Jorge Daniel «Coco» Pedraza es posiblemente el abogado defensor de Derechos Humanos que mejor conoce, en el país, el rol que desempeñó el Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 del Ejército durante la última dictadura cívico-militar. Hace años investiga la apoyatura civil que condujo la maquinaria del horror. Buscando achicar algunos vacíos de […]
Jorge Daniel «Coco» Pedraza es posiblemente el abogado defensor de Derechos Humanos que mejor conoce, en el país, el rol que desempeñó el Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 del Ejército durante la última dictadura cívico-militar. Hace años investiga la apoyatura civil que condujo la maquinaria del horror.
Buscando achicar algunos vacíos de información en torno a la temática, revista superficie mantuvo con este reconocido letrado santafecino una extensa entrevista telefónica. El resultado fue tajante, contundente: «Los agentes civiles de inteligencia estuvieron absolutamente involucrados, formaban parte del engranaje cotidiano del terrorismo de estado, como colaboradores indispensables y a veces también como ejecutores en el plan de exterminio (…) Eran absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo, tenían dimensión total de lo que era esta guerra de exterminio, sin cuartel, contra un objetivo determinado: la famosa generación del 70, que fue diezmada», aseguró.
El 24 de enero de 2010 el gobierno nacional autorizó, mediante el Decreto 4/2010, la desclasificación de la nómina de 4.300 agentes secretos del Batallón 601: cerebro del espionaje ilegal que contribuyó al genocidio desatado entre 1976 y 1983. Desde ese mismo momento familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos y algunos pocos medios de comunicación, comenzaron a denunciar públicamente a los colaboradores civiles. En Misiones revista superficie viene llevando adelante esa tarea en solitario. Hasta el momento se han denunciado cuatro casos. El primero fue en marzo de 2010: Julio César Marturet, por entonces Subsecretario de Acción Cooperativa del gobierno provincial, ofició como agente de reunión; dos semanas después presentó su renuncia. En abril de ese mismo año se hizo público que Milton Darío Acosta, Director de Defensa del Consumidor del Ministerio de Acción Cooperativa, quien continúa en su cargo, había actuado como agente de seguridad. En marzo de este año se denunció a otro ex-agente de reunión, José Enrique Lascurain, informático del hospital Materno-Infantil, que sigue en su cargo. Y en la segunda semana de agosto superficie publicó una nueva investigación, que reveló el pasado oculto del conocido locutor y periodista misionero Carlos Luis Carvallo, agente de reunión del Batallón 601.
«Coco» Pedraza consideró que la investigación de la responsabilidad civil en la dictadura «es indispensable para avanzar», por varias razones: «primero para desentrañar cómo fue toda la trama de la represión ilegal, y segundo porque creo que hay que ser lo más objetivo posible y decir todas las cosas que se vayan descubriendo, aunque a veces suene incorrecto políticamente hablando».
Hijo de peronistas de la primera camada, en los ’70 «Coco» fue militante de la Juventud Universitaria Peronista, en la llamada Tendencia revolucionaria del peronismo. Esa elección le valió la cárcel desde poco antes del golpe del 76. Fue preso político durante siete años. El terror marcó su vida.
Tras la recuperación democrática terminó la carrera de abogacía. Hacia 1998 comenzó su tarea como querellante por los delitos de Lesa Humanidad cometidos en Santa Fe, «con lo poco que se podía hacer en ese momento, por la vigencia de las leyes de impunidad». Continuó luego con tareas de caracter punitivo en los juicios de Lesa Humanidad, hasta que en 2008, por su trayectoria, fue nombrado Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de Santa Fe, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de esa provincia. Estuvo en el cargo hasta el 10 de diciembre de 2011, hasta el final del mandato de Hermes Binner, exgobernador por el Partido Socialista. En la actualidad sigue acompañando a las victimas del terrorismo de estado, aunque más en la etapa de instrucción, «esperando que tomen la posta las nuevas generaciones de abogados querellantes».
En los últimos años aportaste mucha información sobre el personal civil de inteligencia y el Batallón 601 durante la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo comenzaste a investigar el tema?
