El INDEC señala que la pobreza por ingresos llegó al 32% de la población, con la indigencia en un registro del 6,7%. Se verifica el ascenso de la pobreza y se diagnostica desde el gobierno que el problema es la inflación, un guarismo que resulta difícil proyectar para todo el año 2019. Dicen que será […]
El INDEC señala que la pobreza por ingresos llegó al 32% de la población, con la indigencia en un registro del 6,7%.
Se verifica el ascenso de la pobreza y se diagnostica desde el gobierno que el problema es la inflación, un guarismo que resulta difícil proyectar para todo el año 2019.
Dicen que será menor al 2018 con su 47%. ¿Cuánto? Vaya uno a saber, con las petroleras o las pre-pagas aumentando, con autorización oficial, por supuesto. Entre todos los precios se distinguen los de los alimentos y las tarifas de servicios públicos, y a no olvidarse, la tasa de interés, que aumenta, por ahora, hasta el 68%, que llegó a estar al 73%, así que aún puede subir más…, solo hay que esperar como continua la carrera entre las tasas de interés y el dólar, cercano a los 45 pesos y en alza.
Los responsables de la pobreza son los aumentos de precios sostienen desde el gobierno. Chocolate por la noticia, puede alguien sostener. Alguna vez se dijo con razón que los precios suben por ascensor y los salarios por las escaleras.
¿Quién determina la fijación/formación de los precios?
El gobierno regula ciertos precios, por ejemplo, las tarifas, al tiempo que condiciona la actualización de los ingresos populares, sean planes sociales, jubilaciones y los salarios estatales.
¡Ahí tenemos un responsable de la inflación, el gobierno y su política económica!
Los economistas libertarios dirán que son responsables los gobernantes porque gastan más de lo que recaudan y convocarán a acelerar el ajuste, a cesantear personal estatal y a disminuir la cobertura de derechos, en salud, educación u otras áreas, agravado con que debe priorizarse el gasto de seguridad y el pago regular de los intereses y el capital de la deuda pública.
Con ello, las deudas por derechos sociales pueden esperar, no los de los acreedores externos.
También son responsables los empresarios que pueden subir sus precios, con autorización o no.
Por lógica mercantil, mientras haya quien compre, los precios podrán subir, claro que hasta un cierto límite. No es verdad lo que dicen los libertarios que los precios pueden subir sin límite en condiciones especiales.
Los precios son relativos y expresan las posiciones de fuerza en una economía monetario-mercantil, forma de funcionamiento del orden capitalista. Los precios expresan poderes de unos sobre otros, de unos contra otros.
Hay quien puede fijar precios y quien tiene recursos para adquirir bienes o servicios (riqueza), o incluso no satisfacer por imposibilidad de compra (pobreza).
El gobierno y los empresarios fijadores de precios son los que pueden aumentar, salvo que la mayoría empobrecida PUEDA imponer sus condiciones para limitar el PODER de los que establecen los precios.
Diremos hasta el cansancio que la inflación es una cuestión de PODER, que expresa la competencia entre los capitales contra trabajadoras y trabajadores; tanto como entre los capitales entre sí, donde se imponen los de mayor composición orgánica del capital, o sea, la capacidad de acumulación de cada capital con relación a los demás.
Combatir la inflación
Me evaluarán por la disminución o crecimiento de la pobreza y la inflación, sostuvo Macri en sus campañas electorales, que persisten ahora para renovar el mandato por unos cuatro años más a partir de diciembre del 2019.
Ahora agrega que no alcanza con un periodo de gestión gubernamental para resolver y, por lo tanto, hace falta otro periodo. Atención al argumento, ya que hay quienes lo aceptan y se amparan en años previos, con gobiernos que no resolvieron un tema estructural, la inflación.
Lo que no resolvieron fue estabilizar el núcleo del poder del capital en el territorio, por eso imaginaron «resolver» con Martínez de Hoz y sus articulaciones con el poder local y mundial.
Se imaginaron que resolvían con funcionarios de Bunge y Born en los 90 o luego con Cavallo, la Fundación Mediterránea y la burguesía local, asociados todos a la lógica de la transnacionalización imperante mundialmente.
La dictadura genocida partió en su diagnóstico en la necesidad de frenar la inflación, para lo cual intentó disciplinar a la sociedad de abajo desde el terrorismo de Estado, al tiempo que edificó las condiciones para reformas profundas, con ley de inversiones externas para la apertura económica y la reforma de la ley de entidades financieras, todavía vigente a más de 36 años de gobiernos constitucionales.
Se buscó insertar a la Argentina en la globalización para protagonizar la transnacionalización de la economía con inclusión en una parte del poder de la cúpula empresarial local, asociada a la estrategia de las corporaciones transnacionales y el poder global, organismos internacionales mediante.
