En su frustración, uno de los manifestantes golpeaba con sus puños la enorme puerta blindada del Banco Central de Argentina (BCRA). Los demás le observaban con una mezcla de lástima y de simpatía. «¿Qué gana con romperse las manos de esa manera? La decisión ya está tomada y no hay lamento que pueda revertirla», observaba […]
En su frustración, uno de los manifestantes golpeaba con sus puños la enorme puerta blindada del Banco Central de Argentina (BCRA). Los demás le observaban con una mezcla de lástima y de simpatía. «¿Qué gana con romperse las manos de esa manera? La decisión ya está tomada y no hay lamento que pueda revertirla», observaba un transeúnte.
En la noche del miércoles, el Tribunal Supremo determinó que los argentinos que antes del año 2002 abrieron cuentas de ahorro en dólares, podrán canjear su dinero pero solamente en moneda nacional (pesos) y no en divisa extranjera, como venían reclamando.
Como si no bastara con esta arbitrariedad, los únicos que podrán retirar su dinero en efectivo son aquéllos que han entablado juicios contra los bancos a raíz del llamado corralito: el famoso decreto que a comienzos de 2002 inmovilizó los depósitos a plazo fijo de los particulares. Esto es, los únicos que canjearán dinero contante y sonante son los clientes que podían darse el lujo de contratar a un abogado. No más de 30.000 personas, según los datos de la Asociación de Defensa del Ahorrista (ADA).
Los del montón -aquellos que no tuvieron más remedio que canjear sus ahorros por bonos estatales- tendrán que esperar hasta 2012, año en que vencen la mayoría de esos papeles.
«La sentencia del Tribunal es una soberana estafa. Mi padre falleció en el año 2005 dejando una cuenta de 20.000 dólares (cerca de 18.000 euros), que ahora ni yo ni nadie pueda saldar. En este país la Justicia sólo existe para los ricos», protestaba Julián Alfaro, empleado público.
Final de las disputas
Con este fallo, el Tribunal Supremo pone fin a cinco años de disputas entre la Banca y los cerca de 600.000 ciudadanos que habían colocado sus verdes en diferentes planes de ahorro, con la idea de que en el futuro pudieran ayudar a sus hijos a adquirir un apartamento; o con la esperanza de asegurarse una pensión digna para la vejez.
El pleito se remonta a los turbulentos primeros días de 2002, cuando el Gobierno argentino, de común acuerdo con el BCRA y los banqueros, firmó el decreto que atrapaba las cuentas bancarias. En virtud a ese decreto, el ciudadano perdía la facultad de disponer libremente de su dinero. No sólo eso: de forma simultánea, se rompió el esquema de paridad, por el cual un peso equivalía a un dólar.
La repentina devaluación de la moneda nacional cayó como una guillotina sobre la clase media -los más adinerados guardaban sus reservas en el extranjero-, que de pronto vio cómo sus recursos se reducían a un tercio de su valor inicial.
A la hora de justificar su fallo, los cinco magistrados que integran la Corte -en su mayoría designados por el Gobierno que preside Néstor Kirchner- argumentaron que con esta medida «se contribuye a restablecer la paz social y mostrar que es posible un consenso sobre cuestiones tan difíciles que preocupan a la comunidad».
Todos los jueces coincidieron en que, si bien «éste es un fallo salomónico» o «la única fórmula para salir del laberinto», hacen falta leyes que consoliden el derecho de propiedad del ahorrador, puesto que «el ahorro es el pilar del bienestar individual y del desarrollo de una economía vigorosa».
En las últimas horas, ha surgido la sospecha de que ciertos estudios jurídicos que asesoran a los bancos, estaban al corriente de la sentencia que dictarían los jueces. De otra forma, no se explica que hayan tomado precauciones para evitar que los clientes más avezados o con mayores recursos le saquen partido a las nuevas disposiciones. Por ejemplo, que algunos esperen a que el dólar cotice en alza para retirar depósitos con mayor rentabilidad. Así, los clientes que ayer colmaban las sucursales recibieron folletos en los que se les advertía que existe una cotización fija para realizar tales operaciones: 3,15 pesos por dólar, ni un centavo más.
El Interstate Bank y Banca Nazionale piensan ir aún más lejos en la protección de sus intereses: ayer, ambas casas presentaron un recurso ante los tribunales, a fin de que se les autorice cobrar una comisión del 0,8% a los clientes que canjeen sumas superiores a los 30.000 dólares (27.000 euros). El estudio de Lorenzetti & Thompson, representante de dichas entidades, considera que este cobro se justifica en las presentes circunstancias para mantener su liquidez.