Un estudio sobre diversas variables económicas y sociales durante los últimos doce años exhibe una redistribución del ingreso con más empleo y mejores salarios. Logros, avances y desafíos pendientes. La ofensiva sostenida por los grupos económicos a lo largo del 2014, destinada a debilitar y desestabilizar al gobierno de Cristina Kirchner, estuvo acompañada en forma […]
Un estudio sobre diversas variables económicas y sociales durante los últimos doce años exhibe una redistribución del ingreso con más empleo y mejores salarios. Logros, avances y desafíos pendientes.
La ofensiva sostenida por los grupos económicos a lo largo del 2014, destinada a debilitar y desestabilizar al gobierno de Cristina Kirchner, estuvo acompañada en forma activa por las corporaciones mediáticas que contribuyen orgánicamente a lograr ese objetivo a través de la manipulación constante de los datos que le brindan a la ciudadanía, referidos a la realidad socioeconómica de nuestro país.
Los medios dominantes constituyen la herramienta complementaria más importante de las maniobras desestabilizadoras de las corporaciones económicas de las que forman parte. En ese carácter, intentan generar opiniones, simpatías y antipatías, conductas sociales y hasta comportamientos electorales. La gran capacidad de penetración de ese complejo comunicacional en los distintos estamentos socioeconómicos de la sociedad es utilizada para recortar los hechos de la realidad y construirla en función de sus intereses, poniendo el foco en aspectos secundarios de la misma y transformándolos en esenciales, tergiversando informaciones o, de modo directo, ocultándolas, cambiando datos, responsabilidades y procesos.
En ese sentido, tal vez la mayor construcción en la actualidad consiste en presentar los problemas, aún no resueltos, en lo social y en lo económico, como «resultado» de la etapa iniciada el 25 de mayo de 2003 y no como el recorrido faltante de un proceso que, desde esa fecha al presente avanzó de manera extraordinaria. Ante los éxitos que tuvieron las diferentes políticas desarrolladas desde el Estado, con el compromiso y participación de distintos sectores sociales y políticos, la maniobra, ahora, consiste en ignorar o negar esos avances, llevar al primer plano (la tapa de los diarios, las pantallas de los televisores, los principales horarios de las radios) «lo que falta» transformado en «lo que se hizo mal», con la intención de que el pueblo lo viva como el resultado directo de «políticas incorrectas» de la gestión K o de la «ineptitud del Gobierno para solucionarlos».
Los medios hegemónicos buscan instalar la idea de que los problemas que aún subsisten, en muchos casos efectivamente graves, no son la herencia de los anteriores gobiernos que todavía no se alcanzaron a solucionar, sino que constituyen situaciones «generadas por los gobiernos kirchneristas».
Los ejemplos sobran. Sobre la pobreza afirman que su nivel es sumamente alto y consecuencia de la «inadecuada e ineficiente política del Gobierno», cuando la realidad es absolutamente diferente: la pobreza bajó en los once años de gobierno kirchnerista desde más del 50% en 2002, a un 15% de la población en la actualidad. Es decir, salieron de esta situación alrededor de 14 millones de personas como resultado de las políticas activas impulsadas en estos años.
Los problemas importantes que falta solucionar no son precisamente «generados por el gobierno Kirchnerista», como pretenden hacer creer los voceros políticos, económicos, culturales y periodísticos de los grupos del poder económico concentrado, que se oponen a cualquier política de distribución con inclusión social. La realidad, por el contrario, indica que algunos de esos problemas ya fueron solucionados y que muchas otras situaciones dramáticas para nuestro pueblo se han reducido drásticamente de 2003 a la fecha.
Es el caso, por ejemplo, del notable proceso de desendeudamiento (a principio del 2003, la deuda bruta del país alcanzaba al 166,4% del PBI y se la redujo aproximadamente al 44% del PBI a fines de 2013). Esta deuda fue generada por los gobiernos anteriores y sobre cuya generación y volumen dichos grupos tuvieron responsabilidad directa. Sin embargo, al promediar el año pasado, ante avances como los logrados con el acuerdo con el Club de París, los mismos que reclamaban ese acercamiento pasaron a criticarlo, además de intentar presentar los miles de millones de deuda contraídos desde Aramburu hasta De la Rua, como responsabilidad de la Gestión Kirchner, como llegó a asegurar Clarín el 2 de junio desde su primera plana. La acción de los fondos buitre, el apoyo mediático local a ese sector ultraespeculativo y el acompañamiento de algunos representantes opositores, constituye otro claro intento de impedir la finalización exitosa de este proceso.