Con la convertibilidad por más de una década (1991-2002) se imaginó una estabilidad monetaria convertida en «valor» más allá de la dimensión económica, tanto que algunos críticos confesaron hacia 1999 su error en no haber comprendido el asunto en origen, por lo que trajeron nuevamente al gobierno a Cavallo.
El costo de esa contención de la paridad cambiaria por vía legal en los 90, lo pagaron desempleados y pobres, incluso pequeños y medianos productores y empresarios, deteriorando las condiciones de vida de una parte importante de la sociedad.
Solo recordemos el 57% de la pobreza medida por el INDEC en mayo del 2002.
El 32% en crecimiento de la pobreza de la última medición puede escalar hasta el máximo histórico a la salida de la convertibilidad, si es que la sociedad de abajo, la perjudicada no decide ponerle fin a la manipulación en curso sobre lo que existe como única posibilidad de acción de la política económica.
No tienen razón el gobierno ni los economistas libertarios, ya que la inflación no se combate con ajuste, sino con un cambio en la correlación de fuerzas para otra orientación del orden económico, con el horizonte en satisfacer necesidades sociales y no una lógica de la ganancia de los grandes operadores económicos, hoy: grandes productores y exportadores del campo y la industria; las empresas privatizadas de servicios públicos, los especuladores y el poder financiero.
Los dólares del FMI sirven para confirmar la salida de capitales, por cancelación de deuda o fuga para consolidar activos en el exterior. Lo mismo ocurre con las divisas de los grandes exportadores. Ese real y/o potencial ingreso de divisas, no sirve para frenar el alza de los precios ni satisfacer ninguna demanda económica social. Solo son mecanismos de afirmación de la dependencia de fondos externos para sostener la lógica del funcionamiento del capitalismo local en condiciones de alta inflación y recesión.
¿Es posible transitar otro rumbo?
Claro que sí, pero se requiere acumular poder en la sociedad. En primer lugar, desmantelar la manipulación mediática cultural relativa al camino en curso, pero al mismo tiempo discutir la lógica del horizonte civilizatorio, es decir, poner en discusión que se pretende resolver con la política económica.
Si hay que combatir la pobreza, lo principal pasa por resolver el destino de los recursos fiscales, los que deben orientarse con ese fin. Se trata de asegurar derechos de educación, salud, energía y otros al conjunto de la sociedad. Para eso se requiere de sujetos conscientes de que se pretende afectar al PODER y transferir recursos para resolver mayoritarias necesidades sociales.
¿Quién paga? Es el inmediato interrogante de los que no imaginan resignar ingresos a favor de la mayoría empobrecida. Los que así interrogan realizan discursos contra la pobreza, pero no se les ocurre reorientar una distribución progresiva del ingreso y mucho menos de la riqueza.
¿Se puede hacer? Si y solo si hay voluntad de resolver esas necesidades, algo que no puede demandarse a quienes piensan en atraer inversores para dinamizar el capitalismo local. Esos inversores vendrán si se disminuye el costo de producción y se asegura la repatriación de las ganancias por el actuar en nuestro territorio. Sus objeticos no pasan por disminuir o erradicar la pobreza, sino que se concentran en sus motivaciones por las ganancias y la acumulación.
Hay que modificar la lógica del orden económico y no pensar en los inversores, sino en las necesidades a resolver. Me dirán que la ausencia de capitales impide construir una realidad alternativa, pero bien vale recordar que los clásicos de la economía política sostenían que el capital es trabajo acumulado y lo que sobra en nuestra realidad es fuerza de trabajo dispuesta a producir riqueza social para satisfacer necesidades.
El tema es organizar el trabajo en la sociedad sin el privilegio al capital privado y su objetivo de ganancia. ¿Nos animaremos a ir más allá del orden del capital? No lo sé, pero queda claro que son temas muy alejados del debate por la renovación presidencial en este año.
Mientras, podemos afirmar que los cambios estructurales motivarán nuevas rondas de ajuste y de medidas que promueven la regresiva reestructuración social, tales como la reforma laboral y previsional.
Será interesante escuchar que tienen para decir las distintas candidaturas que disputen el gobierno para el próximo periodo desde diciembre 2019. Ya sabemos que Macri imaginará consenso a sus políticas y profundizará el rumbo.
¿Qué rumbos ofrecerán desde la oposición? ¿Cuál será el rumbo que se demande desde la conflictividad social?
No alcanza con rechazar el actual rumbo, aunque en sí es importante, pero necesitamos avanzar en definir nuevos senderos, contrarios a las demandas del acuerdo con el FMI, el condicionante del endeudamiento y la liberalización de la economía.
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