El gobierno argentino avanza en las acciones de desmantelamiento de aquellos sectores ligados a políticas sociales y reivindicaciones populares. Los dedicados a la defensa de los derechos humanos constituyen uno de sus blancos favoritos.
El mismo 31 de diciembre el gobierno nacional remitió comunicaciones de despido o de suspensión de tareas en forma de “guardia pasiva” para las trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, que se halla en jurisdicción del Ministerio de Justicia.
Destrucción de la justicia y enaltecimiento de la dictadura.
La escena se ha repetido múltiples veces a lo largo de 2024: Centenares de trabajadores en la calle, en medio del desmantelamiento o la supresión directa de organismos y políticas que el Estado ha llevado adelante a lo largo de décadas.
El nuevo atropello afianza el proceso de virtual extinción de la secretaría de Derechos Humanos. Lo que se extiende a organismos y unidades que, en otras jurisdicciones, estaban al servicio de esas políticas, como en el ministerio de Defensa o la cancillería.
Se pueden hacer variadas objeciones a como esas áreas llevaron adelante algunas de sus acciones. Lo que resulta indudable es que hoy sufren un ataque orientado a la erradicación de las políticas de memoria de la esfera gubernamental.
Y a generar con ello mejores condiciones para ir adelante con políticas de impunidad, y de negación del genocidio. Las que tienen como finalidad última la modificación de raíz del sentido común imperante en la sociedad argentina acerca de la última dictadura y sus dolorosas secuelas.
Una envergadura particular al ataque contra el centro cultural se la da que funcione en la ex Esma, el mismo lugar en que se ejerció la represión dictatorial en su máxima escala. Que los sótanos del horror hayan pasado a ser un ámbito de conservación, difusión y re-creación de la memoria colectiva fue un triunfo popular que ahora se trata de socavar desde la raíz.
No faltarán en el actual oficialismo quienes pretendan reciclar ese y otros espacios que allí funcionan al servicio de la “memoria completa”. Ni quienes sueñen en reinstalar allí institutos y dependencias militares. O ambas cosas a la vez.
No por azar el ideólogo gubernamental Agustín Laje hace poco que proclamó a viva voz que los muertos de la “subversión” bien muertos están y repudió a los que “lloran derechos humanos” después de que sus familiares y allegados sufrieran ese castigo “merecido”.
Se busca acorralar y si se puede destruir a la memoria existente para su reemplazo por la reivindicación de torturadores, asesinos y desaparecedores. Quienes con “aciertos” y “errores” tuvieron el ”mérito” de lanzarse al exterminio de los “zurdos de mierda” que osaron cuestionar la sacrosanta propiedad privada, la libertad de mercado y los valores de la familia tradicional.
Esas ideas son una parte sustancial de la “batalla cultural” que el gobierno está dispuesto a librar con toda la furia. A hacerlo con el respaldo indispensable del aparato estatal al que proclama odiar. Y el beneplácito del grueso de los poderes fácticos, dispuestos al aplauso de cualquier regresión en contra de derechos y libertades que sólo defiende a medias cuando le conviene.
Lo que vendrá.
Lo que ocurre con el Conti y las demás áreas afectadas es otra muestra terminante de que el supuesto “consenso democrático” que incluía las políticas de memoria no era tal. O mejor, que había una vasta porción de la sociedad argentina que no consideraba ese logro. Y podía ser permeada para ir a favor de acciones en sentido opuesto o al menos ser indiferentes ante ellas.
Cabe la reflexión acerca de que no hay nada irreversible en la política y en la historia Las conquistas y derechos deben ser defendidos y fortalecidos día a día. Y no existen gobiernos ni agrupaciones políticas a las que se les pueda ceder en exclusiva esas reivindicaciones. Bajo pena de que el respaldo se debilite al compás de los cambios de gobierno. Y así se abran paso el pensamiento y las acciones más reaccionarias.
Se necesitan con urgencia movilizaciones masivas que combatan los cierres y reducciones de personal en materia de derechos humanos. Los que son una dimensión particular de una ofensiva destructora que se expande en todas las direcciones.
La búsqueda de memoria, verdad y justicia con un respaldo de masas es uno de los patrimonios más valiosos de la sociedad argentina. Le corresponde al conjunto su defensa colectiva y movilizada. Enmarcada en la preservación y promoción de todas las conquistas populares.
La batalla continúa.
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