El éxito de las iniciativas políticas se mide por su capacidad de modificar la realidad; una realidad que cambia según ocurren acontecimientos que conmueven el contexto económico social o político. Esos acontecimientos son acciones colectivas o individuales, incluso propuestas que intervienen en la conformación de imaginarios sociales.
La propuesta sobre intervención y expropiación de Vicentin generó agenda y habilitó un debate en la sociedad, más allá del resultado final; del mismo modo que la toma de tierras en Guernica, o el episodio en los campos de Etchevehere; como la misiva de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
Todas estas propuestas o iniciativas son acciones que intervienen en la realidad con pretensión de cambio, más allá de si logran el propósito inicialmente formulado.
Queda claro que el propósito con Vicentin no se cumplió, pero habilitó el debate sobre la expropiación de una gran empresa agro industrial y financiera, diversificada y con inserción en la transnacionalización, del mismo modo que se sugirió la necesidad de modificar el modelo hegemónico del negocio de exportación.
La toma en Guernica y la discusión en torno a la propiedad de los Etchevehere favoreció el debate sobre los usos de la tierra y la potencialidad de un plan de inserción de organizaciones sociales en la producción alimentaria. Asociado a ello se sustenta la intervención estatal en la provisión de tierras y medios de producción, tanto como la asistencia financiera y técnica.
En ambos casos, la Justicia intervino en defensa de la propiedad, siendo los gobiernos provinciales los brazos ejecutores, en un caso con extrema y ostentosa violencia.
Lo que ejemplificamos con estos casos puede generalizarse con relación a la situación del 2001 argentino, que trasformó el ciclo económico y político del país, tal y como venía desde la recuperación de los gobiernos constitucionales en 1983, incluso desde mucho antes. La lógica bipartidista entre peronismo y radicalismo se desarticuló.
El resultado terminó siendo la construcción de nuevas coaliciones, las que hoy explican la “grieta”, con ejes en el kirchnerismo y el macrismo.
Ambas identidades, más allá de cualquier fragilidad o transformación a corto o mediano plazo, ocupan la escena de la disputa hegemónica, por lo menos, desde mediados de la primera década del Siglo XXI.
Se puede pensar también en un momento de la política de profunda transformación de las históricas identidades políticas populares, habilitando a pensar la posibilidad de la emergencia de nuevas representaciones políticas más allá de la opción binaria actual.
Vivienda, propiedad y bi-monetarismo
Esta semana se hicieron visible varios problemas a partir de los acontecimientos mencionados. Uno es el déficit habitacional, asociado al desempleo, la pobreza, a la propiedad y a la política pública.
Más allá de cualquier consideración que se pretenda, la visibilidad desplegada por la situación de la ocupación de tierras en Guernica, Provincia de Buenos Aires, y la disputa por la herencia de los Etchevehere en Entre Ríos, evidenciaron la necesidad de discutir y resolver el déficit de la vivienda, estimado en más de 3 millones de unidades.
No solo es vivienda, sino todo lo que se asocia a la reproducción de la vida, lo que supone vivienda digna y un entorno de servicios y de producción acorde con la reproducción social.
Por eso, el debate en Entre Ríos involucró, en principio, la propuesta de cesión de propiedad privada a un colectivo social organizado, con un proyecto agroecológico en contraste con el paradigma hegemónico del agro negocio y una tendencia a la actividad inmobiliaria lucrativa en las zonas urbanas del país.
La propiedad privada estuvo en discusión en los dos casos. Es un tema recurrente, que estuvo en debate con el caso Vicentin, o con el impuesto a las grandes fortunas.
Ambos casos, en Guernica y en Entre Ríos, se trató de iniciativas desplegadas por colectivos sociales que intentaron cambiar la realidad y aportar a resolver temas de la vivienda, del uso de la tierra, del empleo y los ingresos, que en definitiva podemos extrapolar a la discusión de la cotidianeidad de millones, que, si es por la pobreza, hablamos de 15 millones de personas.
Otro tema es el de la presencia importante del dólar en la economía argentina. Un asunto que explicitó para el debate político la vicepresidenta del país. CFK propuso un pacto para acordar políticas relativas a una cuestión central, el tipo de cambio y sus oscilaciones, cuando se hace evidente lo que los economistas denominan la “restricción Externa”.
Esa restricción no es otra cosa que la subordinación del orden económico local a la gestión del excedente económico que genera el trabajo social en la Argentina.
Un excedente disputado por acreedores externos, por la dependencia tecnológica de bienes intermedios y de capital, como por el parasitismo de la burguesía local, que radica los excedentes en el exterior.
Esto último es lo que se denomina “fuga de capitales” y tiene contrapartida en activos externos, sean bonos, acciones, propiedades, moneda extranjera (alguna en cajas de seguridad o en el colchón).
La cuestión está lanzada sobre la mesa de discusión. Resulta temprano para ver si la iniciativa avanza o no y muy especialmente como se discute.
¿Se puede des-dolarizar?
Ecuador bajo el gobierno de Correa no pudo salir de la dolarización que induce un ajuste perpetuo a los de abajo.
Cuba sostiene la necesidad de romper el bi-monetarismo, “solución” asumida en el periodo especial emergente a la caída de la URSS y el sistema socialista. Desde el 2011 está la propuesta de terminar con la moneda convertible, un cuasi dólar. Aun no puede lograrlo, pese a ser una de las demandas políticas y sociales más extendida desde que en 2011 se propusiera el cambio del modelo económico en la isla.
La dependencia latinoamericana, sea para Ecuador, Cuba o Argentina es un tema que desafía el marco del debate y que trasciende soluciones al interior de las fronteras. Hace falta una estrategia regional compartida, tal como se formuló en la primera década del Siglo XXI con relación a una nueva arquitectura financiera regional, lo que involucraba el aliento a una moneda regional.
Una novedad de la política regional es la asunción del nuevo gobierno en Bolivia, que habilita a discutir nuevamente la potencia de la integración alternativa. Recordemos que Bolivia es uno de los países que más avanzó en la pesificación de su economía, incluso durante el último año, la estabilización de la moneda es un dato relevante.
Puede aún ser bajo el volumen del acuerdo político para una integración regional, pero los procesos son dinámicos y se asocian a descontentos de una realidad social agravada por el impacto regresiva de la recesión mundial y el efecto de la pandemia COVID19.
El tema dólar en la Argentina incluye en estos días la baja de las cotizaciones del paralelo, el legal y el ilegal, tanto como nuevas emisiones de deuda que se completarán la próxima semana, en un marco de apertura de las negociaciones con el FMI.
La restricción externa actúa a fondo. La baja de las cotizaciones y el nuevo endeudamiento tranquiliza al gobierno que logró media sanción del presupuesto, que contiene una propuesta de ajuste por disminución del gasto y la ratificación de una recaudación tributaria regresiva, consolidando al IVA como el principal impuesto en la Argentina.
El tema del bi-monetarismo, o el de la propiedad privada de los medios de producción, son, sin duda, un debate estratégico, que demanda un debate sobre el rumbo.
Un rumbo que tiene en la memoria social el espanto del pasado reciente en la política de Mauricio Macri, junto a las dificultades de arrastre en el presente, especialmente sumando los efectos de la pandemia. Por ello, se trata de una discusión sobre cómo enfrentar la coyuntura, los problemas del ahora, y los de más allá, en el mediano y en el largo plazo.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.