Con el regreso de la democracia a Argentina (1983), la tragedia que acababa de sufrir la nación sudamericana obligó a los gobiernos a restarle atribuciones a las fuerzas armadas; algunos acotaron el poder de los uniformados a regañadientes y otros, con plena convicción. Pero se hizo. Ahora el gobierno de Mauricio Macri acaba de abrir […]
Con el regreso de la democracia a Argentina (1983), la tragedia que acababa de sufrir la nación sudamericana obligó a los gobiernos a restarle atribuciones a las fuerzas armadas; algunos acotaron el poder de los uniformados a regañadientes y otros, con plena convicción. Pero se hizo. Ahora el gobierno de Mauricio Macri acaba de abrir una rendija por la cual, advierten los analistas, la casta castrense podría colarse y retomar sus fueros.
El presidente Mauricio Macri debilita el control civil sobre las Fuerzas Armadas (FA), a las cuales restituye, mediante un decreto, parte de la discrecionalidad que perdieron cuando se recuperó la democracia en Argentina.
El pasado 31 de mayo -dos días después de que Macri abogara, durante la celebración del Día del Ejército, por «dejar atrás enfrentamientos y divisiones»-, el Boletín Oficial publicó el decreto 721/16, sin que mediara anuncio alguno desde la Casa Rosada. El decreto transfiere competencias a los jefes de cada una de las armas, en detrimento del ministro de Defensa. Les devuelve la potestad de decidir nombramientos, ascensos, traslados y pases a retiro de los subalternos.
El establecimiento de límites al poder militar, brazo ejecutor del terrorismo de Estado durante la dictadura pasada, ha sido una demanda social constante desde la recuperación de la democracia en Argentina, en 1983.
«No existe una retirada del control civil, sino que se trata de un reordenamiento de tareas», dijo el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Pablo Tosco, en entrevista con el diario Página 12, el pasado jueves 2.
El decreto de Macri invoca la necesidad de «ordenar y actualizar el régimen de delegación de facultades en el Ministerio de Defensa y en los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas». En los hechos, el ministerio lega competencias en favor de la corporación militar. Así, el control político sobre los militares queda limitado.
«Las tres transferencias específicas de competencias, que estaban reservadas al ministro, y que garantizan de algún modo el control político, tienen que ver con las designaciones y los cambios de destino, la designación de personal militar retirado para funciones docentes y el otorgamiento de retiros y bajas para oficiales», dice a Proceso Luz Palmás Zaldúa, coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El abandono «del control civil y político sobre las FA a partir de este decreto es un retroceso importante», sostiene. «La idea del gobierno de fortalecer a las corporaciones, en este caso a la militar, genera una gran preocupación.
«El control político de las Fuerzas Armadas es algo por lo que se peleó durante muchos años, y esta decisión les devuelve cierta autonomía que resulta peligrosa», afirma la investigadora.
Hace hincapié en la convocatoria de militares en situación de retiro para tareas de formación de las nuevas camadas de las FA. La falta de un estricto control político invitaría -como ya ha ocurrido en el pasado- a que los superiores amparen a elementos implicados en violaciones a los derechos humanos.
Represión interna
Tras la recuperación de la institucionalidad democrática, el 10 de diciembre de 1983, diferentes mandatarios, empezando por Raúl Alfonsín (1983-1989), soportaron la presión de los uniformados para conservar la impunidad y los privilegios.
En 1985 tuvo lugar el histórico «Juicio a las Juntas», que condenó por delitos de lesa humanidad a nueve comandantes de la dictadura. Distintos levantamientos militares indujeron a Alfonsín a impulsar leyes de amnistía. Su sucesor, Carlos Menem (1989-1999) fue aún más lejos, indultando a los jefes condenados a cadena perpetua que aún estaban en la cárcel.
La llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003 impulsó la reapertura de los juicios. Decenas de militares volvieron a la cárcel. El exdictador Jorge Videla murió en una prisión común en 2013. La continuidad de la política de derechos humanos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) goza de amplio reconocimiento internacional.