Los datos que aporta este trabajo se relacionan con el empleo, los salarios y la distribución del ingreso en el período 2003 – 2013 y tratan de mostrar las consecuencias de las políticas y decisiones realizadas a lo largo del período kirchnerista en este campo y de desenmascarar los datos intencionalmente manipulados por estos sectores recién mencionados.
Empleo, Salarios y Distribución del Ingreso. Desde su comienzo, el gobierno de Néstor Kirchner decidió jerarquizar cualitativa y cuantitativamente el empleo, colocándolo en el centro de las políticas públicas y convirtiendo al trabajo en articulador entre la esfera económica y la social y fuente de dignidad de las personas. El trabajo, en consecuencia, fue considerado el núcleo central del proceso de inclusión social, mejora de los ingresos y acceso a derechos.
Lineamientos centrales del enfoque socio-económico desarrollado por el gobierno kirchnerista:
Reindustrialización y empleo, como soportes principales de un patrón de crecimiento, que se apoyó en un conjunto de políticas económicas y sociales destinadas a recuperar la competitividad en la producción (tipo de cambio, sostenimiento del superávit fiscal y externo, inversión pública en infraestructura básica y social, subsidios a la producción, políticas educativas y de ciencia y tecnología, entre otras) y trabajo formal.
Implementación de políticas activas de ingresos y paritarias para la negociación de convenios colectivos, con el fin de incrementar el salario real, mejorar las condiciones laborales y la distribución del ingreso.
Ampliación del alcance y la cobertura del sistema de protección social, a través de herramientas como la Asignación Universal por Hijo, que garanticen prestaciones básicas igualitarias mediante la transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables.
Continuidad y fortalecimiento de estas políticas, a pesar del contexto de crisis global como la desatada a fines del año 2008 y durante 2014, mediante la aplicación de subsidios laborales y otras medidas destinadas a evitar impactos en el nivel del empleo recuperado.
Ese es el marco en el que se desarrollaron una serie de políticas públicas impulsadas por el Gobierno a lo largo de los últimos once años. Dentro del ámbito vinculado al trabajo, se pueden destacar:
Creación de puestos de trabajo.
Disminución del empleo no registrado.
Reducción de los niveles de pobreza e indigencia.
Incremento de los salarios reales.
Aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
Negociaciones colectivas de trabajo a través de las paritarias.
Aumento de cobertura del sistema de seguridad social (incorporación de nuevos jubilados).
Aumento de los haberes mínimo y medio.
Asignación Universal por Hijo y por embarazo.
Programa Argentina Trabaja, que permitió la inserción de personas con dificultades para incorporarse al mercado de trabajo a través del monotributo social (Argentina Trabaja).
Como resultado de esas acciones, se produjo un incremento de la participación de los trabajadores en el ingreso, mejoras en la distribución de la riqueza a nivel nacional y un fuerte mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población.
Sacando punta al lápiz. Empleo, salarios, políticas sociales y distribución del ingreso.
Empleo
La tasa de empleo (% entre la población ocupada y la población total) se incrementó de aproximadamente el 37% a comienzos del 2003 al 43,13% en 2013.
La desocupación bajó en ese período de aproximadamente el 22% al 6,4%.
La subocupación bajó en el mismo período del 16 al 7,8%.
Se sumaron alrededor de 4,5 millones de empleos al universo de puestos de trabajo formales. Para 2013 el número de trabajadores formales fue 59% superior al identificado en la década de los noventa y un 86% superior al nivel observado antes del Kirchnerismo.
El número de trabajadores industriales que en el año 2003 era de 766.000 personas, ascendió en 2013 a 1.240.000 trabajadores, es decir, creció aproximadamente un 60% en ese período.
