Desde noviembre de 2011 Daniel Solano se encuentra desaparecido. Su caso permanece irresuelto y funciona como un emblema del funcionamiento del aparato productivo, donde los grandes actores gozan de las riquezas, construyen impunidad y actúan como gobiernos de facto en los territorios donde se emplazan. Una síntesis de la democracia custodiada por corporaciones. Era el […]
Desde noviembre de 2011 Daniel Solano se encuentra desaparecido. Su caso permanece irresuelto y funciona como un emblema del funcionamiento del aparato productivo, donde los grandes actores gozan de las riquezas, construyen impunidad y actúan como gobiernos de facto en los territorios donde se emplazan. Una síntesis de la democracia custodiada por corporaciones.
Era el dos de diciembre. Ese día, Daniel Solano cumplía 30 años. Ese día, también, Pablo, Maira y Romina Solano fueron recibidos por un juez subrogante que les concedió solo cinco minutos de entrevista. Le solicitaban que ordene la inspección de un terreno que se encuentra a 25 kilómetros de Choele Choel, en la ruta 22, en dirección al río Colorado. «Lo voy a pensar», fue la respuesta del magistrado. Sintética y definitoria.
«¿Y si sacan los restos mientras el juez piensa?, ¿qué harían ustedes en el caso de que se tratare de un hijo propio? El personal del Juzgado ya tiene conocimiento de esta presentación, y otras personas también. Con toda la familia Solano haremos guardia en el inmueble hasta que la justicia se decida a actuar», dijeron los familiares y su abogado tras la reunión.
La justicia, de tan pensativa, a veces se vuelve somnolienta: pasaron más de tres años y los avances en la causa son lentos, solo empujados por la persistencia de la familia y los abogados. El 10 de diciembre fue el día de los Derechos Humanos: Daniel Solano es uno de los desaparecidos en democracia que ponen en entredicho su vigencia plena.
Vuela, vuela golondrina…
Daniel Solano venía desde Tartagal, su lugar de nacimiento. Se había trasladado al sur para trabajar en la cosecha de manzanas tercerizado por la empresa Agro Cosecha, subsidiaria de la multinacional belga, Expofrut. Pertenecía a la comunidad guaraní Misión Cherenta: era uno más de los tantos indígenas que son reclutados para los trabajos pesados del agro. Son actividades temporarias, las que nadie quiere hacer. La fuerza de trabajo primaria que produce las grandes riquezas de los negocios exportadores. Llegó a Lamarque, ubicada a pocos kilómetros de Choele Choel en octubre de 2011. Un mes después, no se supo más nada de él.
El 5 de noviembre fue a bailar a Macuba. El día anterior había recibido 860 pesos. Expofrut giraba unos tres mil pesos para cada trabajador, pero Agro Cosecha aplicaba una retención. Solano advirtió la estafa y decidió organizar a sus compañeros para reclamar. Estaba decidido a pedir el reintegro de lo que les estaban robando: una estafa mediante la cual la empresa, en los últimos cuatro años, se había quedado con alrededor de 18 millones de pesos de los trabajadores.
Semejante insolencia no podía ser permitida por los patrones que manejan el negocio productivo como los señores controlan su feudo. Esa noche enviaron un provocador al boliche para generar la excusa perfecta que les permitiera intervenir. A Daniel lo sacaron los policías y nunca más se lo volvió a ver.
Las autoridades, en un oscuro pacto entre poder político, judicial y policial, rápidamente montaron su coartada: dijeron que Daniel se había ido voluntariamente a Neuquén. La familia recurrió enseguida a la justicia de Tartagal, donde la denuncia fue robada de la comisaría 45 en una maniobra de falsificación de los libros. Más tarde tomaron contacto con Sergio Heredia, quien asumió la representación de la familia junto con Leonardo Aparicio, un colega suyo de Bahía Blanca. Se trasladaron a Choele Choel, donde acamparon delante de los Tribunales. Pronto, también, llegaron las amenazas y el abogado debió refugiarse en una iglesia y recibir custodia. El 7 de diciembre, después de hacer una primera investigación, había afirmado públicamente que Daniel había sido asesinado.
«Logramos detener a los 7 policías que participan del asesinato, también planteamos una teoría en el mes de mayo del 2012, que Solano fue ordenado a asesinar por sus empleadores, los dueños de Agro Cosecha -dijo Heredia a La Izquierda Diario-. Uno de los policías que lo mata a Solano, que está preso se llama Sandro Berthe. Sandro Berthe tenía una condena a 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación por apremios ilegales. Sin embargo no lo echaron de la policía, siguió siendo policía y ahora está con el homicidio de Solano. La hija de Sandro Berthe, se llama Johanna Berthe, es otra policía. Está procesada por nosotros por picanear a un menor en una comisaría, que apoyaba las marchas de Solano. Vos tenés al papá homicida y a la hija torturadora con picana y siguen siendo policías, y siguen trabajando.»