Yo comencé mi tarea como abogado querellante por los delitos de Lesa Humanidad por el año 98, con lo que se podía hacer en ese momento, por la vigencia de las leyes de impunidad, que era el derecho a la Verdad: a las tumbas NN darles su lugar, averiguación de hijos robados a militantes que eran secuestrados. En el año 2008 ocupé un cargo público dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, como Director Provincial de la Memoria, estuve hasta el final del mandato de Binner, hasta el 10 de diciembre, ahora ya no ocupo mas cargos públicos.
A mi me pareció importante profundizar este tema por varias razones, primero para desentrañar cómo fue toda la trama de la represión ilegal, segundo porque considero que hay que ser lo más objetivos posible, así como el terrorismo de estado de encargó de mantener en secreto todo lo que iba desarrollando en función de una estrategia bastante inédita en el mundo, entre otras cosas hacer desaparecer los cadáveres, de ocultar y omitir todo tipo de documentación de la época, expedientes judiciales y demás; yo consideré que esto era indispensable para avanzar. A casi tres décadas de la restauración de la democracia, pienso que tenemos que tener el deber moral de ser cada vez más objetivos y todas las cosas que vayamos descubriendo decirlas, aunque a veces suene incorrecto políticamente hablando.
Yo fui detenido político durante siete años y me pareció que yo tenía que cerrar el círculo en honor a la verdad histórica, para poder mirar a los ojos a mis hijos, y en honor a los compañeros que ya no están, tratando de hacer este trabajo, lo más seriamente posible.
Además, había otro problema. A medida que avanzaban los juicios había amenazas, había un sinnúmero de complicaciones que eran orquestadas sencillamente por esta gente residual, mano de obra desocupada, expertos en inteligencia que generaban el clima, o a veces con hechos concretos generaban atentados y un clima de amedrentamiento al colectivo, contra aquellos que se animaban a ir denunciando como testigos, querellantes, en este tipo de causas. Ha habido un salto cualitativo muy importante, que fue el Decreto que se emite durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en enero de 2010, el decreto que autoriza la desclasificación de los listados del Batallón 601, porque hay una vieja normativa de inteligencia que prohibe revelar estos datos, hay una vieja normativa incluso un artículo del Código Penal, que prohíbe la difusión de información de inteligencia, y eso se aplica a todos los integrantes de los servicios de inteligencia del Estado. Con el correr del tiempo se fueron generando algunas prácticas, ya había algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en diversos países se permitía correr el velo de la impunidad y dar a conocer esta información, aunque afectase la seguridad interna, dando la nomina de estos miembros de los servicios de inteligencia públicamente. Distinto sería el caso de dar nombres del servicio de inteligencia que actuaron por ejemplo en los conflictos limítrofes con Chile, o en la guerra contra Inglaterra, ahí si se podría, aunque hayan pasado muchos años, se podría incurrir en la violación de este artículo del Código Penal.
Pero en estos casos, y mas con el Decreto 4 de 2010, se permitió correr este secreto, este velo de la impunidad, que se hicieron juntos, que permitió que en varias provincias y en la Ciudad de Buenos Aires se pudiera dar a conocer públicamente, llevar adelante, denunciar la función que cumplieron estos personajes que incluso la cumplieron hasta muy entrada la democracia. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, estuvieron hasta el año 1995 cumpliendo funciones. Porque esto tenía que ser una transición, de la dictadura a la democracia, no nos olvidemos que Luder había prometido en campaña mantener la amnistía dictada por Bignone en la último periodo de la dictadura militar, lo planteaba como una promesa de campaña, mientras que Alfonsín en ese momento planteaba -con mucha astucia política- todo lo contrario, denunciaba un pacto sindical-militar, etcétera.
La cuestión es que la transición llegó, las primeras listas de diputados se confeccionaron en los comandos militares de cada provincia, y se fue eligiendo, perfeccionando a hombres del Justicialismo y de otras fuerzas que mejor relación habían tenido con los militares, en la llamada «guerra sucia contra la subversión», y le fueron dando los mejores lugares. Es decir, fueron dejando la semilla, fueron dejando esta cría enraizada en muchos sectores de la vida comunitaria, que era como una especie de «un estado dentro de un estado». Y ahí también hubo casos de muchos periodistas. Acá por ejemplo tenemos un caso en el Norte de Santa Fe, un periodista que fue expulsado de la Asociación de Prensa, de la región Centro-Norte de la provincia, hace un año aproximadamente. En la provincia de Entre Ríos también hubo un caso resonante de otro periodista, que cuando se difundió la lista ya había fallecido. O sea que tambien en la parte de prensa estos personajes actuaron y en muchos casos siguen actuando impunemente, porque a lo mejor tienen acuerdos que no pueden romper entre ellos…
Es importante para la salud de la democracia ir identificándolos, denunciándolos, para que vayan teniendo cada vez menos poder.
