Este jueves el INDEC informó que en junio la actividad económica cayó 6,7 % respecto de igual mes del 2017. Se trata del tercer mes consecutivo de desplome. El mal desempeño de los indicadores económicos sembró incertidumbre entre los «mercados» y los empresarios respecto de que el país pueda hacer frente a los pagos de […]
Este jueves el INDEC informó que en junio la actividad económica cayó 6,7 % respecto de igual mes del 2017. Se trata del tercer mes consecutivo de desplome.
El mal desempeño de los indicadores económicos sembró incertidumbre entre los «mercados» y los empresarios respecto de que el país pueda hacer frente a los pagos de las sucesivas deudas que ha adquirido. El Banco de inversión Merril Lynch aconsejaba reducir las posiciones en activos argentinos ante el alto grado de incertidumbre política. Esto presionó sobre el tipo de cambio y provocó que el dólar cierre a un histórico valor de $31,49.
En este panorama, después que todos los pronósticos oficiales hayan volado por los aires, el Gobierno necesita presentar al FMI evidencias de que puede avanzar en un consenso desde Nación hasta los municipios de que se implementará un fuerte ajuste sobre el pueblo trabajador para cumplir con los pagos de intereses de deuda.
Para tal fin, el viernes se reunieron en la casa de Salta de la Ciudad de Buenos Aires, 18 ministros de Economía de las provincias «opositoras» a Cambiemos junto con Alejandro Caldarelli, Paulino Caballero y Rodrigo Pena, funcionarios del ministerio de Interior y Hacienda. El objetivo de la reunión era avanzar en un acuerdo que les permitiera garantizar la votación positiva del presupuesto del 2019 que será tratado en setiembre.
Tras finalizar la reunión se acordó un cuarto intermedio hasta la semana próxima donde se volverán a juntar para tratar de seguir avanzando. Las Provincias elaboraron un documento en el que «establecieron» condiciones que deberían ser aceptadas por el Ejecutivo para poder negociar. Uno de los puntos se refiere a la reciente quita del «fondo sojero», que limitó los ingresos que reciben las provincias y generó un profundo malestar tanto entre gobernadores oficialistas como opositores. Al respecto desde las provincias solicitaron que «se establezca un mecanismo de financiamiento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad» como una forma de compensar «para aquellas provincias que lo requieran».
Se plantea que si bien «las provincias estamos dispuestas a contribuir con un esfuerzo adicional» para que el Presupuesto del año 2019 cuente con la reducción del déficit (léase ajuste) que el Gobierno Nacional se ha propuesto, solicitan que «no se concentre solamente en el gasto, sino en los recursos, mecanismo que permitirá distribuir equitativamente el esfuerzo entre todos los sectores de la sociedad». A lo que agregan que «entendemos que ante la difícil situación social que vive el país los ajustes no deberán afectar el gasto social». Para poder lograr esto habría que «generar más recursos a través de la ampliación de la base tributaria y el mejoramiento de los mecanismos de recaudación, sin necesidad de incurrir al aumento de alícuotas de impuestos». Según el documento elaborado por las Provincias «a partir del incremento de recursos se debería calcular el monto global del gasto a reducir, determinado ese monto será el Gobierno Nacional el que elabore la propuesta de reducción y contención del gasto».
La rebelión universitaria
La defensa de la Universidad y la educación pública sigue generando movilizaciones masivas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Es que las muestras de apoyo a las instituciones en el marco de una fuerte restricción presupuestaria y el respaldo a la lucha de los docentes por el destrato del Gobierno nacional al ofrecer un aumento salarial que apenas llega a la mitad de la inflación proyectada, crece día a día.
A los multitudinarios abrazos a las universidades del Conurbano, particularmente afectadas por el ajuste, se le sumaron movilizaciones que colmaron las calles de los principales centros urbanos.
El miércoles unas 100.000 personas marcharon en Córdoba para visibilizar el conflicto y el jueves varias decenas de miles hicieron lo propio en Rosario. La imagen se repitió en Villa Mercedes, en Santiago del Estero, San Luis, en la Universidad de Cuyo, en Mar del Plata y en muchos otros puntos, incluyendo la propia Ciudad de Buenos Aires y La Plata.
«Con una inflación que se proyecta por arriba del 35%, que el Gobierno, luego de tres meses de no reunir la paritaria, nos proponga un 10.8% y en cuotas, es más que un desinterés en la educación pública, ¡ya es una provocación!», denunció Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, gremio docente de la Conadu Histórica.