A partir de ese mismo nudo delictivo, mientras la justicia de amodorra, desaparecieron otros dos trabajadores: Pedro Cabaña Cuba y Héctor Villagrán. «La causa Solano tiene 50 cuerpos de expediente, se han desprendido 22 causas paralelas en el juzgado federal, es una mega causa, la más importante para mí de la Argentina -por la complejidad-, de los últimos años, vos tenés aquí 3 muertos no únicamente Solano», certifica Heredia.
El poder empresarial articulando a las fuerzas policiales para defender sus intereses con el amparo de la justicia y el poder político, una trama perversa que sintetiza el mecanismo de funcionamiento del modelo productivo, donde las grandes empresas se afincan en los territorios y, desde su alta capacidad para comprar voluntades, digitan el funcionamiento de los poderes institucionales y garantizan el orden que les permita producir sin inconvenientes.
Su presencia omnímoda en las localidades del interior les permite construirse impunidad y gozar de la hegemonía: respeto, buen nombre e influencias para ejercer el control y dominio; riquezas forjadas con el sudor y la sangre de los explotados que viajan como golondrinas de un lugar a otro; miles de millones extraídos de la tierra que se van desde los puertos dejando los despojos en la tierra y la muerte en las poblaciones.
Mecanismos de la estafa
Expofrut llevaba una planilla de trabajadores donde constaba los días trabajados por cada uno. De ahí surgía el monto que enviaba, con un adicional para los aportes. Pero Agro Cosecha tomaba esa plata, desconocía los jornales trabajados y establecía arbitrariamente una suma inferior a la que correspondía. «Para poder hacer esta estafa tenía que traer a los aborígenes, que venían desde Tartagal, de la zona pobre, los hacinaban en casas, bajo custodia policial, iban a cobrar con siete efectivos atrás; y tenía que tener a la otra parte de la banda que era la asesoría de trabajo local», sintetiza Heredia.
El aprovechamiento de la fuerza de trabajo se realiza mediante la sofocación de los trabajadores, sometiéndolos a condiciones infrahumanas y extorsionándolos con su desesperación. Los métodos de explotación tradicionales no pierden vigencia y la historia parece no haber transcurrido.
La esclavitud se reformula, pero insiste en no desterrarse: «a Solano en doce meses, la empresa le hizo 33.000 pesos -cuenta el abogado- si se multiplica cien Solano en doce meses son 3 millones. Solano se da cuenta que lo están estafando. Él habla con su padre, porque compra un celular esa tarde, y le dice que el lunes iban a pedir el reintegro. Si había un escándalo, la empresa no iba a poder facturar más de 1 millón; entonces deciden matarlo. Porque ellos firmaron un contrato que decía que si tenían problema con la policía o la justicia eran despedidos. Los trabajadores eran cooptados a partir de un sistema en el que cuando llegaban, les daban 50 pesos para que coman toda la semana, por lo que tenían que ir a sacar crédito a la despensa, los hacían endeudarse con ropa entonces cuando el aborigen que venía a trabajar por tres meses cuando iba a cobrar le decían que tenía que cobrar 1000 pesos en lugar de los 3000 mil prometidos, pero no se quejaba porque tenía la policía arriba que los golpeaba. Era toda una mafia hecha por la policía, la empresa y la Secretaría de Trabajo local».
Oh, juremos con esclavos producir…
El 31 de enero de 2013 se cumplieron 200 años de la Asamblea General Constituyente. Ese día, formalmente, quedó abolida la esclavitud. Pasaron los siglos y la noticia todavía no llegó a oídos de los dueños de la tierra y de sus frutos, que prefieren conmoverse sólo con algunas leyes.
De acuerdo a la Fundación La Alameda y al Programa Esclavitud Cero, en 2012, registraban 500 mil personas que padecían condiciones de esclavitud. La cifra real, obviamente, excede los márgenes de verificación y, de acuerdo a sus estimaciones, superaba el millón. La esclavitud, anulada en los papeles, se cuela en las relaciones de producción por los pliegues mafiosos de las estructuras institucionales a fuerza de trabar complicidades y mover millones de pesos.
