Presidenta argentina llega a mitad de su mandato enfrascada en echar a andar Ley de Medios y reforma judicial. Pasaron dos años y restan dos de la segunda gestión de Cristina Fernández como presidenta. Representantes del oficialismo no dividen los mandatos ni los desligan del de su antecesor, su esposo Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en […]
Presidenta argentina llega a mitad de su mandato enfrascada en echar a andar Ley de Medios y reforma judicial.
Pasaron dos años y restan dos de la segunda gestión de Cristina Fernández como presidenta. Representantes del oficialismo no dividen los mandatos ni los desligan del de su antecesor, su esposo Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en el 2010; hablan de una «década ganada» (2003-2013) que incluye logros recientes como la recuperación de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) o la Ley de Identidad de Género.
Actualmente, la principal apuesta del Ejecutivo pasa por reformar el mapa del Poder Judicial, puja que atravesó con éxito el Congreso y encontró trabas en tribunales.
«Hablamos de década ganada, de la recuperación del Estado como herramienta de transformación central», plantea a Noticias Aliadas, Martín Fresneda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El funcionario señala conquistas como «las leyes de Muerte Digna (26.742/2012), Identidad de Género (26.743/2012), límite a la extranjerización de la tierra (26.737/2011), y la recuperación del manejo de YPF (26.741/2012)».
Estas medidas «de ampliación de derechos» o de «reafirmación de la soberanía política», integran «una matriz filosófica» que apunta a «incidir sobre la realidad cotidiana de las personas», sostiene Fresneda.
Desde la oposición, diversa por cierto, sólo hay una certeza: con la Constitución vigente Fernández no puede postularse en la próxima elección presidencial del 2015, ya que sólo permite una reelección inmediata. A partir de ese dato se abren múltiples lecturas acerca del devenir político argentino.
Para el senador Luis Juez, del opositor Frente Cívico, «hay políticas de este gobierno que están bien hechas y que deben mejorarse, y hay otras directamente mal hechas». Considera como «un gran acierto» la recuperación del 51% de las acciones de YPF por parte del Estado, aunque asegura que al gobierno «le falta una perspectiva estratégica en materia energética».
La gran batalla Desde que en el 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios y dirigida a «desconcentrar y desmonopolizar» las licencias de radio y televisión que estén en manos de un mismo grupo mediático, el gobierno y el grupo Clarín, el conglomerado de medios más grande de Argentina, acapararon la escena política.
El grupo Clarín publica numerosos diarios y revistas, posee 237 licencias de radio AM y FM y de canales de televisión abierta y por cable, así como productoras de televisión, servicios de internet y telecomunicaciones, imprentas gráficas y correo tradicional, entre otros negocios mediáticos.
En un artículo publicado en mayo pasado en el semanario Miradas al Sur, el doctor en Ciencias de la Comunicación Martín Becerra define que «el conflicto con Clarín marca el compás». Defensor de la Ley de Medios, Becerra apunta que el Ejecutivo no avanza en la aplicación de la norma y «se excusa en la suspensión de algunos pocos -aunque centrales- artículos de la ley por parte de la Justicia».
Becerra se refiere a la demanda de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley, presentada tras la promulgación de la norma, ante la Cámara en lo Civil por el grupo Clarín: el 45 que fija todo tipo de prohibiciones y limitaciones a la propiedad cruzada de distintos tipos de medios de comunicación, y el 161 que fija un año de plazo para desinvertir a los medios que excedían los límites de propiedad. Este último artículo afectaba de lleno al Grupo Clarín, que por la vía judicial logró hasta ahora frenar este punto de la norma, al ser aceptada la inconstitucionalidad del 45.
De todas formas, precisa Becerra, «lejos de concretar la entrega del 33% del espectro para actores sin fines de lucro, el 94% de los medios autorizados [por el Ejecutivo] a funcionar tras la sanción de la ley, son emisoras estatales».
En declaraciones a la revista Sudestada, Natalia Vinelli, del colectivo Espacio Abierto de Televisoras Populares, Alternativas y Comunitarias, afirma que «para ir a fondo contra los monopolios [es necesario] garantizar el 33% del espectro para los sin fines de lucro». Y se aleja del «fuego cruzado entre el gobierno y un grupo económico -Clarín- contra el que combatimos desde que tenemos memoria», ya que esa disputa no debe estar «por arriba de derechos largamente postergados» de los medios populares.
Decisiones políticas «A partir de las trabas judiciales a la Ley de Medios», la reforma del Poder Judicial acaparó la agenda de la presidenta, explica Fresneda. «Quedó claro que la corporación judicial es un obstáculo político, ya que actúan en términos políticos».
El 8 de abril último, Fernández anunció que enviaría proyectos de ley al Congreso para reformar el Poder Judicial. Estas iniciativas incluían la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, órgano que propone y controla a los jueces federales, mejora en el acceso a la información de las causas, difusión pública de las declaraciones juradas del Poder Judicial, creación de tres Cámaras de Casación (Trabajo, Contencioso Administrativa, y Civil y Comercial), examen para el ingreso a la carrera judicial, y límites temporales a las medidas cautelares.
El oficialismo logró entre el 25 de abril y el 3 de junio la aprobación y promulgación de las leyes propuestas, pero fue la elección por voto popular de los representantes de jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura -hasta ahora elegidos entre pares- el punto de conflicto. El 18 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por seis votos contra uno, declaró la inconstitucionalidad de los artículos que posibilitaban este cambio. El resto de las normas están vigentes y ahora será el propio Poder Judicial el que deberá hacerlas valer.
Para el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, quienes frenaron esta ley «se inclinaron por la idea decimonónica de independencia que deriva en un Poder Judicial neutral» y que no da cuenta de las «relaciones de poder en el propio campo de la Justicia», señaló al diario Página 12.
Quien sí entendió como positiva la decisión de la CSJN es Roberto Gargarella, doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires y de vasta trayectoria en el análisis constitucional, quien en su blog analizó que «a pesar de su retórica» de democratizar la Justicia, el Ejecutivo «no motorizó reformas» como «facilitar el acceso de los pobres a la Justicia; no redujo los costos y formalismos del litigio, pudiendo hacerlo», entre otras acciones de sencilla resolución.
El senador Juez comparte la idea de que «la Justicia necesita reformularse, porque tiene un sesgo feudal», pero no adhirió a las leyes del oficialismo, porque asegura «busca una Justicia adicta». Sin alcanzar a «construir una agenda propia, popular y democrática», el legislador admite que «la oposición no está a la altura de las circunstancias» y que «no logra salir de la agenda que marca el gobierno y su pelea con Clarín».
En octubre habrá elecciones legislativas. Hasta ahora, ninguna encuesta vaticina cambios en la actual composición del Congreso. Si bien el gobernante Frente para la Victoria (FPV) posee mayoría en ambas cámaras, ya que además de su propia fuerza cuenta con alianzas con otras fuerzas como el Movimiento Popular Neuquino o el Frente Cívico de Santiago del Estero, necesita alcanzar los dos tercios que le permita avanzar en una reforma constitucional, única vía para abrir la posibilidad de una nueva reelección.
Al respecto, Fresneda sólo se limita decir que el FPV sigue «el rumbo que marcó la presidenta días atrás», cuando en el acto de presentación de los candidatos del oficialismo a las elecciones legislativas, realizado el 29 de junio, llamó a «ganar una década más».
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6854