En ese contexto y para darle mayor difusión a una rebelión que parece imparable, el viernes la AGD llevó las clases a las puertas de la Casa Rosada. «Llevaremos todas nuestras actividades a la Plaza de Mayo, entre las 7:00 y las 19:00. El Gobierno nacional tendrá que escuchar nuestro reclamo que es un derecho», explicó Celotto.
En paralelo la Conadu Histórica y la Conadu, gremios mayoritarios de la actividad, preparan una gran marcha nacional universitaria para el 30 de agosto, en la que piensan reunir cientos de miles en reclamo de mayor presupuesto para las instituciones y una paritaria digna para los docentes.
La movilización se dará, además, en la previa del tratamiento del presupuesto 2019 en el que la gestión de Cambiemos evalúa profundizar el recorte a la educación superior y a la Ciencia y la Tecnología.
Frente a esto, el Gobierno convocó a «continuar con el diálogo» para hoy lunes, «con el objeto de encontrar soluciones a la situación planteada».
Paran docentes bonaerenses por 3 días
En la novena reunión de la Mesa Paritaria 2018, el Gobierno Provincial siguió sin modificar la estructura del salario docente . Propone llegar a un supuesto 20,7% a cobrarse en septiembre, con sumas no remunerativas, que incluyen $ 210 en concepto de material didáctico, y proseguir con una nueva reunión recién en octubre.
La propuesta fue rechazada porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula gatillo , demanda presentada desde el principio de las negociaciones y que cobra especial importancia frente a la creciente inflación desatada en nuestro país.
Por otra parte, denunciaron que las cifras depositadas en forma unilateral no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc.
A pesar de contar con fondos suficientes, la Gobernadora Vidal no realiza ninguna propuesta salarial que pueda siquiera ser considerada, desoye el fallo judicial que le ordena actualizar los salarios en base a la variación de precios mensual que publica el INDEC, y no citó a los gremios a negociar de buena fe, como correspondía, durante el período de la conciliación.
En las escuelas tampoco se realizan las inversiones y obras reclamadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que viene realizando presentaciones acerca del deplorable estado de los establecimientos escolares que cobró las vidas de Sandra y Rubén en la EP Nº 49 de Moreno.
Por lo tanto, decidieron retomar el Plan de Lucha con un Paro de 72 horas los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de agosto.
El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sostuvo que al igual que en los paros anteriores, se descontarán los días. «Los días de paro los vamos a descontar», dijo Villegas. «Vamos a garantizar la libertad de los trabajadores y que las escuelas estén abiertas para que al menos los comedores escolares funcionen», sostuvo.
En ese marco explicó que en los próximos días analizarán una nueva propuesta para presentar a los gremios.
El jueves por la mañana, estudiantes, docentes y trabajadores de la educación se movilizaron hasta el Consejo Escolar de la ciudad de Mar del Plata en reclamo por las condiciones generales de la educación pública. Ante la retirada de las personas que se encontraban allí trabajando, decidieron tomar el lugar. La toma fue ratificada en una multitudinaria asamblea.
Después de la represión, que para la Gobernadora no fue tan brutal, hubo reunión con los trabajadores del Astillero Río Santiago
El viernes al mediodía funcionarios del gabinete de María Eugenia Vidal volvieron a reunirse con los representantes gremiales del Astillero Río Santiago (ARS), por primera vez tras la multitudinaria movilización realizada el miércoles en repudio a la represión sufrida por los trabajadores el día anterior. En simultáneo, los obreros de la fábrica realizaron un nutrido plenario con importantes referencias sindicales que comprometieron un apoyo mayor y resolvieron nuevas medidas de fuerza para esta semana.
Según relató el secretario general adjunto de ATE Ensenada, Pablo Rojas , los funcionarios ratificaron sus declaraciones públicas en las que afirmaron que no se cerrará ni privatizará la fábrica, y que tampoco habrá despidos. Sin embargo, no presentaron aún un plan para reflotar la empresa, semiparalizada por la falta de financiamiento y ausencia de contratos para la construcción de nuevos barcos, por lo que la incertidumbre sigue en pie para los 3.300 trabajadores del astillero.