El campo tiene un rendimiento notable en el desconocimiento de los derechos: es el segundo sector que más trabajo esclavo concentra, con un 60% de mano de obra informal, según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
Los cultivos que requieren mano de obra intensiva son un terreno fértil para el sometimiento de la fuerza de trabajo: la condición estacional del empleo, la permanente migración de los trabajadores, el alto índice de explotación infantil y los sistemas coercitivos para el reclutamiento de la mano de obra, así como la continuidad en las modalidades de pago en especies o con vales conforman el panorama de la gran producción en la Argentina, donde la vigencia de los métodos de explotación atravesaron cualquier empeño democrático de reforma y sostienen el gran aparato productivo que se proyecta en crecimiento de rendimientos e inserción en el comercio mundial.
La expansión de la frontera agropecuaria implica nuevas necesidades de planificación para volver más eficiente la mano de obra: era fundamental contar con los trabajadores en el lugar, dedicados exclusivamente a la producción. La imposibilidad de movilizarse sin autorización de los patrones y la utilización de «papeletas» para no ser considerado como «vagos, rebeldes o malentretenidos» son una constante que, pese a variar sus formulaciones, se perpetúan como los fundamentos indispensables en el subsuelo de la gran producción agraria.
Ahí se despliega la operatoria de captación por engaño: «les prometen un sueldo en dólares y unas condiciones laborales que nunca se cumplen; una vez están lejos de su hogar, se les somete a la servidumbre mediante la deuda que contraen por los gastos del viaje y del alojamiento», afirma Gustavo Vera, presidente de La Alameda. Esa situación es una constante en las grandes explotaciones del agro argentino que utilizan los más variados recursos para disminuir las cargas laborales y aumentar significativamente sus ganancias.
Si la ley lo dicta, la moneda lo calla…
En el 2011 se sancionó la ley 26.727 que desplazó a la anterior legislación aplicada por la dictadura militar (implementada por el decreto 22.248 en 1980 que creaba el Registro Nacional de Trabajo Agraria para borrar las conquistas confirmadas con el Estatuto del Peón Rural, sancionado en 1944 desde la Secretaria de Trabajo y Previsión, conducida por Juan Domingo Perón) y establecía la creación del Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios) como organismo de derecho público en reemplazo del Renatre (Registro de Trabajadores Rurales y Empleadores) de derecho privado.
La nueva ley prevé una mayor protección del trabajo transitorio, más exigencias en las condiciones de vivienda, alimentación y traslado; también elimina la modalidad de pago en bonos, fichas o cualquier tipo de moneda distinta a la de curso legal, regula la duración de las jornadas laborales y los descansos, junto con la prohibición de cualquier tipo de retención o deducción por mercaderías entregadas por el empleador, exigiendo remuneraciones iguales o mayores al salario mínimo vital y móvil. Todas y cada una de las previsiones incumplidas que Daniel Solano percibió y por las cuales fue desaparecido.
La manzana equivocada
A principios de marzo de 2014, Expofrut anunció inversiones por 532 millones de pesos para los próximos cinco años en la Argentina. Además, proyecta invertir otros 182 millones de pesos para incorporar nuevas zonas productivas y modernizar las plantaciones existentes con nuevas tecnologías de riego, nutrición y manejo. La lógica productiva en estado puro: aumento de las inversiones en tecnificación para el incremento de los rendimientos y el aumento de la rentabilidad a través de las ventas externas. Sacrificar tierras y hombres para ganar la batalla del mercado.
La compañía, principal exportadora de frutas, opera en el país desde 1971 y se expandió por Brasil y Costa Rica. De fundación nacional, fue transferida en 1988 al grupo italiano Brocchi, donde contactó con los mercados europeos y luego fue se incorporó al grupo belga Univeg, que adquirió la totalidad del grupo italiano y, en consecuencia, se quedó con el manejo de Expofrut.
El holding factura unos tres mil millones de euros anuales y emplea a nueve mil personas en todo el mundo. En la Argentina, a través de la empresa frutícola, tiene alrededor de 20 mil hectáreas productivas propias, cuatro mil de ellas en producción y factura alrededor de 150 millones de dólares por año. Con esa ganancia cerraron el 2011, cuando desapareció Daniel.
También cuenta con una veintena de establecimientos para el empaque y enfriado de las frutas frescas en Río Negro, Cuyo y el Noa que en su mayoría se van para el exterior. Su especialidad son las peras y manzanas que significan la porción más importante de las 250 mil toneladas de producción anual, de las que vende al exterior el 90%, ocupando el 28% de las exportaciones del sector.
El 2013 fue un año de repunte, tras un 2012 de ralentización: la Argentina exportó 446.665 toneladas de peras y 165 mil toneladas de manzanas, fundamentalmente a Brasil, Rusia y Holanda. La recuperación de las ventas, sin embargo, no le ahorran reclamos: los altos costos internos -afirma Hien Deprez, su presidente- afectan considerablemente la rentabilidad. Con la nueva inversión planifican generar 1200 puestos de trabajo. Las condiciones de los mismos no están en discusión.
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