Durante el encuentro, que contó con la presencia de representantes de diversas entidades productivas, Pinto expuso la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas industrias del sector. El dirigente alertó sobre el impacto de la recesión en una actividad esencial vinculada al consumo diario de la población.
Advierten que el consumo de pan cayó 55% y ya cerraron 2.000 locales.
Pinto advirtió que el cierre de panaderías es constante como consecuencia directa de la caída de las ventas y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. A este escenario se suma el aumento sostenido de los costos operativos, lo que pone en riesgo la continuidad de los establecimientos.
La exposición buscó visibilizar el deterioro de las empresas nacionales ante la falta de medidas que permitan sostener la producción y el empleo en el actual contexto económico.
En el marco de la reunión, el referente de CIPAN acompañó el reclamo del sector productivo para que se avance con una declaración de emergencia económica, social y productiva para las PyMEs industriales.
Los empresarios fundamentaron este pedido en la retracción del mercado interno y la pérdida de competitividad que afecta al entramado productivo nacional. Según Pinto, la ausencia de medidas de alivio agrava la crisis del sector panadero y de la industria en general.
“Tener en dos años 2.000 panaderías cerradas con 16.000 puestos perdidos no se vio nunca».
La agenda de diálogo institucional en el Senado estuvo orientada a acercar propuestas legislativas que den respuesta a la crisis. Los representantes de las distintas entidades coincidieron en que el escenario actual está marcado por una fuerte retracción de la actividad.
En este sentido, señalaron que resulta indispensable contar con herramientas legales que permitan frenar el cierre de empresas y proteger el trabajo argentino frente a la caída del consumo interno.
El encuentro en la Cámara Alta formó parte de una serie de reuniones para buscar soluciones al deterioro del entramado PyME. Los industriales hicieron hincapié en la necesidad de adoptar medidas urgentes para reactivar la actividad productiva.
Pinto resaltó que el sector panadero, al ser una industria de proximidad y consumo masivo, refleja de manera inmediata la pérdida de dinamismo en la economía y el impacto inflacionario en los insumos básicos.
Los panaderos advierten que el Gobierno está “asfixiando a las pymes”
Los dirigentes empresarios concluyeron la reunión resaltando la importancia de generar propuestas legislativas que permitan dar una respuesta institucional a la crisis.
El objetivo planteado ante los senadores es establecer un marco de protección para las empresas nacionales que evite la destrucción de puestos de trabajo. La declaración de emergencia solicitada es vista por el sector como un paso necesario para estabilizar la situación de las pequeñas industrias bonaerenses.

Fuentes: AFP, Perfil, Indymedia Trabajadoras/es, La Izquierda Diario

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