Acerca del descuento salarial que el gobierno resolvió realizar unilateralmente, quitando un concepto del Convenio Colectivo de Trabajo que los astilleros cobran desde hace más de 25 años, y la amenaza de eliminar las licencias gremiales, los funcionarios Villegas y Lacunza postergaron una definición para esta semana, y la reunión terminó ahí.
Los trabajadores del Astillero Río Santiago mantendrán esta semana una carpa en la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata, a la espera de una reunión con funcionarios provinciales que debería producirse el próximo viernes.
La decisión se tomó en un masivo plenario con 2.000 delegados en la localidad de Punta Lara y con decenas de dirigentes sindicales de primera línea con intenciones de confluir en medidas de acción concretas en los próximos días.
Además, se anunció un paro provincial de 48 horas de todos los gremios que componen la CTA Autónoma para el martes y miércoles de esta semana, que confluirá con la huelga de 72 horas que ya había convocado el Frente Gremial Docente. Se barajaba sobre el final del plenario la posibilidad de una movilización conjunta de todos los gremios estatales y docentes. Además, se ratificó el paro nacional de ATE para el Día de la Industria Naval, el 12 de septiembre, que será acompañado por cortes de ruta, según acordaron realizar varias de las organizaciones presentes en el plenario.
Mientras tanto, María Eugenia Vidal defendió el accionar de los efectivos policiales el martes pasado y negó que la represión haya sido «brutal».
Tras reunirse con personal de Gobernación y con los policías heridos, la Gobernadora justificó la represión y culpó a los trabajadores que marchaban por el centro platense.
«Escucho hablar de violenta y brutal represión y veo 16 policías heridos que fueron hospitalizados y que todavía se están haciendo exámenes para ver si tienen lesiones permanentes», aventuró Vidal.
«Del otro lado, no veo más que un informe general que dice que hay tres manifestantes heridos, sin decir quiénes son ni qué heridas tienen. Evidentemente, no fue una represión tan brutal, porque no sería ése el saldo», declaró la gobernadora.
Finalizan paro de 72 horas los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar
En el tercer día del paro activo de 72 horas, lxs trabajadores de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar realizaron el viernes una jornada de protesta en el Ministerio de Agroindustria. De esta forma, los delegados y las delegadas solicitaron una audiencia con la máxima autoridad de este Ministerio para exigir la reincorporación de los despedidos, la retracción por escrito de los anuncios de nuevos despidos y el consecuente desmantelamiento de Agricultura Familiar.
Cabe recordar que la medida surgió ante la amenaza de 600 despidos en las delegaciones de la SAF de todo el país. Sin embargo, lxs trabajadores denuncian desde hace meses que la política implementada por el Gobierno Nacional va en desmedro del sector de los pequeños y medianos productores agropecuarios, campesinos e indígenas, que producen el 65% de los alimentos que consume la población, y favorecen a las grandes empresas agroexportadoras. Entre esas políticas de ataque al sector señalan los despidos en todos los organismos dependientes de Agroindustria, el consecuente desmantelamiento de la SAF y la quita del Monotributo Social Agropecuario.
Vaciamiento y destrucción de Fabricaciones Militares
El jueves pasado, trabajadores y trabajadoras de las fábricas militares de Fray Luis Beltrán, Villa María, Río Tercero, Azul y Jáchal, junto a compañeros y compañeras de la Sede Central, se convocaron en Sarmiento y Santa Fe, frente al predio ferial de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde marcharon hacia la Dirección General de Fabricaciones Militares, para realizar un multitudinario acto en rechazo a los 150 despidos conocidos en los últimos días en las tres delegaciones de Córdoba y Rosario, y contra la política de vaciamiento que encabeza la intervención del organismo en sintonía con el ajuste general que el Gobierno Nacional impone en todas las áreas del Estado.
Una delegación de trabajadores y dirigentes de ATE ingresó al edificio para mantener una reunión con el Sub Interventor Ricardo Casal. Al salir, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, explicó que Casal se negó a dar respuestas a los reclamos de los trabajadores y anticipó que habrá nuevos despidos en Sede Central.
Al finalizar la jornada se votó la realización de un Paro Nacional con cortes de ruta, para el próximo 12 de septiembre -Día de la Soberanía Nacional- que será ratificado en una reunión de Consejo Directivo Nacional.