En el caso de los PCI, el criterio es que si no se les imputa un delito penal de Lesa Humanidad, la participación en un secuestro, en alguna privación ilegal de la libertad, en principio no existe un criterio de la Justicia Federal de abrir causas. Pero una vez que esté abierta la causa también se les puede aplicar la llamada Asociación Ilícita. Éste es un tema que ahora se está discutiendo, si por el hecho de haber pertenecido al 601 ya es factible de ser acusado de Asociación Ilícita.
En Santa Fe hay varios personajes imputados por la Justicia Federal. Menciono entre otros a Nicolás Correa, hay un caso de un suboficial retirado del Ejército que después fue reclutado como PCI; también un jefe de las patotas de la ciudad de Santa Fe, fallecido cuando estaba a punto de ser condenado; un dirigente de la Uocra, que fue condenado y falleció hace poco… el Sindicato aportó varios elementos a la represión y al terrorismo de Estado, a nivel nacional y a nivel regional, tenemos también en Rosario otros casos.
¿Qué significó el Batallón 601 de Inteligencia para el terrorismo de estado?
El Batallón 601 era una ficción en cuanto a su nombre, no existía el batallón como se lo conoce, todo batallón implica una determinada cantidad de tropas. El 601 no funcionaba en un regimiento, sino en una oficina céntrica de Capital Federal, en Callao y Viamonte, un edificio de varios pisos. Era el llamado Servicio de Inteligencia del Ejército, que consistía en inteligencia militar para la llamada «guerra contra la subversión». En el terrorismo de estado tenía el control, el mando, de todos los destacamentos de inteligencia de todas las provincias. Era una especie de doble jefatura, de doble control, porque en cada provincia, en cada ciudad del interior, los destacamentos de inteligencia si bien clasificaban a través de los agentes de reunión y producción, que eran los que se infiltraban en sindicatos, en las universidades, organizaciones políticas y sociales, para recabar la información (ese era un primer tramo), luego esa información era procesada por los agentes de apoyo. Y si bien en cada operativo ellos emitían un informe, a veces, cuando descubrían la posibilidad de hacer un operativo, pasaban urgente la información al comando local, al área en que se circunscribiera, y había una inter-relacion. Entonces, la autorización para el operativo de exterminio, de secuestro, en definitiva lo daba el área militar. Esa información recabada por los agentes de reunión, agentes de inteligencia, los PCI, cumplieron un doble juego. Pasaban al área militar pero también lo elevaban al llamado Batallón 601, en Callao y Viamonte, que es donde se centralizaba la información y volvía a bajar, diversos aportes que se hicieran desde las provincias sobre determinados grupos o personas que eran blanco de la represión política de aquellos años. Por lo general vestían de civil, muchas veces estaban a punto de participar del operativo, a pocas cuadras del lugar del operativo daban la última información.
Los que sí participaban de los operativos eran los miembros del Ejército del destacamento de inteligencia local, de cada región, siempre había miembros del destacamento de inteligencia, del ejército, había miembros del departamento de informaciones de cada policía provincial, había otros militares del área de conducción local, aunque no fuese directamente personal de inteligencia. Y después la tropa de exterminio, que podían ser militares o civiles…
Esa era mas o menos la forma de funcionar del Batallón 601, y lamentablemente hubo gente vinculada de diferentes partidos políticos, especialmente del PJ, cuando la mayoría de las víctimas provenía de esta fuerza política. Costó mucho trabajo desglosar la maleza, aun hoy nos cuesta mucho trabajo en los movimientos políticos populares reconocer este pasado, esta complicidad en la transición. Yo siempre digo que no hubiera sido posible la masacre en nuestro país, eliminar prácticamente a toda una generación, la llamada generación del 70, con la cantidad de asesinados o muertos -para mi está mas cerca de los 10 mil que de los 30 mil-, no hubiera sido posible semejante exterminio en una sociedad tan desarrollada como la argentina -además de las tremendas falencias conductivas desde las organizaciones guerrilleras-, sin una gran complicidad de la clase política y de los sectores sindicales. De ninguna manera se hubiera asesinado como se asesinó miles de personas, porque la sociedad argentina culturalmente estaba muy desarrollada. Y entre estos factores esta la responsabilidad del general Perón, que crea la triple A en el año 73, crea el monstruo, después no se lo puede dominar al monstruo, y ahí queda la base de este aparato infernal, de este estado dentro del estado. De ninguna manera se hubiera llegado a semejante cantidad de víctimas sin una complicidad de sectores de la clase política. Más allá de los errores garrafales de las conducciones .