Los trabajadores informales representaban el 49,5% de la población ocupada en 2003, y bajó hasta llegar al 34,5% en el año 2013. En esos 10 años, por cada 100 nuevos puestos de trabajo, 90 son registrados, una proporción exactamente inversa a la década del ’90, pero sobretodo con la caída del modelo de convertibilidad, en el que por cada 100 personas incorporadas al mercado 92 lo hacían de manera informal o no declarada.
Salarios
Los sueldos de los trabajadores privados registrados (formales) se incrementaron de $ 967 de salario promedio en 2003, y a $ 8.107 en 2013, lo que representa un aumento total de casi el 800% y una continua recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
El salario real de los trabajadores registrados del sector privado creció en forma ininterrumpida entre los años 2003 y 2013. El incremento alcanza al 70% durante esos años y supera en un 40% el nivel registrado en 2001 (no usando los datos del Indec, sino IPC (provincias y Bein). El nivel de precios al consumidor creció un 389% (de acuerdo a los índices señalados en el punto anterior), mientras que el crecimiento del salario nominal de los trabajadores registrados en empresas privadas alcanzó el 741% durante el período 2003 – 2013, lo que dio lugar al proceso de crecimiento del salario real más relevante de la historia reciente del mercado de trabajo argentino.
Salario mínimo, vital y móvil
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) estuvo congelado en $200 desde 1993 hasta 2003. A partir del año 2003, el Gobierno Nacional inicia una política de aumento sostenido del SMVM lo que permite su incremento de 200 pesos en esa fecha a 3.300 pesos en 2013, lo que implica un aumento superior al 1.500% y un mayor poder adquisitivo del mismo.
En el caso del transporte, un sueldo mínimo alcanzaba en 2003 para 294 boletos de colectivo, 357 de subte, 500 de tren o 43 viajes en taxi desde el microcentro hasta Caballito. En 2013, a 2.200 viajes en colectivo, 1.320 en subte, 3.300 en tren o 69 en taxi, desde Casa Rosada hasta Primera Junta. En el consumo de alimentos, el salario mínimo pasó también en diez años, por ejemplo, de poder comprar 31 kilos de asado a 78,5, de 119 botellas de gaseosa de litro y medio a 300, de 83 kilos de tomate a 236, de 71,5 kilos de manzana a 236, de 50 kilos de pollo a 220, de 71,5 kilos de arroz blanco doble a 194 o de 71 kilos de yerba a 122.
Distribución del ingreso
La participación de los trabajadores en relación al capital generado, crece entre 2003 y 2009 prácticamente 10 puntos, de 31,3 a 41,1 (Cifra-CTA).
A partir del año 2009, la sensible disminución en la tasa de crecimiento de los salarios reales y el menor dinamismo experimentado en la generación de puestos de trabajo constituyó un elemento determinante en el estancamiento de la estructura distributiva. La participación de los trabajadores se ha estancado en alrededor del 40% desde esa fecha hasta el año 2013. (Cifra-CTA).
Políticas sociales . No obstante, la participación del ingreso se aproxima al 48% si se incluyen las políticas sociales que desarrolla el Gobierno: Jubilaciones. Entre 2003 y 2013, la cobertura previsional pasó del 66,1% de la población con edad de retiro al 94,6 por ciento. La mayor proporción de este incremento se produjo por la decisión del Gobierno de incorporar a una gran cantidad de personas que no reunía las condiciones para alcanzar su jubilación por diferentes motivos. En diciembre de 2003 existían en el país 3.158.164 jubilados y pensionados nacionales, mientras que a fines de 2013 llegó a 5.903.589, lo que significa un aumento del 87%.