«A este gobierno no le interesa defender la soberanía nacional, porque ataca a todo lo vinculado a producción. En diciembre cerrando Fanazul dejó cientos de trabajadores en la calle, despidiendo también en otras fábricas del país. Ahora va por Astilleros Río Santiago. El pueblo no soporta más el ajuste y la única manera de aplicarlo es con represión», analizó la Secretaria de Formación de la Asociación Trabajadores del Estado, Teresa Romero.
Resoluciones Asamblea General de SiPreBA realizada en Télam a 60 días de paro y permanencia
-Realizar el miércoles 5 de septiembre en horario a determinar una marcha nacional de prensa al CCK -con cese de tareas en las empresas- en caso de que el directorio de Télam incumpla el fallo judicial que ordena la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia bajo la consigna «Todxs somos Télam».
-Repudiar el intento patronal de armar un servicio paralelo en Tecnópolis y reafirmar la voluntad del conjunto del gremio de prensa y de trabajadorxs de Télam de impedir cualquier tipo de medida que vaya en contra de lo votado por su Asamblea. Reforzar la visibilización de la lucha de las y los compañeros de Télam invitando a lxs colegas a mencionar en cada cobertura -antes de formular la primera pregunta- que en dicho lugar está faltado un cronista de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad Télam.
-Participar el lunes 27 de agosto de la Jornada Nacional #SalvemosLaRadio, junto con FARCO, ARUNA, AMARC, Radios OnLine, rurales, de pueblos originarios, micro pymes, familiares, cooperativas, socioeducativas, entre otras, a concretarse con una transmisión radial entre las 11 y las 13 frente al ENACOM, Perú al 200, CABA.
-Adherir a la marcha de las Universidades Nacionales convocada para el 30 de agosto en defensa de la Universidad y la educación públicas.
-Trabajar para la concreción de un paro nacional activo, coordinado con los distintos sectores de la sociedad civil.
Participaron de la Asamblea General trabajadorxs de más de veinticinco empresas de comunicación, entre ellas Telefé, América TV y A24, Artear (TN y Canal 13), Infobae, Editorial Perfil, AGEA Clarín, Página 12, Ámbito Financiero, La Nación, Editorial Atlántida, los medios públicos Canal 7 y Radio Nacional, medios autogestivos como Barricada TV, La Caterva y La Retaguardia, entre otros.
Cierran otra fábrica en Moreno
Luego de meses de atraso en los pagos, en el mes de julio, los directivos de la empresa plástica Chemson SA. decidieron cerrar las puertas de su fábrica en Moreno. Alegando una crisis en el sector, dejaron en la calle a más de 60 familias. Sin embargo, los trabajadores desmienten la quiebra: «el dueño cierra la empresa con plena producción, estábamos trabajando. Es más, eran casi monopólicos en el mercado y tenían clientes grandes como Paladini, COTO, La Anónima y Swift. Acá lo que hubo fue un vaciamiento, no se invirtió en máquinas».
El conflicto entre los trabajadores y los directivos de la firma comenzó en marzo, con el atraso de los sueldos. «Cobrábamos en cuotas, nos pagaban en 4 o 5 veces. Y con el aguinaldo pasó lo mismo».
En el mes de mayo se vieron obligados a tomar nuevas medidas de fuerza. Los operarios redoblaron la protesta: organizaron un escrache, con bombos y pancartas, frente a la casa del dueño de la firma. Ese fue el punto de inflexión: «El decide mandarnos telegramas a todos, hasta él se considera despedido». Pese a los despidos intentaron continuar la producción, pero no pudieron: «Se paralizó el servicio porque no teníamos luz ni con qué producir» , relata uno de los obreros. A partir de aquel entonces, los trabajadores se quedaron cuidando las instalaciones.
«Estamos cuidando la fabrica para que no se lleven las cosas» . Luego de dos meses de acampe, no recibieron respuesta de ningún organismo oficial.
Sin solución de los entes competentes, los operarios intentan volver a trabajar: «Estamos viendo si podemos formar una cooperativa o ver de qué manera podemos producir. Tenemos una cartera de clientes importante, pero si no nos dan la legalidad no nos van a querer comprar» .
Mientras resisten el cierre de la fábrica, las más de 60 familias que producían en Chemton se las arreglan como pueden para sobrevivir. «La mayoría de los compañeros tenía coches y se fueron a los Uber. Yo hoy cobré el seguro de desempleo, que es una miseria, y no me queda más nada. Otros hacen changas, venden rosquitas. No estamos viendo un peso».