¿Qué funciones específicas tenían los agentes de reunión?
Eran los que se metían adentro de las reuniones, los «orejas». Fueron los famosos «baqueanos», los que mas conocían el terreno. Así como en el campo lo baqueanos conocen el territorio y sus secretos, en la militancia los baqueanos eran la herramienta de la que se valían los destacamentos de inteligencia del Batallon 601 para destruir mas rápidamente a toda resistencia política, no solo desde el 24 de marzo en adelante, sino mucho antes, desde la creación misma de la Triple A. Las fuerzas armadas especulaban que diluían su peso con las tres A. Lo escribió bien Rodolfo Walsh en su carta abierta: «las tres A son las tres armas».
Muchas veces provenían de la militancia del Justicialismo. Hay varios que participaron en Montoneros, y por haber militado en esos espacios conocían plenamente los secretos, los nombres, eran capaces de reconocer a cien metros a una persona y sindicarla como montonero (asi como nosotros hoy vemos a cien metros a un tipo y decimos «este tiene pinta de ser un represor»…)
Estos baqueanos prestaron una ayuda inestimable a todo el proceso de terrorismo de estado, al éxito del terrorismo de Estado, porque realmente fue un éxito, el cumplimiento de los objetivos llevados al máximo.
El gobierno militar no cayó por su mala imagen por las violaciones a los Derechos Humanos, sino que cayó por otras razones: la guerra, los problemas económicos, el desgaste propio.
Pero los agentes de reunión fueron el factor fundamental, porque eran la primera etapa, donde paraban las orejas, le hacían hablar a gente que no sabía que estos tipos eran aparte de ese engranaje infernal del terrorismo de estado y de represion, que pasaban el dato, informaban verbalmente y por escrito, a sus superiores, a través del canal que correspondiera.
Cada uno tenía un oficial militar que lo había presentado, que lo había recomendado para ser PCI, eso está en los legajos. Cada uno de los PCI tiene su legajo, está incluso microfilmado en Buenos AIres, está registrado en el Ejército. Los legajos están en el Ministerio de Defensa. Estos legajos contienen las fotos de los PCI, de distintas épocas en sus carreras como PCI, el doble nombre -los PCI tenían doble nombre, con las mismas iniciales tenían otro nombre, «de guerra»- el alias, la evaluación que hacía su superior del destacamento de inteligencia, por ejemplo «muestra méritos en tal o cual cosa», la abnegación de su tarea, la capacidad como «técnico» en el lugar en el que era orejudo para sacar información, las cualidades que tenía, en definitiva.
Toda esto está en el legajo, ¿pero qué pasa? para pedir un legajo hay que abrir una causa judicial, y para abrir una causa judicial hay que imputar a estas personas por algún delito de Lesa Humanidad. Hoy por hoy aún no esta permitida la imputación genérica por asociación ilícita, de la época. Entonces el Juez, ante una requisitoria fiscal, abre la causa y si encuentra pertinente manda a pedir al Ministerio de Defensa el legajo del PCI tal…
En los legajos está toda la trayectoria principal de quienes fueron PCI: fecha de ingreso, que no necesariamente corresponde al inicio de la actividad de espionaje, algunos comenzaban después de dos años de haber experimentado, de haber sido probados como buchones, como espías, a veces venían de dos años atrás, de haber sido probados y haber hecho méritos suficientes. Entonces un teniente coronel del área tal, destacamento de inteligencia tal, lo recomendaba para ingresar como PCI.
Los PCI tenían un sueldo, y hoy deben estar cobrando una jubilación o un retiro, a través del Ministerio de Defensa de la Nación, o de la caja de la policía federal.