Macri ha dicho que su decreto no afectará los procesos judiciales en curso, aunque la filtración de una reunión secreta entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la portavoz de quienes demandan la libertad de los condenados por crímenes de lesa humanidad, Cecilia Pando, siembra dudas sobre su afirmación.
Diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, repudiaron en un comunicado el decreto de Macri.
Los cambios allí impulsados «se dan con el objetivo de reconfigurar el poder de las Fuerzas Armadas y llevarlas, en el corto plazo, nuevamente a tareas de seguridad interior, prohibidas por la ley y la Constitución», señala ese comunicado.
«En su discurso del pasado 29 de mayo, el Día del Ejército, el presidente Macri dijo que es deber de las FA participar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Yo no descarto que para habilitar la participación de las FA en tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad, promulgue un Decreto de Necesidad y Urgencia o envíe al Congreso un nuevo proyecto de ley de defensa», dice a Proceso Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica del Centro de Militantes para la Democracia Argentina y exasesora de la Unión de Naciones Suramericanas.
«El empleo de las FA en tareas de seguridad interior es una presión que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del Comando Sur, viene ejerciendo desde hace cuatro o cinco años», sostiene Bruzzone. «Ya hemos visto en México, en Honduras y antes en Colombia lo que sucede cuando las Fuerzas Armadas participan en esos eventos», dice.
Menciona también la presión que en el mismo sentido ejercen «elementos de la política, del Poder Judicial, de los grupos económicos, de los medios de comunicación concentrados de Argentina, ya que este modelo social y económico no cierra sin represión», sostiene en referencia a la creciente conflictividad social que surge frente al duro ajuste de la economía que impulsa el gobierno.
Por el agua
El decreto presidencial se promulga, por otra parte, junto con nuevos acuerdos militares y de seguridad con Estados Unidos; algunos de ellos promueven la asistencia de la DEA y el FBI a las fuerzas de seguridad argentinas en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo.
Uno de los mayores temores que provoca el actual realineamiento del gobierno de Mauricio Macri con las políticas continentales de Estados Unidos es la instalación de bases militares en territorio argentino.
«Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida», dijo el viceministro de Defensa, Ángel Tello, el pasado 17 de mayo.
«Esta base, supuestamente científica, es uno de los artilugios que utiliza Estados Unidos para sembrar de bases militares, ya sean normales, descubiertas, o como ésta de Ushuaia, encubiertas, disfrazadas de bases científicas, de ayuda humanitaria, de ayuda por desastres naturales, de ayuda contra epidemias», afirma Bruzzone.
Todas tienen, a su juicio, una característica en común: «Siempre están en zonas altamente estratégicas, o en zonas que tienen muchos recursos naturales, como agua dulce, tierra fértil para la producción de alimentos, minerales, hidrocarburos, biodiversidad», sostiene.
«Con esta base en Ushuaia, que se suma a la de Gran Bretaña y de la OTAN en las Islas Malvinas y al destacamento británico en las Islas Georgias, se cerraría el cerco sobre todos los recursos naturales de nuestra América», explica.
Sostiene que Estados Unidos tendría así el control del corredor interoceánico, de los yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos en la plataforma continental argentina, de la pesca en el Atlántico Sur, proyectándose además sobre la Antártida, que es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo y dispone de grandes yacimientos de hidrocarburos.
«La prohibición para la explotación de los recursos naturales en la Antártida termina en 2041 y hay una fuerte presión de Estados Unidos y sus aliados para que el tratado de prohibición no se renueve», explica.
Bruzzone sostiene que Estados Unidos ha renovado su presión ante el gobierno argentino para instalar una base militar en San Ignacio, en la provincia de Misiones.
«Azuzan el fantasma de células terroristas del Estado Islámico en la triple frontera», sostiene, en referencia a la que comparten Argentina, Brasil y Paraguay.
Bruzzone dice que la motivación real es el control de un recurso altamente estratégico: «En esa zona se encuentra el Acuífero Guaraní, que es la cuarta reserva de agua subterránea del planeta».
Fuente: http://www.proceso.com.mx/444340/los-militares-regresan-sus-fueros