La situación de los trabajadores es una imagen de los tiempos que corren donde se priorizan las importaciones y se destruye la industria nacional.
Respuestas cooperativas a la crisis laboral
Desde hace un año y medio debido al contexto de crisis, la Cooperativa Industrial Textil Argentina (CITA), tiene sus máquinas paradas.
Hoy la cooperativa tiene 30 socios, aunque son 15 los trabajadores que continúan en actividad. En la actualidad las máquinas se encuentran frenadas. «Desde que se volvieron a implementar políticas económicas liberales de apertura de mercados es difícil mantener el nivel de producción de otros tiempos», explica Sergio Yosco, presidente de CITA.
El aumento de precio en los insumos, la apertura de importaciones, los tarifazos y la disminución de demanda en el rubro textil son factores que afectan al sector.
En abril de este año, tras varios encuentros y reflexiones, se inició un nuevo espacio textil y cooperativo. Cintia Gómez, integrante de la Red Textil Cooperativa (RTC) explica que había una necesidad entre las cooperativas del rubro en la región de crear un espacio productivo que las englobe. Fue así que desde hace un tiempo se empezaron a desarrollar distintas actividades en la sede de CITA.
Se iniciaron varios talleres de capacitación intensiva en distintos rubros: Marroquinería y calzado, corte y confección y arreglos mecánicos de motos. Cada uno cuenta con una capacidad de 15 personas. Esta, es una de las iniciativas que tuvo la RTC junto a la Confederación Empresarial de la República Argentina (CGERA) en convenio con el Ministerio de Trabajo.
«Además de generar experiencia para el ámbito laboral, estos talleres generan circulación, apropiación del espacio, movimiento de gente con ganas de sacar adelante el espacio, de afianzar vínculos y trabajar ensamblados», agrega Gómez.
Por otro lado, los compañeros y compañeras que integran esta nueva etapa buscan generar un polo textil en el que las cooperativas que lo conformen generen productos 100% cooperativos. «Queremos hacer un núcleo, una familia cooperativista», sintetiza Cintia.
Uno de los primeros trabajos que están teniendo las y los cooperativistas del espacio es la confección de ropa de trabajo para municipios del Chaco. «También queremos hacer las prendas de nuestro municipio (La Plata), que busquen a la economía social, no que vayan a comprar afuera», explica Cintia Gómez.
Por ejemplo, desde este espacio se le presentó un proyecto al gobierno local para producir en conjunto y con la intención de que la Municipalidad se haga cargo de algunas refacciones necesarias de la maquinaria de CITA.
En este núcleo se encuentran unidades como Estrella Azul, La Maqueta, La Patria Grande, entre otras. En un futuro la idea es que esa área productiva de la RTC regional crezca, se repita en otros Partidos y puedan incluirse distintas cooperativas especializadas cada una en una parte de la creación de productos.
Mujeres trabajadoras
A una semana de que se conociesen las muertes por abortos clandestinos de dos mujeres en San Martín y Pilar, tras el revés a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, un nuevo balde de agua fría cayó sobre los que luchan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires decidió echar a Estela Sánchez, la responsable de coordinar el área de Salud sexual y reproductiva de la Zona norte de Buenos Aire s y una gran luchadora en la materia.
«En la provincia hay un vaciamiento en los programas de salud sexual. No hay una política clara de salud en la provincia de Buenos Aires», expresó.
«No tenemos métodos anticonceptivos, no hay preservativos, no hay pastillas, no hay inyectables, directamente no hay acceso a los insumos», describió.
«Hay un vaciamiento del programa, falta de capacitaciones y de insumos, estamos muy complicados y mi despido es una forma de demostrarlo», continuó.
Además, se refirió a la frase de la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando días previos a la votación del Senado sostuvo que se sentiría «aliviada» si la Ley no prosperaba. «¿De qué se sentía aliviada la gobernadora? ¿De que volvamos a la clandestinidad?», concluyó.
Mujeres sindicalistas de todas las centrales obreras y de organizaciones de la Economía Popular comenzarán una campaña para impulsar el Proyecto de ley de «Equidad de géneros e igualdad de oportunidades en el trabajo» presentado en el Congreso el 22 de junio pasado. El proyecto se contrapone al que lanzó Mauricio Macri meses atrás denominado de «Equidad Salarial» al que las Mujeres Sindicalistas señalan como «una reforma laboral encubierta».