O sea que eso existe, se puede consultar mediando un pedido de orden judicial de apertura, hay determinada confidencialidad hasta el momento donde se le imputa un delito. Ya no hay confidencialidad con los nombres y documentos, el listado con los mas de 4 mil nombres está en la pagina web del Archivo Nacional de la Memoria. Todavía hay confidencialidad con el contenido de cada legajo. Cada legajo es como un expediente de cien hojas.
¿Crees que existe la posibilidad de que algunos agentes hayan actuado desde la ingenuidad, la inocencia o el desconocimiento de la finalidad de lo que hacían, el uso que se le daba a esa información?
De ninguna manera. Los PCI eran absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo. Ya entrado el año 76, a fines del 75, tenían dimensión total de lo que era esta guerra de exterminio, sin cuartel, contra un objetivo determinado, que era la famosa generación del 70, que fue diezmada. Y no fue una guerra, fue una verdadera cacería.
Ellos eran absolutamente conscientes de que los datos que daban eran para la destrucción física y psíquica de las víctimas, quienes podían caer vivos y ser torturados hasta el final, o que podían caer abatidos muertos, cuando no se entregaban vivos a los militares, (ya en el ’76 tenían la convicción u orden de consumir las pastillas de cianuro para suicidarse y no caer en manos de esta gente. Los agentes de inteligencia, el personal civil de inteligencia era absolutamente consciente de lo que estaba haciendo. Nadie que estuviera captado y en esa función, con esas tareas encomendadas, nadie desconocía para lo que estaba trabajando. Quien fue reclutado como PCI era parte del sistema del terrorismo de Estado.
Y eran hombres de confianza de los genocidas…
Totalmente. Eran los verdaderos artífices del triunfo de la llamada «lucha antisubversiva». Porque eran los que primero desentrañaban los secretos de los nombres, apellidos, militancia y de todo lo que cada militante tenía como secretos, sus relaciones, sus lazos; quienes después caían por este trabajo de hormiga de espionaje, o por lo que significaban los interrogatorios hasta morir.
En dos de las investigaciones que revista superficie llevó adelante se percibe que, aparentemente, algunos agentes de reunión figuraban en el destacamento de alguna provincia pero realizaban su trabajo en otra. En el caso de Marturet, figura su nombre en el destacamento Posadas, pero se descubrió que estuvo infiltrado en Chaco. Y en el caso del periodista Carvallo, aparece en Santa Fe, cuando es oriundo de Misiones. ¿Eran normales esas situaciones? ¿Pudo averiguar algo respecto a estas modalidades de trabajo?
Hubo algunos casos, como el de un agente PCI que había sido policía federal en Santa Fe y luego fue diputado provincial en la primera camada de la restauración democrática, que fue Oscar Roque Martínez. Había sido sometido a sumario por algo que cometió a fines del 75 y luego le llega la cesantía de la policía. Pero él se recicla y pasa a formar parte del PCI. Lo mandan a Misiones, porque tenía una relación con el que había estado hasta fines del 75 como Jefe del Destacamento de Inteligencia 122, con asiento en Santa Fe. A este personaje lo mandan a Posadas, Misiones, donde como ustedes saben bien, por ser zona fronteriza cumplían una tarea importante en cuanto al control de entrada y salida de frontera, como el manejo de la gente que era detenida, torturada y llevada a la frontera para marcar a quienes entraban o salía en la clandestinidad. Y bueno, en ese caso se dio esta circunstancia, pero hay otros casos de agentes que cumplieron funciones en provincias que no eran la de su origen. Han ocurrido casos, hay gente que fue a Buenos Aires, a Córdoba, entrecruzamientos entre Santa Fe y Entre Ríos, pero sería cuestión de profundizar la investigación para cada caso, y en eso se está trabajando.
Resulta difícil, o al menos muy compleja la lucha por la verdad en estos casos, porque involucran ya no solamente a hombres de uniforme, sino a vecinos «comunes y corrientes» ¿Qué pensás de esta particularidad?
Hay un tema que hay que distinguir. Acá lo que se está juzgando son delitos imprescriptibles, de Lesa Humanidad, que requieren de los acusados una condición especial: haber sido parte de un sistema probadamente, de manera acreditada, y si no formaban parte, por lo menos haber tenido una actitud permanente a lo largo de un determinado tiempo. Por ejemplo, hay alguna poca gente de la JP-Lealtad, la disidencia de 1974, que no formó parte formalmente del destacamento de inteligencia, por eso no están en las listas, pero que se sabe positivamente que trabajaban a la par del destacamento de inteligencia, como civiles de apoyo total, full time.