Asignación Universal por Hijo . Alcanza a 3.410.061 niños, al aumentar 4,2 por ciento interanual. De acuerdo a diversas estimaciones, el impacto directo de esta medida implicó una reducción de entre el 55% y el 70% en la indigencia y una caída de aproximadamente un 30% en los indicadores de desigualdad distributiva. La AUH aumentó el poder de compra desde 2009 a 2013 con lo que una familia pudo agregar a su consumo, en 2013, 26 litros más de leche, o 35 paquetes de azúcar, 16 docenas de huevos, 47 botellas de aceite, once paquetes de yerba o 25 kilos de tomates más que en su inicio. Por otra parte, «la elevación del beneficio a $644 a partir de junio de 2014 no sólo fue el incremento más elevado en términos nominales sino también en términos reales, alcanzando el poder adquisitivo más alto desde que se instituyó la AUH. Tal es así que ascendió 23,5% en términos reales desde que se instituyó la AUH en noviembre de 2009, y es en mayo de 2014 un 4,3% superior al valor real de junio del año 2013 en el que se había aumentado la AUH 35,3% en términos nominales» (Cifra-CTA).
Asignaciones familiares por hijo. El Anses alcanzó en enero de 2014 un récord de distribución de asignaciones familiares por hijo e hijo con discapacidad. Se repartieron beneficios a 4.387.165 niños, niñas y adolescentes.
Progresar. Hasta fines del año 2014, los jóvenes inscriptos ascendieron a 861.280. Como resultado de estas políticas entre los años 2002 y 2012, la distribución del ingreso per cápita familiar (medido a través del coeficiente de Gini: no se concentra sólo en los ingresos (individuales o de los hogares) que se ubican en las posiciones extremas, sino que considera toda la distribución de los ingresos, es decir, hace uso de toda la información disponible.
Si se toma la población total según escala de ingreso individual (EPH, Indec total de aglomerados urbanos) se puede ver que en el año 2003 la diferencia entre el 10% de la población más pobre y el 10% más rico alcanzaba a 32 veces. En el año 2013, esa diferencia se redujo a 20 veces. Si se mide la desigualdad identificando las diferencias de ingresos entre los distintos individuos u hogares donde no sólo es importante el factor trabajo y la remuneración que se obtiene por él, sino el total de transferencias que hace el Estado, el cambio de tendencia es mucho más significativo. Este análisis se realiza a través del denominado coeficiente de Gini que cuantifica el modo en que se distribuyen la totalidad de los ingresos entre la población. Entre los años 2002 y 2012, la distribución del ingreso per cápita familiar mejoró un 21%, alcanzando en este último año la distribución más equitativa de, como mínimo, los últimos 20 años. En efecto, en el año 2012 el coeficiente de Gini era 0,43, un valor menor al de principios de los años noventa ( ver cuadro 3 ).En el año 2013 baja aún más, llegando al 0,39.
Pobreza. En el año 2002 existía un 50% de pobres. En el período Kirchnerista, la pobreza se redujo en un 35% (15 millones de personas aproximadamente) llegando en la actualidad al 15% del total de la población. En tanto la clase media pasó del 24% en ese período a casi el 50%. (Datos Cepal).
Problemas pendientes de empleo y salarios . La actual estructura del mercado laboral mantiene características de fragmentación y heterogeneidad, desplegada en una importante diferencia de calidad y protección social entre el empleo registrado y el no registrado y una disparidad salarial entre trabajadores formales según actividad y entre formales e informales.
El trabajo informal
El porcentaje de asalariados no registrados (sin protección social, derechos laborales y aportes jubilatorios) se encuentra en la actualidad en torno de un 34,4%, es decir que aproximadamente 4,2 millones de trabajadores asalariados se desempeñan todavía en la informalidad laboral. De ese total de asalariados no registrados, alrededor de un millón correspondería a trabajo doméstico en casas particulares, mientras que el resto (tres millones / 75%) se desempeñaría en «unidades productivas», de acuerdo al Ministerio de Trabajo. En base a la misma fuente, se estima que 1.240.000 de esos tres millones trabaja en unidades productivas o empresas en las que convive con personas registradas o que tienen empleo formal, y el otro 1.760.000 lo hace en unidades o empresas sin ningún tipo de empleo registrado. Es decir, empresas que están en la absoluta marginalidad.
Los sectores de menores ingresos (el 40% de la población más pobre) sigue constituyendo la mayor porción de trabajo informal. En 2013, el 20% de la población más pobre suma, entre asalariados no registrados y cuentapropistas, casi al 90% de esa población y el 20% que le sigue supera el 60% de esa población. (EPH – Indec).