Como respuesta han presentado su propio proyecto dado a conocer en una conferencia de prensa en mayo pasado de la cual participaron más de 200 dirigentes y delegadas gremiales. » Contempla mejoras en las licencias para varones, mujeres y personas del colectivo LGTBI, acciones concretas para la incorporación de mujeres al trabajo y sanciones a empleadores que incumplen con los centros de cuidado o el pago de las guarderías, licencias de cuidado, de fertilización asistida «, aclaran en el comunicado.
La reciente Encuesta Nacional de Lactancia y Trabajo revela que el 77% de las mujeres cree que es muy difícil combinar la lactancia y la vuelta a la oficina, aun las que trabajan en jornadas reducidas.
Quienes han encontrado mayor dificultad para cumplir con este objetivo son aquellas mujeres que trabajan jornadas completas y en empleos fabriles o de atención al público. El 82% no contó con un lugar asignado para la extracción de leche, lo que también obstaculizó la posibilidad de sostenerlo en el tiempo.
Los números reflejan el problema. Es que el 63% de las mujeres no se sintió cómoda hablando de este tema con sus jefes, 1 de cada 3 considera que la lactancia limita su oportunidad de desarrollo profesional, 1 de cada 5 piensa que la lactancia puso en riesgo su trabajo, el 80% de las mujeres en posición de liderazgo no combinaron lactancia y trabajo y el 74% no contó con políticas de la empresa de horario progresivo para retomar el trabajo.
¿La CGT despertará de la larga siesta?
Luego de varias idas y vueltas, la CGT formalizó la convocatoria a un plenario de secretarios generales en el que se discutirá la coyuntura actual y el posicionamiento de la central obrera en ese contexto.
Los gordos, independientes y aquellos dirigentes a los que se les suele llamar moyanistas sin Moyano, decidieron trocar el Congreso extraordinario previsto para agosto por un Plenario de secretarios generales. El cambio no fue menor porque se pasó de un órgano con capacidad de decidir desde una renovación de autoridades hasta la elaboración de un plan de lucha por un plenario que no es otra cosa que una mera asamblea de jefes sindicales.
Sin embargo, entre los grupos que no se sienten representados por el triunvirato crece la idea de no participar de la reunión del miércoles. Cada uno llega a esa conclusión desde diferentes experiencias. Por caso, el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) había retomado conversaciones con el triunvirato que le prometió una mayor participación tanto en la actividad política de la CGT, a pesar de no ser integrante del actual Consejo Directivo y una futura presencia en los puestos de conducción de la central sindical, pero ni una ni otra promesa se cumplieron. La renovación quedó postergada sin fecha y con ella la intención de consensuar un programa y un plan de acción. A eso se le sumó el «olvido» de hacerlos partícipes de información y reuniones como la que la mesa chica tuvo con el Gobierno en la Quinta de Olivos. Así las cosas el MASA decidió dar un paso al costado y no presentarse al plenario.
En tanto, los más de 60 gremios que conforman el por ahora llamado Grupo Lezica decidirán el martes si participarán o no. La mayoría piensa que no es conveniente seguir convalidando un triunvirato que no responde a las necesidades que exige la coyuntura y que lo ven corriendo desde atrás de los hechos. Por caso, el mismo día que los trabajadores de Astilleros Río Santiago eran ferozmente reprimidos, los principales referentes de la conducción de la CGT se reunían y se fotografiaban, salvo Juan Carlos Schmid, sonriendo con la delegación del Fondo Monetario Internacional.
Por otra parte, algunos dirigentes gremiales del Lezica sostienen que es preciso respetar el documento acordado el martes pasado donde se reclama a los triunviros la realización de un Comité Central Confederal que, a diferencia del plenario, es un órgano resolutivo. La decisión se tomará el martes en la sede del gremio de pilotos (APLA) que conduce Pabló Biró. Ese día se prevé que Hugo Moyano haga su debut en el grupo y que el mecánico Ricardo Pignanelli retome su participación. Ambos son de la idea de no participar del plenario. El punto es que sin los MASA y sin los Lezica, que sumados juntan cerca de 90 secretarios generales (sobre un total de 160 activos), el vaciamiento del plenario organizado por el triunvirato bien puede ser visto como el preámbulo de una fractura de la CGT.