No entra en estos marcos la adhesión civil en términos genéricos, desde el punto de vista ideológico, en lo que fue la «lucha contra la subversión», porque sino sería una cacería de brujas (y tampoco darían las pruebas para abrir una causa penal).
Pero muy distinto son las actitudes, aquellos agentes activos y absolutamente involucrados, que formaban parte formal o informalmente del engranaje cotidiano del terrorismo de estado, ya sea como ejecutor o como colaborador indispensable.
Acá hay que entender que esto fue, el 24 de marzo del 76, una derrota estratégica del pueblo argentino, que no siempre fue reconocida de tal manera por muchos sectores militantes de la época que han sobrevivido, o por otros sectores político-sindicales de la nación. Entonces, ese aislamiento que se produjo fue producto de los factores que mencioné antes, llevó a que esto que ellos consideraban una «guerra contra la subversión» haya alcanzado altísimos niveles de eficiencia y de colaboración por parte de muchos sectores. El caso concreto se da el propio 24 de marzo del 76, hubo un apoyo civil importante al golpe. Había sectores de la llamada Tendencia revolucionaria que propiciaban este golpe para que ‘cuanto peor-mejor’, para que queden mas claras las contradicciones, para que no sea un gobierno populista el que haya que combatir sino una verdadera dictadura, un gobierno militar que se lo identifique claramente como enemigo.
Era ese sentimiento de que no se veía la hora de que caiga Isabel. Todo esto fue llevando a un aislamiento tan grande de los sectores populares, producto de todos estos errores, que permitió después del 24 de marzo, la consigna «contra los corruptos y subversivos» ; permitió una lucha, una cruzada de apoyo civil importante, y por otro lado, como contrapartida, una situación de debilidad tan grande por parte de las víctimas y familiares de las víctimas, que era como que nos sentíamos como kelpers. Y así es que se instala después la teoría de los dos demonios, en el año 83. A nosotros nos costó horriblemente recuperarnos y reinsertarnos a la sociedad, aquello que volvíamos, a fines del 82 a nuestros lugares de origen después de haber pasado años y años en distintas cárceles… nos costó muchísimo la reinserción o la reconstrucción social, en cada uno de los lugares de donde eramos oriundos, tomando un poco ese fenomeno, de cómo se desarrolló.
¿Hubo avances en cuanto al juzgamiento de estas responsabilidades civiles?
No, yo creo que hay una jurisprudencia que va incorporando nuevos elementos, por ejemplo, este hecho que te decía antes, de que el solo hecho de la «asociación ilícita» significa la posibilidad de abrir una causa, el hecho de haber sido miembros del Batallón 601. Esa es una materia que se está discutiendo en la Procuraduría General de la Nación, entre los fiscales federales, y en los distintos juzgados federales del país: hasta dónde se puede abrir una causa contra un PCI.
Se intenta de diversas maneras, en algunos casos se los ha llevado a los juicios como testigos, han mentido, sabiendo que eran PCI, se le han abierto causas por falso testimonio… Se busca la forma de lograr ensamblarlos o relacionarlos incluso a causas abiertas ya, si es que no se puede abrir una causa por algún hecho puntual que hasta ahora no se hubiera juzgado aun, en el que estos agentes de inteligencia hubieran tenido algún protagonismo fundamental.
Pero claro, los archivos de esos informes muchas veces los hacían de manera verbal, y si lo hacían por escrito esos archivos nunca se encontraron. Hay sí distintas provincias, como Buenos Aires, el Archivo de la Dirección de Inteligencia de Buenos Aires, o en la Dirección General de Informaciones de la provincia de Santa Fe, donde hay archivos ideológicos, que se han conservado en buena medida, donde se encuentran algunos estudios o mesas de análisis de distintos servicios de inteligencia sobre tal organización o persona, pero por lo general no figura el nombre del agente de inteligencia que aporta el dato. Hay como una reserva, en los pocos documentos de la época que se han conservado. Pero bueno, esto es dinámico, puede cambiar con el desarrollo de los Juicios. Lo importante es que se sepa quién fue fulano de tal, qué funciones cumplió y que todos estén advertidos, que la sociedad esté advertida de quiénes fueron esas personas.
Sebastián Korol es Co-director de revista superficie
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