En los años 90, el país que no se sentía «orgulloso» de tener un Banco Central autónomo, ajeno a los intereses del estado, se podría considerar como un paria en Latinoamérica. La ortodoxia neoliberal había convertido las autonomías de esas instituciones como un paradigma inevitable. Los directivos de los Bancos Centrales podían hacer lo que […]
En los años 90, el país que no se sentía «orgulloso» de tener un Banco Central autónomo, ajeno a los intereses del estado, se podría considerar como un paria en Latinoamérica. La ortodoxia neoliberal había convertido las autonomías de esas instituciones como un paradigma inevitable.
Los directivos de los Bancos Centrales podían hacer lo que les diera la gana con las reservas monetarias y financieras. Le habían arrebatado la soberanía a los pueblos para que ellos no pudieran decidir que hacer con los recursos que le pertenecían a las generaciones presentes y futuras. Además armaron legislaciones para impedir que el Estado, a través de los gobiernos, pudiesen intervenir de alguna forma o incidir para el uso de los recursos de la nación.
Amos y señores de la acumulación del capital excendetario de un país, los directivos de esas instituciones eran semidioses, no rendían cuentas a sus países pero si ante las directrices del Fondo Monetario Internacional. En Venezuela era similar su comportamiento al de los directivos de la vieja PDVSA, siempre a las órdenes de las transnacionales. En otros países latinoamericanos fue similar y hasta peor.
Es el caso de la Argentina, donde de corralito en adelante, el Banco Central fue canonizado para prestar servicios sólo al santo Fondo Monetario Internacional. Esta situación parece haberse quebrado. Este 6 de enero, en Día de Reyes, la presidenta Cristina Fernández exigió la renuncia de Martin Redrado, presidente del Banco Central Argentino, quien había hecho todo lo posible por dilatar el traspaso de las reservas excedentes para la creación del Fondo del Bicentenario.
Redrado se creía un monarca heredero que podía decidir sobre los recursos de los argentinos, por encima de las decisiones de un gobierno elegido a través del voto popular. Desacató órdenes de la Jefa de Estado en forma flagrante. Ahora, el funcionario que incumplió sus labores acude a «canales legales» como ardid para permanecer en el puesto.
El renunciado presidente del Banco Central no contó con ningún respeto a la legalidad para convertirse también en actor político y anunciar reuniones con parlamentarios de la oposición al gobierno de Cristina Fernández.
Lo cierto, más allá del pataleo de Redrado, es que el tiempo de los agentes del FMI gobernando las economías de una buena parte de los países latinoamericanos, como si fuesen las fincas de sus amos, está terminando.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.