Las diferencias salariales
Las brechas salariales al interior de la clase trabajadora son muy significativas, favoreciendo, como es obvio, a los trabajadores registrados en el sistema formal. Esa brecha se acentuó en los años de la posconvertibilidad: a fines de 2012, el salario horario promedio de los asalariados registrados era 63% mayor al salario horario promedio de los asalariados no registrados. El ingreso laboral horario de los cuentapropistas era 24% mayor al de los asalariados no registrados. Otros datos muestran que el poder adquisitivo de los asalariados registrados fue en 2013 42% más elevado que el vigente en el último trimestre de 2001. En tanto que el de los trabajadores informales fue apenas superior al 10%.
A finales de 2013, entre los ingresos totales de las personas ocupadas, un 42% correspondía al 20% de los trabajadores con ingresos más altos. En las antípodas, el 20% de los trabajadores ocupados con los ingresos más bajos, sólo alcanzaba a obtener el 5% de los mismos. (EPH – Indec) A fines de 2013, la remuneración principal del 32% de la población ocupada -alrededor de 3.500.000 trabajadores- estaba por debajo del salario mínimo vital y móvil ($3.300 pesos a esa fecha). La mitad de las personas recibía ingresos mensuales inferiores a $ 4.000.
Entre los trabajadores formales del sector privado también existen diferencias muy grandes de ingresos. En 2012, la diferencia entre los de menores ingresos (Enseñanza privada y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura) y los de mayores ingresos (Explotación de Minas y Canteras) alcanzaba aproximadamente al 550%. (Ministerio de Trabajo).
Problemas pendientes en la distribución del ingreso
Como se ve al analizar la población ocupada según ingreso de la ocupación principal (Total aglomerados urbanos- EPH- Indec), en 2013, el 10% de los trabajadores con ingresos más bajos obtenía el 1,5% de los ingresos totales; en tanto el 10% de los trabajadores con ingresos más altos obtenía el 26,2% del total. Si se amplía este rango al 20% de la población ocupada con ingresos más altos, obtenían el 42,3 % del total de los ingresos, en tanto el 20% de los trabajadores ocupados con los ingresos más bajos, alcanzaba a obtener sólo el 5% de los mismos. A esto debe sumarse la inequitativa distribución entre trabajadores formales e informales y al interior de los trabajadores formales ya mencionados.
A fines del año 2013, el 10% de la población más pobre recibía ingresos 20 veces inferiores a lo obtenido por el 10% la población más rica, según la escala de ingreso individual (EPH) del Indec. Mientras el primer decil obtenía el 1,5% de los ingresos del total de la población, el 10% más rico obtenía el 28,1% del total. Si se amplía el rango al 30% más rico, se quedaba con el 57,5% total de los ingresos, contra sólo el 10% del total que le correspondía al 30% de la población más pobre. Es decir, la distribución seguía siendo muy inequitativa.
Si se analiza la distribución por estratos sociales, las diferencias son también muy significativas. El 23% de la población (clase alta + clase media alta) se apropiaba del 63% de los ingresos totales en el 2012, en tanto al 47% más pobre sólo le tocaba el 14% de los ingresos totales. También se puede ver que sólo el 7% de la población (aproximadamente 2,8 millones de personas), se quedaba con el 36% de los ingresos totales, prácticamente un porcentaje equivalente a lo que recibía el 77% de la población (la clase baja, la clase media baja y la clase media típica recibían el 37% en conjunto), es decir, casi 31 millones de personas. Finalmente, se puede observar la brecha entre los extremos de la pirámide: la clase alta tenía ingresos que son 30 veces superiores a los de la base de la pirámide, es decir, la clase baja. (Consultora W) El 47% de la población nacional integran la clase baja y clase media baja, es decir, casi 19 millones de personas. La situación en este sector es seria y preocupante, porque además de los seis millones de pobres que integran la clase baja, existe un sector de la clase media baja que esta exactamente en el límite de la pobreza y también hay un parte de ella que está en una situación inestable e insatisfactoria desde el punto de vista económico y que constituyen lo que podríamos denominar «pobres moderados».
Eduardo Halliburton. Instituto de Estudios Políticos Rodolfo Puiggrós, Movimiento Evita.