Frente a los «Gordos», que apuntalaron la idea de sostener las negociaciones con el oficialismo, quienes se mostraron más duros fueron los gremios del transporte. De hecho, ya adelantaron que propondrán una nueva huelga general para el mes próximo, sin movilización. La hipótesis de quienes apuestan por la convocatoria a otra huelga general (con fecha probable antes de que termine septiembre) es que esa acción puede convertirse en una herramienta de comunión en un momento de dispersión. «Si convoca la CGT van a parar todos», explican. Un paro de la CGT reunirá a los representados por el triunvirato, al moyanismo, a la Corriente Federal, al MASA, a la UOM y al resto de los actores del espectro gremial.
La propuesta de la CATT viene empujada por el importante triunfo que logró Schmid. El triunviro, y titular de la Federación Marítima, consiguió la continuidad de todos los puestos de trabajo en el puerto de Buenos Aires, tras un largo conflicto que incluyó un acampe de 32 días, represión y negociaciones con capitales internacionales.
Desde la asunción de Macri empeoraron todos los índices laborales
La Patagonia es la región más afectada por la destrucción de empleo privado registrado. Al ritmo de la pérdida de puestos de trabajo en las ensambladoras electrónicas y la actividad petrolera, el sur anotó una caída en sus niveles de ocupación formales del 10,1 %. El alcance de la crisis desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada es federal. Ninguna región del país está exenta de las consecuencias sobre la estructura laboral del proceso de apertura comercial, la desregulación financiera, la devaluación, el ajuste fiscal, el incremento en las tasas de interés y la retracción del mercado interno.
Un informe elaborado por el Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE) de la UMET estima que la cantidad de asalariados privados registrados cada 100.000 habitantes cayó 3,9 % en Cuyo, 2,7 % en el Noreste, 2,0 % en el área pampeana y 1,5 % en las provincias del Noroeste. «El déficit de creación de puestos de trabajo registrado privado es un rasgo característico de los primeros dos años y medio de gestión macrista. Detrás de la pérdida de puestos de trabajo está el magro desempeño de la economía que impacta en el sector privado y limita las posibilidades de creación de empleo», advirtió el rector de la UMET, Nicolás Trotta.
«Observamos una falta de creación de empleo formal en todas las regiones. Por eso, hablamos de una problemática federal. Esta crisis del empleo empezó antes de la corrida cambiaria y, sin dudas, se acentuará con la caída de la actividad económica que nos espera», señaló la coordinadora del CEPE, Paula Español. El documento publicado el viernes advierte que la corrida cambiaria, la aceleración inflacionaria, la suba de tasa de interés y la profundización en la reducción del gasto público empeoran las perspectivas para el empleo registrado en el sector privado.
Los registros del Ministerio de Trabajo ofrecen información hasta mayo, cuando se anotó la contracción mensual más profunda desde enero de 2016. Las actividades privadas contabilizaron entonces 5.900 trabajadores menos que el mes anterior. La caída estuvo liderada por la industria, con una baja mensual estimada en 3.400 empleos y una pérdida de 21.300 a lo largo de los últimos doce meses. El sector manufacturero retrocedió en 29 de los 30 meses de gestión de Cambiemos monitoreados por las estadísticas oficiales. Desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri se destruyeron 82.000 puestos de trabajo en la industria. A la sostenida caída de empleo en las fábricas al ritmo de la apertura comercial y la merma de la demanda interna se sumaron el mes pasado la parálisis en la construcción y una leve caída en comercio. Las dos actividades que motorizaron la creación de empleo registrado en el sector privado durante 2017 no registraban un comportamiento negativo mensual desde mediados de 2016. La construcción contabilizó 1.600 puestos menos que en abril, mientras que las actividades comerciales anotaron una merma de 700 empleos.
La destrucción del salario real es otra de las facetas que empieza a mostrarse como característica de la gestión Cambiemos.
«En promedio, la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) del período 2016 a 2019 alcanza un 9,65%», señala un informe del Centro de Estudios CEPA. Además, medido en dólares, está en su punto más bajo de los últimos 10 años. El valor del SMVM cayó a niveles previos a 2008.
«Si a agosto 2015 el salario mínimo se ubicaba en torno a los 537 dólares, esa cifra se verá reducida a 283 dólares tres años más tarde, a agosto 2018», explican desde CEPA.
Fuentes: Prensa CNCT Regional La Plata, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, marcha.org.ar, Prensa ATE Provincia de Buenos Aires, CEPA, UMET, Clarín.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.